EXPEDIENTE PARTE DEL MAPA DE CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES DEL OBSERVATORIO DE ECOLOGÍA POLÍTICA DE VENEZUELA
El pueblo Yanomami habita un territorio que abarca desde las cabeceras del río Orinoco y la Sierra de Parima hasta la cuenca media del río Siapa, región de selva tropical lluviosa. Del lado venezolano, las comunidades de este pueblo abarcan un área de aproximadamente 83.000 kms2, comprendida entre el estado Amazonas por las cabeceras del río Orinoco y sus afluentes, el Mavaca, el Ocamo, el Padamo, el Matacuni; el Alto río Siapa, y la Sierra Parima; y el estado Bolívar, por las cuencas de los ríos Caura y Erebato; y la cuenca del río Paragua (Bello y Tillett, 2015).
En Venezuela, los datos de los últimos censos oficiales de población indígena (1992, 2002 y 2011), hacen referencia a que los yanomami en Venezuela y Brasil son un total aproximado de 25.000 personas, estimando que del lado venezolano habitan entre 12.000 y 14.000 indígenas de este pueblo, distribuidos en unas 250 comunidades, dispersas en un amplio territorio y con diferentes características lingüísticas y de ubicación geográfica.
Tal como lo expresa el informe realizado por Bello y Mirabal (2017), se han ubicado cinco áreas en las cuales hay comunidades yanomami en condiciones de aislamiento relativo y de poco contacto, en términos de relaciones abiertas con instituciones del Estado y otras personas no indígenas. Estas áreas están referidas al río Siapa, en el sureste del estado Amazonas; las comunidades que se encuentran entre la sierra Parima y el cerro Delgado Chalbaud, en el estado Amazonas, en ambos lados de la frontera con Brasil; las comunidades ubicadas entre el Alto río Ocamo y el río Metacuni en el estado Amazonas; las comunidades del alto río Caura, estado Bolívar; y las comunidades del alto río Paragua, estado Bolívar.
Los territorios yanomami se encuentran en la zona más austral de Venezuela, caracterizada por grandes selvas y una rica biodiversidad, así como un paisaje que combina llanuras y sabanas con serranías y montañas. En la zona existen varias áreas de conservación establecidas tales como Monumentos naturales (como el Sierra de Unturán) y parques nacionales como el de Serranía La Neblina (1.410.560 has, Decreto Presidencial No. 2.979 de fecha 07/03/1979), el Parima-Tapirapecó (3.729.166 has, al este de Amazonas), que en su conjunto son abarcadas por la enorme Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare (RBAOC) (Decreto Presidencial No. 1.635 del 05/06/91). Alto Orinoco Casiquiare es una de las reservas de biosfera de mayor extensión de la Amazonía, con un total de 8.232.001 has.
En las últimas décadas la Amazonia venezolana, se ha visto afectada por la presencia de mineros ilegales procedentes de Brasil y Colombia, y otros en menor cantidad de Venezuela. Estas constantes acciones han provocado graves daños socio-ambientales por la explotación del oro, sobre todo en los territorios de los pueblos yanomami, ocasionando enfermedades y arriesgando la integridad física y sociocultural de las comunidades. En este caso, se analiza el crecimiento de la minería ilegal en una parte de la RBAOC, que comprende el Cerro Aracamuni y la cuenca del río Siapa, que a su vez pertenecen al municipio Río Negro y se localizan dentro de los linderos del Parque Nacional Serranía de La Neblina.
