Líderes de la etnia Ye’kwana del estado Amazonas, encabezados por las organizaciones Kuyunu del Alto y Medio Ventuari, Kuyujani del Caura y Kuyujani del Alto Orinoco denunciaron ante la oficina delegada de la Defensoría del Pueblo sobre la incursión de más de 400 garimpeiros muy bien armados y con alrededor de 30 máquinas para realizar excavaciones mineras. Ante las denuncias el defensor del pueblo en el estado Amazonas calificó las mismas de muy graves y como amenaza a los pueblos indígenas. “Ya el Ministerio Público está en conocimiento del hecho denunciado y tengo conocimiento que iniciaron las investigaciones del caso”, agregó el Defensor del Pueblo. El hecho se ha calificado también como violación a la soberanía territorial de Venezuela y se solicitó a las FANB para que acudan al lugar de los hechos, específicamente en territorios del municipio Manapiare, para tomar control de la situación.
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Esta situación no es aislada y forma parte de las incursiones de grupos irregulares en casi toda la Amazonía y el escudo guayanés, quienes ocupan los territorios indígenas en busca de minerales para su extracción y comercio internacional. La cuenta de Radar Amazonas en Facebook denuncia además el asesinato de varios líderes indígenas que han denunciado las irregularidades. Ya hemos visto anteriormente la denuncia de la ocupación de varias comunidades por grupos irregulares armados que luego derivan en mineros, de los cuales se denuncia un acento colombiano; aunque también se realizan estas incursiones por parte de los propios venezolanos, los sindicatos mineros y grupos vinculados a comandantes militares, que se disputan el control de las zonas con capacidad para extraer minerales valiosos en el mercado internacional.
La Amazonía se ve cercada por los procesos extractivistas que no conocen frontera. Así como desde Brasil se promueve la cada vez mayor deforestación de la selva tropical y la penetración de grupos mineros y ganaderos; los primeros traspasando las fronteras nacionales entre Brasil y Venezuela; en nuestro país el gobierno promueve la minería como “alternativa” de ingresos a la extracción petrolera y su oposición político-partidista promueve la legalización y organización de esa producción bajo la fachada de “minería sustentable” con capitales internacionales, especialmente del mundo anglosajón. En Colombia también se observa, tras el proceso de pacificación, un aumento de las actividades extractivas, con igual porosidad de las fronteras, en donde actúan las disidencias de las FARC y el ELN, quienes concentran el grueso del comercio negro de minerales extraídos de los estados Bolívar y Amazonas.
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El extractivismo no es un asunto aislado y reducido al espacio de dos o más estados en el territorio nacional, implica una red de relaciones económicas y un modo de vida que se alimenta de la depredación del medio ambiente. Por eso es necesario replantearse la forma de vida que llevamos, si queremos de forma definitiva realizar el cambio urgente y necesario para conservar la posibilidad de pervivencia en el planeta y evitar la destrucción de los ecosistemas.
