EXPEDIENTE PARTE DEL MAPA DE CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES DEL OBSERVATORIO DE ECOLOGÍA POLÍTICA DE VENEZUELA
La Sierra de Perijá es un territorio montañoso ubicado al oeste del estado Zulia, que hace parte de la agitada frontera entre Venezuela y Colombia, y constituye una zona de importancia estratégica no solo por poseer diversos recursos como el uranio, titanio y grandes reservas de carbón, entre otros; sino también por su ubicación como punto de conexión hacia puertos y zonas de tránsito transfronterizo, en el marco de los proyectos COSIPLAN-IIRSA. Varios pueblos indígenas habitan en la región, entre los cuales destacamos a los pueblos yukpa, barí, wayúu y japreria, ubicados en su zona media (municipio Machiques de Perijá).
El principal recurso que ha sido explotado en la sierra es el carbón, lo que colocó a Venezuela como el segundo exportador de América Latina, después de Colombia. Desde fines de los años ochenta comienza la extracción en la zona norte (municipio Mara), que se convertirá en la principal área de explotación del país. En la década de los años noventa se aprobarían nuevas concesiones en otros territorios (Colectivo India, 2008). Estos procesos, junto a nuevos desarrollos turísticos y la actividad ganadera fueron incrementando los impactos socio-ambientales negativos y el despojo de tierras sobre los pueblos indígenas de la zona.
Desde el año 2005 se ha intentado relanzar y expandir la extracción de carbón en estos territorios, en un contexto muy complejo, contradictorio y conflictivo donde confluyeron factores como: la instauración de la Revolución Bolivariana, el rango constitucional que obtiene la demarcación de tierras indígenas desde 1999 y la promulgación de la Ley de pueblos indígenas en 2005, las declaraciones del Presidente Hugo Chávez en contra de la expansión del carbón y de los ganaderos, a favor de los derechos de los indígenas y llamando a ocupar tierras, entre otros factores.
Ante el reimpulso del extractivismo carbonero, indígenas yukpa, principalmente los de la cuenca de los ríos Yaza y Tukuko, y bajo el liderazgo del cacique Sabino Romero, ponen una fuerte resistencia y llevan adelante junto a numerosas organizaciones populares, grupos ambientalistas y movimientos sociales, una lucha para denunciar los progresivos desplazamientos de sus tierras y el estancamiento del proceso de demarcación de las mismas, así como los severos daños a las aguas, aire y los ecosistemas que se podrían provocar en la Sierra de Perijá, tal y como ha ocurrido con el río Guasare a raíz de la actividad de las minas Norte y Paso Diablo.
Importantes campañas fueron impulsadas, visibilizando sus luchas; despliegue de reportes en medios alternativos; denuncias canalizadas por las instituciones oficiales; diversas marchas, sea en el estado Zulia, en la ciudad de Caracas o bien movilizaciones de organizaciones que se dirigen a los territorios yukpa; y la progresiva ocupación de haciendas en la sierra por parte de estos indígenas, con la respectiva fundación de nuevas comunidades, lo que supone para estos un rescate de sus tierras anteriormente arrebatadas (Sociedad Homo et Natura, 2009).
Esto último sería el detonante de una escalada de violencia en la zona, provocando enfrentamientos con la Guardia Nacional y grupos armados contratados, dejando al líder Sabino Romero encarcelado entre 2009 a 2011, y con un saldo de yukpas heridos y muertos. Diversos mecanismos fueron afectando esta lucha: cooptación estatal y división de las comunidades indígenas, dilación en la entrega de tierras, agresiones físicas, al punto que en marzo de 2013 el cacique Sabino Romero era asesinado. Este crimen sigue impune hasta la fecha, no habiéndose puesto en prisión a los autores intelectuales.
La extraordinaria crisis que se va a vivir en Venezuela desde 2014 hasta nuestros días, va a marcar determinantemente este conflicto. Por un lado, desde el año 2013 las cuotas de extracción de carbón sufrieron una caída estrepitosa hasta quedar prácticamente detenidas. El Gobierno nacional ha venido promoviendo estímulos e incentivos a empresas transnacionales para relanzar el proyecto, abrir nuevas minas, así como otros proyectos de infraestructuras –puertos, vías ferroviarias, etc.– que se enmarcan en la lógica de COSIPLAN-IIRSA. En 2015, se promulgaba el decreto 1.606 para ampliar la explotación carbonífera en los municipios Mara y Guajira, lo que llevaría el área minera de siete mil a un total de 24.192 hectáreas. Meses después este decreto sería revertido. Entre mayo y junio de 2017 logra establecer algunos acuerdos y posicionar algunas inversiones –fundamentalmente con corporaciones chinas– reabriendo las minas y reanudando la exportación de carbón. Estos acuerdos se tambalean producto de la crisis y las sanciones internacionales. En 2018 se declara al carbón como mineral estratégico para su exploración y explotación, y en 2019 el gobierno publica el Plan Minero Sectorial donde aparece la importancia de la explotación de carbón. Entre los años 2018 y 2020 surgen acuerdos con empresas turcas y rusas para esta actividad extractiva, y a partir de 2019 logran aumentar levemente los niveles de producción minera. En todo caso, cabe mencionar que sigue latente el peligro de explotación minera en la zona media de la Sierra de Perijá. La gran cantidad de proyectos sobrecargan el territorio de intereses y conflictos.
Por otro lado, los yukpa de Tukuko y Yaza, en especial la familia de Sabino Romero, han venido sufriendo tanto diversos embates en sus territorios como una situación de acoso por parte de diversos actores. Las diversas comunidades de la sierra han venido padeciendo en estos años de crisis un recrudecimiento de la pobreza y el hambre, la dramática propagación de diversas enfermedades, impactos por deslaves e inundaciones, carencia de combustible, así como el ensañamiento por parte de cuerpos de seguridad hacia la familia de Sabino (Amnistía Internacional, 2017). Cabe mencionar también que con la crisis, el territorio está siendo atravesado por corrupción, violencia y grupos armados, intensificándose la actividad de economía ilícitas transfronterizas y el narcotráfico. Todos estos factores han degradado no sólo la lucha de los yukpa, sino también sus propias condiciones de vida. A pesar de ello, las comunidades indígenas de Yaza y Tukuko –así como la de otras cuencas de la sierra– han mantenido movilizaciones de diverso tipo e intensidad, con marchas, corte de carreteras, reuniones con las autoridades, declaraciones en medio y hasta marchas hacia Caracas. Estos demandan atención ante las difíciles condiciones de vida y la entrega de tierras pendientes. Los grupos ecologistas zulianos han mantenido las denuncias tanto la situación de los indígenas como los potenciales avances de la explotación de carbón en la zona.
El Gobierno nacional en cambio ha venido consolidando un régimen autoritario en el país, con una extendida violación de los derechos humanos y ambientales, y que para inicios de la década de 2020 avanza en una reestructuración neoliberal de la economía nacional que ofrece enormes concesiones y recursos a capitales foráneos y locales, teniendo lo ambiental y el asunto indígena como temas totalmente secundarios. Los intentos por impulsar la minería de carbón permanecen en el Gobierno de Nicolás Maduro, y en el gobierno regional, por lo que este conflicto está lejos de terminar.
Los indígenas yukpa luchan por no desaparecer de uno de los pocos espacios naturales y originarios que conservan (Pantín, 2016). La que ha sido la lucha indígena más emblemática del país se encuentra ahora en un escenario aún más complicado. Pero los yukpa han advertido que están dispuestos a todo por su territorio y su dignidad.