La cuenca del río Siapa comprende un gran valle con una altitud promedio de 500 mts, delimitado por el norte con la serranía de Unturán que tiene elevaciones de más de 1.000 mts; conformadas por areniscas de una edad geológica más antigua que la de Roraima (Ascanio y Sherer 1989). Por el sur está delimitado por la serranía de Tapirapecó, constituida por rocas intrusivas del complejo amazónico, con alturas de hasta 2.400 mts (el Pico Tamacuari). Por el este, se encuentra la serranía de Parima de la vertiente de las cabeceras del Orinoco; y por el oeste la serranía de la Neblina y los cerros Avispa y Aracamuni (Royero, 1996). Comunidades yanomami se ubican en el alto Siapa, conocida como el valle del Siapa, la cual es una de las zonas más desconocidas de América del Sur, en razón a lo difícil de su acceso y a lo intrincado de la selva. Además, tiene la particularidad de que se hace casi imposible llegar a este lugar por río, debido a los numerosos saltos y raudales que presenta el Siapa a partir del raudal Gallineta, en el cañón del Aracamuni.
Desde el año 1992, se viene denunciando la presencia de mineros ilegales provenientes de Colombia y Brasil que se internan en las selvas cercanas en la cuenca del río Siapa. Al respecto, el director del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (GRIAM), Luis Betancourt, plantea que al menos desde los últimos 20 años la cuenca del río Siapa ha sido objeto de extracción de oro, inicialmente por parte de mineros brasileños y actualmente también por colombianos. Entre finales de la década de los 90 del siglo pasado y al menos los primeros 5 años del 2000, se observó un esfuerzo por parte del Estado en combatir el delito de extracción de minerales en el estado Amazonas, en cumplimiento del Decreto 269 del año 1989 que prohíbe toda actividad de minería metálica en esa jurisdicción. Luego de estos años, se ha observado que esta actividad ha aumentado exponencialmente, tanto en el río Siapa y cerro Aracamuni, como en todas las demás zonas donde se ha detectado la presencia de este mineral.
El director del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía «Wataniba», Luis Bello, afirma que la minería en esa zona es cíclica, es decir los mineros entran y salen en temporadas y afectan fundamentalmente a comunidades yanomami que viven a lo largo del río Siapa con diferentes impactos socioculturales y ambientales. Aunque no hay una investigación formal sobre los daños actuales en dicha zona y en el cerro Aracamuni, se habla de que los mismos han ido incrementándose, desde el punto de vista ambiental. El cerro Aracamuni es hoy, señalado, como la principal zona minera de toda la Reserva de Biosfera.
Dentro de las denuncias realizadas recientemente, la ONG ‘SOS Orinoco’ ha publicado varios video 3D donde muestra la existencia de minas ilegales en el Parque Nacional Serranía La Neblina y, en especial, en el Cerro Aracamuni (https://twitter.com/i/status/1129222571705163778 y https://twitter.com/SOSOrinoco/status/1123424579496620032). En dichos vídeos se puede aprecia la existencia de tres sectores mineros (superan las 100 has) y destrucción causada por estos en la depresión ubicada entre este y oeste. Se observa una franja de la selva de color marrón que fue quemada. Como es sabido, esta minería utiliza mercurio, que es un componente que genera tremendos impactos en los ecosistemas, cuerpos de agua y en la salud humana. Por otro lado, con el crecimiento de minas en la zona, queda en evidencia los peligros que corren los ecosistemas de esta parte de la Amazonía.
A su vez, conviene mencionar que la presencia de la minería ilegal en las tierras Yanomami ha supuesto la invasión de sus comunidades, la introducción indiscriminada de armas de fuego y municiones en las mismas y el incremento de la violencia en la zona, habiendo los indígenas sufrido ataques violentos con numerosos heridos y muertes por masacres en ambos lados de la frontera venezolana-brasileña.
La gestión de la minería en la zona ha sido adjudicada a grupos armados irregulares. Es muy controvertido el rol del Estado en esta zona, ante la permanente denuncia de la inacción o negligencia de su parte respecto al avance de estas formas de minería ilegal. La presencia de la guerrilla colombiana en Amazonas es un hecho público y notorio, que ha sido bien documentado desde al menos 2013. Con la extraordinaria crisis que vive Venezuela y la firma de acuerdos de paz en Colombia (2016) –que ha generado el desplazamiento y la división de grupos armados de la guerrilla de ese país–, la presencia de estos grupos en territorio venezolano se ha incrementado, de la mano de una dramática expansión de la corrupción en las instituciones estatales, incluyendo el sector militar.
