Impactos socio-ambientales de las plantaciones de palma aceitera en el Sur del Lago de Maracaibo (Zulia) - Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Última actualización: noviembre 2021

I. Datos básicos

Ubicación del conflicto (localidad, municipio y estado del país)

Municipios Jesús María Semprúm, Catatumbo y Colón, estado Zulia

Área del proyecto (en kms² o has.)

Voceros del Gobierno regional y nacional han anunciado (en 2017) que en el Sur del Lago de Maracaibo se ha contado más de 50.000 hectáreas sembradas de palma aceitera (Correo del Orinoco, 2017).

Tipo de población (urbana, semi-urbana, rural o indígena)

Semi-urbana

Resumen del caso

El Sur del Lago de Maracaibo se ha caracterizado por poseer una de las más importantes selvas húmedas existentes en el país. Dado que sus suelos tienen gran fertilidad y por tanto gran potencial agrícola, a lo largo de la historia esta zona ha tenido un importante atractivo económico para diversos actores. Desde el siglo XVII esta región ha sido insertada a la economía agrícola colonial, con cultivos como el cacao y la caña de azúcar y el uso de mano de obra esclava, lo que se dio no sin altibajos y resistencia por parte de los pueblos indígenas que allí han habitado. Para el siglo XX se va a producir un nuevo crecimiento de los emprendimientos agroindustriales, destacando el despegue que se genera a partir de la década de 1950, con la expansión de la figura de la finca, con procesos de alta concentración de tierras y donde resaltaba la ganadería, la industria láctea y el plátano (Zambrano, 2011). Esto convirtió al Sur del Lago en una de las principales ‘despensas’ del país.

Además del despojo de tierras a los grupos indígenas que allí habitan, el proceso descrito ha generado muy altos niveles de deforestación y degradación de los cuerpos de agua.

Desde los años 80 y 90, uno de los cultivos que comenzaría su expansión en la zona es el de la palma aceitera. La introducción de la palma aceitera o palma africana en América Latina es relativamente reciente. Esta es una especie oleaginosa originaria de África, de gran importancia para el comercio mundial gracias a que con su fruto, denominado corozo, se produce el segundo aceite más comercializado globalmente, después del de soya. En Venezuela para el año 2012 era el cultivo oleaginoso que aportaba mayor cantidad de unidades grasas al circuito oleaginoso nacional (González y Salas, 2012).

Desde finales de los 80 comienzan a producirse inversiones importantes para el desarrollo de la palma aceitera en todo el país con la participación de varias empresas de alimentos nacionales, lográndose el progresivo fortalecimiento de la capacidad instalada y mejoras en la creciente industria. En 1998, el estado Zulia era la entidad con mayor cantidad de superficie dedicada a este cultivo (producirá el 70% nacional), seguido de los estados Monagas y Yaracuy. Entre 1992 y 1999 se lograría un aumento de la producción del cultivo en todos los lugares donde se desarrolló. Aunque inicialmente esta producción la realizaban de manera exclusiva empresas privadas, a partir del año 1999 la palma aceitera fue decretada como cultivo bandera, lo que promovió inversiones gubernamentales, el otorgamiento de créditos y el acompañamiento a los productores por parte de entes especializados.

Los estímulos del Gobierno bolivariano buscaban ampliar la superficie de producción agrícola del cultivo en el Zulia, específicamente en los municipios Jesús María Semprúm, Colón y Catatumbo con el fin de abastecer la demanda de aceite comestible a nivel regional, nacional y alcanzar niveles suficientes para su exportación. Para 2001 la palma aparecía como el rubro de mayor auge e importancia regional y nacional. Santa Bárbara del Zulia era el centro de producción más importante con 20.000 ha de las 30.000 ha dedicadas al rubro en toda Venezuela. La producción se mantuvo con un promedio de 300 mil toneladas de racimos del fruto, hasta 2008 cuando se dio un repunte que llevó los niveles a más de 400 mil toneladas, subiendo estos hasta el año 2010 (González y Salas, 2019).

Durante el Gobierno de Chávez varias empresas del ramo fueron nacionalizadas. En 2007 el Gobierno publicaba una resolución que prohibía la siembra de palma aceitera en suelos de tipo III, IV, V y VI en los municipios Colón, Francisco Javier Pulgar y Sucre del estado Zulia, basado en criterios de proliferación de plagas en áreas residenciales y el desplazamiento de rubros estratégicos (como el plátano) (Molina y otros, 2019). La producción de los frutos de palma comienza a registrar descensos a partir de 2011.

Los cultivos de palma aceitera han estado cubiertos de polémica y señalados por la crítica de sectores ambientales y de defensa de los derechos humanos. Se han reportado en numerosas fuentes sus impactos, antes, durante y después del establecimiento de las plantaciones. Se ha desarrollado un patrón de despojo, deforestación, desplazamientos, degradación de los suelos y contaminación en cualquiera de las latitudes en las que se ha implantado el cultivo. En Colombia al menos en 5 departamentos existe una relación estrecha entre los desplazamientos, el abandono de tierras y los cultivos de palma de aceite, y ello ha significado a su vez “transformación de humedales y restricciones a las comunidades para el acceso a las fuentes de agua” (Pacifista, 2016).

En Venezuela la situación no ha sido diferente: desde los años 80 y 90, los desarrollos de la palma en el municipio Colón del estado Zulia implicaron la deforestación de extensas áreas del territorio en el que habitan los barí, una etnia indígena seminómada quienes no solo se han visto afectados por las plantaciones sino también por el desarrollo de actividades petroleras. Esta etnia mantiene una estrecha relación con su entorno: “En su cosmogonía el territorio es sagrado y se entiende a partir de una relación directa con el medio ambiente” (Crudotransparente, 2018). El avance de la frontera agrícola debido a la expansión de la palma ha supuesto la pérdida de bosque y la amenaza a la biodiversidad, incluyendo especies protegidas como el jaguar (véase el caso “La defensa de especies animales en riesgo en el Sur del Lago de Maracaibo”).

El corozo, fruto de la palma es aprovechado en Venezuela de manera directa para la producción de aceite comestible, pero como su calidad disminuye pasadas las 24 horas después de su cosecha, las industrias procesadoras deben instalarse en las cercanías de los predios cultivados lo que, aunque reporta mayores ingresos económicos para algunas personas vinculadas a la actividad (Bonomie y Reyes, 2012), ha generado problemas de contaminación y de salud para palmicultores, trabajadores de la industria y habitantes de las comunidades cercanas en varios municipios rurales y urbanos (Bayón, 2012).

