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La memoria histórica en el valle de Mocotíes y su vigencia para el rechazo a la minería en Bailadores (Mérida)

La memoria histórica en el valle de Mocotíes y su vigencia para el rechazo a la minería en Bailadores (Mérida)

Última actualización: noviembre 2022

I. Datos básicos

Ubicación del conflicto (localidad, municipio y estado del país)

Valle de Mocotíes. Sector el Rincón de las Tapias, cercano y al sur de la ciudad de Bailadores, capital del municipio Rivas Dávila, estado Mérida.

Área del proyecto (en kms2 o has.)

Minería con extensión desconocida, incluyendo bocas de mina (túneles) y desarrollo subterráneo. No se conoce la longitud de la carretera en construcción, pero se presume de varios kilómetros lineales. No hay referencias sobre la superficie impactada por la carretera. Según motores de georreferenciación, así como imágenes y videografías, se estima que la superficie afectada tendría alrededor de 4 has, incluyendo como área de afectación el eje vial central, los taludes removidos y los lugares de deposición de material.

Tipo de población (urbana, semi-urbana, rural o indígena)

  • Urbana y Rural.La población está concentrada en los caseríos El Morro y El Morrito (~ 80 casas) y en los flancos de las carreteras y límites del monumento. Existen dos pueblos cercanos, a unos 10 km del monumento: Altagracia de Orituco (capital de municipio) y San Francisco de Macaira.Semi-Urbana. La población está concentrada en el pueblo de Bailadores; sin embargo, existe una población rural aledaña y asociada directamente con la primera. En ambas poblaciones se han reseñado movilizaciones y acciones de protesta

Resumen del caso

La cordillera de Mérida destaca por una diversidad de ecosistemas, especies y endemismos, lo cual ha propiciado que gran parte de la misma sea considerada área clave de los “Andes Tropicales” (Rodríguez et al. 2010); además, en las montañas andinas destaca como rasgo distintivo el paisaje agrícola: una matriz con mezclas de relictos de ecosistemas y sistemas de producción agrícola. A lo anterior se suman los yacimientos minerales, destacando las minerías de feldespatos, sulfatos y hasta de gravas fluviales, entre otras. De usual, estas minerías han impactado fuertemente los ecosistemas y son percibidas con cautela y rechazo en los centros urbanos y rurales.

Al sur del área de influencia de la ciudad de Bailadores (valle de Mocotíes, municipio Rivas Dávila, Mérida) existe un yacimiento mineral con una antigua explotación subterránea (Rincón de Las Tapias). La mina es reconocida desde 1672 y activa en los siglos XIX y gran parte del siglo XX, hasta que en 1966 cesó la explotación, al parecer por problemas de disminución de reservas. El yacimiento contiene una combinación de minerales como el sulfuro de zinc y, en menor medida plomo, cobre y plata (Carlson 1977), pero las mineralizaciones de sulfuros han sido el centro de la actividad comercial. Se ha indicado que la mayor parte del área de la mina Las Tapias puede estar dentro de los límites del Parque Nacional Juan Pablo Peñaloza, que resguarda los páramos y fuentes de agua regionales (Mora 2004).

No se dispone información del impacto ambiental y sanitario acumulado, pero se supone deletéreo para los ecosistemas y los grupos humanos. Para 1973 la concentración de cobre y zinc en las quebradas locales fue un poco más de cien veces mayor que el nivel tóxico permitido según normas internacionales (La Cruz 1992), lo que fue asociado con la explotación mineral en la zona. Sin embargo, la actividad agrícola local también tiene efectos negativos, como son la concentración muy elevada de organofosforados (plaguicidas) en las aguas superficiales (Molina-Morales et al. 2012) o la deforestación del valle de Mocotíes (Torres-Lezama et al. 2012), por ejemplo. El impacto social, cultural y económico de la extinta minería no parece haber tenido un efecto importante en el área, donde los sistemas de producción agrícola tienen un arraigo histórico y, más bien, se han extendido y diversificado, siendo ahora importantes y emblemáticos en la región andina.

