Indígenas wayúu del Socuy defienden sus territorios ante el avance de la minería de carbón - Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Última actualización: septiembre 2021

I. Datos básicos

Ubicación del conflicto (localidad, municipio y estado del país)

Río Socuy, municipio Mara, estado Zulia

Área del proyecto (en kms² o has.)

En un informe elaborado en 2014 por la Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el estado Zulia se detalla que desde 1987 hasta 2004 había 1.763 hectáreas con actividad minera en las minas Paso Diablo y Mina Norte, en la cuenca del río Guasare. La superficie a explotar en el Zulia se ha establecido en 7.249 hectáreas en las mencionadas minas (García, 2017).

Según el profesor de la Universidad del Zulia, José Ángel Quintero Weir, Carbozulia tiene en el Socuy 2.750 hectáreas en proyectos carboníferos y 3.750 en Cachirí (Suárez, 2017). De acuerdo con el decreto 1.606 de 2015 (que fue revertido) la propuesta de ampliación de la explotación carbonífera, abriendo nuevas minas en los municipios Mara y Guajira, es de 24.192 hectáreas.

Tipo de población (urbana, semi-urbana, rural o indígena)

Indígena

Resumen del caso

El noroeste del estado Zulia (donde se encuentra la Guajira venezolana) es un territorio clave, no solo por los recursos que posee y los proyectos planteados en la zona, sino también porque se encuentra en la caliente frontera entre Colombia y Venezuela. Desde mediados de la década de 2000 se ha intentado expandir la minería de carbón en estos territorios, lo que ha generado grandes conflictos con los pueblos indígenas y los grupos ambientalistas.

A parte de las minas Norte y Paso Diablo, que en sus últimos años más productivos (década de 2000) han generado alrededor de 8,5 millones de toneladas métricas de carbón, el Gobierno nacional ha planteado ya en varias oportunidades iniciativas para abrir nuevas minas en torno a las cuencas de los ríos Socuy y Cachirí, algo que se ha propuesto no sin contradicciones y vaivenes (Chávez llegó a pronunciarse contra la expansión de la minería de carbón en la zona). En el Plan de la Patria (2012) se establecía este crecimiento minero. En 2015, se promulgaba el decreto 1.606 para ampliar la explotación carbonífera en los municipios Mara y Guajira, lo que llevaría el área minera de siete mil a un total de 24.192 hectáreas. Meses después este decreto sería revertido.

Ante la severa crisis que se vive en el país y debido a la caída estrepitosa de las cuotas de extracción de carbón desde el año 2013, el Gobierno nacional ha estado promoviendo estímulos e incentivos a empresas transnacionales para relanzar el proyecto, así como otros proyectos de infraestructuras –puertos, vías ferroviarias, etc.– que se enmarcan en la lógica de COSIPLAN-IIRSA. Entre mayo y junio de 2017 logra establecer algunos acuerdos y posicionar algunas inversiones –fundamentalmente con corporaciones chinas– reabriendo las minas y reanudando la exportación de carbón. Estos acuerdos se tambalean producto de la crisis y las sanciones internacionales. En 2018 se declara al carbón como mineral estratégico para su exploración y explotación, y en 2019 el gobierno publica el Plan Minero Sectorial donde aparece la importancia de la explotación de carbón. Entre los años 2018 y 2020 surgen acuerdos con empresas turcas y rusas para esta actividad extractiva, y a partir de 2019 logran aumentar levemente los niveles de producción minera.

Los indígenas wayúu, el pueblo originario más numeroso del país, ha planteado resistencias en medio de estos procesos de intervención en sus territorios. Los wayúu del Socuy, en alianza con wayúu de otros sectores, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, se han manifestado y movilizado con intensidad de diversas maneras ante las actuales y potenciales consecuencias de la extracción de carbón en la zona y los demás proyectos relacionados a este avance del extractivismo. Se declaran en resistencia para evitar que se abra una nueva mina en la cuenca de este río y plantean que defenderán con su vida el territorio.

En la zona ya se sienten los efectos que han dejado las actuales minas de carbón en la cuenca del río Guasare, afectando aguas, el aire, y el sustento de vida los indígenas. Las disputas por el territorio, la imposición de los nuevos proyectos y el despojo de territorios están vinculadas al aumento de la violencia contra los wayúu en la zona. Una intensa militarización y criminalización de estos pueblos originarios, en el marco de una grave crisis de escala nacional, ha provocado confrontaciones violentas en la región, con lamentables resultados. Indígenas, junto a organizaciones sociales y ambientalistas permanecen movilizados para evitar que se concrete y oficialice la expansión extractiva en esta región. Las condiciones para las movilizaciones se han hecho más precarias, tanto por la consolidación de un régimen autoritario en el país, con una extendida violación de los derechos humanos y ambientales, por la existencia de la pandemia de la COVID-19, como por el impulso, ya para inicios de esta década de 2020, de una reestructuración neoliberal de la economía nacional que ofrece enormes concesiones y recursos a capitales foráneos y locales, teniendo lo ambiental y el asunto indígena como temas totalmente secundarios.

