REPORTE de monitoreo elaborado por el Observatorio de Ecología Política de Venezuela
I. Introducción
El siguiente reporte brinda una actualización a la situación de la minería en Venezuela en un periodo comprendido de agosto hasta diciembre de 2021. Las problemáticas y dinámicas descritas en nuestro informe anterior[1] siguen intensificándose y extendiéndose en todo el territorio nacional y en gran parte porque el gobierno nacional sigue apuntando al extractivismo minero como vía principal para solventar la profunda crisis socioeconómica del país. Es por esta razón, que el Ejecutivo nacional ha venido implementando de manera sostenida una institucionalidad que refuerza y sostiene un modelo de extractivismo depredador que violenta los derechos humanos y ambientales de la población venezolana.
II. Minería y grupos armados
La intensificación de la minería ilegal en Venezuela ha traído consigo serías consecuencias en el país. En primer lugar, ha promovido la incorporación de actores externos (grupos armados foráneos, mineros y militares) que han ejercido el control de territorio, ejerciendo la violencia en diversas zonas del país. De hecho, en septiembre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)[2] publicó el informe “Flujos de oro desde Venezuela: Apoyo a la debida diligencia en la producción y el comercio de oro en Venezuela” en el que explica como grupos armados extranjeros como la FARC y el ELN forman parte de un entramado más complejo, que está vinculado con el tráfico y contrabando de oro venezolano en el mercado internacional.
Una investigación realizada por InSight Crime (2021)[3] indica que en las zonas mineras del estado Bolívar hay presencia de diversas bandas criminales y de grupos guerrilleros extranjeros. Entre ellos, hay constantes disputas por el control de las minas de oro, lo que genera diversos actos de violencia criminal.
Estos grupos armados no estatales (GANE) como así los cataloga la mencionada investigación, no se circunscriben a localidades con tradición minera como lo son El Callao y Sifontes en el estado Bolívar, sino que se extiende a otros municipios e incluso a otras entidades que en teoría no forman parte del eje territorial del Arco Minero del Orinoco, como es el caso del estado Amazonas. Dichos grupos ejercen la violencia física, psíquica y sexual en otros actores que están involucrados directa e indirectamente con la minería ilegal (pobladores, mineros, mujeres, pueblos indígenas).
Una de las tantas víctimas de los grupos armados son los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana. Esta situación ha sido denunciada por diversas organizaciones indígenas entre ellas ORPIA[4], quien en junio de 2021 señalaba la invasión de territorios indígenas del estado Amazonas por parte de diferentes agentes externos estaba generando impactos ambientales y socioculturales porque trastocaba profundamente las dinámicas comunitarias y culturales de los pueblos originarios. Por su parte, la organización Kape-Kape [5] en su Informe sobre violación de derechos humanos en comunidades indígenas (2021) ha señalado que la violencia minera está presente en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. En este estudio, han identificado que las etnias Yekuana, Sanemá, Pemón, Wottuja, Piapoco, Jivi, Kariña y Warao son las más perjudicadas por la invasión de la minería ilegal en sus territorios.
Kapé-Kape también ha señalado que los pueblos indígenas son víctimas de violencia física, psicológica y sexual. Destacando que en las minas es común someter a los indígenas a trabajo esclavo.
III. Impacto sociocultural
El caso del Arco Minero del Orinoco es el más ejemplar, porque tras 5 años de su implementación y auspicio por el Estado venezolano, ha dejado graves y complejas consecuencias que no se limitan a una dimensión ambiental (deforestación, degradación de bosques primarios y contaminación de cuencas hidrográficas) sino que incluye un impacto sociocultural directo en los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana.
Los hábitats ancestrales de grupos indígenas han sido despojados por la minería ilegal, esto no sólo en términos territoriales propiamente dichos, sino que se les despoja con ello de formas autóctonas de organización productiva y comunitaria. Según estudios, son cada vez más el número de indígenas que abandonan actividades tradicionales para dedicarse a la minería.
