El Observatorio de Ecología Política de Venezuela manifiesta su repudio a los recientes ataques en contra de activistas, organizaciones no gubernamentales, y medios de comunicación, como una clara agresión por parte del gobierno encabezado por Nicolás Maduro en contra del derecho a la información y el derecho mismo a la lucha por los derechos humanos en el país. Nos preocupa especialmente el avance en el uso de instituciones militares y organismos de seguridad como fuerza de choque en contra del activismo en Venezuela, lo que se enlaza con la denuncia que hemos hecho sobre la militarización creciente de la extracción de recursos naturales en el país, como un patrón que se repite de vulneración de la vida, de los territorios y de los cuerpos por parte del gobierno y el Estado venezolano.
Este 12 de enero oficiales de contrainteligencia militar y de la policía regional allanaron la ONG Azul Positivo en el estado Zulia, una organización en materia prevención del VIH en Venezuela. Los funcionarios incautaron documentos, equipos de computación y telefonía, y detuvieron a seis activistas de la organización, de los cuales cinco aún están privados de libertad, sin haber tenido acceso a ver a sus abogados o familiares.
Este evento en contra de la ONG en materia de salud se suma al reciente ataque en contra de la organización Convite, que defiende los derechos de adultos mayores en Venezuela, y cuya sede y personal fueron vulnerados por funcionarios de la FAES el 15 de diciembre de 2020, repitiendo el patrón de detener de manera irregular al personal de la organización e incautar equipos electrónicos y documentos.
También este 13 de enero la organización PROVEA, con larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, denunció haber sido objeto de ataque mediático por parte del gobierno nacional, al ser amenazados de manera pública en el canal del estado venezolano por haber publicado información relativa al supuesto financiamiento extranjero que habrían recibido partidos venezolanos, incluyendo al partido de gobierno (PSUV).
Ver también: Gobierno venezolano militariza extracción forestal y minera en Bolívar y Delta Amacuro
Anteriormente, el 25 de noviembre de 2020, personas que se identificaron como funcionarios policiales contra la corrupción allanaron la casa de los padres de Roberto Patiño, director de Alimenta la Solidaridad, y congelaron las cuentas bancarias de la organización
Pronunciamiento y rechazo a las agresiones gubernamentales en contra de ONGs
Este 14 de enero un grupo de organizaciones y activistas en materia de defensa de los derechos humanos en Venezuela se pronunciaron en contra de la creciente criminalización de las y los defensores de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
En este sentido, destaca que existe un patrón sistemático que ha venido avanzando e institucionalizándose como parte de las acciones del gobierno en contra del activismo en materia de derechos humanos en el país.
El gobierno venezolano ha agredido a diversas organizaciones mediante la aplicación de un mismo patrón, que de acuerdo con los estudios de la organización Acceso a la Justicia podrían ser sistematizados en los siguientes elementos: detenciones violentas sin orden judicial o bajo la premisa de flagrancia, ausencia de información oficial sobre el motivo de la detención e incomunicación de los detenidos, siembra de evidencia, declaraciones criminalizantes de altos funcionarios luego de la desaparición de los detenidos, obtención de confesiones forzadas, encarcelamiento sin acceso a libertad condicional.
Censura contra medios de comunicación
Con apenas días de haber comenzado el 2020, al menos 7 medios de comunicación han reportado acciones en su contra por parte del gobierno nacional o ataques cibernéticos.
El viernes 8 de enero funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), irrumpieron sin previo aviso en dos sedes del canal independiente Venezolanos por la Información (VPI Tv) y se llevaron equipos de transmisión, cámaras y computadoras.
El canal VPI Tv ofreció los detalles del procedimiento en desarrollo, indicando que los funcionarios inspeccionaron sus instalaciones sin presentar orden por escrito, interrogaron al personal y solicitaron documentos e información operativa y administrativa. Incluso solicitaron claves de los procesos de transmisión y además revisaron correos electrónicos relacionados con la operación de VPI Tv.
Los funcionarios también realizaron un inventario para incautar equipos. Entre ellos cámaras, computadoras entre otros implementos de trabajo fundamentales para la realización de los reportajes periodísticos del medio independiente. “Esto representa un evidente hecho de censura que impide la continuidad de nuestras operaciones. Además del ejercicio de la libertad de prensa en Venezuela”, expresaron los trabajadores en un comunicado.
El mismo viernes 8 de enero el medio zuliano Panorama reportó que su sede en Maracaibo fue clausurada por 5 días por el SENIAT, bajo el argumento de haber incumplido compromisos tributarios.
En horas de la tarde de ese mismo día el medio TalCual informó desde su cuenta en Twitter que era víctima de un ciberataque. El medio fundado por Teodoro Petkoff lo calificó como otra agresión a la libertad de expresión.
Los ataques a estos tres medios se suman a las acusaciones en contra de medios digitales como Efecto Cocuyo, El Pitazo, y Caraota Digital, conocidos por su línea editorial crítica al gobierno, por haber recibido supuestamente recursos por parte de un ente del gobierno del Reino Unido para desarrollar una línea editorial en contra del gobierno.
Pronunciamiento de Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional
Este 14 de enero, la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos Marta Hurtado sobre Venezuela manifestó en un comentario al respecto de la situación en Venezuela, que en esta organización internacional están “profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela.”
“Los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales. Es aún más desconcertante que estas incursiones estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal.”
“Instamos a las autoridades a que dejen de acosar a personas por realizar un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario, de derechos humanos, o en los medios de comunicación. Una sociedad civil libre, diversa y activa es crucial para cualquier democracia y debe ser protegida, no estigmatizada o perseguida”.
También la organización internacional Amnistía Internacional condenó este jueves 14 de enero las recientes campañas de estigmatización, de hostigamiento y operativos emprendidos por la administración de Nicolás Maduro en contra medios de comunicación en Venezuela y alertó que estos constituyen una arremetida contra las libertades de expresión e información en el país.
En el documento, también firmado por la Comisión Internacional de Juristas, Conectas, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), Amnistía Internacional resaltó que el gobierno de Maduro frecuentemente usa señalamientos y otras formas de hostigamiento para “amedrentar e intentar silenciar a quienes lo critican, expresan ideas contrarias a sus políticas, o denuncian violaciones de derechos humanos”, incluyendo actores humanitarios.
