Por: Erick Camargo (Corresponsal OEP)
Para Observatorio de Ecología Política de Venezuela
La directiva de INPARQUES avanza a todo trance en la reforma del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del Parque Nacional Waraira Repano, mejor conocido como el Ávila; las distintas reuniones y asambleas de “discusión” de la misma reforma han sido elementos de distracción para la comunidad caraqueña y amantes de la montaña; pues en la mayoría la actitud de las autoridades ha sido no con un fin de consulta, sino de imponer, de informar que la reforma va.
Ver también COMUNICADO del OEP ante el intento de modificar el uso del Parque Nacional Waraira Repano
A pesar de no contar con un estudio de impacto ambiental serio e independiente, alegan el tenerlo listo, pero no lo muestra, publican o informan sobre los resultados arrojados del mismo, tampoco han informado quienes lo realizaron y cuál fue su metodología, para determinar si fue correctamente realizado.
Es preocupante además el ver como consultora, específicamente en el área de impacto ambiental, a la Dra. Argelia Silva, la misma que había dicho que el derrame ocurrido el año pasado en el Parque Nacional Morrocoy, no había causado daños y todo había quedado limpio; mientras aún las manchas de aceite cubrían kilómetros de costa; igualmente ha defendido la construcción de un canal hotelero en el refugio de Cuare y desde hace dos años ha presionado, como profesional y consultora, por una apertura a distintas actividades económicas en los Parques Nacionales. Se podría decir que estos consultores, asesores de impacto ambiental, vienen ya con agenda fija de usufructo de los territorios, implantación del extractivismo en áreas protegidas y la defensa del gobierno ante los desastres ambientales provocados por estos o desatendidos.
El 27 de abril se realizó una mesa de trabajo de INPARQUES sobre la discusión del PORU, a través de la plataforma Zoom, pero la misma en realidad fue una exposición de la directiva de dicha institución sobre los cambios que van, si o si, orientados en un modelo que ellos mismos denominaron “económicamente sustentable” y que apunta a la privatización poco a poco del parque, el usufructo de sus espacios por empresarios, para generar ingresos. Así lo ratificó la ponente Ada Fernández Urdaneta, quien aseguró que el plan de INPARQUES está orientado a que los Parques Nacionales produzcan beneficios económicos; es decir, convertir espacios protegidos en espacios de extractivismo. Descaradamente la institución encargada de la protección de estas islas de protección ambiental, es la que motoriza su explotación económica, a todo trance, sin miramientos en los efectos y consecuencias que esto generará. La premisa es ganar dinero como sea y donde sea.
La misma abogada, Ada Fernández, daría una exposición sobre la forma en que se generan los ingresos en el parque, el funcionamiento de las concesiones para actividades económicas; que curiosamente, al preguntársele sobre las empresas que están encargadas de la construcción del teleférico a Macuto y el hotel Humboldt, afirmó que estas no eran concesionarias del parque, no generando ingresos para el mismo; asegurando que su ideal sea que tuviesen ese estatus.
Lo que podemos evidenciar es que el debate de las bicicletas no es más que el primero de muchos que se darán; pues el cambio de PORU es dirigido a transformar el Parque Nacional en una Zona Económica Especial, según los parámetros que este proyecto de ley posee y se encuentra ya en discusión en la Asamblea Nacional. Las bicicletas iniciaron el proceso de transformación, son la punta de lanza, vendidas como algo poco dañino (cuando no es así), pero en el fondo lo que se prevé es una avanzada extractiva en el parque, bajo concesiones económicas para un binomio de turismo de masas y turismo de alto nivel, con cualquier actividad que genere dividendos.
