Juan M. Planas
Observatorio de Ecología Política de Venezuela
Durante las últimas décadas, ha resurgido una discusión particular en el seno de la investigación en materia de biotecnología: la biopiratería.
El proceso de descubrimiento, experimentación y comercialización de los recursos biológicos como muestras y materiales de investigación –Esto es, lo que comúnmente denominamos bioprospección– se ha posicionado como un elemento vital en la cadena de generación de valores de la industria agroalimentaria, farmacéutica y química; la naturaleza ya no es un componente esencial, dotado de vida propia y que funge como medio de supervivencia del homo-sapiens, sino otro engranaje más de la maquinaria capitalista, en donde los ecosistemas son la piedra angular del proceso de conocer, vender y consumir.
Históricamente, la tendencia en los estudios bioprospectivos se ha inclinado hacia el aprovechamiento desmesurado de los recursos naturales, produciéndose procesos extractivos de fauna y flora con fines netamente comerciales; nada más que vulgar biopiratería. Aunado a esto, se ha generado una deuda histórica respecto a los propietarios, las poblaciones y comunidades que ocupan los territorios de estos bienes comunes, a menudo, siendo injustamente desposeídos de sus territorios, medios de vida y saberes sin compensación alguna (Scott, 2001) [1].
Julio César Centeno señala que “La biopiratería comprende tanto la apropiación de los recursos biológicos y genéticos de los países en desarrollo, particularmente los países ricos en bosques tropicales, como la apropiación de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas relacionados con dichos recursos” [2]. Este despojo, que a menudo se realiza a través de acuerdos de cooperación bilateral e incursiones científicas aparentemente “legales” (aun violentando territorios y zonas protegidas) forma parte de un esquema de privatización de los saberes, al registrarse patentes de uso exclusivo por parte de las corporaciones que financian estos estudios.
Biopiratería en Venezuela
Entre los casos más emblemáticos de biopiratería en el país, se encuentra la incursión de la organización evangélica New Tribes Mission en el territorio amazónico. La organización de misionarios operaría en el país desde mediados del siglo XX y sería expulsada por el Gobierno venezolano en el año 2005, bajo el argumento de que la misión se encargaba de violentar la soberanía nacional, identificando sitios de potenciales yacimientos mineros y extrayendo conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas sin retribución o reconocimiento alguno. El presidente Hugo Chávez les acusaría además de colaborar con la CIA.
El contrato del Estado venezolano con el instituto Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), o la Escuela Politécnica Federal de Zúrich durante el año 1998 implicó un acuerdo de cooperación en materia de investigación biotecnológica claramente asimétrico. No sólo se trató de una mala negociación entre el Ministerio de Ambiente y el instituto, sino que además se excluyó a la comunidad Yanomami del goce de cualquier forma de beneficio que surgiera a partir de estos procesos de investigación. Este caso fue oportunamente investigado y denunciado por organizaciones y movimientos sociales vinculados a los pueblos indígenas como CONIVE y ORPIA, demandando una consulta previa y un cese a la comercialización de sus saberes.
Por último, existen organizaciones no gubermentales y fundaciones que tienen como propósito el registro de fauna y flora existente en el territorio venezolano; no siempre, por supuesto, con el propósito de hacer de este registro conocimiento de uso libre. El caso más controversial en este ámbito es aquel de la base de datos BIOZULUA, creada por la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas y Matemáticas (FUDECI) [3]. En sus inicios, BIOZULUA estaba orientado a funcionar como un registro dedicado a plantas medicinales y animales en peligro de extinción, compilando y sistematizando distintos aspectos sobre la biodiversidad y los ecosistemas venezolanos. Sin embargo, debido a la carencia de protecciones legales a nivel nacional e internacional, FUDECI y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), organismo vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, decidieron registrar derechos de autoría exclusivos sobre la base de datos, descartando la participación y los derechos de los pueblos indígenas a la vez que reservándose los beneficios económicos aún en detrimento de estas poblaciones.