II. Fuente del conflicto

Principal actividad económica (u otra) que origina el conflicto

Extracción Minera

Otras actividades económicas involucradas (si existen)

Extracción maderera y conflictos por tierra
Infraestructuras para commodities y de transporte

Commodities o ‘recursos naturales’ involucrados (ej. oro, bauxita, madera, agua, petróleo, gas, soja, eucalipto)

Carbón
Madera

III. Proyecto y actores involucrados

Ubicación del proyecto o actividad económica (localidad, municipio y estado del país)

Municipio Mara, en torno a la cuenca de los ríos Socuy, Cachirí y Guasare

Resumen y descripción del proyecto (o la actividad económica)

Al noroeste del estado Zulia, se encuentran las minas Norte y Paso Diablo, reservorio carbonífero con mayor producción en Venezuela y con recursos cuantificados en 5.705 millones de toneladas métricas. Dichas minas se encuentran en la cuenca del río Guasare (mina Norte en el municipio Guajira y Paso Diablo en municipio Mara). Desde el Gobierno de Chávez las mismas fueron estatizadas para terminar siendo administradas por PDVSA, a través de su filial Carbones del Zulia, S. A. Carbozulia (Sociedad Homo et Natura, 2013). Los planes 2006-2012 planteaban alcanzar una meta futura de extracción de 24 millones de toneladas anuales (Carbozulia, 2005), cifra nunca vista en la historia del carbón en el país. La producción de las dos minas ha sido de alrededor de 8,5 millones de toneladas métricas de carbón, en sus mejores tiempos, a principios de la década del 2000. A partir de 2007 comienza a registrarse una progresiva caída de la producción anual, que para 2013 marcaba 1,3 millones de toneladas/año aprox. (YCharts, 2021). Posteriormente, en los últimos años de crisis, la merma de la producción va a llegar a niveles muy bajos (García, 2012; López, 2016) hasta prácticamente quedar paralizada la actividad para fines de la década de 2010.

En el 2005, las empresas carboníferas que tenían las concesiones realizaron exploraciones en la cuenca baja del río Socuy, más al sur de las dos grandes minas de carbón (García, 2017). El Gobierno nacional recurrentemente ha mostrado su interés en expandir el extractivismo carbonífero en la zona pero la lucha por parte de los grupos ecologistas y las comunidades indígenas han puesto importantes obstáculos a estas pretensiones.

En los años de la gran crisis que vive el país los gobiernos central y regional han buscado recuperar el mermado proyecto. El 10 de febrero de 2015 se promulgaba en la Gaceta Oficial Nº 40.599 el decreto 1.606 donde se estipulaba la ampliación de esta explotación en los municipios Mara y Guajira a un total de 24.192 hectáreas (Gaceta Oficial, 2015), lo que además implicaba la apertura de nuevas minas. Sin embargo, y luego de múltiples reclamos de ambientalistas y organizaciones indígenas, en la Gaceta Oficial 40.733 del 27 de Agosto de 2015 “se corrige por error material el Decreto 1.606”, suprimiendo la expansión estipulada anteriormente (Marcano, 2015a).

La meta de recuperar y expandir el negocio de carbón en la zona se ha mantenido, agudizada por la necesidad de divisas del Gobierno nacional y regional. En 2016, se planteaba la necesidad de financiamiento por la vía de asociaciones –unos 800 millones US$ en unos 3 o 4 años para recuperar los niveles de inversión– (Terán Mantovani, 2016). Para la activación plena de Carbozulia, como parte del Motor Minería (Agenda Económica Bolivariana) promovido por el presidente Nicolás Maduro, quien fuera ministro del Poder Popular para el Desarrollo ‘Minero Ecológico’, Jorge Arreaza, anunciaba a fines de marzo de 2017 una inversión de 11 millones de dólares (AVN, 2017), mientras que en mayo se llevó a cabo la primera voladura del año que garantiza la producción de 45 mil toneladas de carbón (Correo del Orinoco, 2017), la cual embarcó a principios de junio con destino a Europa, específicamente a Irlanda del Norte (Carbozulia, 2017). En junio de 2017, el Gobierno nacional firmaba una alianza estratégica con las corporaciones chinas CAMC Engineering y Yankuang Group y con la empresa colombo-holandesa Inter American Coal por un total de 400 millones US$ para la restauración, operación y mantenimiento de la capacidad productiva de Carbozulia (El Universal, 2017).