Esta mina se encuentra sin actividad, pero en la última década del siglo XX en Bailadores y áreas cercanas, hubo un conflicto en contra de la reactivación del proyecto minero, considerándose que el mismo ocasionaría impactos ambientales y económicos irreversibles (Asprino 1997). Por ejemplo, se tendría que restar el agua destinada al sector agrícola para procesar y movilizar el mineral extraído de las minas; además, los salarios locales no podrían competir con los salarios mayores de la empresa minera. Así, en 1992, la comunidad organizada y varias dependencias gubernamentales de aquel momento (Ministerio del Ambiente y el Instituto Nacional de Parques) rechazaron con éxito la reactivación del proyecto minero promovido por la empresa minera Águila Blanca, representante local del consorcio mundial Cominco Resources & Aritmetco (actual Teck Resources Limited), una multinacional canadiense con amplio desarrollo en varios países andinos (Asprino 1997).

En 2018 y 2019, el conflicto se reactivó por la presencia de campamentos militares en la zona y la construcción ilegal (y con severo impacto ambiental) de una carretera cercana al parque nacional. Ambos eventos han sido relacionados con la reactivación de la mina, pues hay eventos recientes a escala nacional que son asociados con la expansión de la frontera minera, como ocurre con las grandes extensiones en el estado Bolívar o en subrepticias incursiones en los estados Carabobo y Yaracuy. Estos eventos tienen como precedente las políticas mineras y el objetivo extractivista gubernamental que se ha expresado en el Plan Sectorial Minero 2019-2025. Este plan persigue la diversificación de la minería, incluyendo la rápida expansión, recolonización y reactivación de lugares históricos (ej. Las Claritas en el estado Bolívar) y nuevos espacios y figuras administrativas (ej. Arco Minero del Orinoco, Cordillera del Interior Central). Para lo anterior, el Plan Sectorial Minero 2019-2025 se ampara en sendos brazos ejecutores: la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolífera y de Gas CAMIMPEG (Gaceta Oficial 2016) y el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, entidades que son facultadas para evadir y abolir los deberes y derechos socio-ambientales vigentes en la Constitución (artículos 128 y 129) y leyes derivadas (ej. Ley de Aguas, Ley Penal del Ambiente). Esto además ha evolucionado desde 2019 hacia la formalización de políticas y leyes que favorecen la expansión extractivista y la fácil apropiación de recursos por parte del capital transnacional, evidenciado en dispositivos como la Ley Antibloqueo (2022) o la Ley de Zonas Económicas Especiales (2022), por menciona ejemplos.

Este escenario promovió la organización y movilización popular para la protesta y la denuncia por diferentes rutas (redes sociales, portales de noticias, reuniones públicas, asambleas de ciudadanos, etc.), así como el esclarecimiento de la situación. Se destaca la vigencia histórica de las protestas del siglo pasado contra la minería; estas han sido emblemáticas en el conflicto actual. Como respuesta a las reuniones y asambleas de ciudadanos, así como las campañas por las redes sociales y portales de noticias entre 2018 y 2019, se logró un rechazo generalizado contra la minería por parte de todos los sectores (la comunidad organizada, partidos políticos, grupos organizados y sectores académicos). De igual manera, se logró detener la construcción de la carretera y los entes gubernamentales procesaron procedimientos administrativos a los involucrados, además de comprometerse a revisar los linderos del área protegida y evaluar las áreas afectadas.

Se reconoce que el conflicto no ha finalizado, pero ha disminuido en intensidad, quizás por un plazo de espera para reconocer y valorar el alcance los resultados antes indicados. En este conflicto ambiental la memoria histórica local ha sido germen vital y vigente para unificar a la población en torno a problemas socio-ambientales que amenazan al común, con lo cual se ratifica la necesidad de la organización para la defensa y conservación de los territorios y patrimonios naturales.

 

I. Fuente del conflicto

Principal actividad económica (u otra) que origina el conflicto

  • Extracción Minera

Otras actividades económicas involucradas (si existen)

a) Infraestructura y Construcciones: Construcción de carretera vehicular en área de influencia del parque nacional Juan Pablo Peñalosa y, posiblemente, en asociación con la mina.

b) Agropecuaria, biomasa y tierras: Sistemas agrícolas transversales al paisaje regional y con predominio de cultivos de hortalizas y flores, también ganadería de altura.

c) Turismo y recreación: Turismo rural establecido (posadas y rutas turísticas). Cascadas y aguas termales, antiguos túneles y horno de fundición de la mina Las Tapias.

