Prensa OEP

Con información de Semana y TeleSUR

Como parte de nuestras #AlertasOEP compartimos denuncias de recientes asesinatos en contra de líderes ambientalistas en la región que evidencian la escalada de violencia en contra de las luchas por los derechos ambientales en el mundo.

En Honduras, la tierra de Berta Cáceres, el líder ambientalista Milgen Idan Soto Ávila fue asesinado por desconocidos en el norcentral departamento de Yoro, según informaron la policía y organismos humanitarios.

Soto Ávila, un indígena tolupán de 29 años de edad luchaba en contra de la explotación del bosque por parte de empresas madereras en las montañas de Yoro.

El cuerpo del ambientalistas fue encontrado ayer sábado en una fosa clandestina en un paraje de la localidad de Locomapa, departamento de Yoro, a unos 220 kilómetros al norte de la capital.

Víctor Fernández, líder de la organización no gubernamental Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), dijo a la agencia de noticias AFP que el crimen de Soto Ávila habría sido ordenado por una empresa maderera que está cortando 28 mil 500 árboles en esa zona.

Soto Ávila era integrante del MADJ, y ya «había recibido amenazas de una empresa” por su activismo en contra de la explotación del bosque en la zona de la tribu de San Francisco Locomapa, explicó Fernández.

En Colombia, Carlos Aldario Arenas Salinas, asesinado este 9 de noviembre en el norte de Tolima, era campesino y habitante del páramo de Santa Isabel, buscaba que el Tolima se convirtiera en una de las entradas principales al Parque Nacional Natural de los Nevados. Fue un defensor del agua y protegía a los cóndores.

La activista ambiental Katherine Ariza afirmó que “era defensor del agua, del Valle de los Frailejones y de las especies animales del Páramo. Tanto amaba el Páramo que luchó por su preservación hasta el final, arriesgando su vida anoche fue ultimado presuntamente por un grupo armado en el sector de Totarito».

El asesinato de este líder se suma al de muchos otros que en los últimos meses han sido víctimas de las balas, por defender sus territorios o los recursos que en ellos se encuentran. Es de recordar que el año pasado fueron asesinados 24 líderes ambientales en Colombia, según el informe anual de Global Witness. Esta cifra convirtió al país en el segundo más peligroso para quienes se dedican a proteger el territorio y a luchar por los intereses medioambientales, una razón de peso para que el gobierno firmara el Acuerdo de Escazú, que pretende trabajar en la defensa de los derechos ambientales en la región.

Este Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales para América latina y el Caribe, fue ratificado recientemente en el marco de la Asamblea de la ONU, en donde 20 países respaldaron esta alternativa para proteger a estas personas, dada la vulnerabilidad y el número creciente de ambientalistas asesinados que se presentan cada año en esta parte del mundo. Solo en 2018, el número ascendió a 83, más de la mitad del total reportado por la ONG inglesa, que habla de 164 en el contexto global.