Las minas de Guayana presentan la ilusión de riqueza a las poblaciones más precarizadas del país, pero en realidad atrapan a quienes acuden a ellas buscando fortuna les atrapa en un círculo vicioso de semi esclavitud, explotación y más gastos de los que puedan obtener con el mineral. Además, las condiciones de seguridad laboral son ínfimas, ocurriendo a menudo accidentes que se cobran la vida de los esperanzados mineros, que quedan sepultados en el olvido de la selva que se va consumiendo con la depredación. Lamentablemente el Estado no toma acciones concretas, sino que es parte de la dinámica, para aliviar la presión de estas poblaciones en los centros urbanos y para capturar renta producto de esta minería ilegal.
En los últimos días las principales noticias que recibimos del Arco Minero son las referidas a los heridos y muertos en los accidentes ocurridos en las minas, especialmente el escandaloso caso de Bulla Loca ocurrido el 20 de febrero. Este 2 de marzo nuevamente se reportó un deslave hiriendo a cuatro mineros de gravedad. Estos eventos no son poco frecuentes ni raros, al contrario, son bastante comunes, pero pasan por fuera del radar de las noticias y medios, al encontrarse en territorios tan aislados y controlados por grupos armados irregulares, que suelen ocultar la mayoría de los casos. En 2021 murieron 12 mineros tras derrumbe de un pozo en El Callao, igual sucedió el 4 de junio del año pasado, con similar número de fallecidos.
También se puede revisar el informe de SOS Orinoco respecto a los accidentes mineros, donde detallan que 2023 fue el año con mayor número de eventos lamentables que dejaron un saldo de 43 fallecidos. Esto sin contar con la violencia que se vive en estas regiones y los constantes y reiterados abusos a los Derechos Humanos, como revela un informe de Human Rights Watch de 2020, o el informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas de 2022.
Ver También: Elementos clave del Informe sobre la situación de Derechos Humanos en el Arco Minero del Orinoco
El extractivismo ilegal e informal sigue generando heridos al #SurDelOrinoco
— Fritz Sanchez (@Fritz_A_Sanchez) March 2, 2024
Hoy #2Marzo se pudo conocer un nuevo deslave en mina a cielo abierto cerca de la comunidad Morichal #munSifontes #edoBolivar pic.twitter.com/cGhiWg9bTc
Lo más impactante es la gran cantidad de personas que migran desde diferentes regiones del país, escapando de la pobreza y las precarias condiciones de vida, atraídos por el sueño de encontrar riqueza o una mejor vida a través de la minería. Pero la realidad siempre ha demostrado que no son más que eso, sueños e ilusiones, pues la vida del minero y de las minas, como vemos en los informes y las noticias de accidentes, es bastante precaria. Los pueblos mineros no muestran signos de la riqueza que parece atraer a las personas a estos sitios, calles de tierra, casas mal construidas, frágiles o transitorias; el costo de la vida es superior a que en el resto del país, incluso que en las grandes ciudades. Lo poco que los dueños de las minas permiten quedarse a estos mineros, que trabajan de sol a sol, en condiciones peligrosas y exigiendo sus cuerpos al límite, se erosiona con el mero mantenimiento de su fuerza vital para poder seguir trabajando, quedando atrapados en círculo vicioso, devorados por la mina y su lógica.
El Estado y la Minería Ilegal
A esto debemos añadir que el Estado venezolano permite toda esta situación, sin acciones concretamente efectivas para frenar el avance minero-extractivo en Guayana. De acuerdo a FUNDAREDES, el Estado ha permitido que los grupos armados irregulares controlen y exploten las minas sin ningún tipo de restricciones, regulaciones o sanciones efectivas. Según el periodista Fritz Sánchez, los anuncios del gobierno no son verídicos, al anunciar que sus operativos han reducido la actividad minera, siendo todos los despliegues meras muestras espectaculares para los medios de comunicación, sin ejercer una acción concreta real que detenga la actividad. En sus redes sociales, denuncia la paralización selectiva de algunas minas, mientras el resto siguen operativas y hasta el cobro de vacunas por parte de funcionarios.
Una razón por la cual el Estado no actúa directamente, es que la región funciona como “aliviadero económico” para la crisis multidimensional que vive el país, cuando las personas en condición de pobreza general buscan mejores perspectivas en las minas. Además, en palabras de Emiliano Terán Mantovani, esta actividad minera ilegal sirve como método exploratorio que ayudará, en una perspectiva de regularización de las relaciones internacionales, para desarrollar proyectos de gran escala y alto rendimiento con empresas mineras transnacionales. El daño ambiental, la violación de los Derechos Humanos y la violencia sobre la población, son cosas que están subordinadas a los intereses políticos y económicos de las elites nacionales y regionales.
De allí que urge una toma de conciencia y la construcción de alternativas que permitan formar nuevas perspectivas de vida para quienes huyen de la miseria y la precarización, para que no sean entrampados en la dinámica de la cultura minera, que lejos de traer prosperidad, genera muchos más problemas sociales, ambientales.