Commodities o ‘recursos naturales’ involucrados (ej. oro, bauxita, madera, agua, petróleo, gas, soja, eucalipto)

  • Zinc
  • Cobre
  • Plomo
  • Plata (los tres últimos con importancia menor o terciaria (USGS 1991)

III. Proyecto y actores involucrados

Ubicación del proyecto o actividad económica (localidad, municipio y estado del país)

El sector de la minería se ubica en el Rincón de Las Tapias al sur de Bailadores, capital del municipio Rivas Dávila, en el estado Mérida. La carretera en construcción es en las cercanías del Rincón de Las Tapias.

Resumen y descripción del proyecto (o la actividad económica)

En el área de influencia al sur de la ciudad de Bailadores (Valle de Mocotíes, municipio Rivas Dávila, Mérida) existe un yacimiento mineral con una antigua explotación minera subterránea (Rincón de Las Tapias). Esta mina es reconocida desde 1672 y activa en los siglos XIX y gran parte del siglo XX. Para 1838, la compañía inglesa Dehuton tenía representación en la mina de Las Tapias y es posible que la misma extrajera cobre y hierro casi hasta el final del siglo XIX. En 1954 la Compañía Minera de Occidente explotaba el yacimiento. Posteriormente, mineros japoneses hicieron exploraciones en el área con el objetivo de extraer la plata, pero en 1966 cesó la explotación, al parecer por problemas de disminución de reservas. Sin embargo, hubo un permanente interés en la reapertura de la mina. Así, diez años después (1976), el Ministerio de Minas e Hidrocarburos de ese momento propuso la reactivación de las minas, aunque esto generó resistencias por parte de las comunidades de Bailadores y alrededores, generando la paralización del proyecto. Luego, y nuevamente, en 1993 el Ministerio de Energía y Minas replanteó la explotación minera a gran escala, esta vez promovida por la empresa Minera Águila Blanca, representante local del consorcio mundial Cominco Resources & Aritmetco (actual Teck Resources Limited), una multinacional canadiense con amplio desarrollo en varios países andinos (Asprino 1997). De nuevo los habitantes de Bailadores lograron paralizar el proyecto.

La mina de Las Tapias es subterránea y se desarrolló en varios niveles de profundidad. Este yacimiento es polimetálico y contiene una combinación de diferentes minerales, destacando el sulfuro de zinc y, en menor medida plomo, cobre y plata (Carlson 1977); pero las mineralizaciones de sulfuros han sido el centro de la actividad comercial. Para todos estos minerales se han estimado unas reservas de hasta 3.500.000 toneladas métricas; igualmente, se calcula que las minas de Bailadores contenían alrededor de US$ 300 millones en reservas de mineral (USGS 1991, Asprino 1997, Mining Encyclopedia 2019).

Aún hasta finales de 2019, no se conoce el proyecto formal que origina este conflicto. La potencial reactivación de la minería y la construcción de la carretera son dos indicadores relacionados que se han combinado por atributos comunes, principalmente por la intervención de los espacios naturales. La reactivación del proyecto minero diseñado para la década de 1990-2000 es desconocido y tampoco se conoce el proyecto ni los objetivos de la carretera. Sin embargo, sobre esta última los promotores (empresa “Estancia Valle Plateado C.A.”, que corresponde a una finca local) y constructores (empresa Vialtra) argumentaron que la misma se construía para actividades agrícolas de la finca. Cabe destacar que Vialtra ya presentaba un expediente negativo en los registros del Instituto Autónomo de Vialidad del estado Táchira (Gutiérrez 2019) por incumplimiento de contrato para la reparación de las troncales 1 y 5. Se recalca que ese mismo patrón de construcción ilegal y subrepticia de carreteras en áreas no intervenidas o protegidas, pero asociadas con la explotación de los recursos naturales, se ha estado revelando y noticiando más a menudo en años recientes, como en el cerro La Vieja (Lara), Morros de Macaira (Guárico), La Azulita (Mérida) o el Parque Nacional Yurubí (Yaracuy), por citar algunos ejemplos.

