Recientemente, la controversia por el Esequibo vuelve a estar viral en los medios de comunicación y las redes sociales, a consecuencia de las declaraciones de uno de los altos funcionarios del Poder estatal venezolano. El conflicto limítrofe ha entrado en la disputa legal internacional, pese a que, tradicionalmente, Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia ni otro tribunal internacional para resolver diferendos territoriales. Sin embargo, la debilidad del país, producto de la ilegitimidad interna del gobierno y su erosión internacional, han sido aprovechadas por el pequeño país vecino, Guyana, para avanzar en su estrategia de resolver el asunto en su favor y romper con los acuerdos existentes a raíz del Acuerdo de Ginebra de 1967.
Este asunto ha puesto en la palestra la imposibilidad de los venezolanos de construir un Estado capaz de encargarse de su política exterior. Más allá de los rancios nacionalismos y sus consignas huecas, que siempre lamentan que Venezuela ha perdido un territorio que para algunos ha sido mayor que el actualmente reconocido para el país. Todas las pérdidas territoriales han puesto en evidencia que, durante los 193 años de existencia de la República, no se ha podido hilvanar una política de Estado sobre nuestros asuntos internacionales y territoriales. Hemos estado a merced de los cambios políticos, que impiden dar forma a un cuerpo institucional a lo interno y una representación estable y continuada a lo externo. Algunos dirían, con un estudio más detallado de otros factores, que Venezuela parece ser inviable bajo los modelos organizacionales ensayados a lo largo de su historia independiente.
Venezuela ha estado atravesada, desde la colonia, por el ideal supremo del extractivismo, el Mito del Dorado; que nunca pudo ser encontrado, pero buscado hasta la saciedad. Ese impulso alocado fue el que inició la disputa en primer lugar, pues los intereses del Imperio Británico de aquel siglo XIX se entroncaban con esa idea de dominio de la naturaleza y lo salvaje. Guayana, antes que la indómita África, fue ese territorio de expansión de la civilización occidental, que buscaba dominar la naturaleza y hacerse con las portentosas riquezas minerales que allí se decía que existían. Fue por eso que exploradores de toda Europa recorrieron estos territorios, desde Humboldt hasta el polémico Schomburg, quienes detallaron la geografía guayanesa, pero también hablaron de sus potencialidades para la explotación económica. Con las noticias sobre la posibilidad de minas auríferas en la cuenca del Cuyuní y del Esequibo, las ambiciones anglosajonas, que ya se habían hecho con la colonia Demerara, anteriormente holandesa, fijaron su atención en la expansión al occidente, especialmente buscando llegar a las bocas del Orinoco y dominar los territorios al sur de este río, curiosamente lo que hoy está enmarcado en uno de los distritos mineros más activos del país.
La débil Venezuela decimonónica, previa a la consolidación del Estado-Nación, no pudo enfrentar las ambiciones británicas; quedando avergonzada y humillada internacionalmente. Pero medio siglo después, la rica Venezuela petrolera, la que sí pudo conseguir ese Dorado, el Dorado Negro, se envalentonó contra la debilitada Gran Bretaña, que caía relegada a potencia de segundo orden tras la II Guerra Mundial. Pero ese momento coincidió con los procesos de descolonización, permitiendo la nación británica la independencia de Guyana, dejándole la responsabilidad de finiquitar el acuerdo a la joven y débil nación con Venezuela. Esa precisamente fue la estrategia adoptada por las autoridades guyanesas, el conflicto no fue porque la potencia británica usurpo territorios venezolanos para buscar oro, sino que la rica y grande Venezuela quería arrebatar más del 50% del territorio a la débil, pobre y joven Guyana, que nada tenía que ver en el conflicto.
Ver también: La defensa del Esequibo no debe ser desde la lógica del extractivismo
Las cartas hoy se voltean, una Venezuela que llevó al límite sus posibilidades petroleras y despilfarró el dinero de la renta de hidrocarburos. Una Venezuela que mal administrada fue conducida a una crisis sin precedentes, tan crónica como la que se vivió tras las guerras de Independencia o Federal. Una Venezuela que frente a Guyana se ve empobrecida, desprestigiada y débil, sin aliados internacionales de relevancia en la región o que asuman un compromiso frontal con sus intereses. Pero también, como dijimos más arriba, una Venezuela que jamás pudo consensuar sus intereses y consolidar sus instituciones, siempre mediada por intereses a corto plazo y vinculados a las actividades extractivas.
