Emiliano Teran Mantovani
No. 1 Revista Territorios Comunes
El ecologismo venezolano ha estado en general en un lugar marginal en la historia de las luchas y reivindicaciones sociales en la Venezuela contemporánea. No es posible comprender este fenómeno más allá del desarrollo sui géneris de una Nación petrolera, que entre 1928 y 1970 llegó a ser la principal exportadora de crudos del mundo. Este proceso marcó determinantemente las expectativas, imaginarios y demandas sociales, los patrones de asentamiento poblacional, los territorios y ecosistemas, así como las estructuras culturales del país, profundamente centrados en la renta petrolera y el rol protagónico del Estado.
En este sentido, cabe resaltar varios aspectos históricos que, a nuestro juicio, han influido en este muy secundario posicionamiento de los valores ecológicos y los ecologismos en Venezuela:
- La construcción de un poderoso imaginario nacional de riqueza, progreso y modernidad que se configuró como un vendaval en torno al mito del ‘oro negro’, colocando a los valores económicos y crematísticos de la renta del petróleo y sus símbolos como el horizonte indiscutible del deseo y expectativas sociales, y de la posibilidad de alcanzar el ansiado ‘desarrollo’ del país.
- Un acelerado proceso de conversión de la población de rural a urbana sin precedentes en América Latina, siendo que en la década de los 50 más del 50% de los venezolanos ya vivía en ciudades, en los años 80 el 80%, llegando a casi el 90% en nuestros días. Esta población se encuentra fundamentalmente en la franja norte-costera, muy al norte del río Orinoco.
- El establecimiento de un Petro-Estado que, a medida que fue nacionalizando la economía petrolera –la cual va a representar el núcleo de toda la economía nacional–, se establece como el estandarte del progreso, dificultando sobremanera cualquier cuestionamiento a su accionar extractivista y desarrollista. En este sentido, el Petro-Estado también nacionaliza los impactos socio-ambientales producidos por las compañías foráneas.
- El Petro-Estado en general ha podido neutralizar o posponer las demandas ecológicas por medio de la distribución económica de la renta petrolera. A su vez planteó algunas instituciones y legislaciones ambientales que, de manera superficial y cosmética le ha permitido canalizar estas demandas.
- Grandes reservas de agua y biodiversidad han posibilitado en cierta medida compensar la degradación y desigualdades en la distribución ecológica.
- Las dispersas resistencias sociales y de los pueblos indígenas no han tenido la capacidad de detener el avance del proyecto nacional desarrollista. En general, las organizaciones ecologistas han tenido poco impacto para incidir en una discusión de escala nacional y sobre el proyecto de desarrollo.
Sin embargo, es importante destacar movimientos y reivindicaciones ecológicas interesantes que se van configurando y creciendo en la década de los años 80 y 90. Así lo fueron las movilizaciones en defensa de la Reserva Forestal del Imataca a fines de los 90, la emergencia de las ‘Juntas Ambientales’, las luchas de la comunidad de El Hornito contra PDVSA en los puertos de Altagracia en el estado Zulia, el rol aglutinador de la Federación de Organizaciones y Juntas Ambientalistas de Venezuela (FORJA), la coalición de organizaciones que lucharon contra la contaminación petrolera de la British Petroleum en Pedernales en el Delta del Orinoco, o el surgimiento de la Red de Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch, por mencionar algunos casos.
Todas estas movilizaciones y organizaciones van a verse impactadas y/o resignificadas de una u otra forma por la apertura del proceso político en 1999 denominado Revolución Bolivariana.
El crucial dilema ecológico en la Revolución Bolivariana
Sería injusto negar que en el proceso político que se ha vivido en Venezuela desde 1999, el asunto ambiental ha tomado una mayor relevancia, tanto en las políticas públicas como en el imaginario social. Desde la perspectiva gubernamental, esto ha sido evidente con la consagración de derechos ambientales en la Constitución Bolivariana del 99, la Ley Orgánica del Ambiente de 2006, el impulso de las Mesas Técnicas de Agua, la Misión Árbol y Misión Revolución Energética, entre otras. Además, el presidente Chávez mantuvo una vocería crítica en las cumbres de cambio climático y logró difundir la narrativa del ‘eco-socialismo’ y el objetivo de ‘salvar la vida del planeta’ en el llamado ‘Plan de la Patria’ 2013-2019.
No obstante, además de que al menos desde 2013 hemos entrado en un período regresivo respecto a los avances sociales logrados en años anteriores, la propuesta de construcción del modelo del Socialismo del siglo XXI se ha planteado a partir de la expansión del extractivismo en el país. Los focos principales han sido en un principio los crudos extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco, a lo que ahora se le suma el Arco Minero del Orinoco y en general el asalto a las nuevas fronteras de las commodities.
A estas alturas crece la cantidad de derrames petroleros, proliferación de fosas de crudos, se amplía la generación de desechos como el coque y la emisión de gases de efecto invernadero, aumentan procesos de deforestación, se desbordan vertederos de basura y se expande la minería ilegal en la región Guayana, entre otros impactos.
El problema es que no sólo se produce una creciente degradación ambiental sino que estas consecuencias se le están cargando a la población venezolana, especialmente a los sectores más pobres y desfavorecidos que habitan en o cerca de los sitios en los cuales se están produciendo estos impactos ambientales. Esto en lenguaje económico representa una ‘externalización’ socio-ambiental, o bien una transferencia de los costos ambientales, –‘cost-shifting’, como le llamara T. W. Kapp en la década de los 50.
