La situación de los pueblos originarios en Venezuela se agrava cada día, producto de un cúmulo de arbitrariedades entre las cuales destaca la ocupación de sus territorios ancestrales, la degradación de los ecosistemas por factores como la minería, por mencionar solo algunas causales del estado de precarización sostenida de nuestros pueblos indígenas. Para dar un panorama de la situación, el equipo del Observatorio de Ecología Política de Venezuela presenta a continuación, un resumen del panorama general en que viven hoy las comunidades indígenas en nuestro país, así como las graves dificultades que deben enfrentar.

Amazonas, diversidad en Riesgo

El estado Amazonas es sin duda el que más diversidad y cantidad de comunidades indígenas alberga en su término territorial, es aquí además donde más conflictos vienen sucediendo, alejados del foco público por su aislamiento y lejanía de los centros de poder y de comunicación. Así conversamos con Simeón Rojas, periodista e investigador de Kape-Kape en Amazonas para que nos hablase de la problemática de los pueblos indígenas en su estado, con base en los estudios y trabajos realizados por esta organización.

Rojas nos comenta que la crisis socioeconómica ha agudizado la difícil situación de vida de las comunidades indígenas, desmejorando sus condiciones sociales y de conseguir su sustento. La mayoría de las comunidades indígenas de esta entidad, se sostienen con sus conucos y autogestión, pero los productos que intentan introducir al mercado, tanto agrícolas como casabe y mañoco, artesanías y otros; no son valorados en el mercado según su precio sino que se les compran muy por debajo del valor de mercado, precarizando así el trabajo de estos. Señala que la desnutrición y falta de acceso a una comida variada es uno de los principales problemas. La falta de combustible es importante, no pudiendo conectarse muchas con el mercado nacional, las comunidades fronterizas buscan proveerse en Colombia, mientras las cercanas a la capital entran al circuito comercial de Puerto Ayacucho. El CLAP ha sido muy intermitente o con períodos muy extensos, el cual se regularizó a entregas mensuales, pero esto ha generado una grave dependencia hacia las instituciones del Estado, señala Simeón Rojas. Considera además que necesitan ayuda para vender a buen precio los productos agrícolas de sus conucos y las artesanías que producen, para no ser víctimas de los comerciantes inescrupulosos.

Con respecto a materia sanitaria, Rojas señala que en las comunidades los ambulatorios han venido cerrando desde hace 5/6 años, carentes de personal o con problemas de infraestructura, falta de insumos e inversión. Así sólo pueden atender sus dolencias mediante sus prácticas ancestrales y autóctonas, salvo que la enfermedad sea muy grave o requiera un tratamiento médico científico, obligándolos a trasladarse a Puerto Ayacucho, con el añadido de la escasez de combustible. Los que más dificultad tienen son aquellos indígenas que viven en comunidades en los municipios del interior, por la casi imposibilidad de trasladarse a la capital del estado, salvo que sean apoyados por algún transporte militar. Muchos, que tienen la posibilidad de vivir cerca de la frontera, recurren a los centros de salud en los pueblos fronterizos de Colombia, afirma Simeón Rojas.

El estado Amazonas tampoco escapa a las migraciones de los pueblos indígenas en tierras donde puedan estar más seguros y puedan darse una vida de mayor calidad. La mayoría de los migrantes han ido a los departamentos fronterizos de Colombia, predominantemente las etnias Jivi, Bare y Kurripaco. Sin embargo, estos que han migrado al occidente del Orinoco han encontrado dificultades para su integración, aceptación en el territorio o para recibir auxilios y ayudas humanitarias, pese a que esas tierras ancestralmente habían sido ocupadas por estas etnias; pese a esto la migración no ha cesado. “Por ejemplo en Puerto Carreño, capital del Vichada, un departamento de Colombia, se apuestan en caseríos fuera de la ciudad o cerca del basurero, hurgan en la basura para ver que consiguen de alimentos, es una situación muy precaria para ellos”, afirma Simeón Rojas. Otro grupo ha emigrado a Brasil, principalmente de la etnia Ñengatú/Yeral, quienes tienen fuertes vínculos familiares y étnicos en la región de San Gabriel de Cachoeira; recibiendo un mejor trato a consecuencia de esto.