Ese mismo año, el Gobierno nacional declaraba que tenía una planificación anual inicial de 1,3 millones de toneladas de carbón para servir de espejo a la industria y llamar inversionistas (Correo del Orinoco, 2017) y el entonces ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, planteaba que la meta era alcanzar las 8 millones de toneladas al año de carbón y generar a largo plazo un ingreso que supere los 840 millones US$ (El Universal, 2017).

Aunque el ex-ministro Arreaza planteara que no se tiene previsto abrir nuevas minas para la extracción del carbón (AVN, 2017), el “Plan de Minas 2013-2022” de Carbones del Guasare, S.A. proyecta que la Mina Paso Diablo generará en 10 años 50.266 millones de toneladas métricas de carbón (Sociedad Homo et Natura, 2016b). Por su parte, el activista de Homo et Natura, Lusbi Portillo, afirma que a lo interno de Corpozulia se está planteando la entrega de la mina Las Carmelitas a la empresa rusa VostokCoal y también se está moviendo en la zona la empresa carbonífera Caño Seco que abriría la mina Casablanca en el Socuy (García, 2017).

A pesar de los anuncios, para 2017 la cuota anual de producción de carbón fue de apenas 350.000 toneladas/año y 2018 es el año más bajo prácticamente desde que iniciara la explotación en los años 80 (con menos de 100.000 tns/año) (YChart, 2021). Precisamente en 2018 el Gobierno nacional declara al carbón como mineral estratégico para su exploración y explotación y autoriza la creación de una compañía mixta entre Carbones del Zulia y la turca Glenmore Proje Insaat, llamada Carbones Turquía-Venezuela (OEP, 2018).

A partir de 2019 las cosas van a cambiar, y comienza a registrarse un repunte de la producción. Ese año se superarían las 310.000 toneladas, de acuerdo con estadísticas de comercio de Naciones Unidas (Cohen, 2020) y para 2020 serían de más de 650.000 tns. El formato de explotación reciente se señala operado por la empresa minera rusa Vostokcoal y la empresa militar CAMIMPEG, esta última creada por el Gobierno de Maduro para gestionar actividades extractivista por parte de militares, con enormes e ilimitadas atribuciones. El propio alcalde del municipio Mara, Luis Caldera, en enero de 2020, afirmaba que un grupo de personas identificadas como miembros de una empresa rusa, acompañados por militares de la empresa Camimpeg, llegaban al asentamiento wayuú Canta Los Gallos de ese municipio. El objetivo sería: la construcción de una vía de acceso que permita la explotación de carbón en los ríos Socuy y Cachirí.

En estas recientes explotaciones de carbón, el nombre de la empresa turca Glenmore también apareciendo. A pesar de no contarse con información oficial en Venezuela, los países receptores del carbón venezolano sí han registrado las transacciones. Entre estos países están Reino Unido, España e Italia, así como México (Camhaji y Deniz, 2021).

Es importante señalar que este aumento de la producción carbonera se da justo con el anuncio de nuevas sanciones estadounidenses contra PDVSA (2019), que van a afectar considerablemente la producción petrolera, pero que no impactaron directamente al carbón. Las posibilidades de captación de otros ingresos por fuera del petróleo estimularon este impulso extractivista. El esquema de negocios se revela como uno secreto, en el cual las sociedades creadas para estos emprendimientos, como Glenmore, representan empresas desconocidas registradas por intermediarios como Lorenzo Antonelli, ligado a una investigación contra Alex Saab en Italia (Camhaji y Deniz, 2021). Este esquema se repite para la minería de oro en el Arco Minero del Orinoco. Más allá de particulares y representantes gubernamentales, no queda claro si Carbozulia se ha beneficiado de estas ventas recientes de carbón.

Las comunidades indígenas de la zona y ambientalistas han señalado en 2020 y 2021 la presencia de maquinarias y movimientos de tierra, por parte de las empresas mineras, en el Socuy.

El conjunto de los proyectos planteados sobre minería de carbón en la zona tienen relación con otra serie de proyectos como la construcción de una carboeléctrica en la mina Paso Diablo, a ser desarrollada por Petróleos de Venezuela, S.A. junto con la empresa china Sinohydro (Argus, 2015); la construcción de puertos de diversas funciones (como Puerto América y Nigales) en el golfo de Venezuela; vías ferroviarias que atravesarían La Guajira, entre otros, que tienen el objetivo de contribuir al aumento de la producción de carbón, facilitar el flujo de commodities regional y maximizar los beneficios al capital invertido en estos proyectos (Sociedad Homo et Natura, 2013).

