El pasado 3 de diciembre a través de la cuenta de Instagram de la Dirección General de Fiscalización y Control de Impactos Ambientales, se informó al público sobre la misión de una comisión especial al sector “Arenal” en las inmediaciones del Parque Nacional Cerro Saroche, a fin de iniciar un Plan Integral de Protección. En la publicación de este ente, se indica que esta comisión constatar la presencia de talas ilegales para la producción de carbón vegetal y también encontraron la presencia de talas de carbón vegetal permisadas. Con respecto a esto, lo que llama la atención, y genera mucha preocupación, es como se otorgan permisos y se admite que se puede talar de forma legal, cuando esta actividad está prohibida en este parque nacional, por contravenir el propósito mismo de su existencia. Aunado a esto no se conoce, ni se sabe donde están publicados, los estudio de impacto ambiental, los planes de reforestación y de qué forma se va a reforestar, el tipo de especies vegetales a reforestar y la localización de estos. El organismo podría estar descuidando algunos aspectos legales fundamentales.
Ver también: Continúa la deforestación y la explotación de carbón vegetal en Lara
Preocupa que el Ministerio califique a la producción de carbón vegetal, para exportación y consumo interno, como “sustentable”. Esta afirmación nos plantea varias interrogantes: ¿Será que el apelativo de “vegetal” emite CO₂ verde o neutro al ambiente? ¿Cómo se garantiza la preservación a largo tiempo del semiárido larense, permitiendo la tala para producción industrial de carbón vegetal en un área protegida por la ley contra ese tipo de actividades? ¿Qué modelo de sustentabilidad de explotación de carbón vegetal asumen tener, cuando todas las experiencias señalan que es terrible para los bosques este tipo de producción? Interrogantes que también se han hecho personas que han visto la publicación, observándose respuestas insatisfactorias o que pareciesen evasivas a las responsabilidades institucionales.
Por su parte, la organización creada por iniciativa ciudadana para defender el parque nacional, Iniciativa Cotoperi, saludó la misión, pero lamentó que se considere sustentable la explotación forestal de un Parque Nacional y que esta actividad además tenga permisos de las autoridades, contraviniendo las leyes vigentes; señalan además que la explotación “no permisada, y artesanal” es impulsada por las empresas, que compran dicho carbón para ahorrar costos de producción por sí mismas. Lo que, además, genera un círculo vicioso que promueve la tala descontrolada por parte de los campesinos de la zona, que buscan un ingreso adicional que cubra la precaria situación económica que padecen.
Ver también: La iniciativa Cotoperiz cumple un año defendiendo el bosque semiárido larense
Los defensores del Parque Nacional Saroche expresan sus reservas respecto a las acciones del MINEC, considerando que la calificación de la producción de carbón vegetal como “sustentable”es un enfoque que dista de ser ampliamente compartido. Argumentan con evidencia suficiente y fotos del 5 de diciembre que la tala continua, especialmente en la parroquia Camacaro y no hay ningún tipo de control ante la degradación del bosque, lo que desmonta la supuesta sustentabilidad de la producción de carbón vegetal en el semiárido larense.
El 8 de diciembre celebraron el 35 aniversario del Parque Nacional Cerro Saroche, participaron en un evento cultural con participación, organizado por el personal del parque nacional, de guardaparques, bomberos forestales y ciudadanos. Al día siguiente hicieron llamados sobre la contaminación que la actividad de las empresas “con permiso” estaban provocando en el parque con el residuo de su producción de carbón, afectando la quebrada Pozo Guapo en el municipio Camacaro.
El 16 de diciembre, el MINEC publicó nuevamente en la cuenta de Instagram de la D.G de Fiscalización y Control de Impactos Ambientales, sobre un operativo en conjunto con la Guardia Nacional en los galpones de almacenamiento del cabrón vegetal. Afirmaron encontrar 13 irregularidades relativas a la tenencia y vigencia de los documentos necesarios para el funcionamiento de las mismas y en la supervisión de las operaciones en cada una de las áreas de trabajo. La comisión registró un total de siete empresas de aprovechamiento forestal y otras 20 compañías dedicadas al almacenamiento; lo que evidencia un intrincado sistema económico en función a la explotación del parque, que con los años se ha robustecido. Es importante acotar, que en el comunicado señalan que se enviaron boletas de citación, pero no se menciona ninguna medida de suspensión de permisos, lo que contraviene el principio de precaución del derecho ambiental, para evitar más daños en el ecosistema afectado.
Ver también:¡Saroche no es una mina de carbón! ¡Es la vida de un pueblo..!
Los miembros de la Iniciativa Cotoperi señalan que se han debido adoptar las medidas cautelares destinadas a la «cesación de los daños» contra el patrimonio forestal, según el artículo 140 de la Ley de Bosques, considerando que las empresas carboneras violan el principio de la «sostenibilidad» al encargar y comprar carbón vegetal a productores artesanales locales que talan vegetación silvestre, incluso con motosierras financiadas por dichas empresas, fuera de las «áreas de aprovechamiento» permisadas. Y exigen que se paralicen los permisos a las empresas fiscalizadas y en especial los depósitos hasta tanto no se determine la trazabilidad del carbón vegetal que están distribuyendo. Afirman, además, que producir en un bosque energético de manera «sostenible» en el semiárido no es viable y de implementar alguna iniciativa sería a muy largo plazo y posiblemente de alto costo.
