El Observatorio de Ecología Política de Venezuela reproduce de manera íntegra el siguiente comunicado.

Repam Venezuela y organizaciones de la Sociedad Civil

Ante La Cumbre de Presidentes amazónicos.

Como organizaciones sociales preocupadas por las situaciones que vive la Región amazónica, las organizaciones firmantes del presente documento queremos elevar nuestra voz de preocupación y nuestras expectativas ante un hecho que reviste una particular importancia como lo es la Cumbre de presidentes de la región amazónica convocada para los días del 8 al 12 de agosto en la ciudad de Belén en Brasil.

Juntos como sociedad civil, organizaciones indígenas y grupos reunidos con la Red Eclesial Panamazónica- Venezuela (Repam Venezuela), esperamos que esta cumbre sirva como un espacio de acuerdos para una verdadera y honesta toma de conciencia y decisiones por parte de nuestros gobiernos y de grupos políticos, económicos y sociales que tienen alguna responsabilidad ante este vasto, hermoso y amenazado territorio y sus redes de vida.

La Amazonía venezolana bajo una presión sin precedentes.

Podemos afirmar que hoy por hoy la Amazonía venezolana se encuentra bajo una enorme presión climática, que es al mismo tiempo, social, ecológica y económica que pone en peligro la vida. Nunca antes, salvo quizás con el tiempo de la explotación del caucho, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la Amazonía venezolana que abarca 4 estados: Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y Apure, se encuentran en una alta vulnerabilidad que afecta directamente la vida de enormes ecosistemas cuyas consecuencias son impredecibles, y sobre los cuales es preciso conocer a profundidad para generar decisiones muy firmes que amparadas en una ética del cuidado sean capaces de frenar todas estas situaciones que en algunos casos ya son cruciales.

Territorios Indígenas sin demarcación ni adjudicación.

En Venezuela, la aprobación de la Constitución de 1999 había supuesto un triunfo de los movimientos indígenas y sus aliados, quienes por años habían solicitado la adjudicación de los títulos de propiedad colectiva sobre sus territorios ancestrales. Siendo signataria Venezuela del Convenio 169 de la OIT[1], era lógico pensar que con la llegada al poder de quienes se decían favorables al proceso indígena, la demarcación del territorio se haría de modo natural.

Casi 24 años después del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, la frustración es enorme, pues las demarcaciones y titulaciones de tierras indígenas han sido fraccionadas solo a algunas comunidades indígenas, desconociendo las solicitudes que han hecho en el ejercicio pleno de sus derechos constitucionalmente establecidos. A pesar de los muchos esfuerzos, no se ha adjudicado en estas dos décadas ni un solo centímetro de tierra a los pueblos indígenas venezolanos y en la mayoría de los proyectos que se han desarrollado en dichos territorios no ha habido la consulta previa prevista por la ley.

El proceso de la política de cooptación ha generado divisiones en las comunidades indígenas muchas de las cuales, debido a la enorme pobreza se ven obligaos a plegarse a las acciones de los poderosos convocantes.

Si bien debido a la crisis humanitaria compleja que asola al país algunas comunidades están divididas en torno al asunto minero, la gran mayoría está consciente y en contra del mismo, solo que no tienen los mecanismos para una lucha pacífica en ejercicio de sus derechos políticos ante la represión, militarización y violencias territoriales que se despliegan en la Amazonía venezolana.

Situación de la Salud y Educación.

La situación de la salud en la Amazonía venezolana es de una enorme precariedad, pues no existen políticas públicas que proporcionen una cobertura mínima del territorio. Las enfermedades endémicas amazónicas vuelven a estar a la orden del día, la morbilidad y mortalidad aumenta, debido sobre todo a la falta de acceso a los servicios básicos de salud en toda la región. A esto se suma el incremento de enfermedades en los últimos años asociadas a la actividad de la minería.

En muchos lugares debido a toda esta situación y sobre todo a la crisis económica del país, los centros educativos han disminuido sus actividades y posibilidades de acción; incluso obras emblemáticas de la educación católica, aliadas históricamente a los pueblos indígenas, se han visto imposibilitadas a mantener sus programas educativos por la carencia de salarios dignos, materiales, infraestructura y la diáspora de personal capacitado que ha emigrado dejando con menos apoyo a los pueblos que viven en la región.

Una Minería ilegal desbordada.

Asistimos a procesos intensivos de extractivismo minero, cuyos actores y límites atentan contra las dinámicas socio-territoriales, la biodiversidad de la Amazonía y los tejidos comunitarios. En ellos prevalece la acción de mafias y grupos irregulares que constituyen gobernanzas ilegales y de control de todos los ámbitos de la vida amazónica, colocando en riesgo la diversidad cultural de una de las zonas más ricas del planeta.

La aprobación y puesta en marcha del llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), ha significado la dramática aceleración de la destrucción de enormes territorios entregados a la voracidad extrema de grupos sin ningún escrúpulo.