Los cultivos de palma han generado gran conflictividad, la cual podría ser comprendida en al menos 6 niveles: un primero, de tipo histórico, que se corresponde con la época de despojo de tierras a los campesinos tradicionales de la región; un segundo nivel que agrupa a científicos y ecologistas que defienden la zona de los impactos ambientales generados por el crecimiento de los cultivos y la industria asociada; el tercer nivel lo conforman los productores agrícolas, descontentos por la gestión estatal y que buscan mejoras en las condiciones para la producción de la palma; el cuarto nivel involucra a los trabajadores de la industria, que luchan por salarios y una mejora de la gestión de las empresas; un quinto nivel comprende el de los grupos armados y las actividades ilícitas que rodean el fruto de la palma y su comercialización, que utilizan la fuerza y controlan territorio; y finalmente un sexto nivel conformado por las comunidades locales que se ven afectadas por la violencia generada por los grupos irregulares que hacen vida en el territorio.

Con el desarrollo de la extraordinaria crisis que vive Venezuela desde 2013-2014, la producción y distribución del corozo de la palma africana ha descendido, y mucho más la producción nacional de este aceite. Entre las razones que adjudican los actores involucrados se cuentan: dificultades para conseguir insumos agrícolas, crisis eléctrica, escasez de combustible, inundaciones, mala gestión de las empresas estatales, dificultades para colocar la producción en las plantas procesadoras, devaluación acelerada del bolívar que afecta costos de producción, entre otros. Sin embargo, se señalaba en 2019 que se mantenía una producción superior a las 200 mil toneladas (Urdaneta, 2019c), pero que el grueso de lo producido está siendo trasladado ilícitamente hacia Colombia, donde pagan mucho más por el fruto –dado el minúsculo valor del Bolívar en relación al peso colombiano. Esto último ha sido señalado no sólo por productores y trabajadores de la industria, sino incluso por representantes del partido de gobierno PSUV en el Zulia (Urdaneta, 2019d).

La extracción ilícita del corozo ha implicado un importante crecimiento de su contrabando, el enriquecimiento de sectores corruptos del Estado, la articulación de este comercio con otras redes de contrabando transfronterizo y el involucramiento de grupos armados irregulares. Algunos trabajadores de las empresas estatales de palma han denunciado estos hechos e indican ser amenazados por sus señalamientos. En los últimos años se registran disputas por el control de territorios, plantaciones y vías de paso que se encuentran en los municipios Colón, Catatumbo y Jesús María Semprúm; estas disputas involucran a palmicultores y grupos irregulares que hacen vida en la zona, como la guerrilla colombiana, paramilitares o bandas criminales (Urdaneta, 2019d). El presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite de Colombia (Fedepalma), Jens Mesa, ha indicado que aunque no se tiene la certeza de que el corozo esté entrando desde Venezuela a ese país por vía ilegal, la gran cantidad de producto que existe en el mercado así lo sugiere, y que es posible que la actividad se esté empleando para el lavado de dinero (Lizcano, 2014).

Es importante resaltar que la expansión de los cultivos de palma han estado en estrecha relación con grupos armados irregulares. Este ha sido el caso de Colombia desde inicios del siglo XXI, la cual tiene una relación directa con violentos desplazamientos forzados de campesinos por parte de actores armados. Entre las zonas donde estos procesos se desarrollaron con más intensidad están precisamente las zonas fronterizas con Venezuela como el Catatumbo, Norte de Santander o el Cesar (Rey, 2013), áreas contiguas al Sur del Lago de Maracaibo. Las economías ilícitas transfronterizas se alimentan de este contrabando, siendo que en Colombia el fruto de la palma es usado en muy buena medida para la producción de “bio-combustibles” (TeleSurTV, 2013) que desde hace al menos un par de lustros ha tenido un importante crecimiento en ese país.

En el caso del Sur del Lago de Maracaibo, existen numerosas denuncias de productores que estarían siendo abordados por estos grupos, quienes les cobran vacunas o los desplazan, en un conflicto por el control de territorios, plantaciones y rutas comerciales que se encuentran no sólo en el municipio Catatumbo, sino también por los predios cultivados en los municipios Colón y Jesús María Semprúm. El contrabando primero se realizaba por la vía del municipio Semprúm, pero desde 2018 se realiza a través del municipio Catatumbo. Esta zona sirve como ruta de paso para la extracción de productos de diversa índole, al mismo tiempo que se ha denunciado que los grupos irregulares han comenzado a cultivar la palma aceitera, desplazando a los palmicultores. Agricultores indígenas se han visto obligados a abandonar sus tierras, mientras que la guerrilla y grupos paramilitares han encontrado una fuente de empleo lucrativa ofreciéndole a los empresarios protección e intimidando a los pobladores (Crisis Group, 2020).

Las medidas formales del gobierno venezolano han estado dirigidas hacia el control de la producción, la priorización de la comercialización con las empresas que han sido estatizadas, el establecimiento de tasas a la circulación del cargamento y el cese del contrabando, pero no a atender los impactos y el conflicto ambiental generado por la contaminación, ni el despojo de las tierras a indígenas. Como ya se ha mencionado, los trabajadores más bien señalan complicidad de grupos en las empresas estatales en relación a la extracción ilegal del fruto.

La expansión de estas plantaciones en el país, no sólo reflejan tendencias en el mercado global capitalista y son otra expresión del extractivismo, sino también nos muestran procesos de disputa territorial y comercio transfronterizo vinculados a diversos actores que también están relacionados con el conflicto armado colombiano y el amplio desarrollo de las economías de contrabando y la criminalidad que se ha venido produciendo en Venezuela.