Empresas privadas nacionales e internacionales involucradas

Vostokcoal (Rusia)
Glenmore Proje Insaat (Turquía)
China CAMC Engineering (China)
Yankuang Group (China)
Inter American Coal (Colombia-Holanda)
Compañia Carbonífera Caño Seco (Irlanda)
Sinohydro Corporation Limited (Sinohydro) (China)

En años anteriores, la empresa Carbones de La Guajira que operaba en Mina Norte, era una fusión de Carbozulia (36%) y Carbomar (64%). Carbomar fue un consorcio internacional integrado por la familia Massey (30,9%); Chevron Croporation (29,9%); Meta Corporation (21,56%); Art Gommers (8,74%); Marcel Van der Berg (8,74%); y empleados (0,12%). La empresa Carbones del Guasare, que operaba la mina Paso Diablo, fue propiedad conjunta de Carbozulia, Anglo Coal (24,9%) y el nuevo socio Peabody Energy (BTU) (Nieto, 2004).

Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes

Carbozulia
PDVSA
Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico
Gobernación del Zulia
Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Comando Estratégico Operacional Occidente. En 2010 se ubicó un Distrito Militar en La Guajira por orden del presidente Hugo Chávez. En 2013 se crea el Estado Mayor Fronterizo Cívico Militar. En 2015 se declara estado de excepción en varios municipios, entre ellos, el municipio Guajira y Mara (González Núñez, 2016)
Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica
Alcaldía de Mara
Alcaldía de La Guajira
Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
Partido Socialista Unido de Venezuela
Fiscalía General de la República
Defensoría del Pueblo

Instituciones internacionales y de financiamiento (si existen)

Ninguna

Nivel de las inversiones (en US$ en Bs.)

En junio de 2017 el Gobierno nacional firmaba acuerdos con corporaciones chinas y una colombo-holandesa por 400 millones US$ para la restauración, operación y mantenimiento de la capacidad productiva de Carbozulia.

Las anteriores inversiones planteadas (período 2006-2012) fueron: Proyecto Carbonífero de Socuy Inversión: 60 MM $; Proyecto Carbonífero de Casigua Inversión: $ 40 millones; Proyecto Carbonífero de Las Carmelitas Inversión: $ 54 millones; Ampliación de la Capacidad de Producción de CBG Inversión: $ 65,40 millones; Proyecto Carbonífero Gran Lobatera Asociación entre Carbosuroeste y Carbozulia: Inversión: $ 121.6 millones; Planta de Coque: Inversión: $ 180 millones; Planta de Arrabio: Inversión: $ 100 millones; Planta de Lavado de Carbón: Inversión: $ 580 mil; Obtención de Gas Metano de los Yacimientos de Carbón (CORPOZULIA-PDVSA): Inversión: $ 230 mil; Puerto Catatumbo: Inversión: $ 15 millones.; Proyecto Puerto de Carbón Zona Portuaria Simón Bolívar: Inversión: $ 335 millones; Proyecto Ferrocarril Minas del Guasare – Puerto de Carbón: Inversión: $ 286,3 millones; Adecuación del Puerto de Palmarejo: Inversión: $ 8,31 millones; Estudio de Investigación Ambiental: Inversión: $ 1.3 millones; Evaluación de Necesidades Básica de Buques para una Flota Propia en Asociación con CVG CARPOZULIA: Inversión: $ 140.0 millones (Carbozulia, 2005). Inversión total: 1.407.420.000 US$.

Cuando se propuso el decreto 1.606 para explotar más de 24.000 hectáreas en el norte del Zulia, la inversión de la empresa china Sinohydro sería de 7 mil millones US$ (Guevara, 2016).

Las inversiones en los últimos años son desconocidas, tanto por el secretismo gubernamental que prevalece en todos los proyectos planteados en el país, como por el hecho de que las sanciones internacionales estimula que el gobierno haga negocios clandestinamente, que puedan esquivar estas restricciones.

Status actual del proyecto (en fase exploratoria, planificado y listo para su ejecución, en ejecución, operando, detenido)

Planificado y en ejecución

Población afectada (grupos sociales y estimación numérica)

Indígenas wayúu del municipio Mara y Guajira. Principalmente aquellos que habitan cercanos a las minas actuales y las nuevas minas propuestas en las cuencas de los ríos Socuy, Cachirí y Guasare. También debe contarse la afectación de la población indígena añú. Adicionalmente, son afectados algunos campesinos y haciendas productivas. Por último, es importante sumar el hecho de la afectación en diversos grados de unas 2,5 millones de personas en las ciudades al norte del estado Zulia –como Maracaibo–, las cuales se surten del río Socuy (AsoYalayalamaana Rio-Socuy, 2016).