Si adicionalmente analizáramos los impactos en su conjunto podríamos notar muy preocupantes tendencias de insostenibilidad ambiental, en términos de agua, biodiversidad y soberanía alimentaria. Por ejemplo, la contaminación de embalses que surten a millones de personas en importantes ciudades, tales como el embalse de Camatagua o el Pao-Cachinche; crecientes carencias de agua en las comunidades de la Faja Petrolífera del Orinoco; amenazas a ríos como el Socuy debido a los proyectos de expansión de la minería de carbón en La Guajira y la Sierra de Perijá; o la gran contaminación por mercurio en los ríos de la región Guayana a raíz de la minería ilegal; por mencionar algunos ejemplos, revelan una geografía política del agua en Venezuela que compromete la reproducción de la vida de millones de venezolanos en la actualidad y de generaciones futuras.
Todos estos procesos nos plantean una cara oculta de la Revolución Bolivariana, siendo que, aunque se ha enarbolado un ideal de ‘justicia social’, se mantienen viejos patrones de degradación ecológica y marginalización social que han profundizado la injusticia ambiental.
En el desarrollo de este período político, los diferentes ecologismos venezolanos entraron en una significativa diatriba entre apoyar o no al Gobierno nacional ante esta crucial contradicción ecológica.
En un principio, parecía que la agenda de las organizaciones de tendencia ambientalista se convertía en política de gobierno. Diversos movimientos comenzaron a canalizar sus demandas por la vía institucional. Al calor de la posterior propuesta ‘eco-socialista’, fueron surgiendo nuevas organizaciones de este tipo, provenientes de las bases populares comprometidas con el proceso político, pero que generalmente no tenían las pretensiones de un ecologismo radical ni mucho menos un carácter autónomo. El proyecto del presidente Chávez tendría la fuerza para aglutinar al grueso de las expresiones ecologistas contrahegemónicas, lo que en teoría los potenciaba ante su histórica tendencia a la dispersión. Al mismo tiempo, las amenazas de un regreso de los viejos grupos políticos que gobernaron en tiempos anteriores, si llegara a caer el Gobierno Bolivariano, les planteaba a estos movimientos el mandato de “cerrar filas” ante el “enemigo”.
En el seno de este proceso, mientras que por un lado se abrió una veta ecológica, de naturaleza burocrática, corporativa, cosmética y retórica, otra con el potencial de autonomía, crítica, radicalidad y disputa se clausuraba, teniendo esta última como herencia histórica el crecimiento y fortalecimiento que los ecologismos venezolanos habían experimentado en la década de los años 80 y 90. El ecologismo dominante surgía fundamentalmente de las instituciones estatales.
En este sentido, además de una clara política de cooptación desde arriba, parte de los ecologismos contrahegemónicos dejaron de lado una agenda propia, mientras que las consecuencias socio-ambientales del modelo extractivista se expandían frente a sus ojos. Ciertamente, un pequeño grupo de ellos y de organizaciones en defensa de los pueblos indígenas confrontó las políticas del Gobierno nacional, sin poder sin embargo lograr grandes triunfos y vencer su atomización. También ecologismos con tendencias más conservacionistas, posturas políticas conservadoras y cercanos a los partidos de oposición asumieron una parte importante de esta crítica.
Al final, el crucial dilema ecológico en la Revolución Bolivariana está quedando como un enorme peso sobre los hombros de los diferentes ecologismos venezolanos, no sólo por el dramático escenario ambiental en desarrollo en el país, sino por la resignificación y reorientación de la causa popular ecologista que, dentro de un proyecto presentado como ‘radical’, apenas ha podido impulsar una vocería crítica ante los desmanes del modelo de desarrollo, y de un Estado que, en asociación con el capital transnacional, es en su propia naturaleza extractivista y desarrollista.
La gravedad de la crisis actual, el descrédito de los partidos políticos, el desgaste del Gobierno nacional y la progresiva flexibilización económica y entrega de territorios al capital foráneo que éste está impulsando, ha planteado una redefinición de la diatriba apoyo/oposición a la que se han enfrentado los ecologismos del país respecto al poder constituido, haciendo que las posturas críticas y distanciamientos crezcan y se fortalezcan, sobre todo a partir del relanzamiento del proyecto del Arco Minero del Orinoco en 2016.
Hemos llegado a un momento en el que ya no se puede obviar o ignorar el carácter trascendental del tema ecológico en Venezuela. Crecientes problemas socio-ambientales serán cada vez más evidentes, involucrarán directamente a cada vez más personas y propiciarán cada vez más y mayores conflictos sociales. El reimpulso del extractivismo por parte del Gobierno nacional probablemente complicará aún más este panorama. En las nuevas fronteras de los llamados ‘recursos naturales’, bandas criminales se siguen sumando a la extracción y tráfico de commodities, principalmente del oro, diamantes y coltán. Todo esto en un contexto global ambiental y político que nos presenta enormes desafíos como humanidad.
Es necesario, más que nunca, romper con la histórica fragmentación de las luchas ecologistas en el país. Un proceso de agrupamiento de escalas regional y nacional no solo es deseable sino factible. No se trata solo de generar plataformas de articulación de movilizaciones y demandas populares sobre el tema ambiental, sino intentar construir narrativas colectivas y trazar una mirada geográfica amplia, inter-territorial, que evidencie que los dilemas ambientales existentes se desarrollan en una compleja red de relaciones territoriales y por la existencia de un modelo de desarrollo que debe ser combatido en su conjunto. Y dar a su vez un nuevo sentido político-cultural a la crisis que vivimos, haciendo que en los valores prioritarios de los tejidos populares, aparezcan incuestionablemente los bienes comunes para la vida. Esto, dependerá en buena medida de cómo allanemos el camino, ahora, a los tiempos y luchas ecológicas por venir.
Foto: Miguel Ángel Nuñez