II. Fuente del conflicto

Principal actividad económica (u otra) que origina el conflicto

Agropecuario, Biomasa y Tierras

Otras actividades económicas involucradas (si existen)

Industria aceitera

Commodities o ‘recursos naturales’ involucrados (ej. oro, bauxita, madera, agua, petróleo, gas, soja, eucalipto)

Palma aceitera africana (Elaeis guineensis) Arecaceae, también conocida como palma aceitera o palma africana

III. Proyecto y actores involucrados

Ubicación del proyecto o actividad económica (localidad, municipio y estado del país)

Municipios Jesús María Semprúm, Catatumbo y Colón del estado Zulia

Resumen y descripción del proyecto (o la actividad económica)

La palma aceitera africana (Elaeis guineensis) Arecaceae, también conocida como palma aceitera o palma africana, es una especie oleaginosa originaria de África que se produce en latitudes tropicales. Durante el siglo XX se transformó en un cultivo comercial alcanzando tal importancia que se ubica como el segundo cultivo de mayor peso económico en el circuito oleaginoso mundial, superado sólo por la soya. En Venezuela para el año 2012 era el cultivo oleaginoso que aportaba mayor cantidad de unidades grasas al circuito nacional (González y Salas, 2012). La producción comienza a partir de los 20 a 36 meses luego de la siembra en campo; las plantaciones pueden mantenerse productivas por más de 25 años; la cosecha comercial se hace cada 8 o 15 días (Chen y otros, 2005) y es un cultivo que demanda una alta inversión de capital para su establecimiento (González y Salas, 2012).

La producción del aceite de palma se ejecuta en tres procesos: la extracción del aceite de palma (que se obtiene de la parte carnosa de su fruto); la extracción del aceite de almendra, y la harina de palmiste (que se obtienen de la semilla) (Carrero, 1998). Con un contenido del 50% en el fruto, puede rendir de tres a cinco mil kilogramos de aceite de pulpa por hectáreas, más 600 a 1.000 Kg. de aceite de palmiste. El aceite que se deriva de la pulpa se usa en la fabricación de acero inoxidable, concentrados minerales, aditivos para lubricantes, crema para zapatos, tinta de imprenta, velas y jabones. Se usa también en la industria textil y de cuero, en la laminación de acero y aluminio, en la trefilación (proceso de deformación en frío) de metales y en la producción de ácidos grasos y vitamina A (Chen y otros, 2005). También ha sido utilizado, sobre todo en los últimos lustros, para la elaboración de biocombustibles para maquinarias pesadas.

En los últimos años, en la década de 2010, el precio del aceite de palma superó los 700 USD por tonelada de fruto (Fedapal, 2017), generando ingresos por exportación muy significativos. Por mencionar un ejemplo, en Europa –desde el año 2007–, el costo/t supera el de un barril de petróleo tipo Brent (Fry, 2016). Para algunos países esto ha representado una oportunidad para obtener gran cantidad de recursos económicos (Molina y otros, 2020).

En Venezuela, el comienzo de estas explotaciones se registra durante la década de 1940 en el sector El Guayabo, municipio Veroes, estado Yaracuy, a través de Bananera Venezolana C.A., empresa de inversión privada pionera en el establecimiento de plantaciones comerciales del rubro no solo en el país sino también en Latinoamérica. En 1980 el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP), hoy en día Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), instaló una parcela demostrativa en el municipio Catatumbo del estado Zulia con la finalidad de conocer cuál sería el comportamiento del cultivo. Debido a los exitosos resultados obtenidos, el rubro se distribuyó en la región. Posteriormente se crea la empresa Palmeras Diana del Lago y se instalaron plantas extractoras privadas (Blanco, 2010).

Carrero (1998) afirma que en el año 1987 se produjeron inversiones importantes para el desarrollo de la palma aceitera en todo el país, con la participación de empresas como Mavesa, Grasas de Valencia, Laurak, Facegra y El Uvero en el municipio Colón del edo. Zulia. Palmeras Diana, El Puerto y Palmeras Casigua realizaron mejoras en su capacidad con la instalación de nuevas plantas extractoras y reformas a las ya existentes. En 1998 el estado Zulia era la entidad con mayor cantidad de superficie dedicada a este cultivo, seguido de los estados Monagas y Yaracuy. Los cultivos se realizan bajo el sistema de plantación, lo que implica la existencia de plantas extractoras en las cercanías de las plantaciones que permitan un rápido procesamiento ante la probabilidad de que se deteriore la calidad el aceite a obtener pasadas las 24 horas desde su cosecha (González y Salas, 2012).

Según Urdaneta (2019c), es el empresario Rigumberto Urdaneta quien será pionero en el crecimiento de la siembra, transformación y distribución de palmas que intentan ser sembradas y generar semillas para extracción de aceite en Venezuela, siendo que desde 1992 cultiva las primeras hectáreas en el municipio Colón del estado Zulia. Luego de más de 25 años se había consolidado el consorcio Grasas El Puerto. Son receptores de semillas certificadas provenientes desde el exterior, siendo que la empresa precisó que diez especies de palma aceitera africana llegan al país desde Costa Rica a través de una alianza con la empresa ASD.

Según los datos de Acupalma (citado por Bellorín y otros, 2002) durante el periodo 1992-1999, la producción de palma aceitera aumentó en todas las entidades que en Venezuela se dedicaban a dicho rubro.

Con la llegada del Gobierno de Hugo Chávez en 1999, para el 29 de octubre de ese año, se declara la Palmera Aabora (palma africana) como rubro bandera (Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fondo de Desarrollo Agropecuario Forestal y Afines, Gaceta Oficial número 5.397), incursionando así el Estado venezolano por primera vez en una actividad que había estado hasta ese momento exclusivamente en manos de la inversión privada (Blanco, 2010). Este decreto formó parte de un proyecto de alcance regional que intentó ampliar la superficie de producción agrícola del cultivo en el estado Zulia, específicamente en los municipios Jesús María Semprúm, Colón y Catatumbo, con el fin de abastecer la demanda de aceite comestible a nivel regional y nacional y alcanzar niveles suficientes para su exportación. El proyecto fue ejecutado a través del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Gobernación del Zulia (Fondesez) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación del Zulia (Versión final, 2017). Se otorgaron créditos a pequeños y medianos productores del Sur del Lago de Maracaibo organizados en cooperativas y se ofrecía la capacitación, asesoría y acompañamiento del FONDAFA, FONDAS y el INIA desde la siembra hasta la cosecha. Cada productor poseía 10, 25 o 50 hectáreas de cultivos, para 2010 existían 15 cooperativas (Blanco, 2010).

