Financiamiento directo, transparente, participativo y no para mercantilizar la Amazonía 

El siguiente documento se produjo en los debates de la Asamblea Mundial de la Amazonía, como continuidad de la publicación de la carta a los presidentes. A continuación, el OEP lo reproduce de manera íntegra.

En los últimos años la Amazonía ha concentrado gran atención de diferentes iniciativas de financiamiento que involucran a gobiernos, bancos y empresas. Los pueblos indígenas amazónicos han quedado excluidos del financiamiento. Menos del 1% del financiamiento para el clima llega a los pueblos indígenas[1].  Mientras Todas estas iniciativas tienen como discurso contribuir a la preservación de la Amazonía a través de un desarrollo sostenible; sin embargo, la región ha llegado a un punto de no retorno.  no todas vienen contribuyendo de manera efectiva y práctica a salvar la Amazonía y sus pueblos.

Algunas de estas iniciativas son: la iniciativa amazónica del BID (BID-IAMZ), El Fondo de Bioeconomía Amazónica del GCF (Green Climate Fund/Fondo Verde del Clima), creado en 2021 y ejecutado por el BID en Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Brasil y que busca reducir los impactos del cambio climático en el bioma amazónico. Este programa que hace parte del BID-IAMZ que busca reunir $1000 millones con otros donantes (Alemania, Holanda, Suiza, etc), cuenta con USD 279 millones del GCF y busca alcanzar 600 millones de dólares para fomentar la inversión privada con el objetivo de reducir 6,2 millones de tCO2e anuales a lo largo de los 20 años de vida previstos para dichas inversiones privadas.

El Fondo de la Amazonía que se implementa en Brasil administrado por el BNDES desde 2008 y que ha alcanzado contribuciones de más de USD 800 millones principalmente de Noruega y Alemania, y anuncios recientes de Estados Unidos (USD 500 millones) y Gran Bretaña (USD 100 millones). La Declaración Conjunta de Reducción de Emisiones, por USD 300 millones en Perú, con Noruega, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra.

Existen 629 millones de hectáreas  que son Áreas Prioritarias en la Amazonía[2]: 33% son ecosistemas primarios y 41% son sistemas con baja degradación.  La preservación de la región es una responsabilidad global. Reconocer los territorios indígenas que perviven en la región y designar áreas protegidas o mixtas requiere miles de millones.  El mandato del Marco Global de la Biodiversidad es un hito histórico que integra por primera vez en los textos de la Convención de Biodiversidad[3], a los territorios indígenas y tradicionales como una categoría diferente para preservar estas regiones claves para la vida en el planeta.  El reconocimiento de territorios y la creación y mantenimiento de áreas protegidas y la restauración de varias áreas clave no puede recaer solo en los presupuestos de los países y economías del Sur Global.  Todas estas acciones son urgentes para frenar la muerte regresiva o punto de no retorno de la Amazonía y lograr por lo menos el 80% de protección hacia el 2025.  De la Amazonía dependen ecosistemas como la Meseta tibetana y el Antártico Occidental[4].

Estas cifras palidecen cuando las comparamos con el financiamiento que reciben las grandes empresas que provocan la deforestación en el planeta. Según Forests & Finance, bancos de todo el mundo, han proporcionado préstamos por valor de USD 267 mil millones con empresas en riesgo de destruir bosques tropicales en Brasil, el sudeste asiático y África desde el Acuerdo Climático de París[5]. En otras palabras, el financiamiento para empresas que deforestan la Amazonia es decenas de veces más grande que los fondos que se pretenden destinar a frenar la deforestación.

