Carnavales 2026: el espejo de una privatización silenciosa
Durante el asueto de los carnavales 2026 se puso de manifiesto una problemática que viene sucediendo desde hace tiempo en la isla de Margarita. Las playas, que, de acuerdo a la legislación venezolana, en su Ley de Zonas Costeras, son de dominio público, han venido siendo objeto de una lenta y arbitraria privatización en el estado Nueva Esparta. Fue bastante sonado el caso de la playa Guacuco donde se llegó a cobrar hasta 500 $ por los toldos, pero más allá, los efectos han sido hacia otras formas de vida.
La tortuga llegó a un territorio ocupado
El 22 de febrero, una tortuga laúd llegó a Playa Parguito a desovar, como ha hecho su especie por decenas de miles de años, pero encontró su territorio de anidación ocupado por una especie invasora, la humana, que había ocupado la playa. La noticia se daría a conocer a través del medio digital Redrecnoticas que, vendiéndose como imparcial, en su información le da voz a la directora de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta y gerente del club de playa Bella Lora (una de las empresas que ilegalmente se ha apropiado del espacio de la playa), quien justificó la situación alegando un error de la tortuga por el cambio climático, haciendo un llamado a equilibrar el turismo con la protección de la naturaleza.
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Se presentó a la empresaria como conservacionista, pese a que en 2021 el club Bella Lora, junto a otros negocios que se han apropiado del espacio costero destruyeron instalaciones y viveros diseñados para la protección de los nidos de las tortugas en ese mismo espacio. Sin embargo, el rechazo generalizado y las voces de expertos que critican esta narrativa promovieron la rectificación por parte de este medio, que posteriormente entrevistaría al especialista Pedro Vernet, quien enfatizó que el error no era de la tortuga, sino de los seres humanos, recordando la existencia de ordenanzas y leyes que protegen las zonas costeras y la fauna marina. En la entrevista explicó la importancia de las tortugas en los ecosistemas y su rol para evitar la proliferación de hongos y bacterias en las playas; advierte además que las tortugas carey han dejado de visitar la isla por la contaminación lumínica, y que la problemática actual se viene dando por el incumplimiento de las leyes y ordenanzas vigentes.
Lamentablemente, como explicó Vernet, no ha sido un hecho aislado, más recientemente, el 1° de marzo, una tortuga cardón fue hallada muerta con su saco lleno de huevecillos en las costas margariteñas. La costa margariteña es un corredor biológico crítico para varias especies de tortugas marinas, todas en peligro de extinción. Pese a las voces empresariales que se “autodefinen” como ecológicos, conservacionistas, respetuosos del ambiente, las evidencias muestran que se está haciendo un grave daño a los ciclos vitales de las especies marinas. Además, el artículo 9 de la Ley de Zonas Costeras es claro, las playas, las aguas marinas, las tierras bajas, los acantilados y sus franjas de protección, las bahías, caletas, ensenadas son de dominio público. Un permiso comercial o una concesión para el uso de servicios (toldos, sillas, restaurantes) otorga derechos sobre un área de explotación económica, pero jamás sobre la franja de arena húmeda, que es, por mandato legal, de libre tránsito y disfrute; y en última instancia (lamentablemente) libre para el uso de las tortugas.
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La pregunta es inevitable: ¿qué garantía de protección puede ofrecer el sector privado cuando, en un pasado reciente, antepuso sus intereses comerciales hasta el punto de destruir los esfuerzos de conservación? La destrucción de viveros para las tortugas (reseñados previamente) sino la evidencia de un conflicto de intereses irresoluble cuando no hay un ente rector que aplique la ley.
La coreografía de siempre: viral, reacción, promesa…
Como suele ocurrir en Venezuela, el problema no escala hasta que se vuelve tendencia. La viralización del video de la directora de la Cámara de Turismo provocó la reacción inmediata de las autoridades. Corpotur salió a «descartar la privatización de playas», se anunciaron operativos conjuntos de MINEC, INATUR y las alcaldías para fiscalizar a los clubes de playa. Incluso, desde el Ministerio de Ecosocialismo (MINEC) se reportó un impulso a una «ordenanza municipal para proteger a las tortugas marinas» en el municipio Arismendi. El alcalde mismo advirtió que en la isla no existen las playas privadas, pese a la evidencia y la realidad concreta que vivieron los turistas.
Esta reacción es ya conocida: el escándalo viral, la conferencia de prensa de emergencia, el operativo de contención de daños y la promesa de una normativa, como si no existiesen ya. Esto se ha observado en el caso del Parque Nacional Waraira Repano, las falsas soluciones para evitar la desaparición de los glaciares en Mérida; es la ausencia de una política pública coherente y sostenida, así como el incumplimiento reiterativo de las normativas ambientales. El caso de las tortugas en La Guaira es ejemplarizante y hasta ahora no se han visto soluciones concretas que resuelvan la problemática.
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No se trata de satanizar la actividad turística ni a los emprendedores. Se trata de que la conservación de especies en peligro de extinción y la garantía del libre acceso a las playas no pueden quedar sujetas a la buena voluntad de particulares o a la reacción tardía de un Estado que solo actúa bajo el reflector de las redes sociales. Mientras no exista una figura de vigilancia permanente, que haga respetar el ordenamiento territorial, los corredores biológicos y se aplique de manera rigurosa la Ley de Zonas Costeras y la Ley Penal del Ambiente, las playas de Margarita seguirán siendo un campo de batalla donde, a menudo, quienes pierden son las tortugas y el derecho colectivo de los venezolanos.
La naturaleza no se equivoca
Hace falta, esto sí, que la ley empiece a mirar más por la naturaleza, donde se integren sus derechos a los de las personas, que no son excluyentes ni competitivos. Reconocer la subjetividad de ecosistemas y, principalmente, de los animales no humanos, en este caso concreto, el de las tortugas, para mantener espacios para su reproducción. La naturaleza no se equivoca; quienes lo hacemos, una y otra vez, somos nosotros al permitir que el cortoplacismo y las ganancias inmediatas sigan ganándole la partida a la vida y a la legalidad.