Gracias a las inversiones y la participación de organismos públicos y privados en la producción, la palma aceitera se ventilaba para el año 2001 como el rubro de mayor auge e importancia a nivel regional y nacional. Santa Bárbara del Zulia era el centro de producción más importante con 20.000 ha de las 30.000 dedicadas al rubro en todo el territorio nacional. Para la fecha se pretendían aumentar las hectáreas cultivadas, y se anunciaba la incorporación de 200 ha adicionales a las ya existentes, lo que proyectaba a la entidad como una “potencia regional” (Moreno 2001 citado por Reinosa, 2009).

El Gobierno bolivariano llevó adelante una serie de medidas orientadas al control de la producción, estatización de empresas (incluyendo plantas procesadoras), y la priorización de la comercialización con estas empresas nacionalizadas. Por ejemplo, en 2008 por causa de utilidad pública, PDVAL adquiría Industrias Diana (León, 2016). En 2007, se prohibía la siembra de palma aceitera en suelos tipo III, IV, V y VI en los municipios Colón, Francisco Javier Pulgar y Sucre del estado Zulia, debido a que se señalaba una proliferación de plagas en áreas residenciales aledañas a los cultivos, así como el desplazamiento de rubros estratégicos para la zona, como el plátano y otras musáceas (Molina y otros, 2019).

Según estadísticas del Ministerio de Agricultura y Tierras, desde el año 2008 se produjo un salto en la producción de frutos de la palma y en la extensión de la superficie cosechada: si en los años anteriores de esa década se mantuvo promediando un poco más de 300 mil toneladas de racimos del fruto, desde 2008 remontó a 410.672 y en 2010 llego a escalar 447.360. Similar cosa ocurrió con la extensión de los cultivos, que años anteriores promediaban las 25 mil hectáreas, y desde 2008 saltó a las 34 mil (González y Salas, 2019). La caída en la producción de aceite de palma ya se evidencia desde el mismo año 2010, registrando un descenso de 76% en relación a 2009. Productores adjudicaban esta disminución a la baja dotación de fertilizantes y además a problemas en el reconocimiento de precios de los racimos de la fruta (Datos de Acupalma en Ojeda, 2012). A pesar de existir mayor cantidad de recursos destinados a este rubro, la producción siguió en descenso (León, 2016).

Con el desarrollo de la crisis del país que se abre desde 2013-2014, esta área de la producción agrícola será afectada. Varios de los factores que produjeron el descenso previo de la producción del fruto de palma se fueron agudizando con la crisis, mientras aparecían otros. Además de la corrupción y mala gestión de las empresas estatales, influyeron la acelerada devaluación del bolívar que afecta costos de producción; dificultades para la colocación del producto en las plantas procesadoras; problemas con el acceso de insumos agrícolas, gasolina, electricidad, inundaciones, entre otros.

A pesar de esto, se ha señalado en diversas fuentes que la producción, aunque no mantiene los niveles previos a la crisis, persiste en más de 200 mil toneladas del fruto (Urdaneta, 2019c). Diversas denuncias (de trabajadores, productores e incluso representantes políticos del Gobierno nacional, así como las federaciones de productores de palma en Colombia) evidencian que el diferencial entre la producción del fruto y la muy baja producción de aceite de palma se explica porque el producto crudo sale por contrabando hacia Colombia, donde pagan mucho más por el fruto.

Para 2018 en Santa Bárbara del Zulia cinco extractoras se encontraban operativas, sin embargo trabajadores indicaron que de las 220 mil toneladas producidas del corozo apenas habían llegado a la procesadora 35,98 toneladas de esa materia prima. Los trabajadores señalaron que se estaban robando el fruto cosechado, además de sus implementos de trabajo, al tiempo que había una notable falta de mantenimiento en las plantas, y prácticas de corrupción (Urdaneta, 2019c). Según el concejal por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Luibin Corredor Galbán, alrededor del 50% de la materia prima cosechada en el municipio Jesús María Semprúm terminaba en plantas extractoras y refinerías en Colombia, por lo que sólo el 10% del fruto fue procesado en plantas ubicadas en ese municipio.

Grupos irregulares como la guerrilla colombiana, el paramilitarismo y bandas criminales han sido señalados como los actores vinculados al amplio comercio ilícito transfronterizo que dinamizan el contrabando de extracción de este rubro en estas zonas. Existen numerosas denuncias de productores, que estarían siendo abordados por estos grupos, quienes les cobran vacunas o los desplazan, en un conflicto por el control de territorios, plantaciones y rutas comerciales que se encuentran no sólo en el municipio Catatumbo, sino también por los predios cultivados en los municipios Colón y Jesús María Semprúm. El contrabando primero se realizaba por la vía del municipio Semprúm, pero desde 2018 se realiza a través del municipio Catatumbo. Esta zona sirve como ruta de paso para la extracción de productos de diversa índole, al mismo tiempo que se ha denunciado que los grupos irregulares han comenzado a cultivar la palma aceitera, desplazando a los palmicultores.

Las políticas del Gobierno regional y en menor medida el nacional, se han formulado para intentar controlar y mantener la producción. En 2016, se establecieron restricciones de movilización del rubro hacia las procesadoras privadas aún operativas que además pagaban precios más elevados por el corozo, de manera que la producción tuviera que comercializarse con las procesadoras del Estado; para ese año la producción promedio esperada era de 12 toneladas de ha por año. Durante 2017, se otorgaron créditos para impulsar el desarrollo del cultivo y también se promovió la incorporación de empresas privadas y universidades para continuar con la actividad. Para esta fecha, el gobierno regional ha anunciado que existen más de 50.000 ha sembradas en la región (Diario Panorama 2017). En 2019 el Consejo Municipal de Jesús María Semprúm ha propuesto el cobro de un impuesto a quienes transporten los racimos del fruto de palma, un 5% del costo del cargamento, dado que muy buena parte de esa producción está saliendo de contrabando (Urdaneta, 2019b). Para comienzos de la década de 2020, el Gobierno regional ha seguido manifestando su deseo de relanzar la producción de palma en el Zulia, y llevarla a las 250 mil ha sembradas.

Empresas privadas nacionales e internacionales involucradas

En la actualidad no existen empresas privadas que destacar

Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes

Gobernación del Zulia
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
Ministerio de Agricultura y Tierras. Coordinación Regional del Ministerio
Fondo para el desarrollo económico y social de la Gobernación del Zulia (Fondesez)
Palmeras Diana del Lago y demás empresas procesadoras nacionalizadas
Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Instituciones internacionales y de financiamiento (si existen)

No se registran

Nivel de las inversiones (en US$ en Bs.)

