En los últimos años en los estados Bolívar y Amazonas, la minería ilegal ha estado en expansión. En 2014, el Gobierno nacional afirmaba que sólo en Bolívar, unas 30 mil personas se dedicaban a la actividad (Gallini, 2014), mientras que en 2017 Luis Rojas, presidente de la Cámara Minera, expresó que la cifra giraba en torno a los 50 mil mineros, que estarían llegando de todas partes de Venezuela, empujados por la crisis y el alto precio del oro (El Clarín, 2017). La minería en El Callao es de vieja data (desde el último cuarto del siglo XIX) y ha tenido una gran significación para la región (Rodríguez, 2014). El uso prolongado de mercurio para la extracción de oro y otros minerales ha dejado terribles secuelas en el ambiente y la salud de las comunidades, con uno de los índices de contaminación más altos en el mundo. A su vez, la expansión de esta actividad ilegal ha traído consigo muy altos niveles de violencia asociados a disputas por el control de minas. A pesar de estas secuelas, las protestas referidas al impacto ambiental son escasas. La población ha adoptado una fuerte vocación minera, donde pueden incluso presenciarse movilizaciones en defensa de la minería (Cañas, 2011). Sin embargo, un conglomerado de actores ha expresado su desavenencia, revelando la existencia de una vocería crítica ante la situación y lo que potencialmente podría convertirse en un conflicto socio-ambiental de mayor escala. Estas manifestaciones críticas han surgido fundamentalmente ante la gran y contundente evidencia de los impactos que la contaminación por mercurio ha provocado en la población de El Callao. Entre los actores que reclaman por el daño socio-ambiental mencionado tenemos: esporádicas manifestaciones de algún sector de la población, comunidades científicas que publican y difunden los resultados de estudios que evidencian los efectos de dichas afectaciones, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos que denuncian y difunden estos impactos, así como periodistas ambientales que realizan las mismas acciones. Con este caso estamos en presencia de un tipo de conflicto socio-ambiental en condiciones sociales muy adversas, en una zona urbanizada y mucho más intervenida que otras del estado Bolívar como el Caura y Canaima, que no hace parte de ningún área protegida por algún régimen de administración especial y que no tiene asentamientos de comunidades indígenas.
Fuente: AFP/Juan Barreto.
