La minería ilegal ha estado en expansión en los últimos años en los estados Bolívar y Amazonas. En 2014, el Gobierno nacional afirmaba que unas 30 mil personas se dedicaban a la actividad sólo en Bolívar (Gallini, 2014), mientras que en 2017 Luis Rojas, presidente de la Cámara Minera, expresó que la cifra giraba en torno a las 50 mil personas, que estarían llegando de todas partes de Venezuela, empujados por la crisis y el alto precio del oro (El Clarín, 2017). Desde principios de esta década (2010) se han comenzado a registrar casos dentro del Parque Nacional Canaima, uno de los espacios naturales más emblemáticos del país, con unos 30 mil kms2, lo que lo ubica entre los 13 parques más extensos del mundo. La mayor parte del mismo se encuentra ocupado por los llamados ‘tepuyes’, unas mesetas de roca con paredes verticales y cimas casi planas de millones de años de antigüedad, únicas en todo el mundo. La minería en el parque se ha venido incrementando notablemente en los últimos años (Avendaño, 2015). En 2017 se cuentan 97 balsas y dragas que se distribuyen en el río Caroní medio, desde el Salto Las Babas hasta el salto Parupa, con presencia de equipos también en los sectores de Arekuna y Las Bonitas (Nueva Prensa de Guayana, 2017). Esto ha venido afectando progresivamente los ecosistemas y la vida de los indígenas pemón kamarakoto, de la comunidad de Kanaimö, los cuales se han movilizado de diversas formas, en resistencia ante el avance de esta actividad en la cuenca del río Carrao, dentro del mencionado parque. En sus luchas por la preservación de la vida, los pemón de Kanaimö reclaman al Estado ponga fin a la minería ilegal en el parque. La minería ilegal ha generado también impactos culturales sobre el pueblo pemón, haciendo que más integrantes de las comunidades se sumen a la actividad, lo cual es potenciado por el costo de los bienes de consumo (y la crisis económica en general del país), la caída del turismo en el parque o las posibilidades de obtener dinero rápido, entre otras. En medio de estas tensiones, que también las vive la comunidad de Kanaimö, éstos interpelan a otras comunidades pemón que practican o convalidan la minería dentro de estas áreas protegidas, tratando de concientizarlos para que desistan de hacerlo, pues lo más importante es, a decir de ellos, preservar un monumento y patrimonio de toda la humanidad (Vitti, 2015; Avendaño, 2015), como lo es Canaima.
