EXPEDIENTE PARTE DEL MAPA DE CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES DEL OBSERVATORIO DE ECOLOGÍA POLÍTICA DE VENEZUELA
La región de Guaniamo está ubicada en el municipio Cedeño del estado Bolívar, y como tal está asentada en el Escudo Guayanés, una formación geológica de 4.000 millones de años que ha generado importantes mineralizaciones de alto interés científico y económico (Fundación Empresas Polar, 2008). Guaniamo forma parte de la provincia geológica Cuchivero y es uno de los territorios más atractivos para la explotación minera en Bolívar, ya que en él existen yacimientos aluvionales de diamantes en producción y se han ubicado cuerpos de Kimberlita asociados. Además contiene potencial de mineralización de Titanio, Zirconio y Estaño en Aluviones (Millán, 2015) y han sido encontrados yacimientos de coltán (Valero, s.f.). Como parte del piedemonte noroccidental, el paisaje predominante son las planicies con sabanas abiertas y arbustivas con poca fertilidad en los suelos, aunque hay sectores donde se realiza la ganadería extensiva y actividades agrícolas de subsistencia y semicomercial (Fundación Empresas Polar, 2008). El río Guaniamo le da el nombre a la región. Nace en la serranía Cerbatana, en la sierra de Maigualida, y es un afluente del río Cuchivero, que a su vez entrega sus aguas al Orinoco.
La región norte del Municipio Cedeño está habitada por grupos Eñepa y en la zona sur por Eñepa y Hodï, siendo los primeros los mencionados en el conflicto socio-ambiental que presentamos en este informe. Los Eñepa son un grupo de filiación Caribe, tradicionalmente llamado Panare en la literatura etnográfica. Ocupan un territorio de unos 20.000 Km2, en la parte noroccidental del Estado Bolívar (Rivero et. al., 2002). En el año 2011 la población total era de 4.709, siendo las áreas de mayor ocupación los estados Bolívar (4.465) –casi todos en el municipio Cedeño distribuidos en 56 comunidades (Globovisión, 2016a)– y Amazonas (115) (INE, 2011a). A principios del siglo XXI fueron caracterizados como una de las etnias más vigorosas de Bolívar, por su tendencia al crecimiento demográfico y su resistencia a la aculturación, ya que en su mayoría se mantenían monolingües y aún vivían de su economía tradicional, basada en la agricultura, en la pesca, en menor grado la cacería, la recolección y la artesanía. Sin embargo, para la misma época se identificaban como principales amenazas contra su continuidad cultural la minería de diamantes y bauxita, la construcción de la carretera Caicara-Puerto Ayacucho y la presencia misionera (Rivero et. al. 2002). Estos factores también han podido incidir en una marcada disminución en la mencionada tasa de crecimiento demográfico, que se evidencia en los resultados del último censo de 2011, en comparación con mediciones anteriores (Ver imagen 1).
La pequeña exploración y extracción de diamantes aluvionales en el río Guaniamo comenzó en los años 50 del siglo XX, pero no fue sino hasta los 70, durante el primer gobierno de Rafael Caldera, cuando se inició la extracción masiva. Simultáneamente, en 1970 se produjo el primer brote de malaria de importancia en el municipio Cedeño, que fue llamado “Brote Guaniamo” por su relación con la extracción minera de la región (Bevilaqua et. al, 2009). Asimismo surgieron otras epidemias, como la zoonosis, gastroenteritis, desnutrición, leshmaniasis, micosis y fiebre amarilla, relacionadas con la instalación de rancherías improvisadas en medio de condiciones sanitarias precarias. Al mismo tiempo, los problemas sociales como la prostitución, violencia, suicidios, alcoholismo y la instalación de comercios informales, se hicieron parte de la nueva forma de vida (Fernández, 2017; 2014).
Debido a la extensiva práctica de la minería, los ecosistemas han sufrido los impactos de la deforestación y contaminación de las aguas (ver Imagen 1 y 2). En estudios realizados en 1994 y 1999 se mencionaron severos daños ecológicos y culturales asociados con la destrucción de la selva, sedimentación y contaminación de los ríos Guaniamo, Cuchivero y Orinoco (Coenraads, 1994).
En 1984, antropólogos advertían sobre los impactos negativos de la invasión minera, que provocó el desplazamiento forzado de algunos pueblos indígenas hacia el estado Amazonas, mientras los que permanecieron en el municipio Cedeño desarrollaron problemas de alcoholismo, prostitución, desorganización psicosocial y desarraigo (Fernández, 2014a).
En 2003, el Presidente Hugo Chávez comenzó a revocar las concesiones de diamante a empresas extranjeras, pero el fracaso de proyectos estatales dejó el negocio en manos de mineros ilegales desde entonces (Arenas, s.f.). En 2005 efectivos de la policía judicial (antigua PTJ) encontraron un campamento de las FARC en Guaniamo, donde también fueron decomisados 600 kgs de cocaína (Mayorca, 2010). En 2008, ante la amenaza de sanciones por no aportar datos sobre la producción de diamantes, el Estado venezolano se retiró voluntariamente del proceso de certificación internacional Kimberley. Al menos desde ese año la extracción y exportación de diamantes se sustenta en la minería ilegal (Aradas, 2009).