La minería se está desarrollando en la Amazonía venezolana sin ningún control ni orden, es un territorio sin ley donde solo prevalece la lógica del más fuerte, donde campea la violencia y el desorden. La destrucción del medio ambiente es la primera gran consecuencia que está a la vista y que en diferentes informes se da cuenta de ello. Por ejemplo se reporta que entre 2016 y 2020 se perdieron más de 140.000 hectáreas de bosques primarios en la Amazonía venezolana.[2]

Esta situación ha generado formas de violencia que eran desconocidas entre las formas tradicionales de organización social de los pueblos indígenas, existen enfrentamientos casi constantes en la región amazónica con la consecuente cifras de heridos, muertos y desaparecidos hechos que cada día parece ir en aumento.

La presión sobre los líderes indígenas es enorme y su situación se ha vuelto cada vez más vulnerable debido a los poderosos encargados de las explotaciones mineras, muchos de ellos son detenidos, amedrentados en público y en privados e incluso asesinados.

Está comprobado que la utilización del mercurio en la extracción del oro y de los minerales vertidos sobre agua puede generar daños graves sobre la salud de las poblaciones. Según serios estudios científicos el nivel de mercurio en el cabello de los indígenas venezolanos supera grandemente los niveles de tolerancia humana, a eso se suma que el acuerdo de Minamata que establece una limitación en el uso de mercurio no ha sido ratificado por Venezuela. En Venezuela, El MeHg alcanza altos niveles tanto en la circulación materna como fetal, con el potencial de causar daños irreversibles en el desarrollo infantil, incluyendo la disminución de la capacidad intelectual y motora[3].

Esperar contra todas esperanzas.

El Papa Francisco en la encíclica “Laudato Sí” hace un llamado a todos los habitantes de la tierra a una verdadera y autentica “Conversión Ecológica” asumiendo la ecología desde una perspectiva integral, es decir, abordando todas sus dimensiones: natural, humana, social y económica con el desafío y compromiso de cuidar nuestra casa común.

“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar” (No. 13 LS). Por eso “hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos” (No. 14 LS).

Respondiendo a este llamado la Iglesia Católica ha promovido el cuidado del planeta no como un mero activismo, sino, como un estilo de vida, asumiendo la tarea de ser custodios de la Creación de Dios y de su pueblo que gime por las nefastas consecuencias de la explotación de los bienes naturales, provocando asi una crisis socio-ambiental.

Por ello, frente a la cumbre de Presidentes de la Amazonía, nuestras organizaciones demandan que se cumplan con las leyes y tratados que rigen a toda la Amazonía y que los pueblos puedan continuar con sus modos de vida asociados al cuidado de los bosques y que sus derechos sean garantizados, de manera que la enorme presión a la que son sometidos pueda verse controlada.

En Venezuela, desde la Constitución de 1999, se han aprobado un conjunto de leyes; La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley de Educación y otras más. Sin embargo, puede afirmarse que tanto la Constitución como dichas leyes han ido quedando como letra muerta. Deseamos que esta nueva toma de conciencia de los gobiernos amazónicos impulse al gobierno venezolano a hacer efectiva dichas leyes.

Es preciso que se detenga de inmediato la minería en los territorios, con todas las ramificaciones que conlleva; entre ellas la presencia de grupos irregulares, los cuales generan amenazas, conflictos e inestabilidad entre las comunidades.

Demandamos la reparación inmediata de los daños causados hasta ahora frente al extractivismo depredador en la Amazonía venezolana. Urgimos al Estado venezolano a tomar medidas de protección y ordenación territorial.

Urge la implementación de una política de desarrollo sostenible y basada en una economía circular, sin mercantilización de la Amazonía en nombre de la bio-economía que permita a los pueblos amazónicos el Buen vivir, sin que estén sometidos al impacto de las acciones ilegales y a los ataques al medio ambiente y por ello a sus comunidades de vidas.

Las potencialidades y posibilidades de desarrollar economías basadas en las prácticas, saberes y dinámicas de vida de las comunidades amazónicas, sin que se vulnere sus derechos son enormes. Por lo que invitamos a los líderes de la Amazonía a tomar decisiones en consonancia con el momento histórico que demanda salvar este territorio.

Urge que las voces de la amazonia participen activamente en las nuevas políticas de protección y cuidado, frente al extractivismo y se respete sus decisiones.

En el caso venezolano se debe regularizar el suministro del combustible de manera que las poblaciones y los operadores humanitarios puedan ejercer su labor de apoyo a los pueblos vulnerables que así lo soliciten.

Esperamos y deseamos que el marco ético y legal, dé paso a una vida digna para todos en la Amazonía sea el resultado de la presente cumbre.

La Red Eclesial Panamazónica en Venezuela, junto con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la Amazonía hace un contundente llamado a detener todas las actividades de explotación y destrucción ambiental que se están desarrollando en la zona, producto de la falta de planes y de la aplicación de las leyes.

Confiamos en que la cumbre de Presidentes Amazónicos logre dirigir sus acciones concretas a los fines de dar vida y vida en abundancia.

Caracas – Venezuela, agosto de 2023

[1] Ley aprobatoria del convenio n° 169 sobre pueblos indígenas y tribales

[2]https://maaproject.org/2022/deforestacion-venezuela/

[3] Observatorio ecología y política de Venezuela: https://ecopoliticavenezuela.org/2023/06/19/salvemos-a-la-amazonia-de-la-mineria-y-el-mercurio/