  • En este contexto, el principal llamamiento de la Cumbre de Presidentes de la Amazonía debe ser a los gobiernos y bancos de la Unión Europea, Reino Unido, EE. UU., China y de sus propios países para que dejen de financiar a empresas agropecuarias, mineras, petroleras, energéticas, transportadoras y constructoras de mega infraestructuras que están destruyendo la Amazonía. El financiamiento para la Amazonía debe empezar por la reducción del financiamiento o la desinversión en actividades y empresas que provoca la devastación de la Amazonía. Ningún financiamiento para la devastación de la Amazonia debe ser tolerado.  Los bancos deben tener sistemas robustos de control que garanticen que no financiarán actividades ilegales.
  • Sólo en Ecuador, los bancos europeos han proporcionado $10 mil millones de dólares en financiamiento para el comercio de más de 155 millones de barriles de petróleo de la región ecuatoriana entre 2009 y 2019.  Las estrategias desde los pueblos indígenas y la sociedad civil frenaron estos flujos e hicieron un llamado a la banca internacional para aplicar una exclusión geográfica para la Amazonía en su integridad.  Dos bancos han avanzado en esta exclusión (ING y BNP Paribas).  Esta exclusión ya se ha implementado en otras regiones como el Ártico.  Exigimos una exclusión geográfica que frene inversiones para el extractivismo en la Amazonía.
  • En relación al financiamiento para salvar la Amazonia es fundamental garantizar mecanismos para que estos miles de millones de dólares no se pierdan en la burocracia administradora, en consultorías, en planificaciones que se quedan sólo en el papel. La hoja de ruta para el financiamiento debe partir esencialmente de abajo hacia arriba. Desde los territorios y las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos originarios y los actores locales que conocen la realidad y son claves para cualquier iniciativa que busque frenar efectivamente la destrucción de la Amazonía. Los mecanismos de financiamiento deben partir de los planes de gestión territorial de los pueblos indígenas y campesinos originarios y no desde los escritorios.
  • La participación indígena y de los pueblos Amazónicos no debe ser decorativa, ni limitada a la presencia de un representante indígena en los directorios de los fondos de financiamiento. Los mecanismos de participación social en los fondos de financiamiento deben ser a todos los niveles y alentar el involucramiento de los más amplios sectores, en cada país y cada programa público de inversión
  • Experiencias de mal uso, despilfarro y corrupción entorno al financiamiento de proyectos socioambientales obliga a crear mecanismos de transparencia, control y vigilancia social para el financiamiento para la Amazonía.
  • El financiamiento no puede ser canalizado principalmente a través del sector privado que siempre antepone la maximización de sus ganancias a la preservación del medio ambiente. Iniciativas como el Fondo para la Amazonía del Fondo Verde del Clima que administra el BID y el conjunto de la Iniciativa Amazonas del BID, deben ser redirigidas sobre todo a financiar de manera expedita y no burocrática las iniciativas de los pueblos indígenas, las organizaciones locales y los municipios.
  • El concepto de bioeconomía es un término amplio que abarca una diversidad de enfoques contrapuestos que van desde el greenwashing de las corporaciones, la mercantilización de la naturaleza, hasta prácticas de armonía con la naturaleza de pueblos indígenas, y emprendimientos económicos bajo ciertos límites que buscan preservar los ciclos vitales de la naturaleza. Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994) pionero en la formulación de la bioeconomía señalaba que la economía era un subsistema de la ecología y que no tenía una existencia por fuera de la naturaleza. En consecuencia, la economía debía estar subordinada a los límites geofísicos de la Tierra y nunca podía pretender crecer ilimitadamente en un planeta finito. Distorsionando este enfoque se ha desarrollado una concepción de bioeconomía que se inscribe en el marco del capitalismo verde, y que plantea aplicar las reglas del capital a la naturaleza, valorizándola en términos monetarios para que sea atractiva para los inversionistas y los mercados. Este concepto de bioeconomía ha sido utilizado por el BID para impulsar un fondo para los inversionistas privados a título de salvar a la Amazonía.
  • Es indispensable que los Estados inicien un debate público sobre las varias bioeconomías en curso, y no mantengan los sesgos y privilegios de la bioeconomía de los commodities. Los pueblos amazónicos desarrollan sus economías propias, de Buen Vivir/Vida Plena, que disputan el sentido de las políticas públicas sobre bioeconomía de commodities, hacia la priorización de bioeconomías holísticas indígenas, afrodescendientes y de las comunidades tradicionales.