Si bien las plantaciones iniciales se desarrollaron por entes privados, a partir del año 1999 el Estado realizó grandes inversiones y entregó créditos a productores. El monto de dichas inversiones no ha podido ser estimado.

Status actual del proyecto (en fase exploratoria, planificado y listo para su ejecución, en ejecución, operando, detenido)

Operando

Población afectada (grupos sociales y estimación numérica)

Habitantes de los Municipios Jesús María Semprúm 30.484, Catatumbo 40.702 y Colón del estado 128.729 en el estado Zulia (INE, 2011)
Trabajadores de las empresas estatales
Palmicultores de la zona del Sur del Lago de Maracaibo

IV. Conflicto y Movilizaciones

Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones

A través de la revisión de los estudios que abordan el impacto ambiental de las plantaciones y las afectaciones a las comunidades, se ha podido revelar que el conflicto inició en los años 90. Sin embargo, es a partir del año 2010 cuando el conflicto alcanzó su mayor intensidad y adquirió nuevas dimensiones, y comenzaron los problemas con la producción de palma y de aceite. Posteriormente con el surgimiento de la crisis del país en 2013-2014, los problemas tomaron nuevas dimensiones y surgieron otros factores conflictivos. Las movilizaciones por parte de los productores han sido realizadas en contra de la expropiación de las industrias en el año 2016, y el deseo de implementar la tasa o impuesto a quienes transportan el fruto de la palma.

Cronología y detalles de las movilizaciones

Este conflicto involucra diversos tipos de actores e intereses, así como diversas valoraciones, como las económicas, territoriales y ambientales. Para tratar de mirar con más claridad este caso, podemos identificar al menos seis niveles del conflicto:

El primer nivel es de tipo histórico, y corresponde a los grupos sociales que fueron desplazados de sus territorios a partir de la década de los años 90, con motivo de la introducción y posterior expansión de los cultivos de palma aceitera en la parte sur del estado Zulia. Este proceso consistió en despojos y desplazamientos violentos de comunidades campesinas y etnias indígenas como los barí. A pesar de que estos son unos de los grupos más perjudicados y cuyo conflicto tiene más larga data, es del que menos registros se encuentran y cuentan con poco reconocimiento.

Un segundo nivel, que se corresponde con los científicos, periodistas, ambientalistas y comunidades que ponen de manifiesto las consecuencias ambientales que genera la expansión de los cultivos de palma (deforestación, pérdida de bosque y biodiversidad, etc) y los problemas de salud que se derivan del uso de pesticidas en las plantaciones. Académicos han demostrado que los principales costos ambientales derivados del proceso de extracción de aceite de palma es la producción de vertidos líquidos, desechos sólidos y emisiones al aire (Reinosa, 2009). A través del proyecto Sebraba que surgió en 2007 y buscaba conocer los peligros que enfrentaba el jaguar en el Sur del Lago de Maracaibo, se han podido conocer los problemas que la deforestación ha desencadenado en la biodiversidad, afectando especies endémicas y protegidas incluida el jaguar, lo que afecta la cadena trófica de la región (Frangie, 2020). Se han realizado varios reportajes en los que se señala la relación entre expansión de la palma-deforestación y cómo amenaza a especies de la zona como el jaguar; y se resalta las movilizaciones y acciones de científicos y parceleros ante la situación (Vélez, 2019). Por otro lado, pueden conseguirse algunos señalamientos de comunidades, como es el caso del municipio Colón, las cuales a través de las redes sociales han publicado denuncias sobre deforestación por nuevos cultivos de palma, pidiendo a cambio medidas de protección (https://twitter.com/AlexanderdelSur/status/1290764509657825281).

Un tercer nivel del conflicto está conformado por los productores agrícolas, que han manifestado sus inconformidades ante el manejo que el Estado ha dado al rubro respecto a las decisiones que se han tomado en torno a la cadena productiva, las nacionalizaciones y la imposición de comercialización con las empresas estatales y las restricciones a la comercialización con empresas privadas, donde generalmente obtienen mejores dividendos. En marzo de 2016 varios productores y el presidente de la Asociación Zuliana de Productores de Palma Aceitera solicitaban la sinceración de los precios para recuperar el desarrollo de las actividades agrícolas en el municipio Jesús María Semprúm. También rechazaron las limitaciones que estaban imponiendo para el traslado de los frutos de la palma, a pesar de que los camiones contaban con los permisos necesarios para transitar, otorgados por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI). La medida apunta a restringir el comercio del fruto con el sector privado, desviando los cargamentos hacia la planta que controla el gobierno. Los productores alegan que consiguen mejores precios de compra a su fruto en procesadoras privadas (Ojeda, 2016). En el mes de julio de 2019, los palmicultores realizaron protestas ante la sede administrativa de Palmeras de Casigua (Pacasa), fueron convocados para rechazar que el Ministerio de Alimentación reasuma la producción estatal de la palma aceitera africana. En medio de la protesta ocurrieron enfrentamientos entre los manifestantes y la Guardia Nacional (Urdaneta, 2019a).

El cuarto nivel del conflicto está vinculado a los trabajadores de las empresas, afectados por la debacle de estas últimas. Los trabajadores han realizado protestas y denuncias en medios, señalando la asociación con hechos corrupción y contrabando a lo interno de estas empresas. Uno de los extrabajadores de la empresa Pacasa señala que del promedio de 120 toneladas de corozo que se cultivaban al mes, ahora se registran apenas 45; otro trabajador señala la falta de insumos, el acoso laboral y que incluso han dejado de percibir sus salarios. Las denuncias planteadas las han realizado ante los medios de comunicación y autoridades como el SEBIN (Urdaneta 2019c). Estos grupos defienden la actividad económica de la palma.

En el quinto nivel es el de los actores armados y las economías ilícitas que están controlando la cadena de contrabando transfronterizo, y lo hacen por la vía de la fuerza. Su accionar ha sido también el de la búsqueda de control del territorio y cultivos, y de intimidación de otros grupos de interés vinculados a esta actividad económica. Vale la pena mencionar que el manejo de los volúmenes del producto y su comercio a través de la frontera requiere de una u otra forma la complicidad y/o articulación con sectores corruptos del Estado (como militares) quienes facilitan la ejecución de la actividad ilícita (Urdaneta, 2019d).

