Este jueves 19 de octubre el Observatorio de Ecología Política de Venezuela realizó el lanzamiento y bautizo de su primer Manual de Herramientas Jurídico-Ambientales para Comunidades y Activistas, en el auditorio de la APUCV/IPP en las inmediaciones de la Ciudad Universitaria de Caracas. Este es un documento novedoso en el país y el primero de este tipo que realiza la organización; ha sido también auspiciado por el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la UCV, en el marco de su programa de especialización en Derecho Ambiental.   

El evento contó con los comentarios de Marino Alvarado, reconocido activista de los derechos humanos y el Coordinador de Exigibilidad Legal del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); y Bárbara Ordoñez, presidenta de la Fundación Ecológica ECOBRION y activista ambiental de gran recorrido en el estado Miranda. Ambos destacaron la importancia de exigir, mediante los mecanismos institucionales, tanto administrativos, legislativos como judiciales, la justicia ambiental en el país; destacando las enormes dificultades y trabas que se pueden conseguir en el acceso a estas instancias, así como de conseguir fallos a favor de la naturaleza.

El autor, Erick Daniel Camargo, comentó sobre los objetivos de este documento, la motivación que tuvieron de realizar el trabajo, especialmente al reportar e investigar los conflictos socioambientales reseñados en su labor de corresponsal del OEP. Agradeció a las personas que colaboraron con sus conocimientos académicos y prácticos, así para quienes realizaron las correcciones y revisiones de los borradores. Se destacó la colaboración de Espacio Público, organización que viene trabajando en la consecución del derecho al acceso a la información pública, quienes además aportaron su material y experticia a este trabajo.

El Manual surge a raíz de la compleja situación socioambiental, conjugada con una grave crisis política y económica que todos padecemos en el país. La debilidad de las instituciones, pero también una larga tradición de rehuir de los mecanismos judiciales, han permitido la impunidad en materia ambiental. Esto se considera reversible, si con mucha organización, esfuerzo político y comunitario, se empiezan a utilizar estos mecanismos y exigir al Estado su correcto funcionamiento en materia judicial. Aunque se entiende que el particular contexto político actual no es para nada favorable, consideran que la construcción de una cultura litigante, especialmente en lo ambiental, acompañada de la movilización ciudadana, puede ayudar a sentar las bases para la reconstrucción institucional de un sistema de justicia.

En este sentido surge este texto, el cual está dividido en cuatro partes; una introducción, donde se explican los objetivos y metas del Manual; un primer capítulo, donde se abordan las nociones generales del derecho ambiental en Venezuela, el marco constitucional y legal existente, pero también se trata de dar un pequeño repaso sobre la construcción institucional del país, importante para conocer la responsabilidad institucional de cada organismo y las instancias y jurisdicciones que corresponden a estas; por último se dejan unos párrafos para iniciar el debate sobre los derechos de la naturaleza en Venezuela.

En el segundo capítulo se abordan las acciones preventivas para proteger y defender el ambiente y la naturaleza, lo que implica acciones de iniciativa legislativa, contraloría social, movilización política y vigilancia ante las acciones de las autoridades políticas y los organismos encargados de la guardería ambiental; se cierra el capítulo con el instructivo para solicitar la información pública pertinente. En el capítulo tres se abordan los mecanismos para exigir justicia ambiental; se hace primero una diferencia entre delitos e ilícitos ambientales, para luego abordar las diferentes jurisdicciones judiciales, así como los procesos que deben primero ir por vía administrativa; se explica también las acciones de amparo constitucional y los mecanismos extrajudiciales a los que se pueden acceder. Se hace hincapié en la visión estratégica que se debe tener al abordar estos problemas, los cuales pueden implicar uno o más delitos, posiblemente no relacionados con lo ambiental directamente.

El instrumento será de distribución gratuita desde la página del Observatorio de Ecología Política; por lo pronto la edición empresa estará a la espera de las posibilidades de la organización. Se espera que pueda servir para difundir la educación jurídica en materia ambiental, empoderar a las comunidades y activistas para que exijan a las instituciones su correcto funcionamiento y consecución de la justicia ambiental. El OEP espera, por lo pronto, iniciar una serie de talleres jurídico-ambientales, como ya se inició con el primer proyecto piloto realizado en Morón a principios del corriente mes.