Empresas privadas nacionales e internacionales involucradas

  • Estancia Valle Plateado C.A.
  • Vialtra
  • Sobre la minería no se dispone de evidencias de participación de empresas

Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes

  • Gobernación del estado Mérida
  • Alcaldía de Rivas Dávila (Mérida)
  • Alcaldía de Uribante (Táchira). Limítrofe con el área en conflicto.
  • Diputados Asamblea Nacional
  • Diputado Asamblea Nacional Constituyente (constituyente territorial)
  • Instituto Nacional de Parques
  • Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo
  • Fuerza Armada Nacional Bolivariana
  • Partidos políticos (AD, Copei, Psuv)

Instituciones internacionales y de financiamiento (si existen)

  • Desconocido

Nivel de las inversiones (en US$ en Bs.)

  • Desconocido

Status actual del proyecto (en fase exploratoria, planificado y listo para su ejecución, en ejecución, operando, detenido)

  • Detenido. La minería fue detenida y cerrada desde finales del siglo pasado. Se desconoce si formalmente existen planes de reactivación de la mina. La carretera vehicular está construida en gran parte, pero la actividad fue detenida por orden gubernamental y hay un expediente en desarrollo.

Población afectada (grupos sociales y estimación numérica)

Bailadores y el resto de la parroquia tienen una población con un poco más de 16.000 habitantes (INE 2014). Se estima que la población rural es menor y no sobrepase los 2.000 habitantes. Esta última tiene mayor posibilidad de afectación que la población urbana por su contacto directo e histórico con los eventos señalados.

 

IV. Conflicto y Movilizaciones

Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones

Esta nueva fase del conflicto inicia a partir de mayo de 2018.

Cronología y detalles de las movilizaciones

Para la cronología de este conflicto es necesario remitirse a eventos previos ocurridos en el valle del Mocotíes respecto a la evolución de la minería. Diez años después de cesar la explotación minera en 1966, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos de ese momento propuso la reactivación de las minas, ante lo cual el cabildo de Bailadores y la comunidad organizada decidieron no permitir el avance del proyecto, con el argumento de la contaminación ambiental y la afectación a los modos de vida locales (Guerra 1974a, 1974b, Asprino 1997). Esta oposición se explicaría parcialmente por la mejor oferta de salarios en la actividad minera respecto a la agrícola, lo que ocasionaría la migración de la fuerza laboral a ese sector extractivo. En 1993, el Ministerio de Energía y Minas replanteó la explotación minera a gran escala y, nuevamente, los habitantes de Bailadores, más los grupos ecologistas, docentes y estudiantes regionales, hicieron fuerte defensa contra el plan gubernamental y logrando su paralización (La Cruz 1992, Rivero 2001).

En el siglo XXI las movilizaciones son reseñadas partir de 2018. Se reconocen dos “picos” de actividad: en mayo-julio de 2018 y mayo-julio de 2019, donde se activaron campañas por diferentes medios. Entre mayo y noviembre de 2018, la presencia de campamentos militares en el área y la construcción de una carretera rural dieron motivos de preocupación a nivel local por su posible relación con la minería. Nótese que este supuesto tiene validez pues concuerda directamente con el propósito gubernamental de expandir la actividad minera en todo el país, como una de las vías que considera necesarias para salir de la crisis económica. Tanto en el Plan de la Patria 2019-2025 como en la Agenda Económica Bolivariana (2016), se establece como objetivo primario concentrar y garantizar el control estatal de toda la cadena de explotación de los recursos mineros en todo el país; así como ejecutar la prospección de reservas minerales e incrementar la extracción minera a escala nacional. En esto la región Andina es también clave.

El gobierno ahora cuenta con brazos ejecutores como la C.A. Militar de Industrias Mineras, Petrolífera y de Gas CAMIMPEG (Gaceta Oficial 2016) y el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, entidades facultadas para evadir y abolir los deberes y derechos socio-ambientales vigentes en la Constitución (CRBV, artículos 128 y 129) y leyes derivadas (ej. Ley de Aguas, Ley Penal del Ambiente). A esto se suman la intensa propaganda gubernamental promoviendo el motor minero y los continuos conflictos ambientales en contra de la explotación minera ilegal en la cual también han estado vinculados funcionarios estatales y del sector militar, que han creado una matriz de opinión de alerta en la población, y rechazo ante la depauperación ambiental.