La reactivación del diferendo no es un hecho aislado, tiene varios años y viene relacionado igualmente a la expansión del extractivismo en el área. Ya la minería viene consolidándose en la región por décadas, especialmente en la zona en conflicto, donde los mineros ilegales campan a sus anchas con la indiferencia del Estado, algo bastante similar a lo sucedido en Venezuela al cruzar la frontera. Ahora los intereses petroleros son los que priman, ante el aumento de la demanda de hidrocarburos, en medio de una crisis climática producto de las emisiones de CO₂, la expansión hacia nuevos yacimientos se ve como vital para estos capitales. Guyana ha sido, desde hace unos 20 años y especialmente desde hace 10 años, punto focal en el descubrimiento de nuevos yacimientos marinos, que han sido explorados desde entonces, midiendo su factibilidad y potencialidad económica.
A raíz de esta actividad, Venezuela inició una serie de protestas diplomáticas al respecto, lo que desencadenó el actual estado de cosas; que el país vecino, Guyana aprovecha al ver a su contraparte debilitada en extremo. La Conmowealth ha emitido un comunicado cerrando filas en favor de Guyana y legitimando la usurpación territorial, además las petroleras adelantan sus acciones para explotación de petróleo. Mientras, el gobierno guyanés aprovecha la coyuntura para seducir a la población guyanesa con los supuestos beneficios de los ingresos petroleros. En ningún momento, alguno de los voceros ha señalado los peligros ambientales que produce la explotación petrolera en mar.
Pese a ello, bajo los discursos hegemónicos, los movimientos de base y organizados en Guyana se pronuncian contra la explotación petrolera en el océano Atlántico, advirtiendo que las promesas de prosperidad no se cumplirán para el pueblo. Igualmente, advierten de los peligros para los ecosistemas marinos y la posibilidad de sustento económico para las comunidades pesqueras. El grupo ecofeminista Red Thread (Hilo Rojo), ha realizado manifestaciones reclamando que en los contratos de explotación no se encuentran cláusulas de protección y responsabilidad en caso de derrames petroleros u otros daños ambientales en los que pudieran incurrir las empresas. De acuerdo a declaraciones en la prensa local, este grupo ha decidido hacer protestas cada miércoles hasta ver satisfechas sus demandas.
Se han introducido demandas judiciales exigiendo que Exxon y demás empresas asuman la responsabilidad ambiental y con las comunidades que se pudiesen ver afectadas en caso de algún accidente industrial o por la contaminación corriente de la explotación petrolera. El tribunal falló en contra de la petrolera, exigiendo que asuma responsabilidades, pero el gobierno guyanés apeló la sentencia, como si de una gente de la petrolera se tratase, hecho lamentado y combatido por quienes se oponen a la impune concesión petrolera.
Existen voces que reclaman contra el extractivismo en Guyana, especialmente contra el petrolero. Aunque el país también viene siendo víctima de la minería ilegal y la expansión de los grupos irregulares, especialmente en el territorio reclamado por Venezuela. La situación general de deterioro ambiental apunta a una pérdida grave de la biodiversidad y desplazamiento de pueblos indígenas que preocupa no solamente a los ambientalistas, sino a movimientos sociales y antropólogos como Esteban Emilio Mosonyi, que en reiteradas ocasiones ha hecho un llamado a proteger las culturas que se encuentran en ese territorio y son igualmente ignoradas por los gobiernos de Caracas y Georgetown.
Así podemos ver, que el reclamo que hace Venezuela tiene el mismo tinte colonial y depredador que inició la usurpación, además de ignorar los legítimos derechos de los pueblos originarios, que habitan el territorio miles de años antes que existiese el concepto de nación en la región. La legitimidad del reclamo por las tierras del Esequibo parte por una visión que rompa con esa idea de explotación del territorio y se fundamente en su defensa, conservación y reconocimiento de los intereses y derechos de los pueblos y comunidades que allí habitan, abandonados crónicamente por el estado Venezolano y marginados por el de Guyana.