IV. Conflicto y Movilizaciones

Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones

2005

Cronología y detalles de las movilizaciones

Desde el año 2005 pobladores de las comunidades del Socuy comienzan a organizarse y conforman la organización indígena Maikiraalasalii —que en castellano significa «los que no se venden»— y la Asociación Cultural Indígena Wayuu Yalayalama’ana, como respuesta a la presencia de las compañías carboníferas en sus territorios, que empiezan a hacer exploraciones para dar lugar a la apertura de nuevas minas de carbón. Estas organizaciones van a ir ejerciendo acciones contra la minería y en favor de la continuidad sociocultural de su pueblo en esos espacios (Garcia 2017), y se declaran en resistencia para evitar que se abra una nueva mina en la cuenca de este río (Maikiraalasalii, 2010b), a la vez que plantean que defenderán con su vida el territorio (Wainjirawa. Aceinluz., 2014).

Se ha generado una articulación entre wayúu de varias zonas, siendo que los wayuu del Guasare han podido evidenciar los efectos de la minería de carbón a los wayúu del Socuy (Maikiraalasalii, 2010b). Entre las organizaciones que han acompañado estas movilizaciones está la Sociedad Homo et Natura, la Organización Intercultural Indígena Wainjirawa, la Asociación de Consejos Estudiantiles Indígenas de la Universidad del Zulia (ACEINLUZ), La Guarura, Provea, el Frente de Resistencia Ecológica del Zulia (Frez), El Libertario, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, Fe y Alegría, y la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Zulia (ORPIZ).

En las movilizaciones se han planteado canales de diálogo con las autoridades oficiales (Uzcátegui, 2014a). Se han realizado acciones como bloqueos de tractores para evitar que se abrieran caminos en una comunidad sin la autorización de esta (Sociedad Homo et Natura, 2012). También comunidades wayúu junto a organizaciones sociales han realizado diferentes manifestaciones de calle y marchas, contra la militarización y la criminalización en territorio indígena (Provea, 2014; Anormalidad, 2006; Manaure Audiovisual, 2014; Maikiraalasalii, 2009). A su vez, estas comunidades han venido construyendo alternativas en sus territorios para evitar que los ‘carboneros’ los saquen de allí.

Ecologistas han realizado marchas y bicicletadas exigiendo detener la expansión del extractivismo de carbón en el Zulia (El Libertario, 2015; Cifuentes, 2013). Organizaciones de derechos humanos exigen el respeto de los DDHH de los wayúu y el cese de las agresiones contra estos (Uzcátegui, 2014b). Se ha exigido junto con los indígenas la realización de investigaciones e indemnizaciones de las víctimas de las violaciones de DDHH en la Goajira (Provea, 2014).

Durante los años de la actual crisis que se vive en el país, a pesar de que la producción de carbón se ha venido abajo, las comunidades y organizaciones regionales se han mantenido alertas ante diversos anuncios de nuevos proyectos de este tipo de minería. Se han realizado campañas y movilizaciones, como la que se hicieron para derogar el decreto 1.606 de 2015. También se han planteado reuniones con personal de Carbozulia y la Gobernación del estado Zulia. En el 2018, el Frente de Resistencia Ecológica del Zulia firmó una carta abierta a la presidenta de Carbozulia en la que solicitan que no firme los acuerdos alcanzados con la empresa Inter American Coal S.A. Ante la reactivación y leve recuperación de la producción carbonera, y antes la presencia de militares y miembros de empresas mineras, comunidades de la zona y organizaciones ambientalistas han mantenido sus reclamos. En febrero de 2020, la organización indígena Maikiraalasalii denuncia ocupación de caminos y trabajos de maquinaria pesada por parte de la minera rusa #VostokCoal, poniendo en riesgo el Socuy (https://twitter.com/VzlaOriginaria/status/1229485177799430146; https://twitter.com/VzlaOriginaria/status/1273727368868306944). Las comunidades reaccionaron ante este avance minero y se movilizaron para parar las máquinas de la empresa, logrando su cometido (https://twitter.com/VzlaOriginaria/status/1229146088420073478).

Algunos reclamos y peticiones de los grupos movilizados (Tales como saneamiento ambiental, suspensión del proyecto, atención médica, demarcación de tierras, compensaciones, etc.)

