El mandatario Nicolás Maduro, anunció el día de hoy que en cuanto la Asamblea Nacional apruebe la Ley de Ciudades Comunales, constituirá la primera ciudad comunal en el parque nacional Waraira Repano, mejor conocido como El Ávila. Un Parque Nacional que viene siendo afectado por diversas actividades ilegales, promovidas por las autoridades nacionales, las cuales han venido degradando gravemente la montaña; así como diversos conflictos socio-ambientales que han involucrado a los habitantes del pueblo autóctono Galipán.
Precisamente es en Galipán, donde hace varios años se viene atropellando la población para impulsar proyectos de desarrollo turístico de gran envergadura, destinados a turistas de alto perfil, el sitio escogido por el Presidente Nicolás Maduro para establecer la “ciudad comunal” piloto. Es precisamente, donde más problemas ambientales vive la montaña donde se quiere crear una figura jurídica que se pretende superponer a la del Parque Nacional, a su PORU y todas las medidas protectoras, que no pueden retrotraerse, por principio constitucional y del derecho, a un estado de menor protección y de mayor daño para el ecosistema allí existente. Pues más allá de la jerigonza jurídico-política, las contradicciones existentes, o lo nada comunal que tendrán las llamadas ciudades comunales, que no podemos discutir en este momento, el problema fundamental es la violación a la protección del principal pulmón de la región capital y un atentado a la vida del principal bosque nublado tropical.
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Preocupa sobremanera las implicaciones socioambientales que traerá consigo el establecimiento de una ciudad comunal en el Ávila. Este parque nacional tan importante y emblemático para los habitantes de Caracas, ya ha venido sufriendo un proceso de degradación al permitir ante la mirada cómplice de INPARQUES actividades que violentan la normativa del reglamento de uso de este parque nacional, como el uso de bicicletas y la promoción de carreras y deforestaciones; la realización de fiestas en el Hotel Humboldt y la deposición de las aguas servidas directamente en la montaña; así como la violación a los terrenos de los cultivadores de Galipán de forma arbitraria para construir carreteras, teleféricos, mansiones y otras edificaciones de gran tamaño. El peor de los casos, el permitir el uso de glifosato y otros agro-tóxicos sobre los terrenos.
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Meses atrás, INPARQUES promovió una consulta para la reforma del PORU y permitir la realización de actividades en la montaña, consideradas nocivas y peligrosas para el ecosistema local por los estudios de impacto ambiental realizados. Esto parece estar alineado a un plan sistemático de revertir la protección establecida por el Parque Nacional, para convertir sus espacios en zonas de usufructo económico a todo trance. Violando todo principio constitucional, ambiental e incluso el sentido común.
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Sin duda esto constituye un ataque frontal a la montaña, una guerra declarada a la protección del principal espacio verde de los caraqueños y que nos advierte, que ni los Parques Nacionales están a salvo de la depredación extractivista, pero además, si esto es tan cerca en Caracas y en una montaña tan querida y defendida por los ciudadanos ¿Qué queda para los demás espacios, protegidos o no, que no tienen tanto arraigo en el sentimiento popular?.
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