Este domingo 20 de agosto, en medio del proceso de elecciones adelantadas, se realizaron dos importantes consultas populares a la ciudadanía del país sudamericano; la consulta sobre la paralización petrolera en el Yasuní, área selvática correspondiente a la Amazonía ecuatoriana; y otra referente a la minería en el llamado Chocó Andino. Ambas consultas arrojaron un resultado favorable al reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la defensa de los espacios naturales, los bienes comunes; por encima del enriquecimiento particular y temporal, a costa de la vida y el futuro de las próximas generaciones.

Por primera vez en la historia moderna, una nación en voto popular decidió dejar el petróleo debajo del suelo, no extraerlo, dando un claro y fuerte menaje a los políticos e intereses económicos del país; la vida, el agua, la selva, los animales y todas las relaciones vitales que se ven implicadas; valen más que el dinero que se podría extraer de esa industria; que la vida y la naturaleza son más importantes que la industria petrolera; y que el futuro no será hipotecado por unos cuantos dólares efímeros que beneficiarán solamente a unos pocos y tendrán un costo mucho mayor para las futuras generaciones, que los supuestos beneficios que traería.

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Con un poco más del 58% de los votos válidos, el votante ecuatoriano dijo que sí a la paralización de la actividad petrolera en el Parque Yasuní; en contra de las recomendaciones del Banco Central de Ecuador y la empresa petrolera Petroecuador; pero con el apoyo de los movimientos sociales, indígenas y ambientalistas. Ahora el gobierno que esté de turno tiene el plazo de un año para cerrar los pozos petroleros dentro del perímetro del parque; contra lo que el presidente de Petroecuador se opone diciendo que es imposible de cumplir dicho plazo. Ahora existe el riesgo al uso de la carretera que construyó Petroecuador, para el uso de mineros ilegales que pueden penetrar por allí a las zonas de la Amazonía, pues ese bloque nunca debió de explotarse, afirman voceros de las organizaciones ambientalistas; quienes exigirán al Estado mayor vigilancia y seguridad en la zona.

Impresiones desde Ecuador

Verónica Iturralde, comunicadora del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) declaró por mensaje al equipo del Observatorio que “se ha ganado en las urnas, ahora hay que vigilar y exigir que se respete la democracia. Que en un tiempo no nos vengan con políticas ambientales que boten a la basura todo este proceso. Seguir en la lucha defendiendo el planeta de las Mafias Extractivistas”.

Es importante destacar el alto nivel de violencia que se vive en el país, especialmente previo a la elección, con el asesinato incluso de uno de los candidatos más populares, Javier Villavicencio. A pesar del miedo y las propuestas huecas, superficiales de la mayoría de los candidatos, los ecuatorianos y ecuatorianas salieron a votar por la Amazonía, por la vida y el agua. No hubo chantaje que pudiese frenar la marea popular que decidió que la naturaleza y la vida está por encima de la riqueza efímera, que no es garantía de futuro para las próximas generaciones.

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Igualmente, Celso Moreta desde el cantón Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana y colindante con el parque Yasuní; envió un cálido saludo a todas las personas que desde Venezuela mostraron su apoyo a la lucha por el Parque Nacional y colaboraron difundiendo información sobre la consulta popular y la situación ambiental. “Hemos luchado juntos, varios países, en defensa del Parque Nacional Yasuní, este 20 de agosto del año 2023 el Sí ganó con un triunfo aplastante, gracias por el esfuerzo que se hizo en todos los países, desde Ecuador un abrazo a todos”, dijo con emoción Moreta, quien pertenece además a la Comunicación Comunitaria del Amazonas de Ecuador y ha trabajado en colaboración con el Observatorio de Ecología Política de Venezuela para visibilizar el impacto negativo de la industria petrolera en nuestros países.

Elsa Bejarano, activista de Quito sin Minería; aseguró en comunicación directa con el OEP que el 20 de agosto fue un día histórico no solamente para el Ecuador, sino para la región y el mundo entero. “A través de estas consultas, el país tomó decisiones fundamentales en función de lo que es esencial, la preservación de la vida y la protección del futuro”, afirmó Bejarano.  En Quito, nos comenta, que el sí obtuvo una victoria contundente del 68% de los votos para prohibir totalmente la minería en el área del Chocó Andino; una zona que representa la séptima reserva de biosfera en Ecuador, albergando más de 3.000 variedades de plantas, alrededor de 1000 especies o más de fauna, de las cuales muchas son endémicas de ese rincón del mundo.

Afirmó, Elsa Bejarano, a modo de conclusión, que Ecuador está en camino hacia un post-extractivismo y apuesta por nuevos modelos de desarrollo que respeten la vida, la salud, los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos y las comunidades. Que el doble triunfo de las consultas populares, reflejan la voluntad de la nación ecuatoriana de resguardar sus tesoros naturales., reconociendo que estos ecosistemas únicos son patrimonio no solo de una región, sino de toda la humanidad.

El Gobierno desconoce la consulta popular

Este 23 de agosto, el saliente gobierno del presidente Lasso informó, a través de su ministro de Energía y Minas Fernando Santos, que desconocerá el resultado sobre la detención de la explotación petrolera en el Yasuní; y que las instalaciones quedarán listas con sus planes de desmantelamiento, si el siguiente gobierno decide respetar la consulta popular. El Gobierno argumenta que se fundamenta en el artículo 57 de la Constitución del Ecuador, que indica que los que deciden si se inicia o termina la explotación de recursos naturales en un territorio son sus habitantes.

Sin embargo, activistas y abogados han afirmado que este fundamento no es pertinente en esta situación, pues el artículo 407 de la misma Constitución, que para explotar el Parque Nacional Yasuní, por su carácter de área protegida nacional, se necesita la declaratoria de Interés Nacional dictada por la Asamblea Nacional, otorgada el 4 de octubre del 2013 y se debe hacer una consulta popular, que no se realizó en su fecha sino hasta la actualidad. Por lo tanto, la explotación, de acuerdo a este artículo, debía realizarse únicamente si se aprobaba por consulta popular, además de la declaratoria de interés nacional, lo que desmiente con el argumento expresado por el Gobierno.

El Gobierno además invitó a la Corte Suprema a dirimir la controversia, pero ya la Corte Constitucional había dictaminado el desmantelamiento de las instalaciones en el plazo de un año; por lo tanto, el gobierno estaría también desoyendo un dictamen de la Corte. Quedará de parte de la ciudadanía y los activistas por la naturaleza defender su decisión popular y la vida, en contra de los intereses que pretenden desoír dicho mandato ciudadano. 

Para ampliar información:

Para seguir el informe de la Misión Internacional de Observación en donde el Observatorio de Ecología Política de Venezuela tuvimos el honor de participar, seguir el siguiente enlace:  https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc?mibextid=ZbWKwL