Finalmente, un sexto y último nivel está conformado por los pobladores de la región que se ven afectados ante la presencia de estos violentos grupos irregulares armados. En el año 2018, entre los meses de abril y junio se intensificaron los conflictos Entre la guerrilla, el ELN y la Fuerza Armada Nacional y los paramilitares dejaron como saldo 12 personas fallecidas gracias a la disputa por el control de los pasos clandestinos que son usados en el contrabando. También se señala que la presencia de los grupos ha generado temor obligando a los pobladores a dejar de cultivar y también a abandonar el territorio (Urdaneta, 2019d).

Algunos reclamos y peticiones de los grupos movilizados (Tales como saneamiento ambiental, suspensión del proyecto, atención médica, demarcación de tierras, compensaciones, etc.)

Los reclamos y demandas varían en función de los 6 niveles de conflictos que han podido ser identificados:

En el primer nivel de conflicto, correspondiente al nivel histórico no se registran reclamos por parte de los indígenas y campesinos desplazados desde el inicio y expansión de los cultivos, que son unos de los grupos más afectados por la actividad que data de la década de 1990.

En el segundo nivel de conflicto, los actores sensibilizados por lo ambiental han demandado un cese de la deforestación y un cuidado de los bosques que quedan en el sur del lago, así como de las especies que se encuentran en riesgo. Las comunidades afectadas han solicitado cosas como la implementación de medidas reparatorias por el daño ambiental que ha causado la deforestación en su territorio, como por ejemplo lo ha planteado los habitantes del caserío El Castillo, en la parroquia El Moralito del municipio Colón.

En el tercer y cuarto nivel de conflicto los trabajadores de la palma realizan varias exigencias a sus empleadores directos: en el año 2016 la Asociación Zuliana de Productores de Palma Aceitera del estado Zulia (Azupalma) solicitó la sinceración de los precios para recuperar el desarrollo de las actividades agrícolas en el municipio Jesús María Senprúm. (Ojeda, 2016). Los reclamos que los palmicultores rechazan que sea el Estado quien se encargue de la producción de la palma aceitera, ya que los precios de comercialización son mucho más bajos que el que perciben de las empresas privadas.

El quinto y sexto nivel de conflicto agrupa los reclamos que realizan las comunidades en torno al control territorial que ejercen los grupos armados transfronterizos sobre esta región y pocas son las denuncias que se difunden por temor a represalias.

Intensidad del conflicto (alta, con movilizaciones masivas, amplia difusión mediática, violencia y arrestos; media, con protestas en la calle y movilización visible; baja, con alguna organización local; o latente, no hay organización ni movilización visible al momento)

Media (con algunos rasgos de alta). Las movilizaciones han contado con enfrentamientos entre los manifestantes y los cuerpos de seguridad, sin embargo se remiten a la producción y el control de los cultivos de palma, pero no a los problemas ambientales que generan las plantaciones y la industria asociada. Si se realiza una revisión en cada uno de los 6 niveles de conflicto se puede decir que la intensidad es media, no obstante, hay que destacar que el quinto y sexto nivel del conflicto que involucran a bandas criminales y grupos armados irregulares vinculados al contrabando, cobro de vacunas y control de cultivos y territorio de la región. Esto supone la instalación de economías de guerra en la zona.

¿Este conflicto ha terminado?

V. Impactos del proyecto

Impactos ambientales

Los requerimientos del cultivo de palma africana generan degradación de las condiciones ambientales en donde se desarrollan las plantaciones. Estos efectos se relacionan con la utilización de químicos y fertilizantes, la necesidad del establecimiento de monocultivos y la apertura de vías de comunicación para la movilización de maquinarias y productos. Bayón (2003) sostiene que “el monocultivo de palma africana exige intrínsecamente tres requisitos: un fuerte paquete agrotóxico que evite que se reproduzca el ecosistema donde se asienta, grandes extensiones dedicadas únicamente a la palma, e infraestructuras de transporte para sacar los frutos de los territorios donde se ubica”.

Carrere (2001) también afirma: “se puede generalizar que detrás de toda plantación industrial de palma aceitera hay un proceso de deforestación más o menos importante”. Además de incendios forestales inducidos, se produce el desbroce del terreno (eliminación de árboles, plantas y maderas) que deja el suelo desnudo y expuesto al efecto de las lluvias y la radiación solar de manera directa. Las consecuencias de ello son la pérdida de la biodiversidad, se disminuye el hábitat de especies endémicas y se alteran los corredores ecológicos. En estudios realizados en Malasia e Indonesia se demuestra que el 80-100% de las especies de la fauna que habitan los bosques tropicales no pueden sobrevivir en monocultivos de palma. Sin embargo, algunas especies logran adaptarse y son consideradas «plagas» ya que, como resultado de haber sido destruido su hábitat, encuentran en el fruto de la palma su único alimento, provocando grandes daños a las plantaciones” (Bayón 2012).

Tanto organizaciones como habitantes de la zona y comunidades científicas han señalado que en el sur del Lago de Maracaibo los bosques húmedos han sido sustituidos por pastos o monocultivos de plátanos y palma de aceite” (Vitalis, 2016), algo que continúa ocurriendo incluso en tiempos de crisis y pandemia de la COVID19. El avance de la deforestación ha venido comprometiendo seriamente la biodiversidad de la zona, incluyendo especies amenazadas como el jaguar.

Hernández y otros (2002) indican que debido a la alta extracción de nutrientes, este tipo de cultivos es capaz de comprometer el rendimiento y la calidad del suelo. También afirman que el manejo inadecuado de los agroquímicos en la fase de cultivo y los efluentes derivados de la producción de aceite de palma afectan los cuerpos de agua existentes de manera directa e indirecta, pudiendo repercutir en la eutrofización del Lago de Maracaibo, en cuya cuenca se emplazan los cultivos.

No sólo el proceso del cultivo genera impactos ambientales, también el proceso industrial para la obtención del aceite de palma produce desechos y efluentes que de no ser manejados adecuadamente causarían problemas ambientales. Reinosa (2009) enumera cuales son los procesos, fases y los efluentes derivados en cada etapa. Para la producción del aceite de palma se ejecutan tres procesos: la extracción del aceite de palma (que se obtiene de la parte carnosa del fruto), la extracción del aceite de almendra y la harina de palmiste (que se obtienen de la semilla), y la generación de vapor (que es necesaria en los dos anteriores).