En 2014 representantes Jodï y Eñepa denunciaron la presencia de guerrilleros de las FARC en la Sierra de Maigualida, municipio Cedeño, quienes estarían incursionando en la región con el supuesto apoyo de las FAN y ejerciendo acoso, hostigamientos y amenazas, obligando al desplazamiento de las comunidades indígenas (Acción Civil, 2014; El Libertario, 2014). En 2016 se denunció la presencia de las FARC en los estados Amazonas y Bolívar. Comunidades indígenas señalaron que dichos grupos habrían tomado el control armado de la minería ilegal y estarían provocando desplazamientos indígenas en toda la región, incluyendo los ríos Guaniamo, Cuchivero, Cuchiverito, Caura (Resistencia Venezuela, 2016). En el año 2018 se identificaron altas cargas de sedimentos en la cuenca Cuchivero-Guaniamo, producidas por la intensa minería (ACFIMAN-SACC, 2018).
En el año 2015 se promulgó el decreto No. 2.165 donde el Estado venezolano se reserva el derecho de explotación minera, prohibiendo a las empresas privadas atribuirse el derecho de exploración y explotación, salvo mediante el establecimiento de empresas mixtas con mayoría accionaria estatal. Un año después el Ejecutivo emitió el decreto No. 2.248 a través del cual se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, quedando la región de Guaniamo dentro del área 1, destinada a la exploración y explotación principalmente de bauxita, coltán, tierras raras y diamantes. Actualmente la mina de diamantes de Guaniamo es considerada una de las más importantes de América del Sur, posiblemente en reserva y tamaño (Actualidad RT, 2018; A-Venezuela, s.f). Desde su descubrimiento hasta el presente se calcula que se han extraído más de 40 millones de quilates. Según el Viceministerio de Petróleo y Minería, en Guaniamo se estiman 275 millones de quilates, una cifra que ascendería a 1000 millones en todo el Arco Minero del Orinoco, según cifras extraoficiales (Actualidad RT, 2018). Sin embargo, para el año 2018 el volumen de producción oficial era igual a cero (MPP Desarrollo Minero Ecológico, 2018) y la producción y exportación aún se sostienen de la minería ilegal (Aradas, 2009). Mismas cifras se revelaron para 2019 y en los años de la pandemia de la COVID-19 apenas se hicieron algunos anuncios de ‘acuerdos internacionales’ para la explotación minera en la zona, intenciones de declaraciones de Zona Económica Especial en Guaniamo o algunas instalaciones de equipamiento.
Pero el descubrimiento de la riqueza diamantífera de Guaniamo ha representado la degradación ambiental de la región, y ha provocado profundos cambios socioculturales en los indígenas Eñepa. En el año 2016, tras el decreto No. 2.248, Guaniamo aparece en el discurso oficial como un “pueblo minero” formado por tres comunidades criollas y una Eñepa. Sus habitantes Panare, según artículos de prensa, esperaban que la minería mejorara sus condiciones de vida (TeleSur, 2016). El mismo año se reportó un brote de paludismo y fiebre amarilla que estaría causando la muerte de indígenas por el extremo abandono en el sector salud, señalando la aparición de 20 casos nuevos diarios, además de un problema de parasitosis descontrolada (La Patilla, 2016). En 2017 la A.C. Kape Kape denunció en su portal web la presencia de familias Eñepa en el terminal de Ciudad Bolívar en situación de mendicidad. De acuerdo con entrevistas de Kape Kape, las familias tenían años en el terminal como vendedores de artesanía, pero la situación económica del último año los habría llevado a poner a los niños a pedir comida o dinero. Igualmente, se reportan condiciones de deshidratación y desnutrición, tanto de niños como adultos (A.C. Kape Kape, 2017). La situación de violencia y riesgos a su seguridad que viven en sus territorios, junto a los factores mencionados arriba, han impulsado a muchos integrantes de este pueblo a migrar hacia otras partes, incluyendo Brasil. En tiempos de pandemia nuevos brotes de enfermedad los han afectado.
En el marco de los derechos planteados en la Constitución Nacional, en el año 2001 se promulgó la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, dando paso al proceso de demarcación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas venezolanos. Los Eñepa realizaron el proceso de autodemarcación de sus territorios ancestrales, pero ante el silencio de las instituciones, en 2015 solicitaron respuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia, y en 2016 representantes indígenas reiteraron el silencio estatal. Asimismo, los Eñepa han rechazado el Proyecto Arco Minero del Orinoco, por vulnerar su derecho a la consulta libre, previa e informada y por representar una seria amenaza contra la autonomía en sus territorios Globovisión, 2016a). Hasta la fecha dichos procesos de demarcación no se han ejecutado. La región viene sufriendo una creciente violencia, lo que está además implicando no sólo desplazamientos sino también el asesinato de líderes indígenas, como ocurrió en julio de 2022 con Virgilio Trujillo Arana, luchador y líder Uwottüja en defensa de sus territorios contra la minería ilegal, específicamente en la zona del Alto Guayapo (municipio Autana del estado Amazonas) (OEP, 2022).
Desde el 2016 hasta el presente diversos movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, grupos académicos y activistas de derechos humanos y ambientales se han pronunciado y han realizado acciones legales contra el decreto del Arco Minero del Orinoco (ver el expediente en este mismo sitio de georreferenciación), exigiendo al mismo tiempo el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, principalmente la salud y su derecho a la autodeterminación. Las exigencias han persistido, incluso con acciones internacionales como campañas, informes presentados ante organismos supracionales, foros y la búsqueda de introducción de recursos jurídicos amparados en el derecho internacional. Sin embargo, la minería ilegal aún impera en Guaniamo, bajo el control de grupos armados irregulares que han sido señalados del ELN (Ebus, 2019).
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