Con base en lo anterior se iniciaron campañas en redes sociales y medios de información (portales de noticias) y que incluyeron la movilización de diferentes sectores (gobernación, alcaldía) productores agrícolas, partidos políticos, sectores académicos (universidad), consejos comunales y grupos ecologistas y culturales. Hubo convocatorias para reuniones abiertas, asambleas de ciudadanos y ruedas de prensa en áreas rurales. Para 2018, las reuniones abiertas se desarrollaron en sectores rurales del municipio Rivas Dávila y, para el mes de noviembre, una asamblea de ciudadanos se realizó en la plaza Bolívar de Bailadores; ahí se expuso el caso sobre la presencia de campamentos militares cercanos a Las Tapias, pero la representación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) presente en la asamblea argumentó que esos campamentos fueron instalados por razones de orden público; esto es, impedir el contrabando y restringir a las mafias locales.

Para mayo de 2019, el conflicto se vigorizó con características similares y en julio las reuniones públicas lograron el esclarecimiento de las principales causas del conflicto (Cegarra 2019, Gutiérrez 2019). En 2019, las movilizaciones ocurrieron igualmente en sectores rurales del municipio y en mayo hubo una asamblea de ciudadanos en Las Aguadas del sector Valle Plateado, donde se informó que no hubo permiso alguno (minería, turismo, agropecuario, etc.) por parte del Ministerio de Ecosocialismo o INPARQUES para la construcción de la carretera. Según representación del MINEC, la construcción de la vía fue paralizada y se iniciaron procedimientos sancionatorios a la empresa (“Estancia Valle Plateado C.A.») por construcción ilegal y desacato a la suspensión de la construcción. Además, se acordó formalizar una denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público.

Posteriormente se realizó otra asamblea de ciudadanos en el teatro municipal Libertador de Bailadores, donde se presentaron evidencias (videos, fotografías, testimonios) sobre la construcción, ensanchamiento y continuación de la carretera que atraviesa el sector, notándose una afectación importante de los suelos y la capa vegetal (bosques). Dada la ubicación de esta vialidad es posible que tenga una relación funcional con las minas, así como una afectación del parque nacional Juan Pablo Peñaloza. Lamentablemente se desconocen los límites del área protegida, por lo cual se hizo solicitud pública de inspección institucional y judicial para revisar permisos de construcción y los límites del parque nacional. Para fortalecer lo anterior, se creó un comité de defensa ambiental. Un hito de interés en esta asamblea fue la presentación de una reseña histórica de las luchas campesinas en 1992-1993 para rechazar un nuevo proyecto minero en el sector. Esta reseña es de importancia, pues es un precedente que quizá promovió el nivel de organización y respuesta comunitaria ante los modos de intervención.

Para el mes de mayo de 2019 hubo una rueda de prensa por parte del gobernador del estado Mérida (Ramón Guevara), quien desmintió la información sobre la minería en Bailadores, indicando además que la posición gubernamental es no permitir cualquier tipo de actividad minera. Durante el periodo, en las movilizaciones y fuentes noticiosas han destacado los representantes de partidos políticos de oposición al gobierno. En 2019 se detectó una mayor visibilidad y actividad en el conflicto por parte de entidades gubernamentales, como el MINEC e INPARQUES; igualmente, los concejos municipales de Bailadores y Uribante Caparo (ambos del partido de gobierno) promulgaron un manifiesto de protección a las minas (Anónimo 2019). Es importante aclarar que una parte importante de la información en las redes sociales ha correspondido a declaraciones con información, insuficiente o falsa inadecuada (por ejemplo, con el señalamiento de presencia de coltán en la zona, cosa que es falso) (ej. Villar 2019, Molina s/f) o que es una clara propaganda de diferentes sectores (Anónimo 2018a, 2018b, Gutiérrez 2019).