La principal demanda de los wayuu del Socuy es que no se abran nuevas minas en sus territorios, e inclusive grupos ecologistas han planteado que las grandes minas existentes sean cerradas, pues es más el perjuicio que los beneficios que se pueden reportar. Estas organizaciones también reclaman que no se haya realizado ninguna consulta a los pobladores del Socuy, ni se haya presentado ningún estudio de impacto ambiental (EIA), tal y como lo estipula la Ley del Ambiente (Sociedad Homo et Natura, 2013).

Una nutrida narrativa alternativa puede evidenciarse en estas luchas. Se hacen reivindicaciones explícitas al cuidado de la madre naturaleza y rechazan cualquier iniciativa que la dañe a ella y al espíritu wayuu (Maikiraalasalii, 2012). Proponen una clara distinción de valoraciones, planteando al agua como fuente de vida y al carbón como un elemento que hace parte del suelo y ayuda a sostenerlo y mantenerlo estable (Maikiraalasalii, 2010b). Declaran dar la vida por el agua (Manaure Audiovisual, 2014) y la defensa del río Socuy.

Organizaciones como Wainjirawa y Aceiluz dicen que se distancian de los wayúu que se han enriquecido en puestos de gobierno (Wainjirawa. Aceinluz, 2014). La Organización wayúu Maikiraalasalii –que significa “los que no se venden”– reivindican como lema “Tierra, agua y dignidad” (Maikiraalasalii, 2010b). Apuestan por la construcción de formas autónomas de economía y organización con el fin de preservar la vida y construir una fuerza propia. Reivindican una economía para la vida, simple, en estrecha relación con la naturaleza, y plantean como horizonte la construcción de un Estado Plurinacional y una Venezuela Post Petrolera, comenzando en los micros espacios (Maikiraalasalii, 2012).

Intensidad del conflicto (alta, con movilizaciones masivas, amplia difusión mediática, violencia y arrestos; media, con protestas en la calle y movilización visible; baja, con alguna organización local; o latente, no hay organización ni movilización visible al momento)

Alta

¿Este conflicto ha terminado?

V. Impactos del proyecto

Impactos ambientales

A mediados de 2005, el entonces Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales presentó el Informe Ejecutivo ‘Situación Actual de la Explotación de Carbón en el Estado Zulia’ en el que se plantea que por cada tonelada de carbón se requiere extraer cinco toneladas de suelo (García, 2017).

Respecto al agua, el proceso de extracción y procesamiento de carbón utiliza grandes cantidades de la misma. La Mina Norte ha afectado el río Guasare con grandes descargas de aguas contaminadas con concentración de sulfatos (Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia, 2014), lo cual ha sido reconocido por informes del Ministerio del Ambiente, quienes además plantean que estamos ante un problema ‘no resuelto’ después de ya varios años de esta actividad. Las aguas denotan exceso en los límites establecidos en las normas de “Sulfatos, Plomos, Cadmio, Cianuro y Mercurio”. Esto ha afectado no sólo a la biodiversidad (destacando a los peces) sino también a las familias de los municipios Guajira y Mara (Portillo, 2014). Entre los afectados está el acueducto El Brillante, mientras que los pobladores de Carretal aseguran que las tuberías se tapan por las partículas de carbón, que terminan bloqueando el interior del tubo (Sociedad Homo et Natura, 2016b).

La Presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional elegida en 2015 (oposición), María Gabriela Hernández, denunció que la falta de agua para los habitantes de Maracaibo se debe también a la afectación que a la cuenca del Guasare y a este río le genera la explotación de carbón, ya que este alimenta a las represas Tulé y Manuelote que surten a Planta C (https://twitter.com/anambiente2020/status/1372881693137379334).

Se denuncia los peligros de la acidificación de las aguas (Maikiraalasalii, 2010a). Significativas perturbaciones ambientales son derivadas de desvíos de ríos, cosa planteada por el ejemplo para el río Socuy. La contaminación y perjuicios ambientales que ha venido sufriendo el río Guasare, podría verse en los ríos Socuy y Maché, y por ende en los embalses Manuelote y Tulé, que surten de agua potable a ciudades como Maracaibo, San Francisco, La Concepción, entre otras importantes ciudades del Zulia (Portillo, 2013, 2014).

La actividad minera de carbón libera partículas nocivas al aire. La operación de una planta carboeléctrica implica afectaciones al agua y al aire semejantes a las descritas más arriba (Linares, 2015). Para finalizar, destaca la contribución que la expansión de la minería de carbón hace al grave problema del cambio climático.

