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Por: Erick Camargo (Corresponsal OEP)
Para Observatorio de Ecología Política de Venezuela
En la Asamblea Nacional se ha iniciado una discusión trascendental para el país, que lamentablemente ha pasado por debajo de la mesa ante otros temas más mediáticos, tal es la discusión sobre la Ley de Zonas Económicas Especiales (Z.E.E). Esto representa un avance más del extractivismo y la consolidación del modelo económico que se ha venido trabajando, de forma ilegal y encubierta por el gobierno. Si esta ley la vinculamos con la llamada Ley Constitucional Antibloqueo y los proyectos de avanzada extractivista como el Arco Minero del Orinoco, la minería en el cerro La Vieja o los proyectos turísticos en el Parque Nacional Waraira Repano (El Ávila) vemos como todas estas leyes y proyectos se articulan bajo un mismo fin: expoliar los territorios y convertirlos en fuentes extraordinarias de divisas.
Pero, ¿Qué son las Zonas Económicas Especiales? son figuras jurídicas creadas en China con el objetivo de crear regiones geográficas en las cuales se oriente la economía a un libre mercado irrestricto, desregularizado y autónomo de la legislación económica y social del resto del país en la que se implante. Es decir, una zona de excepción legislativa en la que se permite a las empresas libertad absoluta para realizar las actividades en las condiciones más provechosas para su rentabilidad económica; pudiendo desmejorar condiciones laborales o ignorar regulaciones de protección medioambiental, entre otras. La prioridad en las Z.E.E son las ganancias que se pueda generar para las empresas instaladas en la región.
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Es así como el gobierno pretende fragmentar el territorio venezolano en diversas Z.E.E con distintas categorías con el fin de atraer capitales internacionales para que exploten dichos territorios y generen grandes rentabilidades e inyecten divisas frescas a la economía. El proyecto de ley que se discute hoy en la Asamblea Nacional, establece específicamente entre las actividades a realizar en las mismas la agroindustria, almacenamiento y procesamiento de materias primas; actividades de servicios, entre otras. El proyecto no especifica ninguna restricción a su ubicación, sino que estén en consonancia con los planes de desarrollo nacional, disposición que se hace peligrosa si consideramos la vulnerabilidad de los espacios protegidos y las actividades que de facto e ilegalmente se realizan en estos. Tampoco se contempla la realización de estudios de impacto ambiental para la creación de estas.
El proyecto prevé ocho tipos de Z.E.E, de proceso de exportaciones, de procesos industriales, para el comercio y servicios, para el turismo, para actividades financieras y para actividades científicas y culturales. El proyecto se concentra en los procedimientos legales para la creación y administración de las Z.E.E, así como en los incentivos otorgados a los empresarios que quieran emprender en las mismas; mencionando sólo por encima podemos ver en los incentivos tributarios que se prevé, la posibilidad de otorgar exoneraciones totales o parciales de los tributos nacionales aplicables a las actividades económicas productivas a desarrollarse en la zona; la liberación de gravámenes aduaneros, la creación de un régimen jurídico aduanero especial, facilidades para la importación y transporte de mercancía; custodia de las mercancías por parte de la fuerza pública, la creación de un circuito de inspección de mercancía no intrusiva con las mismas; se establece en un artículo la posibilidad de crear más facilidades e incentivos “en favor del desarrollo de las Unidades Geográficas, de las Infraestructuras y de las condiciones laborales y sociales de las comunidades beneficiadas directa e indirectamente”, dejando de esta forma la puerta abierta a cualquier otro cambio no previsto. Para resolver los conflictos laborales se prevé la formación de inspectores ad hoc, así como crear incentivos a la productividad en los acuerdos laborales.
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Como podemos ver, esto no es más que un paso a la desregulación económica, tendiente a infringir los derechos laborales, ambientales y sociales, poniendo en enorme riesgo las comunidades y entornos naturales que ya están siendo explotados de hecho y de forma ilegal, para cubrirlos con mantos legales y generar condiciones para el aumento de dichas explotaciones. Lamentablemente la oposición parlamentaria no ha dirigido críticas a este modelo, al contrario lo repite y aprueba, criticando solamente la centralización en el Presidente y el Comité de las Z.E.E como ha expuesto en sesión plenaria el diputado por Cambiemos, Francisco Matheus; comentando que el gobierno tiene como alta prioridad la privatización de cuanto se pueda en el menor tiempo posible.
Ley de Zonas Económicas Especiales
Este #27Abril Nuestro Diputado y Secretario Nacional de Organizacion @FJMatheus durante su intervención en Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional sobre la Propuesta de Ley de Zonas Económicas Especiales. pic.twitter.com/uO9MNlJiWJ
— Cambiemos Movimiento Ciudadano (@cambiemosmc1) April 29, 2021
En una entrevista hecha por Oscar Schemel al viceministro para las Z.E.E, Juan Arias Palacio y reseñada por Sputnik News este habla sobre la posibilidad de atraer nuevas inversiones extranjeras en distintas áreas económicas; igualmente toma como ejemplo para el desarrollo de las Z.E.E. la experiencia de la Federación Rusa (con un largo historial de problemas ambientales y explotación laboral); señalando que es “una fantasía” que las Z.E.E sean zonas donde se relajen las leyes ambientales y laborales, sino que al contrario se garantizan mucho mejor el cumplimiento de esas leyes, alegando que quieren ser ejemplo de transparencia en contraparte al resto de las Z.E.E. Ahora bien, si no han podido ser transparentes y no han podido cumplir la ley en otros aspectos; cómo pretenden hacerlo bajo un régimen de incentivos a la producción, con un marco legal como la ley antibloqueo que dispone la suspensión de preceptos constitucionales que se opongan al interés productivo y de desarrollo económico. Una clara y evidente contradicción de discurso con la realidad.
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La entrevista al viceministro cierra icónicamente con “…A ellas y ellos los invitamos a invertir en esta Tierra de Gracia, en la tierra del mítico Dorado…”, en el cual se recalca el carácter extractivista, la ilusión eterna de la riqueza fortuita producto de la explotación de la naturaleza, que se sigue repitiendo constantemente sin cerrar ese ciclo. Es además demostración de la falsedad y doble discurso sobre la protección ambiental y cumplimiento de los preceptos constitucionales, los cuales son pisoteados constantemente en este país en nombre de la riqueza y la prosperidad material, ilusorias y efímeras, que han dejado un nefasto legado para los pueblos, su salud y para todos los seres vivos que habitan estos territorios.