Desde hace un tiempo diferentes medios de información han venido reseñando la actuación de la Fuerza Armada en fin de buscar la eliminación de focos de minería ilegal en la Guayana venezolana. Sin embargo, de acuerdo a informes de organizaciones y periodistas ambientales, estos operativos, además de ser extremadamente violentos, vienen acompañados de acciones que degradan más al ambiente. Aunado a esto, continúa ejecutándose actividades mineras en el sur del país.
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S.O.S Orinoco señala en sus redes sociales que, a través de fotografía satelital, se puede observar como la clausura de la mina Bulla Loca, donde ocurrió un accidente con decenas de muertos, las fuerzas militares quemaron los alrededores de la mina, ocasionando mayores daños a la capa vegetal de la frágil selva amazónica. Esta misma organización asegura que estas acciones y sus consecuencias pueden enumerarse como parte de los efectos negativos a la naturaleza derivados de la minería, más allá de la mina en sí misma, como también lo es la contaminación con mercurio de los ríos.
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La minería ilegal no se detiene
Pese a esto, el periodista Fritz Sánchez revela que la minería ilegal no se detiene, más bien avanza y se interna más en el territorio, especialmente en sitios delicados, como la cabecera del río Parguaza. Esto es un claro riesgo al caudal del río, además de afectar la calidad del agua por los sedimentos generados en la actividad minera y la contaminación por mercurio, la cual llegaría al río Orinoco, pues el Parguaza es tributario del mismo. Igualmente, señala el periodista Sánchez, que esta zona es de alto valor patrimonial y cultural, por los vestigios arqueológicos y petroglifos de las comunidades indígenas, las cuales están en riesgo ante la voracidad indolente de la minería. Por lo cual el costo de esta explotación, que señala elevadísimo a nivel natural, cultural y patrimonial, jamás se compensará por el escaso valor económico del oro extraído en la zona.
Igual denuncia señalan desde el Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), a través de su director, Alejandro Lanz, quien hizo un llamado a las autoridades policiales y militares con competencia en Guardería Ambiental para investigar la tala y quema masiva ocurrida en el Bajo Caura, sector Pueblo Nuevo. Señalan que esta tala y quema realizada bajo fachada de desmonte para actividad agropecuaria, termina siendo para en realidad realizar trabajos de minería ilegal el territorio. Solicita, además, que se investiguen también el avance de la minería ilegal que vuelve a afectar territorios de la cuenca baja del Caura, como lo fueron mina El Silencio y mina La Colonial, donde se realizaron operativos de desmantelamiento de operaciones mineras.
La organización Insight Crime señala que las operaciones mineras en territorio venezolano se han venido incrementando en relación con el descenso en Brasil, tras las políticas del nuevo gobierno de aquel país para reducir la explotación minera en el Amazonas. En su análisis apuntan que, a pesar de la política represiva contra la minería ilegal, no existe una estrategia para acabar con su músculo financiero, por lo cual estas operaciones simplemente se mudan a territorio venezolano, donde encuentran menor restricción a su actividad.
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Organizaciones como Clima 21 señalan que el Estado no cumple con lo acordado en el Tratado de Minamata sobre mercurio y en las políticas ejecutadas o planificadas no se contempla ningún plan para atender esta problemática, ni siquiera evaluar su impacto en la salud de los habitantes del sur de Venezuela. Mientras tanto, siguen muriendo trabajadores en las minas, quienes consiguen muerte y miseria, en lugar de la anhelada prosperidad prometida por el oro. A la vez, un estudio de expertos publicado por PNAS señalan que la sequía está contribuyendo a la degradación de la Amazonía, la cual está llegando a un punto crítico de no retorno; lo que nos obliga a plantearnos la efectividad y real planificación y ejecución de proyectos que detengan la degradación de este gran ecosistema, al menos en territorio venezolano.
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