Disputas de los indígenas del Alto Paragua en torno a la minería ilegal en sus territorios

En los últimos años en los estados Bolívar y Amazonas, la minería ilegal ha estado en expansión. En 2014, el Gobierno nacional afirmaba que sólo en Bolívar, unas 30 mil personas se dedicaban a la actividad (Gallini, 2014), mientras que en 2017 Luis Rojas, presidente de la Cámara Minera, expresó que la cifra giraba en torno a los 50 mil mineros, que estarían llegando de todas partes de Venezuela, empujados por la crisis y el alto precio del oro (El Clarín, 2017). Una de las áreas afectadas por esta actividad es la cuenca del río Paragua, donde se están produciendo complejas disputas por el control del territorio y las minas. El avance de la minería ilegal ha supuesto una mayor penetración del territorio por parte de otros grupos de actores, en perjuicio de los pueblos indígenas del Alto Paragua (principalmente del pueblo pemón), los cuales son abiertamente practicantes de la minería en pequeña escala. El Gobierno nacional, a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha impulsado desde el año 2003 varias políticas y planes para intentar enfrentar el problema de la minería ilegal en el escudo guayanés, pero estas han fracasado. Los indígenas del Alto Paragua han denunciado agresiones y maltratos por parte de las fuerzas militares, los cuales restringen e impiden diversas actividades que permiten su subsistencia, en nombre de la lucha contra la minería ilegal (Pepe El Toro, 2013). A su vez, han señalado la creciente presencia de bandas criminales que controlan las minas y perjudican su actividad de sobrevivencia (Pinto Novis, 2014). Pero las denuncias y reclamos sobre el importante impacto ambiental que se está produciendo en la cuenca de este río no son hechos por éstos, sino provienen fundamentalmente de grupos ambientalistas, activistas, estudios científicos, reportajes o del periodismo ambiental. Un punto de inflexión en el conflicto se produce en el año 2011, cuando en el marco del Decreto Presidencial de septiembre de ese año para nacionalizar la actividad aurífera, son desalojados alrededor de 3.000 mineros de la mina Tonoro ubicada en el Alto Paragua. Indígenas protestan por esta medida. A fines de octubre de ese año, 13 de estas comunidades originarias del Alto Paragua amarran, desarman y retienen a 22 efectivos de la Armada y el Ejército, asegurando que estos se encontraban extrayendo oro de la mina que habían desalojando anteriormente (Poliszuk, 2014; Ramírez, 2013), lo que hace más visible el conflicto y le da cobertura en medios de comunicación. Indígenas del Alto Paragua toman el control de la mina Tonoro, anunciando que están cansados de los abusos, atropellos y humillaciones de los funcionarios militares (Pepe El Toro, 2013); de las demoras en la demarcación de tierras que les pertenecen ancestralmente; en rechazo al decreto de nacionalización del oro (que les quitaría su fuente de sustento) (López, 2012); y con el fin de recuperar el control de sus hábitats y territorios (Provea, 2013). A partir de estos sucesos, se han producido intensas disputas con altos niveles de violencia, en las cuales están envueltas agrupaciones armadas irregulares, lo cual ha generado un saldo importante en muertos. En torno a la mina de Tonoro, los indígenas del Alto Paragua han creado la comunidad independiente de Musuk Pa, basado en sus propias leyes, donde gestionan los elementos básicos para la vida de la comunidad, como la salud y la alimentación. Dados los altos niveles de violencia que implica estas disputas por el territorio y la mina, han conformado sus propias rondas de seguridad y autodefensa (Armando Investiga, 2015). Se trata de un conflicto muy complejo y particular, dado que, por un lado, los indígenas del Alto Paragua reivindican la minería, han prácticamente abandonado la actividad artesanal y usan maquinarias; por el otro lado, la dirigencia indígena ha dicho que esta actividad es básicamente para su sobrevivencia –construir escuelas, ser autónomos respecto al Estado (Armando Investiga, 2015). Líderes indígenas se han declarado ‘proambientalistas’, pero expresan que por el momento el asunto ambiental no es su prioridad (López, 2012) y afirman que las condiciones de intensas disputas por sus territorios los ha llevado a empezar a explotar ellos mismos estos recursos, procurando alcanzar la forma menos dañina para la explotación, con sus propias reglas comunitarias y que esta vez beneficie directamente a los habitantes de los territorios (Pepe El Toro, 2013).

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