DEUDA POR CLIMA

La propuesta de cambiar acción climática en la Amazonía por pago de deuda externa es un planteamiento que se asienta en la experiencia de los noventa y principios de siglo de la iniciativa de alivio para Países Pobres Muy Endeudados (Heavily Indebted Poor Countries, HIPC) y la Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (IADM) que se aplicaron en países como Bolivia. Estas iniciativas redujeron a la mitad la deuda externa de Bolivia para el año 2006 con la condición de que los recursos para el pago del servicio de la deuda externa se destinarán a programas sociales para la reducción de la pobreza.

Diferentes estudios coinciden en que el cambio de deuda por acción social fue importante para las finanzas públicas de Bolivia, pero no relevante para la reducción de la pobreza debido a que gran parte de dichos recursos no fueron destinados a dicho fin y/o terminaron consumiéndose en el marco de la burocracia estatal.

  • Revertir el punto de no retorno requiere de medidas sistémicas.  La deuda es la otra cara de la moneda del extractivismo.  Los países amazónicos concesionan recursos minerales, petroleros, agrícolas y otros para adquirir o pagar deuda.  Se requiere un mecanismo que corte estos ciclos financieros perversos.  Una condonación condicionada de la deuda que sirva de paraguas para la región y que tome en cuenta las innumerables funciones sistémicas que da la Amazonía al planeta deben ser la base para una negociación regional de la deuda.
  • Con esta experiencia cualquier canje de deuda por acción climática para la Amazonía debe ser producto de un proceso participativo que oriente el financiamiento a actividades relevantes para preservar la Amazonía y sus pueblos, y que disponga de mecanismos de fiscalización y transparencia que garanticen el cumplimiento de las metas que se persiguen, principalmente desde la vigilancia territorial de los pueblos amazónicos.
  • El canje de deuda por clima no debe servir para legitimar deudas externas ilegítimas contraídas al calor de imposiciones externas y de decisiones inconsultas y vinculadas, en muchos casos, a graves actos de corrupción.
  • Los canjes de deuda por clima no deben comprender mecanismos especulativos y de mercantilización de la naturaleza como el pago con bonos de carbono de la Amazonía cómo lo considera el FMI[6].

MERCADOS DE CARBONO

Los mercados de carbono son espacios comerciales en los que los países y las empresas pueden vender y comprar certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En los mercados de carbono de un lado están los compradores que tienen ciertas metas u obligaciones de reducir sus emisiones, y del otro lado están los vendedores de certificados de carbono que realizan acciones de reducción de emisiones. A través de los mercados de carbono los compradores de estos bonos supuestamente compensan  las emisiones que debieron reducir en su empresa o país. Se basan en el grave error de que el carbono fósil es igual o “compensable” por  carbono biótico. En otras palabras, este mecanismo de compensaciones (‘offsets’ en inglés) permite a empresas y países contaminantes comprar permisos para seguir contaminando.

Los certificados de reducción de emisiones son mercancías imaginarias que se crean a partir de lo que se espera ocurra en otro lugar y por lo tanto tienen un carácter especulativo. Por ejemplo, en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que es uno de los mercados de carbono creado bajo el protocolo de Kioto, se otorgaron mayoritariamente certificados de carbono a industrias que nunca debieron ser construidas para eliminar hidrofluorocarbonos y óxido nitroso, como el caso de mega-hidrolectricas en la Amazonia aprovadas para recibir creditos de carbono, como UHE Jirau en el Rio Madeira, joint venture’ de la multinacional francesa Engie (ex-GDF Suez) con Eletrobras. Estas iniciativas, entre otros aspectos negativos, ignoran las emisiones significativas de metano de estos proyectos, los impactos sobre la biodiversidad en ecosistemas de agua dulce, y las violaciones de derechos de comunidades locales afectadas.