Traficando con la vida
Otra faceta de la biopiratería corresponde también al microtráfico [*] de especies animales y vegetales con fines comerciales.
Sólo en Venezuela, el tráfico ilegal de especies tropicales alcanzó la cifra de 900.000 animales extraídos ilegalmente del territorio durante el año 2013, compuestos en su mayoría por especies aviarias [4]. Entre las especies más vulnerables a su extracción comercial se encuentran el pájaro cardenalito; el loro de cabeza amarilla o loro rey, el flamenco de la costa, el turpial venezolano y distintas especies de guacamayas. Otros preciados animales silvestres son las tortugas de agua dulce y distintos reptiles endémicos a la geografía venezolana. La comercialización de estas especies es rampante especialmente en zonas de elevada pobreza estructural, cercanas a la Amazonía y zonas fronterizas, en donde los pobladores se vuelcan a la extracción de vida silvestre para subsistir.
Son de conocimiento público además numerosos casos de hurtos con fines comerciales [5], entre los que figuran formas de caza furtiva para el control de plantaciones y para la alimentación humana.
Biopiratería y colonialidad
Si bien el estudio de plantas, especies animales y organismos celulares es una necesidad imperativa para los avances científicos que corresponden a nuestra época, persisten las interrogantes en torno a ¿Para qué? y ¿Para quién? se generan estos cuestionables progresos de la técnica. La exclusión sistemática de las poblaciones que habitan los territorios en donde se realizan estudios de bioprospección dibuja además un patrón privativo sobre la forma de producción de conocimiento que caracteriza a la biopiratería, la cual se devela como netamente colonial en Venezuela y el resto del planeta. Se extrae recursos, saberes y vida de territorios que gozan de alta biodiversidad para procesarlos industrialmente en bienes de consumo no precisamente masivo [**], ni de uso común.
Aunque la CRBV contempla artículos sobre conservación ecológica y existe en Venezuela diversas normativas y leyes de protección del medio ambiente, el abandono del Estado venezolano en materia socioambiental es casi absoluto. La entrega de la naturaleza a capitales, instituciones y fundaciones transnacionales, a cambio de porcentajes de ganancia, derechos de propiedad y de propiedad intelectual parece ser una política de Estado en nuestros tiempos. Más allá de la letra, el Estado incumple de manera clara y directa con las disposiciones generales en materia de la normativa de ambiente en el país cuando lleva a cabo proyectos de extracción minera, petrolera y cómo no, de extracción de vida en Venezuela.
La protección de los derechos territoriales de los pobladores, la preservación de los ecosistemas y el justo reconocimiento de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas son algunas de las áreas prioritarias en el quehacer ecológico del país. Desde el Observatorio de Ecología Política de Venezuela manifestamos una profunda preocupación por las formas existentes de biopiratería e invitamos los movimientos sociales, comunidades y organizaciones ecologistas a participar en la denuncia de los distintos casos de biopiratería que persisten en nuestro territorio.
Fuentes:
[1] Scott, Preston. Bioprospecting as a conservation tool: history and background
[2] Centeno, Julio C. La biopiratería en Venezuela. Rebelión
[3] McManis, Charles (ed). Biodiversity & The Law.
[4] Mongabay LATAM. Animales tropicales traficados: las exportaciones fantasmas de Venezuela
[5] El Nacional. Destituyen a director de zoológico en Zulia luego del robo de animales
[*] Aunque se habla de microtráfico, cabe acotar que el tráfico de especies animales compone uno de los sectores de contrabando más lucrativos en Venezuela.
[**] Industrias como la cosmética parecen, en este esquema, por lo demás prescindibles, sumando además a su modus operandi el maltrato y la experimentación sobre especies animales vivas, de las que el resto de las industrias de la biotecnología tampoco escapan.
Fuente de la imagen: Apromeci