En el estado Bolívar, la cámara de turismo ha señalado[7] que 60% de los indígenas de dicha entidad se están dedicando actualmente a la actividad minera. Los indígenas que otrora se dedicaban a ser guía turística en parajes naturales como la Gran Sabana, ahora están trabajando en las minas.
Los indígenas que migran a las minas, dejan atrás sus costumbres y dinámicas socio-culturales, pero la actividad minera también supone un riesgo para su integridad física, dado que en las minas muchas veces son sometidos a trabajo esclavo o corren riesgo de ser asesinados por las estructuras mafiosas que controlan el negocio de la minería ilegal en Venezuela.
VI. Impacto ambiental
Contaminación con mercurio
La actividad de la minería ilegal en Venezuela se hace sin cumplir ningún tipo de normativa ambiental. La intensificación del extractivismo y el incumplimiento de los protocolos mínimos de la explotación de minerales en el Arco Minero del Orinoco, ha traído consigo la contaminación con mercurio de importantes cuencas y ríos en la Amazonía venezolana.
Durante el 2021, se han hecho públicos varios estudios que evidencian los efectos del mercurio utilizado en la explotación aurífera en Venezuela. La Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) y el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad (BRI) encontró que en la zona minera del Callao, estado Bolívar, las mujeres presentan altos niveles de mercurio en su organismo[8].
En octubre, en un artículo de María Ramírez Cabello para Correo del Orinoco[9], y que contó con la colaboración de SOS Orinoco, se indicó que un 35% de los indígenas pemones de la Gran Sabana, presentan niveles de mercurio superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
El uso de mercurio en la minería, constituye una práctica que tiene efectos nocivos para los propios mineros, pero también contamina los ríos y la fauna que se encuentra en los mismos. Las comunidades entre ellas los pueblos indígenas quienes tienen el consumo de pescado como elemento primordial de su dieta básica, se exponen a la contaminación por mercurio y a los efectos devastadores de este neurotóxico.
Por su parte, el pueblo indígena Yekuana denunció en octubre que los ríos del Alto Caura, en el estado Bolívar están actualmente contaminados con mercurio producto de la actividad minera en la localidad. Nelson Rojas, miembro del pueblo Yekuana declaró al medio Fe y Alegría[10] que esto supone un grave problema para ellos «porque no pueden comer el pescado por la alta contaminación, eso es lo que tenemos para comer, la curvinata y otros pescados». Al no poder comer pescado, elemento principal de su dieta, son forzados al cambiar sus patrones alimenticios y corren riesgo de desnutrición.
Venezuela y el Convenio de Minamata
En el 2017 entró en vigor en la Naciones Unidas el Convenio de Minamata. Dicho tratado tiene como objetivo proteger al medio ambiente y a la salud de los humanos de las emisiones de mercurio. Los países que suscriben este convenio se comprometen a reducir el uso de este compuesto y brindar información sobre las emisiones y liberaciones de mercurio en sus respectivas naciones. Es importante destacar que si bien Venezuela firmó en el 2013 la aprobación del texto de este convenio, hasta la fecha nuestro país no ha ratificado el mismo.
La ratificación de este convenio es importante porque implicaría que Venezuela tendría que comprometerse a reducir el uso de mercurio en la minería artesanal, algo que no está sucediendo en este momento. Se supone que en nuestro país, está prohibido el uso de mercurio para la explotación aurífera según lo estipulado en el artículo 10 del Decreto N° 3091, publicado en Gaceta Oficial N° 5286 Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 1998, algo que aparece ratificado con el Decreto N° 2.412 de fecha 5 de agosto de 2016. No obstante, su uso regular en la zona del Arco Minero del Orinoco evidencia el incumplimiento de esta normativa.
Deforestación
La ejecución del Arco Minero del Orinoco, ha afectado de manera significativa los bosques de la Amazonía venezolana (Ver Reporte minería Julio 2021). Esta situación es producto de la violación de las normativas ambientales por parte de actividad minera, socavando la biodiversidad de las áreas protegidas y parques nacionales del sur del territorio nacional.
