Emiliano Teran Mantovani
Desde la ocurrencia de los trágicos terremotos del 24 de junio, que azotaron el país y que, de acuerdo a cifras oficiales ha dejado 5.208 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda (al 20/07), se ha sentido un recurrente llamado a “no politizar” los trágicos terremotos que hemos vivido.
Tal llamado no es concebible, dado que difícilmente pueda disociarse lo político de la forma como se ha desarrollado este terrible evento. Politizar no es únicamente partidizar, o quienes ‘sacan provecho’ de lo ocurrido. Politizar es también tratar de comprender las relaciones de poder, lo intereses políticos y económicos subyacentes en las causas y el desarrollo de estos terremotos. Nada más sano y necesario que esto.
Es sencillo: mientras necesitamos que se salven y resguarden la mayor cantidad de vidas en el corto plazo, que se recuperen unas mínimas condiciones de vida (que será un reto sostenido en el tiempo), debemos intentar comprender las causas, responsabilidades y dimensiones de este nuevo proceso.
Necesitamos observar y entender cómo se va abordando esta nueva crisis; necesitamos saber a qué nuevo marco nos enfrentaremos para comprender qué estrategias seguir.
Partiendo de esto, resalto los siguientes puntos:
1. Prácticamente todos los fenómenos ‘naturales’, ambientales, climáticos o eventos geológicos de este tipo tienen, en la historia moderna, una dimensión política. Piénsese en el cambio climático y su evolución en los últimos 30 años.
2. Los intentos de despolitizar el abordaje de esta tragedia son claramente políticos.
3. Los terremotos del 24J se producen dentro de un marco previo donde el régimen político predominante había desbaratado el sistema de salud, las capacidades de interpelación y escrutinio al poder público, y persiguió a las organizaciones sociales y/o no gubernamentales (que cumplen funciones de asistencia en territorio).
Es decir, el antecedente de la gestión de lo social fue la desidia, el abandono, la negligencia y la corrupción, dentro de un sistema político además carente de apoyo social, un sistema completamente deslegitimado. Esto es algo imposible de obviar.
4. Es profundamente político el cómo se concibe y aborda la gestión de riesgos y desastres, para enfrentar situaciones como estas. Gestión que fue abandonada por muchos años por el gobierno chavista, dejando además en sequía a los sistemas de monitoreo, investigación científica, políticas de prevención, etc.
5. Es profundamente política la relación que se establece entre la corrupción y la construcción inadecuada de infraestructuras y, en general, entre la corrupción y la precariedad en la asistencia social.
6. Es profundamente política la forma particular cómo se ha abordado la crisis que ha desatado los terremotos, con una indolencia y pasividad que ha tenido un impacto social y humanitario.
7. Es profundamente político el constatar una y otra vez que Estados Unidos como potencia interventora poco le ha interesado la salud del sistema social venezolano; y que ante la nueva crisis solo sigue reteniendo unos 8.000 millones US$ en ingresos petroleros de Venezuela y en cambio lo que ha enviado son 386 millones US$ en ayuda y 900 efectivos militares a territorio nacional.
8. Es profundamente política también la sensación social de rabia por la desatención e indolencia gubernamental.
Debo agregar un comentario más, al margen: decir que los terremotos son también asuntos políticos no implica de ninguna manera la afirmación sin sustento alguno de que estos han sido provocados por el proyecto de investigación atmosférica HAARP (desmentido científicamente hasta el cansancio[1]); o bien que fueron producto del fracking, cuando esta técnica no es usada en Venezuela y la explotación petrolera en el norte del país es convencional.
¿Qué hacer? ¿Por dónde comenzar? Algunas sugerencias
Si se reconoce el amplísimo impacto humanitario que han generado los terremotos en Venezuela, se debe apuntar a:
1. Fin definitivo de las sanciones internacionales
2. Creación de un Fondo Especial para enfrentar el post-Terremoto, fondo que pueda ser públicamente auditado y observado, y que sea co-gestionado tanto por autoridades nacionales y contribuyentes internacionales, como por otros actores políticos del país y de la sociedad civil.
Priorizar en este fondo el sistema de Salud.
3. Restitución de los ingresos petroleros confiscados por los Estados Unidos en 2026.
4. Auditoría de la deuda pública externa, eliminación de la “deuda odiosa” y consideración de la condonación de una parte de la deuda.
5. Consolidación de un Puente Humanitario Permanente, que posea mecanismos de contraloría social, y que su distribución pueda tener participación también de los actores organizados de la sociedad civil.
Este Puente Humanitario Permanente debe intentar trascender la coyuntura de emergencia y poder, en la medida de lo posible, establecerse en el tiempo para evitar que, luego que baje la atención mediática sobre Venezuela, la población no quede en el abandono.
6. Apoyo y fortalecimiento de las organizaciones sociales y de asistencia social, que contribuyen a descentralizar y ejecutar la gestión social y de recuperación.
7. Fortalecimiento de redes sociales de producción/comercio/intercambio de alimentos y otros productos de elaboración nacional que puedan contribuir a la soberanía alimentaria de la población.
8. Favorecer la congregación de gremios y profesionales del país para atender las diversas aristas y dimensiones que implican la reconstrucción
9. Convocatoria de elecciones en el corto/mediano plazo para impulsar la reconstrucción del país en democracia. El proceso debe ser acompañado por las instituciones y países que puedan velar por la realización transparente del acto electoral.
10. Liberación de todos los presos políticos.
Notas