En el Mecanismo de Desarrollo Limpio se incluyó la otorgación de certificados de reducción de emisiones para proyectos de forestación y reforestación, y posteriormente se aprobó el mecanismo de Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques, más conocido como REDD y REDD+. Este mecanismo plantea la otorgación y comercio de bonos de carbono por la reducción de emisiones futuras evitadas debido a la deforestación. Mientras la forestación y reforestación implican la plantación de nuevos árboles para que almacenen carbono, con todas las complicaciones que ello implica por el desarrollo muchas veces de monocultivos invasivos, el mecanismo REDD plantea otorgar bonos de carbono por la deforestación que se propone evitar favoreciendo a quienes más deforestan porque parten de una línea base de deforestación más alta.

La mayoría de los gobiernos de la Amazonía, con la excepción de Bolivia, se han adscrito al mecanismo REDD. Este mecanismo reduce los bosques y la selva -que son esenciales para el ciclo del agua, la biodiversidad, la protección de los ecosistemas, la soberanía alimentaria y la provisión de medicinas naturales para los pueblos que la habitan- a solamente una de sus funciones qué es la captura y almacenamiento de carbono. Este “servicio ambiental” de los bosques de ser sumidero de carbono es valorizado en términos monetarios, oscilando su precio según la oferta y la demanda.

Al igual que los otros certificados de reducción de emisiones, los bonos de carbono de los proyectos REDD contribuyen a que: a) se incumplan los compromisos efectivos de reducción de emisiones de países desarrollados y empresas contaminantes, b) intermediarios y entidades financieras se apropien de gran parte del valor de los bonos de carbono llegando muy poco a los países, las poblaciones indígenas y los bosques, c) se genere una burbuja financiera especulativa a partir de la compra y reventa de dichos certificados, que alimenta la “piratería de carbono” (Carbon Cowboys) que se expande con estafas y conflictos en todos los países amazónicos d) se establezcan nuevos derechos sobre la capacidad de captura de carbono de los bosques que generan conflictos al interior de poblaciones indígenas y con el Estado y las instituciones que administran los proyectos REDD.

  • El financiamiento para salvar los bosques y la Amazonía debe ser integral, directo, transparente, tomar en cuenta las realidades locales y la participación de los pueblos, y no generar bonos de carbono o certificados de reducción de emisiones que sólo sirven para que otros incumplan sus compromisos de reducción de emisiones como lo establece el mecanismo REDD+. La Amazonía no es una mercancía para el desarrollo de mercados de carbono. Lejos de una aproximación mercantil para salvar a la Amazonía es necesario crear mecanismos de financiamiento que incidan de manera efectiva en las causas estructurales que están detrás de la devastación de la Amazonía y que garanticen los derechos de los pueblos que la habitan y de la naturaleza.
  • Establecer mecanismos de impuestos al carbono para destinar dichos recursos a la Amazonía.
  • Frente a la posición asumida por la mayoría de los gobiernos de la Amazonía, los pueblos indígenas han desarrollado sus críticas estructurales al REDD+ convencional, y levantado una propuesta de “REDD+ Indígena Amazónico” para intentar reformular y condicionar al REDD+, mediante la no venta de créditos de carbono, la prioridad de los planes de vida y seguridad territorial a los cuales debe adecuarse REDD+, y el control y sanción de la piratería de carbono. Dicha propuesta del “REDD+ Indígena Amazónico”, ha sido incluída en Perú (con 4 normas legales), Colombia, Ecuador y debe ser considerada por los Estados amazónicos.

[1] Rainforest Foundation Norway-RFN- 2021

[2] Quintanilla, Marlene, Alicia Guzmán León, Carmen Josse. 2022. The Amazon against the clock: a Regional Assessment on Where and How to protect 80% by 2025. https://amazonia80x2025.earth/

[3] https://amazonia80x2025.earth/wp-content/uploads/2023/04/roadmap-4.pdf

[4] Liu, T., Chen, D., Yang, L. et al. Teleconnections among tipping elements in the Earth system. Nat. Clim. Chang. 13, 67–74 (2023). https://doi.org/10.1038/s41558-022- 01558-4

[5] https://forestsandfinance.org/news/report-global-bank-policies-dangerously-inadequate/

[6] https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2022/12/14/swapping-debt-for-climate-or-nature-pledges-can-help-fund-resilience

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OEP Venezuela

Perfil oficial del Observatorio de Ecología Política de Venezuela

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