La Reserva Forestal Imataca (RFI), creada bajo resolución del Ministerio de los Recursos Naturales Renovables en 1963 (Gaceta Oficial N° 27.044), con más de 3,5 millones de hectáreas de bosques al sur del Delta del Orinoco, concentra una de las biodiversidades más ricas y variadas de Latinoamérica, con importantes reservas de recursos minerales, específicamente oro y diamantes, y un tesoro etnocultural de más de 29 mil habitantes entre diversas comunidades indígenas (Pemón, Kariña, Warao, Arawak y Akawaio). Esta reserva ha sido el epicentro de una pronunciada conflictividad socio-ambiental, considerada de interés público por su estrecha relación con el desarrollo económico y sociocultural a escala local y nacional. La conflictividad se centra en un proceso de planificación y ordenamiento territorial que convirtió a la Sierra de Imataca en reserva forestal, cuya administración se gestiona como Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) con el propósito –en su génesis– de desarrollar el proyecto de producción forestal sostenible. Cobra relevancia el cambio de uso mediante el decreto N° 1.850 del año 1997 (Gaceta Oficial N° 36.215), contentivo del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la RFI, donde se estableció un mecanismo con la finalidad de legalizar y promover el crecimiento de concesiones mineras adjudicadas de manera no cónsonas con la ABRAE señalada, permitiendo la extracción de oro y diamantes en aproximadamente el 40% de la RFI. Esta reglamentación fue promulgada violando los acuerdos internacionales firmados por la nación, tales como el Convenio de Diversidad Biológica y la Convención de Washington para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas de los Países de Américas, sin realizar una adecuada consulta pública como establece la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Estos fueron unos de los principales argumentos de las redes de movimientos demandantes del decreto que, con manifestaciones sociales y protestas generalizadas dieron basamento a la entonces Corte Suprema de Justicia para declarar con lugar la solicitud de adopción de medidas cautelares pretendidas por un grupo de ciudadanos que interpusieron una acción popular demandando la nulidad por vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad del mencionado decreto. Sin embargo, al no haber una sentencia firme al respecto y por los intereses de algunos sectores políticos, lo alcanzado en justicia ambiental hasta ese momento fue infructuoso. Para ese tiempo estábamos en presencia de otro proceso sociopolítico que llevó al poder a Hugo Chávez, con una alta popularidad que permitió la aprobación vía referéndum, de la Constitución de 1999, y más adelante un conjunto de leyes entre las que se encuentran la de Minas, Diversidad Biológica, y de Tierras y Desarrollo Agrario, como soporte para el ejercicio pleno del poder político en los asuntos ambientales. En este contexto, el Ejecutivo Nacional con el uso de un doble discurso y mediante una especie de consulta popular manipulada, firma el Decreto 3.110 del año 2004, ratificando de esta forma la decisión tomada por el anterior gobierno de Rafael Caldera, legalizando las actividades mineras que de alguna forma se venían realizando y echando por tierra los avances de los movimientos sociales que pugnaban por la justicia ambiental. La conflictividad minera en la RFI ha traído como consecuencia altos índices de deforestación, desertificación, contaminación y sedimentación de los cuerpos de agua, pérdida de especies de animales por caza furtiva y con fines comerciales, aumento de enfermedades como la malaria, el alcoholismo y la trata de mujeres en las comunidades aledañas. Por otro lado, la actividad forestal como principal actividad reglamentada de la sierra causa conflictividad socio-ambiental, ya que al desarrollarse conjuntamente con la minería y la pequeña y mediana agricultura, produce un choque de intereses por el uso del suelo, y donde la institucionalidad ambiental, minera y agrícola como rectora de las políticas públicas se invisibiliza quedando al margen del conflicto. Ante este contexto que ha escalado su eco desde lo local hasta hacerse sentir a nivel nacional y regional, han emergido la más variadas vocerías: académica, ONGs, grupos ambientalistas, ecologistas y movimientos indígenas. Sin embargo, siguen prevaleciendo los intereses del poder económico y político por encima de los propios modos de vida y desarrollo de quienes han habitado estos territorios y por encima de quienes luchan como aliados de las comunidades por una mejor calidad de vida para todos. En tiempos actuales, se cierne la incertidumbre por las actividades de exploración y explotación legalizadas con el decreto de desarrollo del Arco Minero del Orinoco (AMO), cuyo fundamento es el interés público nacional y que convierten a la RFI en vértice de una conflictividad mucho más extensa territorialmente y más compleja.
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