El eje Aracamuni/Siapa se ha convertido en la actualidad en un eje de minería en la que se articulan garimpeiros organizados con apoyo de la guerrilla colombiana (se habla de las Farc en asociación con el ELN), en cooperación con militares venezolanos (SOS Orinoco, 2019). El oro extraído va en buena medida hacia Colombia y se articula a la dinámica económica y social de San Carlos de Río Negro, a la región del Casiquiare y a los sindicatos garimpeiros de San Gabriel de Cachoeira en Brasil.
Tal como lo expresa Betancourt del Griam (2020), una de las razones que pudo influir para que esta actividad y sus operadores hayan aumentado en estos últimos años, pudiera ser la afinidad política que manifiestamente ha tenido el gobierno nacional con los grupos irregulares armados que controlan estos territorios mineros, en ejercicio de dicha actividad. Este elemento ha determinado la omisión por parte del Estado venezolano en el combate de este flagelo, inclusive, al punto de haber cierta sociedad entre estos grupos irregulares armados y determinados actores políticos y militares en función de la minería y sus actividades conexas.
Por otro lado, la crisis económica del país obliga a muchos particulares (indígenas y no indígenas) a ejercer la minería como única fuente de ingresos en la región. Otra de las determinantes razones que ha influido de manera transversal en el aumento de esta actividad en los últimos años en la zona, ha sido la ausencia de combustible en el estado Amazonas. Esta situación ha reducido considerablemente la movilidad de los indígenas en sus embarcaciones fluviales, por lo cual las actividades económicas tradicionales que han usado ancestralmente como sustento para su familia y su comunidad, ha quedado prácticamente en desuso en muchos sectores. Esta situación ha obligado a la mayoría de las comunidades a ejercer la minería como nueva forma de ingresos económicos. En muchos casos trabajándole a los grupos irregulares armados que controlan las minas, y en otros en minas de la propia comunidad. En este último caso con impactos ambientales menos severos que en el primero.
Desde mediados de los años 90 los nombres de Aracamuni y Siapa se han dado a conocer en los medios de comunicación gracias a denuncias realizadas –la más relevante, la del entonces Gobernador de Amazonas, Bernabé Gutiérrez–, que hicieron que además se comenzaran a tomar medidas en relación al problema. A partir de mediados de la década de 2000 comienzan a sucederse una serie de denuncias, que incluyen comunicados, cartas y movilizaciones de las comunidades yanomami y las organizaciones indígenas unidas del Amazonas; a lo que se le suma progresivos señalamientos en medios de comunicación y de organizaciones sociales y ambientales. También se cuenta con la elaboración de informes de investigación, reportando la situación en la zona, por parte de organizaciones como Wataniba; iniciativas de autoridades estatales locales, como la Defensoría del Pueblo Delegada de Amazonas; o el apoyo de organizaciones internacionales como Survival. Sin embargo, la frecuencia e intensidad de estas manifestaciones han sido más bien baja, tomando además en cuenta la lejanía geográfica y comunicacional de la zona (la necesidad, por ejemplo, de movilizarse o comunicarse primero con Puerto Ayacucho), que tampoco contribuye a una más profunda introducción de la problemática en la arena pública.
Este caso revela el alto nivel de desprotección que afecta a las comunidades yanomami de la zona, así como a los delicados ecosistemas de la Reserva de Biosfera. La crisis está agudizando la expansión y la intensificación minera en la Amazonía venezolana. Por otro lado, estamos en presencia de la configuración de nuevas gobernanzas que articulan grupos irregulares armados con sectores mineros y funcionarios militares corruptos, revelando otras formaciones estatales, y alimentando economías ilícitas transfronterizas que potencian conflictos armados.