Impactos en la salud

Varias enfermedades crónicas están vinculadas a la actividad minera de carbón, siendo la neumoconiosis la más referida (Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia, 2014). Graves riesgos a la salud pueden masificarse con la contaminación de las aguas de los embalses que surte de este vital líquido a diversas ciudades del Zulia.

Impactos socio-económicos y culturales

El sustento de los indígenas wayúu, vinculados a la tierra y el agua, se vería aún más mermado. La agricultura y el pastoreo se afectarían no sólo por las nuevas minas sino por otros proyectos de infraestructuras como la vía férrea que atravesaría la Guajira para llevar el carbón a los puertos del Mar Caribe (Marcano, 2015b; Portillo, 2013). La insostenibilidad social y ambiental de ciudades como Maracaibo, San Francisco, Santa Cruz de Mara, La Concepción o El Tablazo, a raíz de una contaminación masiva de las aguas de los embalses que los surten, podría tener muy serias implicaciones políticas (Provea, 2014; Uzcátegui, 2014b).

El Comité de Derechos Humanos de la Guajira ha denunciado más de una decena de asesinatos de indígenas en operativos militares (Provea, 2014; Varios autores, 2015).

La penetración del territorio tendría perjuicios a las tradiciones culturales y costumbres de estos pueblos (Maikiraalasalii, 2010b). Se ha denunciado intentos de cooptación y prácticas clientelares para ganar apoyos para que se abra la mina en Socuy (Maikiraalasalii, 2010b; Portillo, 2013).

También se ha resaltado que la actividad minera provocaría la pérdida de yacimientos arqueológicos y estaciones de arte rupestre que han sido estudiados en la zona y que han dado lugar a la creación del Ecomuseo Comunitario Yalayalama’ana (García, 2017).

VI. Desarrollo del conflicto

Resultados y respuestas ante el conflicto (por parte del gobierno central, gobiernos regionales y locales, empresas involucradas, instituciones supra-nacionales, comunidades, entre otros)

A pesar de la modificación del decreto 1.606 en el año 2015, el Gobierno Nacional ha firmado nuevos acuerdos para recuperar y relanzar la extracción de carbón en la zona. Declaraciones ambiguas han venido de la mano de nuevas políticas y esquemas de negocio que apuntan a un aumento de las cuotas extractivas en todos los emprendimientos, de manera tal de poder retribuir a las inversiones y ganancias de las compañías extranjeras (Teran Mantovani, 2017). Por ejemplo, en febrero de 2021, el Alcalde del municipio Mara Luis Caldera, junto a la Cámara edilicia, declararon los ríos Socuy, Maché y Cachiri zonas de protección ambiental y valor cultural con las comunidades Wayuu que allí habitan (González, 2021). Esto ocurre por la constante vigilancia y presión de las comunidades wayuu y las organizaciones ambientalistas, pero se produce al tiempo que se da la insistencia gubernamental de los avances en la explotación de carbón en el Socuy, algo visto que se intenta hacer en esta cuenca en tiempos recientes.

El Gobierno de Maduro impulsa cualquier tipo de proyecto extractivo que esté al alcance, ofreciendo condiciones extremadamente favorables al capital, fácticamente aboliendo las capacidades de cualquier contraloría ambiental y reprimiendo drásticamente cualquier oposición a los mismos. A ello hay que subrayar no sólo el Plan Minero Sectorial 2019-2025, que promueve la actividad en todo el país, sino leyes extremadamente lesivas como la Ley AntiBloqueo (que promueve la participación privada y el secretismo en los proyectos) (La Clase, 2020) y la Ley de Zonas Económicas Especiales, que legaliza estas figuras de desregulación territorial radical (Teran-Mantovani, 2021).

El entorno de crisis coloca más obstáculos a las oposiciones sociales a estos proyectos. Indígenas wayuu, junto a organizaciones sociales y ambientalistas permanecen movilizados para evitar que se concrete y oficialice la expansión extractiva en esta región, a pesar de los numerosos obstáculos. La zona de la Guajira se encuentra militarizada y fuertes tensiones continúan en la zona. Comunidades locales denuncian que la minería se va abriendo en el Socuy de la mano de un variado abanico de militares y policías de varios cuerpos desplegados en los poblados de las parroquias Luis de Vicente, Municipio Mara y de Elías Sánchez Rubio del municipio Guajira, con prácticas de amendrentamiento a los pobladores (Portillo, 2020). En 2021, el Gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, criminalizó al conocido ambientalista, y tradicional luchador en el Zulia, Lusbi Portillo, señalando que era un agente de la CIA, lo que evidencia un patrón de criminalización de luchadores desde el Estado (https://twitter.com/VzlaOriginaria/status/1426128257410379776).

