El municipio El Hatillo ha vivido enfrentamientos entre vecinos y las autoridades locales, junto a empresarios. Estos últimos buscan construir en áreas verdes públicas, sin planificación y sin importar el impacto negativo en la comunidad y el medio ambiente, como tal ha sido el caso con la construcción del Traki en el Cigarral.

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Ahora sucede en la llamada Hacienda La Cabaña, un espacio que de acuerdo al Registro del Patrimonio Cultural de Venezuela es catalogado como “Bien de Interés Cultural de la Nación”, lo que se encuentra publicado en la Gaceta Oficial Nro. 40.230 del 15 de agosto del 2013. Este espacio posee alrededor de 12 hectáreas de superficie, en su mayoría cubierta por árboles. Además, en el año 1983 la Ordenanza del Sureste le asignó la zonificación de Parque Sectorial (P-5), otorgándole la denominación de “Parque Carlos Raúl Villanueva”.

Pese a esto, desde el 2018, la alcaldía ha intentado desarrollar en este espacio la construcción de un mercado y un estacionamiento. Sin embargo, vecinos del municipio se han manifestado en contra del proyecto, enviando solicitudes de información pública sobre el proyecto y los estudios de impacto ambiental, que deben ser públicos conforme a la Constitución, sin obtener respuesta alguna. De acuerdo a sus reclamos, la opacidad ha sido el principal signo de este proyecto. Informan que también enviaron una carta al MINEC solicitando información, pero tampoco fue respondida.

El alcalde sostiene que el proyecto cuenta con criterios de sostenibilidad, a pesar de que para su ejecución se tenga que destruir un área verde común del municipio y zonificada como parque. Habría que cuestionarse sobre qué es lo que llaman sostenible, en este caso, en concreto, si es meramente financiera, ambiental o transversal. Igualmente, la autoridad municipal ofrece el proyecto como una panacea para el desempleo y como fuentes de ingresos.

Vecinos en sus redes sociales han argumentado que el mismo carece del carácter de “mercado municipal”, al no enfocarse en los productores locales, sino como un nuevo centro comercial. Igualmente, el abogado José Manuel Romano denunció en sus redes sociales las irregularidades en la promulgación de la ordenanza sobre el Plan Especial La Cabaña en 2018, sin la existencia misma del plan, es decir, los concejales aprobaron algo que no existía. Comenta, además, la ausencia de estudios de impacto ambiental, el intento de construir un proyecto comercial en un espacio donde legalmente no está permitido, considerando arbitraria la pretensión de la Alcaldía de realizar esta obra en dicho terreno. 

En el espacio se encuentran, además, familias agricultoras, las cuales se verían desplazadas del terreno; las cuales se han opuesto al proyecto. Estas familias cuentan con el apoyo también de otros vecinos, unos cuidadores de un manantial que les suministran agua para las siembras. Otros vecinos, cercanos a la entrada, aceptaron las compensaciones económicas ofrecidas por la Alcaldía, permitiendo la construcción del estacionamiento en la zona.