La extracción del aceite de palma se realiza a través de 11 fases que van desde la recepción de la fruta hasta el almacenamiento. Durante la recepción de la fruta se producen desechos sólidos e impurezas. En la fase de esterilización se generan efluentes líquidos por el proceso de condensación. Mediante el desfrutado que consiste en la separación de los frutos de los racimos, se producen raquis vacías; en la clarificación se retiran el agua e impurezas lodosas del aceite y se generan lodos con 3 a 4% de aceite. En la fase de almacenamiento se producen sedimentos en el tanque. Durante todo este proceso se producen ruidos que generan contaminación sónica, olores y polvos que pueden causar contaminación del aire por las partículas que quedan suspendidas (Reinosa, 2009).

En suma, las industrias procesadoras impactan sobre la calidad de las aguas por la liberación de grandes cantidades de efluentes –por cada tonelada de aceite se generan 2,5 toneladas de efluentes– que en muchos casos contaminan los cursos de agua por no cumplir con los requisitos legales en cuanto a su tratamiento (Carrero, 2012). Existen estudios académicos que muestran estos procesos de contaminación por parte de las empresas productoras de aceite de palma en el Zulia y el hecho que carecen de departamentos de gestión ambiental (Reinosa, 2009).

Impactos en la salud

Aunque no se possen registros concretos de los diversos problemas de salud que podrían estar afectando a los pobladores en los alrededores de las plantaciones e industrias de palma en el sur del lago, existe una importante literatura que ha estudiado estos impactos asociados a dicha actividad económica.

Ruidos, polvo y olores son capaces de producir problemas para los trabajadores de las plantas si no son dotados de los implementos necesarios para preservar su salud. También deben ser rotados en sus puestos de trabajo de manera oportuna (Bayón, 2012).

Las comunidades aledañas pueden verse afectadas con contaminación atmosférica por la generación de material particulado (principalmente ceniza), mientras que por el escurrimiento de sólidos desde el centro de disposición de cenizas y por la absorción de los agroquímicos, es posible que se produzca contaminación de las aguas (Carrero, 2012). La generación de ruidos y polvos o cenizas genera contaminación sonora y atmosférica que ponen en riesgo la salud de los habitantes de zonas aledañas al área industrial (Reinosa, 2009).

Los palmicultores están expuestos a sufrir problemas de salud como consecuencia de su exposición directa con los agrotóxicos, y además a lesiones por la manipulación de los racimos de corozo que alcanzan a tener gran tamaño y peso (hasta 50kg), caen de una altura de alrededor de 12 metros y además poseen espinas (Iglesias, 2014).

Bayón (2012) señala que en general las poblaciones que viven en los alrededores de las plantaciones pueden padecer de cáncer, cefaleas, enfermedades en la piel, problemas respiratorios y un desarrollo cognitivo inferior al que les corresponde según su edad (infantilismo), además de malformaciones. La población femenina también se ve afectada al presentar desordenes en su ciclo menstrual, abortos espontáneos. Todo ello gracias al consumo y la manipulación de agua contaminada por agrotóxicos y que particularmente las mujeres emplean en labores de aseo doméstico y preparación de alimentos. También, y como ocurre en casos de contaminación de las aguas, los animales que habitan los cuerpos de agua contaminados acumulan en su organismo elementos tóxicos que deterioran la salud de quienes consumen su carne.

Impactos socio-económicos y culturales

La expansión de cultivos de la palma africana trae como consecuencia cambio en los patrones y modos de ocupación del territorio de los habitantes tradicionales. Se da “un proceso de reconfiguración territorial, de los usos y de la propiedad” signado normalmente por el despojo de las tierras a los campesinos e indígenas del lugar”. Los territorios pasan a ser de grandes empresas privadas o del Estado (Bayón, 2012). El avance de los monocultivos de palma hace del sur del Lago de Maracaibo una zona cada vez más estructurada a imagen y semejanza del extractivismo agroindustrial.

Los decretos de prohibición de los cultivos de palma en varios tipos de suelo en el sur del lago, que ha oficializado el gobierno venezolano, responden, entre otros motivos, al desplazamiento de otros cultivos estratégicos que produce la expansión palmífera. En la medida en la que se hace más rentable el negocio de la palma, esto promueve que productores abandonen otros cultivos que son importantes para la alimentación básica doméstica, por este cultivo que está más vinculado al comercio foráneo y la captación de cuantiosas rentas.

Las protestas de trabajadores de la industria del aceite revelan vulneraciones laborales producidas por los vaivenes del negocio de la palma. A su vez, los trabajadores que denuncian la situación de corrupción en las empresas del ramo se ven amenazados y coercionados.

La conexión que tiene este cultivo con el contrabando transfronterizo y con grupos armados irregulares, como ocurre en Colombia, ha generado que, a medida que crece la extensión de los cultivos de palma, aumenta la violencia en los territorios. Bandas criminales y grupos armados del conflicto colombiano, como Farc o ELN, generan presión en los palmicultores y demás habitantes y produce desplazamiento ante las amenazas de los mismos por el control de las vías de comunicación empleadas para el contrabando y por el control de algunas zonas cultivadas (Urdaneta, 2019d).

VI. Desarrollo del conflicto

Resultados y respuestas ante el conflicto (por parte del gobierno central, gobiernos regionales y locales, empresas involucradas, instituciones supra-nacionales, comunidades, entre otros)

Al revisar los diversos niveles de conflicto de este caso y las respuestas que se han generado ante cada uno de ellos, podemos indicar lo siguiente: el nivel histórico es uno de los que ha tenido menos atención, existen deudas históricas con pobladores originarios y tradicionales, quienes fueron desterrados de manera violenta y nunca se les reparó el daño causado. Científicos y comunidades han continuado realizando algunas denuncias sin que éstas sean atendidas.

