EXPEDIENTE PARTE DEL MAPA DE CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES DEL OBSERVATORIO DE ECOLOGÍA POLÍTICA DE VENEZUELA
La Sierra de Perijá es una biorregión ubicada en el estado Zulia. Su cadena montañosa se extiende tanto en Venezuela como en Colombia. Hace parte de una compleja dinámica fronteriza, atravesada también por el contrabando y el conflicto armado colombiano. La sierra es territorio importante gracias a la existencia de una gran biodiversidad. Según el informe Una mano a la naturaleza de Provita ONG ambiental “es considerado uno de los centros endémicos y refugios paleoecológicos de mayor importancia para el conocimiento de la historia natural de los ecosistemas del norte de América del Sur” (Meléndez, 2019). Se ubica entre los municipios Catatumbo, Jesús María Semprúm, Machiques y Rosario de Perijá del estado Zulia. Parte de este territorio fue declarado Parque Nacional el 12 de diciembre de 1978 y a pesar de que en su Plan de Manejo y Reglamento de Uso se establece que las actividades productivas están destinadas de manera exclusiva a la subsistencia de las comunidades indígenas que habitan la zona, Acosta (2011) sostiene que la ganadería, agricultura y minería se han convertido allí en actividades a gran escala y han deteriorado las condiciones ambientales no sólo dentro del parque nacional sino en la biorregión en general.
Cultivos como café, cacao, yuca, maíz, plátano, tomate, pimentón, topocho, ajíes y plantas medicinales se han sembrado tradicionalmente en la Sierra de Perijá, pero las dificultades para su manipulación, traslado y los bajos márgenes de ganancia de su comercialización ocasionaron que fuesen desplazados durante los últimos lustros por la malanga, un tubérculo resistente a condiciones extremas de almacenamiento y movilización, y cuyas ganancias económicas son considerablemente superiores, aunque trae como consecuencia diversos problemas ambientales. Se señala que el crecimiento de este cultivo en la sierra está vinculado a los negocios transfronterizos que ha controlado la guerrilla de las Farc y el ELN (presentes también en el lado colombiano de la sierra) y a las alianzas que estas establecen con productores locales y desplazados colombianos. Es posible que los grupos irregulares introdujeran el rubro además como una estrategia para hacerse del territorio, mientras que los desplazados y locales plantaron inicialmente la malanga con fines de autoconsumo. A la producción de este cultivo también se incorporaron algunos indígenas de la región.
Para su crecimiento, el ocumo debe sembrarse en zonas de pendiente, contar con grandes cantidades de nutrientes y agua y además recibir radiación solar directa, por lo que los agricultores realizan prácticas de quema y deforestación, lo que ha provocado que se hayan afectado alrededor de 8.500 has en la sierra (Faría, 2015).
Diversas voces provenientes de universidades y el activismo ambiental zuliano, así como el propio “Libro rojo de los Ecosistemas Terrestres de Venezuela”, han señalado la expansión de estos cultivos en la zona. Las plantaciones se expandieron hasta llegar a las adyacencias de las represas Tres Ríos, Tulé y Machango, que abastecen de agua potable al estado Zulia, lo que además agrava el problema de la falta del líquido en el estado. Organizaciones como Azul Ambientalistas han indicado que la malanga ha sido el principal responsable de la práctica de quema y deforestación de la serranía en años recientes, y que se trata de uno de los problemas ambientales más importantes que se han registrado en todo el estado Zulia (Carrasquel, S.F).
La malanga es uno de los tubérculos más utilizados en la elaboración de aperitivos o snacks de alto contenido calórico y, según plantea la Fundación Azul Ambientalistas, esta es una de las causas que explica el incremento de las hectáreas dedicadas a dicho rubro en la Sierra de Perijá. Diversas organizaciones ambientalistas señalaban a la transnacional Frito Lay como la principal promotora de dichos cultivos, la cual se especializa en la producción de diversos tipos de snacks. Sin embargo, la empresa lo ha negado y solicitó inspecciones a dos de sus plantas. Aunque estos señalamientos tuvieron fuerza, no hay un consenso sobre ellos ni se han presentado pruebas. En todo caso, los mercados abastecidos con este incremento de los cultivos han sido también variados, y se adjudican a mercados zulianos y de otras ciudades del occidente del país, además que el ocumo también ha formado parte del menú de las casas de abrigo y alimentación quefueron provistas a través de la red Mercal a nivel nacional.
Los grupos ambientalistas de la región han informado acerca de las consecuencias ambientales de este rubro a través de marchas, manifestaciones y amplias campañas divulgativas solicitando entre otras cosas la sustitución de los cultivos. Han logrado aglutinar a docentes, investigadores y población en general. Indican que por más de 10 años han venido realizando denuncias ante las prácticas ilegales y nocivas de cultivos no endémicos en la cordillera fronteriza entre Colombia y Venezuela. Los campesinos e indígenas productores sostienen que el cultivo no es tan abrasivo, ya que desde hace muchos años lo practican y las tierras siguen siendo fértiles. Defienden su derecho a la producción del tubérculo mediante sus prácticas agrícolas tradicionales que no contemplan el uso de agroquímicos. Señalan que su producto no se dirige hacia las transnacionales sino que es comercializado en mercados mayoristas de distintas regiones del país como Valencia, Barquisimeto y La Grita.
La respuesta de los organismos competentes ha sido variada y de diverso tipo: por un lado, siendo que las denuncias venían realizándose desde hace varios años, el Gobierno no tomaba cartas en el asunto y el problema fue creciendo. Sin embargo, cuando el conflicto se intensificó y las movilizaciones se incrementaron en 2014, se emitió la promulgación en ese mismo año de una resolución por parte del Ministerio del Ambiente que conllevaría a la prohibición del cultivo y su comercialización, mediante la eliminación de las guías necesarias para su circulación y transporte. También, desde el gobierno nacional y regional, INPARQUES y la Misión Árbol se ha planteado el diseño de planes de reforestación de las zonas afectadas con especies vegetales endémicas.
La resolución de prohibición del cultivo representó un punto de inflexión en relación al crecimiento de la malanga en Perijá, debido a que venía acompañada de la orden de accionar contra su comercialización (medida que fue protestada por productores). Esto supuso, aproximadamente desde 2015, una progresiva disminución de esta siembra por parte de los agricultores, y la sustitución de los rubros. La crisis socioeconómica que atraviesa Venezuela, ha también influido en el retorno a Colombia de muchos de los agricultores colombianos que desarrollaban la actividad. En todo caso, organizaciones ambientales señalan que la resolución fue perdiendo fuerza hasta ya no ejecutarse. Por otro lado, la actividad económica que en cambio tomó más impulso en la región fue el contrabando de reses hacia Colombia. A su vez, con la crisis venezolana y la firma de los acuerdos de paz en Colombia, se intensificó la presencia de grupos armados irregulares en la sierra y la corrupción en sectores estatales. Como una práctica que ya venía desarrollándose desde muchos años atrás, la crisis también ha promovido el crecimiento de cultivos ilícitos en la sierra, como la marihuana y la coca. Ambientalistas han señalado que parte de las tierras donde se encontraban los cultivos de malanga, ahora alojan cultivos ilícitos.
A pesar de que la malanga retrocedió en la Sierra, otras actividades agrícolas y madereras generan deforestación, por lo que el asunto de injusticia ambiental sigue irresuelto.
