En el año 2011, el presidente Hugo Chávez anunciaba un enorme proyecto minero denominado por entonces comúnmente el “Arco Minero de Guayana”, que consistiría en un largo cinturón de minerales que cubre toda la zona norte del extenso estado Bolívar, al sur del río Orinoco. Desde el año 2015, y en medio de una muy severa crisis social, política y económica en el país, el presidente Nicolás Maduro ha venido relanzando este proyecto, como parte de la llamada “Agenda Económica Bolivariana” y la activación de los “Motores Productivos”. El 24 de febrero de 2016 se oficializa este relanzamiento con el decreto N° 2.248 Gaceta Oficial N° 40.855, que determina la creación de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional” Arco Minero del Orinoco. Se trata de una propuesta de llevar la megaminería en Venezuela a una escala nunca antes vista en su historia. Se ha propuesto la apertura a unas 150 compañías internacionales de 35 países para la explotación de un vasto territorio de 111.843 kms2, el cual representa el 12% del territorio nacional y equivale a la extensión de todo el territorio de países como Cuba o Bulgaria y que contiene reservas de oro, diamantes, hierro, coltán, bauxita, entre otros minerales. A la fecha ya se han firmado algunos acuerdos y memorándums de entendimiento con empresas transnacionales canadienses, estadounidenses, chinas, italiana, congoleña, entre otros. El Gobierno Nacional ha acelerado el avance del proyecto y ha flexibilizado notablemente los marcos de negocio para la explotación minera en el país, ofreciendo atractivas ventajas al capital foráneo. Los detalles de los acuerdos no son conocidos por la opinión pública y lo que se conoce de los mismos representan convenios sumamente desventajosos para Venezuela. La situación de crisis económica, la creciente necesidad de endeudamiento y las numerosas demandas que contra Venezuela se procesan en el CIADI (Banco Mundial), favorecen a esta condición de debilidad del Estado venezolano ante el capital transnacional. El Gobierno Nacional ha anunciado que este proyecto se impulsa para la construcción de una “nueva economía” que contribuya a su “diversificación”, rompiendo con la tradición de ser un país monoproductor. También ha anunciado el objetivo de convertir a Venezuela en una potencia económica media y que la minería que será impulsada se realizará de manera sustentable respecto al ambiente. Desde el mismo anuncio por parte del presidente Chávez, algunas organizaciones indígenas y voces críticas se pronunciaban en contra del proyecto. No es sino a partir de la promulgación del decreto 2.248 cuando comienza una nueva fase del conflicto, con numerosas declaraciones de organizaciones sociales, indígenas, movimientos de base del chavismo, intelectuales, académicos, artistas, entre otros, que denuncian los terribles efectos que tendría la concreción de este proyecto. Comunicados, protestas de calle, recursos jurídicos, foros y talleres, propuestas narrativas y artísticas, han sido desarrolladas en una campaña que ha venido creciendo a escala nacional. Se han señalado los terribles impactos ambientales que tendría el desarrollo del A.M.O. en la región Guayana, una muy delicada biorregión en la cual más del 70% del territorio del estado Bolívar y un 49% de Amazonas están protegidos bajo regímenes de administración especial (ABRAE), donde está terminantemente prohibida la minería. Extraordinarias amenazas se ciernen también sobre los 19 pueblos indígenas que habitan esta zona. Una profundización del rentismo y el extractivismo ha sido también señalada en las protestas, ahora con una mayor incidencia de las corporaciones mineras transnacionales. A pesar de las numerosas críticas, el Gobierno sigue adelante con el proyecto y asegura que nada lo va a detener. Ya se han iniciado actividades de exploración, con miras a iniciar el proceso de certificación de todas las reservas mineras de la zona. Ya se han mostrado unos primeros indicios de criminalización de las protestas por parte de algunos voceros oficiales, incluyendo el presidente de la República, quien ha asegurado que detrás de los que protestan contra el proyecto hay dinero de las mafias mineras. Las movilizaciones han crecido y se mantienen constantes, en un contexto de severa crisis económica y política.