Las demandas sobre el problema ambiental siguen siendo escasas y con poca proyección mediática, aunque existen. En Venezuela, el problema de la palma africana ha sido poco abordado desde la perspectiva socio-ambiental, por lo que además existe poca cultura de denuncia sobre el tema. El poco interés del gobierno regional y nacional sobre este abordaje ambiental, la ausencia de institucionalidad, la política económica liberalizadora y la presencia de grupos armados, dificultan sobre manera el activismo y la denuncia en este ámbito. Además, para muchos pobladores, hay una consideración de esta actividad como una fuente de ingresos y una posibilidad de “progreso”, y salir de la pobreza, lo que hace que maticen los impactos al ambiente que pueda tener este crecimiento agroindustrial.

En cuanto a las expectativas de este tipo de emprendimiento extractivista, desde el inicio de la crisis en Venezuela, el Gobierno nacional ha visto colapsar los emprendimientos estatales y la economía en su conjunto. Ante la debacle de la producción de aceite y las pérdidas de la producción de frutos de palma, las acciones emprendidas por los entes gubernamentales han estado orientadas principalmente al control y recuperación de la producción, pero no así a la atención de las implicaciones ambientales ni territoriales que ha producido la palma africana. Son varias las declaraciones del ejecutivo zuliano en la cual se expresa la clara intención de relanzar la producción palmera y de ampliar la extensión de los cultivos hasta llevarlos a unas 250.000 hectáreas, como un mecanismo de reimpulso económico regional.

De parte de los productores agrícolas, en sus declaraciones existe un nivel de conciencia de los potenciales económicos de la palma aceitera. En este sentido, este sector espera mayores incentivos por parte del gobierno regional y nacional, pero la opción de control estatal de los emprendimientos está muy cuestionada debido a los pésimos resultados de las nacionalizaciones. Esto revela otro nivel de conflicto sobre el que habrá que evaluar cuál será la evolución de la relación del Estado con la promoción concreta de la expansión de la palma.

El fracaso de los emprendimientos estatales y las nuevas políticas del Gobierno de Maduro, han dado forma a un formato económico liberalizador, sobre el cual se podría sostener un nuevo impulso de la palma aceitera. Hay ya evidencias sobre incentivos al capital foráneo y nacional para el aumento de la producción agroindustrial, como lo podemos ver con concesiones a capital vietnamita para la producción de arroz en Yaracuy (Seijas, 2021) o las revelaciones de la promoción de la expansión de la soja en el país (OEP, 2021). Sin embargo, existen otros factores que complejizan la expansión de este tipo de inversiones, como la corrupción instalada en el gobierno –que permite el enriquecimiento de particulares a través del comercio de contrabando del fruto–, la persistencia de las sanciones internacionales, y la propia crisis interna.

En relación al sector de los trabajadores, este se encuentra bajo mucha incertidumbre sobre esta evolución, mientras las condiciones generales del país están entre las peores del continente.

La zona del sur del lago de Maracaibo es una zona muy conflictiva, debido a las numerosas disputas por el control de tierras. Se reportan conflictos violentos, con saldo incluso en fallecidos. A su vez, la subregión hace parte de una amplia zona fronteriza y de un millonario comercio de contrabando que inserta a estos territorios en las dinámicas del conflicto colombiano. Tanto en el Catatumbo, el Norte de Santander o en el Cesar, existen plantaciones de palma aceitera y fuerte presencia de grupos armados irregulares, los cuales están de una u otra forma vinculados a esta actividad agroindustrial. Esto complejiza aún más la cuestión zuliana.

A raíz de la crisis –pero también como consecuencia de los ‘Acuerdos de Paz’ de 2016 en Colombia– se ha incrementado la presencia de grupos armados irregulares en la zona, que ejercen poder en los territorios. La evolución de esto es muy preocupante pues evidencia serias dificultades para abordarlo desde políticas formales, y mucho menos con el colapso institucional que vive Venezuela. La estrecha relación que existe entre el crecimiento de los cultivos de palma, la presencia de estos grupos criminales y los desplazamientos forzados en Colombia, es una cuestión que hay que mirar con atención, a la luz de este desarrollo agroindustrial en el Venezuela.

Por último, pobladores de localidades como Santa Bárbara del Zulia, donde han crecido tanto los cultivos como la presencia de grupos armados irregulares, se muestran azotados por el control territorial que ejercen estos, y por tanto las gobernanzas violentas que allí se instalan.

Alternativas propuestas(por parte de los grupos movilizados, pueblos indígenas, actores políticos y gubernamentales, entre otros)

Son pocas las alternativas propuestas por los grupos movilizados, y se puede atribuir a la vinculación de grupos violentos y armados en toda la actividad, por lo tanto los grupos afectados prefieren mantener un bajo perfil en cuanto a sus reclamos y alternativas por temor a la venganza. Se puede mencionar los proyectos de defensa de especies que se impulsan en la zona por parte de científicos comprometidos, que además reclaman la protección de los bosques que quedan en el sur del lago. Por otro lado, una pocas comunidades han solicitado también medidas de protección para lo que va quedando de bosque. La zona es objeto de luchas campesinas. Algunas voces de estos sectores contraponen sus prácticas de pequeños productores ante la depredadora acción de la agroindustria y los grandes productores, aunque son voces minoritarias.

¿Considera Ud. que se ha alcanzado la justicia ambiental en este caso?

Explique por qué

Los impactos socio-ambientales que provoca la expansión de estos cultivos no han sido abordados ni por el gobierno regional, ni el nacional, ni por las empresas del ramo. Estos impactos ni siquiera se contemplan discutirse. Por otro lado, crece la impunidad y se anuncian planes de nuevas expansiones, que parece se podrían comenzar a materializar en la medida en que se genere una nueva estabilidad económica y un gobierno reconocido y legitimado por el grueso de los actores políticos.

VII. Fuentes consultadas y recomendadas

Leyes, decretos, legislaciones y recursos jurídicos relacionados con el caso

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999): http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2011/04/CONSTITUCION.pdf

Ley Orgánica del ambiente (2006) https://es.scribd.com/doc/47588555/LEY-ORGANICA-DEL-AMBIENTE

Ley Penal del Ambiente – 2012 http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Ley-Penal-del-Ambiente2.pdf

Gaceta oficial número 38.686 (2007) Resolución por la que queda prohibida la siembra de Palma Aceitera en suelo con vocación agrícola de los municipios Colón, Francisco Javier Pulgar y Sucre del estado Zulia. Disponible en: http://virtual.urbe.edu/gacetas/38686.pdf

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 5397 (1999) Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fondo de Desarrollo Agropecuario Forestal y afines (FONDAFA)

Artículos

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