  1. Algunos reclamos y peticiones de los grupos movilizados

(Tales como saneamiento ambiental, suspensión del proyecto, atención médica, demarcación de tierras, compensaciones, etc.)

Entre los reclamos y peticiones de los grupos movilizados destacan la necesidad de: a) la explicación gubernamental y paralización de toda la actividad asociada con la minería, b) la evaluación del impacto ambiental (previo) causado por la minería, c) la paralización de toda la actividad asociada con la construcción de la carretera, d) la evaluación de permisos y del impacto ambiental relativos a la construcción de la carretera, e) la verificación de límites del Parque Nacional Juan Pablo Peñaloza y su posible afectación debido a la construcción, y f) la condena a funcionarios públicos e individuos que participaron en el delito ambiental.

Las bases populares y ambientalistas que sustentan estas peticiones y movilizaciones al parecer estriban en una concepción de pertenencia territorial por encima de la actividad agrícola. Así, el territorio podría ser valorado más allá de una mera superficie que ofrece servicios ecosistémicos y visto como componente fundamental en la sustentabilidad de familias y pueblos: el territorio -y acaso lo que hay abajo- es la familia y viceversa. Esta condición no parece ocurrir con tanta intensidad en otros sectores rurales, como los pescadores o agricultores de tierras bajas, por ejemplo. En esta escala, luego del territorio viene la conservación del ambiente (suelos y aguas), la cual tendría un valor importante y defendible pero signado más por su utilidad agrícola que por el sentido de pertenencia.

Intensidad del conflicto (alta, con movilizaciones masivas, amplia difusión mediática, violencia y arrestos; media, con protestas en la calle y movilización visible; baja, con alguna organización local; o latente, no hay organización ni movilización visible al momento)

  • Media con tendencia la baja

¿Este conflicto ha terminado?

  • No

V. Impactos del proyecto

Impactos ambientales

  1. Actuales: la construcción de la carretera tiene efectos previsibles, como son la remoción y pérdida de los suelos y la capa vegetal, afectación de cauces por incorporación extraordinaria de sedimentos, restricción de desplazamiento y flujo de fauna. Parte de las evidencias sobre estos impactos se distinguen en archivos de imágenes y video provistos.
  2. Previos: La minería ocasionó seguramente la contaminación de ecosistemas acuáticos superficiales, por lo menos. Son impactos con efecto legado en los ecosistemas locales y con dificultad de cuantificar, pero también de percibir.

Impactos en la salud

No se dispone información del impacto ambiental y sanitario acumulado en la zona, pero se supone deletéreo para los ecosistemas y los grupos humanos. Para 1973 la concentración de cobre y zinc en las quebradas locales fue un poco más de cien veces mayor que el nivel tóxico permitido según normas internacionales (La Cruz 1992), lo que fue asociado con la explotación minera en la zona. Sin embargo, la actividad agrícola local también tiene efectos negativos, como son la concentración muy elevada de organofosforados (plaguicidas) en las aguas superficiales (Molina-Morales et al. 2012) o la deforestación del valle de Mocotíes (Torres-Lezama et al. 2012), por ejemplo. La minería tiene un efecto legado de contaminación en las aguas superficiales y, por su magnitud, puede ser atribuida a la explotación minera (La Cruz 1993). Estas aguas tienen un uso histórico para el consumo humano y agrícola. Sin embargo, la tradición agrícola se expresa en una elevada concentración de plaguicidas en suelos y aguas lo que puede tener riesgos por exposición para los usuarios del recurso (Molina-Morales et al. 2012, Rojas-Fernández et al. 2019).

Impactos socio-económicos y culturales

No se dispone información sobre este tipo de impactos asociados con la minería o la construcción de la carretera. El valle de Mocotíes es esencialmente agrícola y ha mantenido esa condición la cual parecer tener mayor arraigo y diversificación en tiempos recientes, lo cual podría considerarse como una condición refractaria a los diferentes impactos asociados con la intervención del ambiente. Así, el impacto social, cultural y económico de la extinta minería no parece haber tenido un efecto importante y persistente en el área, donde los sistemas de producción agrícola tienen un arraigo histórico y, más bien, se han extendido y diversificado, siendo ahora importantes y emblemáticos en la región andina. Lo anterior podría explicar parcialmente la mayor resistencia y logros de las luchas ambientales en el valle de Mocotíes respecto a otros sectores del país: ahí parece que el territorio es sentido más allá del bien común y tiene un carácter familiar, nuclear.