El caso del Parque nacional Canaima
El parque nacional Canaima, ubicado en el estado Bolívar, fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1994. A pesar de esto, la vorágine del extractivismo minero en Venezuela ha irrumpido en los linderos de este parque y ha afectado una parte considerable del mismo. Organizaciones ambientalistas como SOS Orinoco han denunciado a instancias internacionales la grave degradación ambiental que se viene llevando a cabo en Canaima.
Según esta organización, la minería ilegal se ha extendido por lo menos al 1.000 hectáreas[11] de este parque nacional. Siendo Canaima patrimonio de la humanidad, la UNESCO aprobó en julio de 2021 lo siguiente: “Se recomienda al Estado Parte que invite a una misión conjunta de Monitoreo Reactivo del Centro del Patrimonio Mundial a Canaima para evaluar, incluso a través de visitas sobre el terreno, el grado en el que la propiedad podría verse afectada por actividades mineras ilegales. Hasta la fecha, el gobierno de Venezuela no ha respondido la solicitud de la UNESCO.
Por su parte, SOS ORINOCO hizo publicó en noviembre de 2021 un video en el que se puede evidenciar como la minería ilegal sigue devastando el parque nacional Canaima a pesar de que el gobierno nacional ha intentado desmentir el ecocidio que se lleva a cabo en ese lugar.
La magnitud de la devastación ambiental que se viene llevando a cabo en los bosques tropicales del país por la minería ilegal es preocupante. Comunidades del pueblo indígena Piapoco, ubicados en el bajo Caura, han denunciado que el 50% de los bosques aledaños a sus territorios han sido destruidos por la minería[12]. También indican la presencia de al menos 400 mineros en esta localidad.
En noviembre, Pablo Tapo, coordinador general del Movimiento Indígena Amazonense de Derechos Humanos (MOINADDHH) denunció el desastre ecológico que viene ocurriendo por la acción de la minería ilegal en la Amazonía Venezolana.
V. Impacto de la explotación de la minería no metálica
En noviembre, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela[13] recibió la denuncia de habitantes de Carora estado Lara, quienes han indicado que hay presencia de maquinarias para comenzar las explotación de Sílice en esa localidad. Informes técnicos señalan claramente el impacto socioambiental que conllevaría la explotación de sílice y como este pondría en riesgo el embalse Los Quediche y las nacientes del Cerro El Plan. A pesar del reclamo de agricultores y habitantes de la zona, las autoridades siguen con los planes de explotación en esa localidad.
Por su parte, la plataforma ambiental Lara también denunció la situación de sobreexplotación de minerales no metálicos en el cauce del Rio Turbio, lo que afectaría el suministro de agua a la ciudad de Barquisimeto. Es importante resaltar que el estado Lara viene presentando problemas graves en el suministro de agua potable, de modo que la contaminación de los acuíferos por la minería, agudizaría esta situación.
VI. Conclusiones
Durante este año 2021, se ha hecho evidente la expansión del rentismo minero en Venezuela. El gobierno nacional ha promovido la instalación de enclaves extractivos en diferentes partes del territorio nacional. Los mismos han sido apuntalados por un engranaje legal supraconstitucional que contraviene con los derechos humanos y ambientales de la población venezolana.
La explotación intensiva de minerales metálicos como no metálicos están dejando a su paso serios impactos socioambientales que comprometen la salud de las personas y los ecosistemas. En el caso de la minería aurífera, se ha establecido un entramado de actores tan complejo que sobrepasa a la actividad de la minería ilegal y se extiende a una red de contrabando mundial de oro.
No existe información oficial que permita dimensionar el impacto de la minería en Venezuela. La única cifra que existe es la presentada recientemente en el documento titulado “Actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada de la República Bolivariana de Venezuela para la lucha contra el Cambio Climático y sus efectos, en la que se menciona que realizarán proyectos de remediación ambiental en 1,574 hectáreas afectadas por la minería. Ante la opacidad informativa por parte del gobierno nacional, resaltamos el conjunto de investigaciones independientes y de organizaciones de derechos humanos y ambientales, así como informes de organismos supranacionales y centros de investigación internacional. Ha sido crucial la labor de medios de comunicación y de este tipo de organizaciones para hacer de conocimiento público la grave situación que está ocasionando el extractivismo minero en el país.