Alternativas propuestas(por parte de los grupos movilizados, pueblos indígenas, actores políticos y gubernamentales, entre otros)

Grupos ambientalistas zulianos han planteado la propuesta de los Territorios Energéticamente sustentables (TES) para superar el modelo de generación eléctrica centralizado (León, 2015). Ha sido resaltada numerosas veces la conveniencia y viabilidad de impulsar la energía eólica en la región. El Parque Eólico de la Guajira, ya existente, tendría la capacidad de generar, según Corpoelec, aproximadamente de 8 a 10 mil megavatios (MW) para el occidente del país (Linares, 2015; Portillo, 2015).

Organizaciones ambientalistas junto con familias wayúu del Socuy/Manuelote impulsan iniciativas sociales, como la reforestación de territorios y conservación y protección de semillas que manejan las comunidades en la zona, el impulso de viveros comunitarios desde 2012 y formas de producción agroecológica para garantizar que todo lo que se produce en el Socuy se hace bajo estos parámetros (AsoYalayalamaana Rio-Socuy, 2016). Estas iniciativas han contado con alguna ayuda de instituciones públicas como CANTV, Misión Árbol, IVIC, ICLAM, FIJU, UBV, INCE y el PNUD de la ONU (Sociedad Homo et Natura, 2016a).

Desde estas comunidades se impulsó la creación de la escuela Yalayalamana, donde se trabaja con niños en el desarrollo y fortalecimiento autonómico en sus territorios, así como en la promoción de su cultura y formas de vida y la defensa de sus tierras de las compañías transnacionales carboneras y gasíferas (Maikiraalasalii, 2010b).

El propio Ministerio del Ambiente en 2005 expresaba que el abandono de la actividad minera en la zona permitiría no sólo la paralización del avance de la afectación ambiental de las áreas en concesión, sino también la disminución de las aguas sulfatadas y la activación de planes para la recuperación total de las zonas intervenidas (García, 2017).

¿Considera Ud. que se ha alcanzado la justicia ambiental en este caso?

No, pero algunas demandas fueron atendidas

Explique por qué

La crisis y los cambios políticos y económicos que se están desarrollando en el país plantean un escenario de mayor favorecimiento del extractivismo, ahora con un perfil más flexible, desregulado y autoritario. En este sentido, las presiones no parecen cesar desde los poderes constituidos. Las luchas, reivindicaciones y peticiones de los indígenas wayúu siguen siendo desestimadas y los territorios suelen ser lugares con cada vez mayores tensiones.

VII. Fuentes consultadas y recomendadas

Leyes, decretos, legislaciones y recursos jurídicos relacionados con el caso

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Disponible en http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2011/04/CONSTITUCION.pdf

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Disponible en https://www.cbd.int/doc/measures/abs/msr-abs-ve2-es.pdf

Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Disponible en http://albaciudad.org/LeyPlanPatria/

Ley Orgánica del ambiente, 2006. Disponible en https://es.scribd.com/doc/47588555/LEY-ORGANICA-DEL-AMBIENTE

Ley Penal del Ambiente – 2012. Disponible en http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Ley-Penal-del-Ambiente2.pdf

Gaceta Oficial No. 40.599. Decreto 1.606. Caracas, martes 10 de febrero de 2016. Disponible en http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=29950&folderId=6936036&name=DLFE-8609.pdf

Artículos

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Camhaji, Elías. Deniz, Roberto (2021). El carbón, la válvula de escape de Venezuela a las sanciones de EE UU. El País. Disponible en https://elpais.com/mexico/2021-06-13/el-carbon-la-valvula-de-escape-de-venezuela-al-embargo-de-ee-uu.html

Carbozulia. (2005). Plan estratégico corporativo 2006-2012. Disponible en http://www.guasare.com/carbozulia/images/plan.pdf

Cohen, Luc (2020). Exportaciones de carbón venezolano aumentan mientras EEUU intensifica sanciones al petróleo. Reuters. Disponible en https://cn.reuters.com/article/venezuela-sanciones-carbon-idLTAKBN26Y2GO

Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia. (2014). Opción energética para el Estado Zulia. Disponible en https://redlatinasinfronteras.files.wordpress.com/2014/09/informe_energc3a9tico_del_zulia_final.pdf

El Libertario. (2015). Ecologistas realizan protestas contra planes que ponen en riesgo el agua en Maracaibo. El Libertario. Disponible en http://periodicoellibertario.blogspot.com.es/2015/03/ecologistas-realizan-protestas-contra.html

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Libros, documentos académicos y científicos

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