EXPEDIENTE PARTE DEL MAPA DE CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES DEL OBSERVATORIO DE ECOLOGÍA POLÍTICA DE VENEZUELA
El vertedero Pedregalito es un vertedero a cielo abierto que funciona desde hace más de 40 años y se encuentra ubicado entre las parroquias Jorge Hernández y Punta Gorda del municipio Cabimas en el estado Zulia. Además de que se ha encontrado colapsado debido a la inadecuada gestión en la recolección de desechos en la región, este debe ser clausurado por el alto grado de contaminación que allí persiste. Tiene un área de 40 hectáreas ocupadas netamente por basura y según cifras de 2013, el vertedero ha llegado a recibir más de 300 toneladas de desechos al día, provenientes de los municipios Cabimas y Simón Bolívar (Marval, 2013), aunque en cifras más recientes se ha mencionado que la carga disminuyó a un aproximado de 480 toneladas por semana (Un Nuevo Tiempo Cabimas, 2021).
En torno a este vertedero se ha desarrollado la comunidad Pedregalito, la cual carece de servicios públicos básicos y cuyos habitantes subsisten gracias a la venta de los materiales reciclados que se pueden encontrar entre los desechos, actividad que según la ley integral de gestión de la basura de 2010 es ilegal. El vertedero está dividido en parcelas, en la que se descarga el contenido de los camiones, los trabajadores separan los desperdicios de los materiales a reciclar y esperan a los compradores, quienes los obtienen a precios más económicos que en el mercado tradicional. Los dueños de las parcelas reciben pagos por el uso de sus terrenos, lo que revela intereses económicos de mayor orden relacionados a la existencia de este vertedero. De 180 parcelas, 97 son depósitos de desechos. Para el año 2012, eran 106 las familias que habitaban en la comunidad. Ya para 2016 se reportaban unas 250 familias (Isea, 2015).
Mientras el cartón, vidrio, cobre, bronce, aluminio, plástico y papel son comercializados por peso, el resto de los desechos que no pueden ser aprovechados son quemados diariamente. Esta situación genera diversos problemas entre los que destacan los malos olores y la contaminación del aire que afecta a los habitantes de esta misma comunidad, cuyos efectos nocivos se extienden gracias a la circulación de los vientos y se hace evidente con la aparición de una “nube tóxica” en las comunidades de las parroquias más afectadas, como son: Punta Gorda, Rosa Vieja, Rómulo Betancourt, Jorge Hernández y Germán Ríos Linares en Cabimas; también en Rafael María Baralt en el municipio Simón Bolívar (Panorama, 2015). A pesar de que los habitantes reconocen los efectos nocivos de esta práctica, estos indican que con su labor en el vertedero controlan la cantidad de basura existente, ante las deficiencias de maquinaria necesaria para su compactación.
Los problemas respiratorios, de la visión y de la piel de los habitantes de las parroquias afectadas son ocasionados por la quema de desechos. Es en tal sentido que estos pobladores han reclamado la clausura del vertedero, la puesta en funcionamiento de un nuevo relleno sanitario en el sector Barlovento (parroquia Jorge Hernández del municipio Cabimas) y la reubicación de quienes viven en los alrededores del vertedero.
Las movilizaciones por parte de los afectados se han realizado a través de denuncias y protestas a partir del año 2010 ante las autoridades competentes, las cuales al detectar incendios en el sector Pedregalito intentan sofocarlos, a la vez que realizan detenciones de los involucrados, lo que ha generado enfrentamientos entre los cuerpos militares, policiales y la comunidad.
Desde la alcaldía se han referido a Pedregalito como una comunidad ‘dedicada a las actividades agrícolas y de reciclaje’ que no cuenta con los servicios públicos por desatención de gestiones anteriores (Sanabria, 2018). Las demandas han sido atendidas de manera parcial por parte de la alcaldía a través del envío de máquinas compactadoras, así como de la ejecución un plan que regula los horarios y el número de camiones que puede descargar en cada parcela y que se ha cumplido parcialmente (González, 2019).
Desde varios años atrás se ha propuesto un proyecto para la construcción de un relleno sanitario en el municipio Cabimas, cuya puesta en marcha permitiría la clausura de Pedregalito. Sin embargo, dicha propuesta se ha detenido por falta de recursos económicos, por los reiterados cambios en la cartera ministerial (González, 2014) y, según ambientalistas de la zona, por intereses económicos particulares de origen ilícito. En torno al vertedero se ha configurado y articulado toda una economía subterránea vinculada al control de las actividades que allí se realizan, al cobro de los dueños de las parcelas por dejar botar la basura en sus tierras, al negocio del procesamiento y reciclaje de la basura y desechos, el control territorial y el mercado negro de productos, entre otras actividades. Las actividades desarrolladas en este vertedero se relacionan con actos de corrupción gubernamental local y criminalidad, y el sector se ha convertido un espacio peligroso por el que los vecinos evitan transitar.
Los intentos por evitar las quemas revelan un esfuerzo del gobierno local de poner ciertos límites, pero sin poder o querer sortear completamente esta situación. No obstante, estas medidas de corto plazo son ineficientes, insuficientes y más bien parecen estar subordinadas a los intereses por mantener todas estas actividades irregulares en el lugar.
Los habitantes del vertedero se niegan a abandonar los espacios de donde obtienen su sustento económico, además indican que los sectores a los que pueden ser reubicados son áreas amenazadas por inundaciones durante la temporada de lluvia. Por el contrario, solicitan a las autoridades las mejoras de los servicios básicos en su sector.
Aunque desde la alcaldía de Cabimas se ha hecho ver la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos de reciclaje, el vertedero de Pedregalito es en realidad un ‘Elefante blanco’ y es expresión de la crisis que vive el país, y de uno de los problemas ambientales más grave como lo es el de la disposición de los desechos. Una situación como la de Pedregalito se replica en varias partes de la geografía nacional. Este caso es también un reflejo de la situación nacional de alta insalubridad y el avance de la corrupción y la criminalidad en la gestión de los asuntos ambientales.