 

VI. Desarrollo del conflicto

Resultados y respuestas ante el conflicto (por parte del gobierno central, gobiernos regionales y locales, empresas involucradas, instituciones supra-nacionales, comunidades, entre otros)

Luego de casi una generación, el conflicto se reactivó en 2018 y 2019, pero esta vez ha sido a partir de 1) la presencia de campamentos militares en la zona; 2) la construcción ilegal de una carretera cercana al Parque Nacional Juan Pablo Peñaloza y que demuestra un severo impacto ambiental (Gutiérrez 2019, Santiago 2019); y 3) una considerable difusión mediática (principalmente en redes sociales) que potenciaron las alertas de la opinión pública. Estos eventos han sido relacionados con una posible reactivación de la minería. Las condiciones anteriores promovieron la organización y movilización popular para la protesta y la denuncia por diferentes rutas (redes sociales, portales de noticias, reuniones públicas, asambleas de ciudadanos, etc.). Aquí se destaca la vigencia histórica de las protestas del siglo pasado contra la minería; estas han sido emblemáticas en el conflicto actual.

En el momento de mayor intensidad de las movilizaciones (en el período reciente mencionado) se reconoció que:

  1. Existe una posición pública y generalizada de rechazo a la minería por parte la comunidad organizada, partidos políticos, grupos organizados y sectores académicos.
  2. Se presentó una posición pública y divulgada sobre el rechazo de la minería en Las Tapias por parte del sector gubernamental (gobernación, alcaldía, ministerios e institutos).
  3. Se aplicaron procedimientos administrativos gubernamentales que permitieron expedientar a los constructores y participantes de la carretera ilegal.
  4. Se extendió la promesa gubernamental para verificar los límites del Parque Nacional Juan Pablo Peñaloza y la posible afectación dentro de su área.
  5. Existe información académica y técnica sobre la inexistencia de minerales de coltán y uranio en la región, con lo cual se descarta la potencial minería de estos minerales.

El conflicto no ha finalizado, pero ha disminuido en intensidad, quizás por un plazo de espera para reconocer y valorar el alcance los resultados antes indicados. En este conflicto ambiental se ha recurrido a la memoria histórica local como antecedente vital y vigente para unificar a la población en torno a problemas socio-ambientales que amenazan al común, con lo cual se ratifica la necesidad de la organización para la defensa y conservación de los territorios y patrimonios naturales.

Alternativas propuestas (por parte de los grupos movilizados, pueblos indígenas, actores políticos y gubernamentales, entre otros)

Aun cuando no se conocen otras alternativas, en las declaraciones ha sido transversal el interés por la conservación del paisaje agrícola en el valle de Mocotíes. En los últimos acuerdos se reconoció la condición de amenaza sobre el territorio agrícola (valor) y sus recursos (uso) frente a la potencial explotación minera; así, se planteó en la última asamblea de ciudadanos la conformación de un comité de defensa ambiental, incluyendo la vigilancia del parque nacional.

¿Considera Ud. que se ha alcanzado la justicia ambiental en este caso?

Si, en las demandas inmediatas, pero en el corto plazo se espera la atención y resolución de las mismas.

Explique por qué

Se ha logrado organizar y mantener la movilización para conseguir respuestas y acciones gubernamentales adecuadas para el momento. Esto tiene un peso grande y diferenciado respecto a la mayoría de conflictos ambientales en el país, donde las etapas primarias de organización y denuncia son desarticuladas y los avances son nulos o mínimos en cuanto a la suspensión de perturbaciones o la aplicación de leyes. Así, el conflicto fue atendido y solucionado inicialmente. Se alcanzó una primera instancia de justicia “popular” ambiental, pues la movilización consiguió la actuación gubernamental (declaraciones oficiales y paralización de obras), con lo cual se esperan sanciones. Esto representa un logro popular de relevancia, ya que lo habitual es que los conflictos ambientales no sean atendidos en momentos adecuados, menos aún resueltos satisfactoriamente.