Las implicaciones sociales, ambientales y culturales de la minería en Venezuela son muy complejas, siendo los pueblos indígenas una de las principales víctimas de violencia psíquica, física y sexual ejercida por parte de las mafias mineras. En estos grupos, los más vulnerables siguen siendo niños y niñas, así como las mujeres.
El impacto ambiental de la minería ilegal se ha expresado en la contaminación por mercurio de cuencas hidrográficas y en una deforestación avasallante que incluye hasta parques naturales y áreas protegidas.
[1] Observatorio de Ecología Política de Venezuela. (2021). Reporte de situación de la minería en Venezuela en tiempos de covid-19 (julio, 2021) https://ecopoliticavenezuela.org/2021/07/22/reporte-situacion-de-la-mineria-en-venezuela-en-tiempos-de-covid-19-julio-2021/
[2] OECD. (2021). Flujos de oro desde Venezuela, Apoyo a la diligencia debida sobre la producción y el comercio de oro en Venezuela.
[3] Insight Crime (2021). Gobernadores, bandas y la guerra por el oro de Bolívar. https://es.insightcrime.org/investigaciones/gobernadores-bandas-guerra-por-oro-bolivar/
[4] ORPIA (2021). Comunicado ante la necesidad de proteger los territorios indígenas ancestrales en la amazonía venezolana. Observatorio de Ecología Política de Venezuela.
[5] Kapé-kapé (2021). Informe sobre violación de derechos humanos en comunidades indígenas. https://kape-kape.org/informes-kape-kape/
[6] ACNUDH. (2021) Informe A/HRC/48/19. https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/situaci-n-de-los-derechos-humanos-y-la-asistencia-t-cnica-en-la
[7]Radio Fe y Alegría. (2021) Cámara de Turismo revela que 60% de los indígenas están en las minas. https://www.radiofeyalegrianoticias.com/camara-de-turismo-de-bolivar-revela-que-60-de-los-indigenas-estan-en-las-minas/
[8] Bell, L. y Evers, D. La exposición al mercurio de las mujeres en cuatro países latinoamericanos productores de oro: niveles elevados de mercurio hallados entre mujeres en lugares donde se utiliza el mercurio en la extracción del oro, contaminando así la cadena alimenticia. Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN), junio de 2021.
[9] Ramírez Cabello, M. (2021). La huella tóxica del mercurio llegó a la Gran Sabana. Correo del Orinoco. https://especiales.correodelcaroni.com/la-huella-toxica-del-mercurio-llego-a-la-gran-sabana/
[10] Radio Fe y Alegría. (2021). En el Alto Caura impera contaminación de mercurio por la minería ilegal.https://www.radiofeyalegrianoticias.com/en-el-alto-caura-impera-contaminacion-de-mercurio-por-la-mineria-ilegal/
[11] SOS Orinoco. (2020). SOSOrinoco se pronuncia con motivo del 58º Aniversario de Parque Nacional Canaima.https://sosorinoco.org/es/hechos/degradacion-de-ecosistemas/sosorinoco-se-pronuncia-con-motivo-del-58o-aniversario-de-pn-canaima/
[12] Kape-Kape. (2021) Habitantes del sector indígena El Colonial estiman que 50% de sus bosques desparecieron por la minería. https://kape-kape.org/2021/11/02/habitantes-de-sector-indigena-el-colonial-estiman-que-50-de-sus-bosques-desaparecieron-por-la-mineria/
[13] Camargo, E. (2021). Minería de sílice en Carora pondría en riesgo fuentes de agua en Lara. Observatorio de Ecología Política de Venezuela. https://ecopoliticavenezuela.org/2021/11/01/mineria-de-silice-en-carora-pone-en-riesgo-fuentes-de-agua-en-lara/