Pero es preocupante la migración hacia las minas, especialmente a las del Parque Nacional Yapacana, buscando la forma de obtener suficientes ingresos. Sin embargo en estos casos particulares han sido cambios de mal a peor, empeorando su situación. Se señala trabajo esclavo y forzado, prostitución de las mujeres y niñas indígenas; siendo sometidos por los líderes criminales que controlan estas minas. Muchas organizaciones indígenas señalan que estas minas son controladas por grupos irregulares extranjeros, fuertemente armados, que desplazan a las comunidades de sus territorios legítimos, generando un estado de mayor precariedad, que los suele dispersar, unos a las minas, otros a las ciudades o a migrar fuera del país. Destaca Simeón Rojas que la migración Jivi también se ha intensificado en los últimos meses a raíz de la presencia de grupos armados que los desplazan de sus territorios, buscando mayor seguridad en Colombia, pues en Venezuela se sienten indefensos. Al norte en Manapiare, las comunidades Ye’kwana, agrupadas en la organización Kuyujani han presentado mayor resistencia a estos grupos y a la minería ilegal.

Colombia alerta sobre la crisis indígena en Amazonas y Apure

Informes desde Colombia, aportados por la Liga Contra el Silencio, señalan que en enero de este año se registró un desplazamiento masivo de indígenas a la ciudad fronteriza de Puerto Carreño, así como un desplazamiento de 13.000 indígenas al Brasil. La oleada registrada en Puerto Carreño proviene de Apure, causada principalmente por enfrentamiento entre grupos irregulares del ELN y los disidentes de las FARC; siendo algo más de la mitad de los desplazados de etnias indígenas, posiblemente de etnia jivi o pumé. Informan además que el departamento Vichada cuenta con más de 72 pasos irregulares en la frontera, los cuales son utilizados por los migrantes para huir de la violencia, la miseria y la crisis de Venezuela.

Se señala que en el estado Amazonas la situación es distinta y estos grupos irregulares coexisten entre sí. El reclutamiento forzado por parte de grupos armados, que amenazan de muerte a los indígenas que no se unan a sus fuerzas irregulares; “una relación de cooperación en la zona de frontera y al interior de Venezuela (…) Esta cooperación permite el control social, las extorsiones, el contrabando, la minería y el narcomenudeo”, según información de la Defensoría Colombiana.

En regiones tan cercanas de la capital del estado como Albarico y Provincial se informa presencia de las guerrillas, su extorsión a la población y la obligatoriedad de trabajar para estos o morir por resistirse. El mismo informe señala que las comunidades indígenas del Amazonas tienen un profundo arraigo con sus territorios, así que al ser desplazados les cuesta adaptarse a nuevos entornos y territorios que consideran extraños y ajenos. A pesar de esto, las autoridades colombianas esperan un aumento en la cantidad de migrantes para el resto del 2022; además informan que han enviado comunicaciones e informes a los mandos militares venezolanos, sin recibir ninguna respuesta.

Se destacan los asesinatos de dos docentes indígenas, José Dacosta, que se fue a trabajar a una mina buscando mejores ingresos y fue ultimado por abordar una lancha de un guerrillero por error; así como la profesora Olga Lucía Hernández, quien se negó a prestar servicio a los irregulares y defendió su familia del reclutamiento de estos. Otras víctimas se han ejecutado, en relación también con la masacre de líderes comunitarios e indígenas en la propia Colombia, trayendo ese fenómeno terrible al territorio nacional. La líder indígena Henny Gutiérrez, gobernadora indígena de Puerto Carreño ha recibido amenazas de muerte por ayudar a los desplazados y denunciar la violencia de que son víctimas en Venezuela. Gumersindo Castro, defensor delegado del estado Amazonas, admite la presencia de Garimpeiros y el uso de maquinaría minera que arrasa los territorios de los pueblos indígenas.

 Así mismo FundaRedes señala en una nota de prensa que la violencia y los conflictos en Apure se mantienen activos y vigente, originando los desplazamientos de las comunidades del territorio que van quedando en control de las fuerzas irregulares. Así mismo las fuerzas del estado venezolano han sido violentas y arbitrarias con la población, comportándose igual y hasta peor que los grupos irregulares, perpetrando matanzas, allanamientos y detenciones sin ningún tipo de consideración por la dignidad humana.

Autor

Erick Camargo

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