Así, el Ministerio de Ecosocialismo e INPARQUES hicieron del conocimiento público que no hubo permiso alguno (minería, turismo, agropecuario, etc.) para la construcción de la carretera. La representación del MINEC indicó que la construcción de la vía fue paralizada y se iniciaron procedimientos sancionatorios a la empresa (“Estancia Valle Plateado C.A.») y su contratista Vialtra por construcción ilegal y desacato a la suspensión de la construcción. Además, se acordó formalizar una denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público. A la fecha, no se conocen medidas o protocolos para resarcir o restaurar los pasivos ambientales generados durante la construcción de la vía.

Es pertinente indicar que no se han compensado los pasivos ambientales ocasionados por la minería durante el siglo pasado, pero tampoco los asociados con la expansión de la frontera agrícola, como la deforestación en áreas prohibidas (ej, riberas fluviales) o la contaminación de aguas y suelos por plaguicidas. Para 2004 sólo en el municipio Rivas Dávila existían cerca de 50 sistemas de derivación de aguas desde los ríos y quebradas locales para el riego y consumo humano (Mora 2004). En la narrativa conservacionista de la comunidad agrícola parece predominar la concepción del agua más como recurso natural utilitario para la agricultura (lo que justificaría parcialmente la resistencia a la actividad minera porque esta última necesitaría ingentes cantidades de agua) que como un elemento vital para el mantenimiento de los ecosistemas y la garantía de la salud pública; esta contradicción es expresada continuamente en investigaciones sobre contaminación del agua fluvial o la salud de los trabajadores agrícolas en la región, por ejemplo.

 

VII. Fuentes consultadas y recomendadas

Leyes, decretos, legislaciones y recursos jurídicos relacionados con el caso

Artículos

Libros, documentos académicos y científicos

Videos y media de la campaña

1. Recorrido Carretera abierta, Bailadores. Archivo de video. 15 mayo 2018

Enlace en la imagen: https://www.instagram.com/p/BxgWRm6FLeK/

Fuente: @minasbailadores

2.Declaraciones ex-Gobernador estado Mérida, Ramón Guevara. Archivo de video. 05 julio 2018

Enlace en la imagen: https://twitter.com/i/status/1059490516402888715

Fuente: Ramón Guevara @RamonGuevaraMRD.

https://twitter.com/i/status/1059490516402888715

Imagenes y registro fotográfico

1. Archivo de imagen. 16 mayo 2019

Enlace en la imagen: https://www.instagram.com/p/BxiE0WPpJF5/& https://venezuelaverde.com/la-belleza-del-pueblo-de-bailadores/

Fuente: minasbailadores (Las Tapias, Bailadores, Merida. Foto: Morphve, commons.wikimedia.org)

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Las-Tapias-Bailadores-Merida.

2. Archivo de imagen. 16 mayo 2019 Enlace en la imagen: https://www.instagram.com/p/BxhvpJTFe0R/ Fuente: minasbailadores

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3. Archivo de imagen. 21 mayo 2019 Enlace en la imagen: https://www.instagram.com/p/BxvKqC-FpnJ/ Fuente: lagritanews

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La memoria histórica en el valle de Mocotíes y su vigencia para el rechazo a la minería en Bailadores (Mérida)

4.Archivo de imagen. 04 julio 2019.

Enlace en la imagen: https://twitter.com/EfectoCocuyo/status/1146810903486238720

Fuente: @EfectoCocuyo

 

La memoria histórica en el valle de Mocotíes y su vigencia para el rechazo a la minería en Bailadores (Mérida)

5. Archivo de imagen. 22 mayo 2019.

Enlace en la imagen: https://www.instagram.com/p/Bxxf8mOA5TR/

Fuente: https://www.instagram.com/minasbailadores/

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6. Archivo de imagen. 23 mayo 2019.

Enlace en la imagen: https://www.instagram.com/p/BxzzgfpBQDS/?utm_source=ig_embed

Fuente: https://www.instagram.com/lagritanews/

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Autor(es) o contribuidor(es) de esta ficha

Douglas Rodríguez Olarte. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. (rodriguezolarte@gmail.com)

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