INFORME OEP: Situación socioambiental de Venezuela 2022

Introducción

Como ya hemos señalado en otras oportunidades, la problemática socioambiental de Venezuela se entronca con condiciones y dinámicas diversas de manera simultánea y en secuencia temporal. Antiguos y recientes cursos de ocurrencia convergen, se entrecruzan y retroalimentan en un conjunto de cambios y perturbaciones que siguen dejando como estela un panorama de ascendente devastación ambiental. Esta situación se ha hecho particularmente evidente en el marco de la ya prolongada crisis estructural y multidimensional que afecta a la sociedad venezolana desde hace algunos lustros. Si bien es cierto que se identifican procesos internos específicos asociados al continuo deterioro de nuestros ecosistemas, conviene recordar que la crisis venezolana tiene también conexiones con la situación planetaria general. En este sentido consideraremos un muy breve esbozo del contexto geopolítico, geoeconómico y ecológico global que distinguió al año 2022.

En 2022 fenómenos como la inflación, la inseguridad alimentaria, la crisis energética, la acentuación de presiones sobre las cadenas de suministro, la aguda competencia entre bloques de poder a escala global, la disgregación de los sistemas de seguridad y las capacidades de respuesta social para dar respuestas a todo esto, entre otros, mostraron claramente la profundización de fracturas geopolíticas, sociales y de acceso a bienes y servicios básicos en un clima de crisis que bien pudiera catalogarse de permanente. La guerra en Ucrania ha puesto al descubierto la obsolescencia de acuerdos de disuasión y equilibrios dinámicos establecidos luego del colapso de la Unión Soviética, así como los límites de la globalización neoliberal, ha impactado sobre las distintas transformaciones y crisis particulares en curso. Las esperanzas esgrimidas por algunos sobre una transición verde cruzada con una transición digital global que eventualmente conduciría al logro de un planeta más sostenible se han desdibujado. El conflicto en Ucrania y las sanciones contra Rusia perturbaron mercados, vínculos y compromisos climáticos e incluso las temporalidades previstas para consolidar las apuestas por energías alternativas; también pusieron sobre el tapete una crisis de suministros en un contexto de sensible disminución en la disponibilidad de materiales y energía que afecta principalmente a sectores sociales menos favorecidos en distintas latitudes. Todo ello ha ocurrido en un escenario de acelerado deterioro de la biodiversidad e intensificación del desorden climático que la COP15 sobre el primer tema y los acuerdos de la COP26 de Glasgow sobre el segundo no pudieron contener ni mitigar. A ello se agrega un año más de acidificación y polución en los océanos de la Tierra. En el balance ambiental de América Latina cabe destacar el aumento significativo de la deforestación, los impactos cada vez más destructivos y extendidos de las industrias extractivas (en particular de la minería) y la creciente violencia ejercida en contra de los defensores ambientales.

Como podrá apreciarse en el grueso de la información que recoge el presente informe, en el caso de Venezuela, el 2022 fue un año de ampliación del daño ecológico a lo largo y ancho de su territorio. A pesar de la precaria situación que presenta la industria petrolera venezolana, las repercusiones del conflicto bélico en Ucrania generaron una demanda inesperada de hidrocarburos en el mundo que reactivó en algunos factores las expectativas de retomar nuestra producción petrolera de tiempos pasados. Sin embargo, esas intenciones  contrastaron con una industria en colapso, con fallas y accidentes variados que causaron importantes impactos socioambientales. La vuelta al país de compañías petroleras multinacionales no contribuyó a resolver la problemática estructural que se desprende del uso de energías fósiles en el escenario local y global de crisis climática.

En este periodo, una vez más, el Estado venezolano no atendió los impactos socioambientales fundamentales. Más aún, los problemas y conflictos derivados y asociados se exacerbaron en gran parte, comprometiendo seriamente el entramado vital, debido a políticas oficiales que de manera sistemática han promovido el extractivismo, formulando proyectos de los que no se publican detalles, estableciendo enclaves territoriales e infraestructuras que facilitan su expansión, sin miramientos además a las leyes y normativas que estipulan procedimientos y normas de protección social y ambiental. En Venezuela han continuado políticas y proyectos de bajo perfil, con capitales en la sombra, que avanzan silenciosamente destruyendo ecosistemas, tal y como ocurre, por ejemplo, con nuevos proyectos turísticos, industriales y agroindustriales.

Trátese de tardanza o indolencia en atender derrames petroleros, ausencia de fiscalización en áreas naturales legalmente protegidas, que se han dejado a merced de eventualidades, circunstancias y actores que impulsan su degradación sistemática, por omisión y por acción, la responsabilidad estatal en el agravamiento de la situación ha sido determinante. A las alteraciones de ecosistemas mencionadas se suman y conectan en una urdimbre de destrucción, cambios en los patrones de lluvia, deslaves, inundaciones, desmoronamiento de diques, pérdida de biodiversidad, extenuación de cuencas hidrográficas, espinosas limitaciones en el acceso al agua potable y los servicios de energía (particularmente en el interior del país), debilitamiento de la soberanía y la seguridad alimentarias, migraciones forzadas de grupos de población indígena,  violencia armada, crímenes y violación de derechos humanos que afectan a diversos grupos sociales vulnerables. Este paisaje de destrucción se complementa con políticas gubernamentales represivas (denunciadas por cierto en la última visita del Alto Comisionado de la ONU) y restricciones importantes en materia de derechos económicos, sociales y políticos, en un marco de crecientes protestas sociales y falsa recuperación económica del país. Sin lugar a dudas es necesario señalar que en Venezuela persiste y se agudiza una crisis ambiental.

Sobre la situación antes referida de manera muy sintética el Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP) ofrece seguidamente a la comunidad nacional, grupos, instituciones, organizaciones y personas interesadas, un Informe sobre la Situación Socioambiental en el país durante el año 2022, con el propósito de mostrar los motivos, razones, actores principales y conflictos relacionados a los problemas ambientales de mayor connotación. El recuento, relación, descripción y explicación que esto supone, ha sido producto de un minucioso y comprometido proceso de seguimiento, así como de un examen sistemático realizado por el conjunto de activistas e investigadores que hacen parte del OEP. El Informe se nutre de un proceso de monitoreo, sistematización y análisis de información tanto de reportajes, visitas de campo y entrevistas realizadas por el OEP, como de preciados datos y referencias generados por otros grupos y organizaciones, a las cuales agradecemos.

Descargue aquí el informe Situación socioambiental de Venezuela 2022

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OEP Venezuela

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