Minería aurífera en la Amazonía venezolana y degradación ecológica de la vida. Efectos ecocidas, genocidas y etnocidas

Omar Vázquez Heredia

ARTÍCULO del N° 4 de nuestra Revista Territorios Comunes. Descargue aquí el número completo

I. Introducción

El capitalismo histórico se ha constituido y reproducido al interior de la naturaleza entendida como una totalidad histórica y geográfica, y ha creado condiciones ambientales que son parte y una expresión de las necesidades del proceso mundial de acumulación de capital. En ese sentido, el surgimiento y propagación global de enfermedades virales como el COVID-19, se relacionan con las condiciones ambientales degradadas que han originado un proceso mundial de acumulación, caracterizado por un incremento tendencial de su escala productiva y territorial, que ha implicado sistemas intensivos de producción, abastecimiento y consumo de alimentos; concentración poblacional; y una enorme movilidad de mercancías y seres humanos entre las diferentes regiones del mundo.

Entonces, en 2021, cuando continúa la pandemia de COVID-19, se convierte en central estudiar la relación entre la degradación de la naturaleza y las enfermedades de los seres humanos, al entendernos como parte de aquella. En nuestro caso, en una nueva frontera de mercancías como el Arco Minero del Orinoco (A.M.O), donde en algunos de sus territorios se intensifica o comienza su subordinación a las necesidades del proceso de acumulación del sistema-mundo capitalista, mediante el intento de establecimiento de minería aurífera de gran escala y la ampliación de la extensión afectada por esa actividad extractivista de mediana y pequeña escala.

Primero, nos proponemos presentar la relación de las necesidades de la economía-mundo inmersa en una situación de sobreacumulación de capital, con la apertura de una frontera de mercancías en el sur del río Orinoco en la Amazonía venezolana, con la creación y ejecución del A.M.O. Después, expondremos la relación entre las enfermedades que proliferan en esa zona de Venezuela y los efectos negativos de la minería aurífera de mediana y pequeña escala en la naturaleza y condiciones de vida, socioculturas y salud de los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana; para luego explicar las consecuencias por un lado ecocidas, y en el otro lado los efectos genocidas y etnocidas de esa actividad extractivista.

II. Capitalismo y naturaleza: capitaloceno y ruptura metabólica

En las últimas décadas, se ha identificado cómo el modo histórico dominante en que nos relacionamos los seres humanos con la naturaleza tiene impactos negativos irreversibles en la reproducción de las condiciones ambientales necesarias para la vida. Entonces, surgió el concepto de crisis ecológica: un conjunto de fenómenos mundiales como el cambio climático y los diferentes tipos de contaminación, que demuestran una intensa degradación de la naturaleza, producto de la superación de su biocapacidad para aportar nutrientes y absorber los efectos de la actividad humana.

El contexto de la crisis ecológica para un grupo de científicos sería el antropoceno, una era geológica donde la actividad humana empezó a generar transformaciones geofísicas, químicas y biológicas en la naturaleza. El antropoceno tendría como inicio la primera revolución industrial, con la invención en 1784 de la máquina de vapor. Al contrario, nosotros como lo plantea Jason Moore, consideramos que la crisis ecológica es una consecuencia del “capitaloceno”, la actual era histórica que se encuentra determinada por relaciones sociales y ambientales que privilegian la incesante acumulación de capital, y que su nacimiento inicia en los albores del capitalismo con la conquista-colonización del Atlántico y América (Moore, 2013:10). Esto supuso el comienzo de la privatización-mercantilización de los bienes comunes naturales en gran escala, en un proceso de simplificación de la naturaleza y el trabajo para su cuantificación como parte de la acumulación de capital.

En el capitaloceno ocurre una fractura del intercambio metabólico entre seres humanos y naturaleza, porque las necesidades de la acumulación de capital imponen una sobreapropiación y degradación de los atributos ecológicos de los bienes comunes naturales, que implica la extracción de más nutrientes de la naturaleza de los que le son repuestos en los ciclos de vida (Bellamy-Foster, 2000). Y, como una expresión del capitaloceno, el sistema-mundo capitalista ha requerido constitutivamente la creación de subjetividades depredadoras de la naturaleza, que son insensibles ante la crisis ecológica al tener una estructura cognitiva, perceptiva y sensitiva incapaz de conocer, percibir y sentir la destrucción de las fuentes y condiciones ambientales de la vida, a pesar de que se encuentran expuestos y vulnerables ante esa realidad (Machado, 2017).

Capitaloceno, fronteras de mercancías y sobreacumulación de capital: precio y demanda de oro en el siglo XXI

El capitaloceno como era histórica se ha cristalizado en el sistema-mundo capitalista, donde los capitales requieren incrementar la escala de producción y acumulación para evitar su desvalorización, al lograr un crecimiento de la productividad del trabajo por encima del aumento del salario real; la llamada plusvalía relativa. Así, los capitales tienen como objetivo permanente la producción de una mayor cantidad de mercancías y valor en un menor tiempo socialmente necesario, a través del incremento de la explotación de la fuerza de trabajo de la clase trabajadora y de la apropiación de bienes comunes provenientes de la naturaleza.

Ese desarrollo de las fuerzas productivas propio de las relaciones sociales capitalistas,  implica la incorporación de nuevas tecnologías, técnicas de administración de la fuerza de trabajo y más apropiación de bienes comunes naturales, para elevar la escala de producción y acumulación, y necesita la apertura de nuevas fronteras de mercancías, con la profundización de la ruptura metabólica entre seres humanos y naturaleza, que se ha expresado en la aparición de la crisis ecológica. De ese modo, se imbrica el incremento de la productividad del trabajo y el saqueo de la naturaleza, la “acumulación por capitalización” y “acumulación por apropiación”, que ocurre en el interior y en las fronteras de mercancías del proceso mundial de acumulación de capital (Moore, 2013:14).

Entonces, por la propiedad privada de los medios de producción, el desarrollo de las fuerzas productivas en las relaciones sociales capitalistas, en vez de crear una mayor cantidad de tiempo libre, permitir la satisfacción de las necesidades y un consumo planificado, democrático y sostenible de los bienes comunes naturales; lo que ha provocado es la profundización de la ruptura metabólica y crisis ecológica, en medio de la concentración y centralización de un proceso mundial de acumulación caracterizado por la sobrecapacidad productiva y sobreacumulación de capital.

En esos contextos de ascenso de la sobrecapacidad productiva y sobreacumulación, en los que inicia una declinación de la tasa de ganancia, los capitales empiezan a dirigir más capital excedentario a la especulación financiera, con un incremento del endeudamiento estatal y privado. Esos capitales demandan una diversidad de bienes comunes naturales como activos financieros, entre ellos el oro. La persistencia de la disminución de la tasa de ganancia y la inversión productiva, crean las condiciones para una crisis financiera por el impago de un volumen importante de deuda. En esos momentos, el oro se convierte en el principal activo financiero y refugio de valor.

La crisis financiera tendría que eliminar sobrecapacidad productiva y sobreacumulación por la quiebra y desvalorización de una porción significativa de capitales, pero el nivel de asociación y concentración de los capitales mundiales en la actualidad ha obturado en parte esa consecuencia en la última década, a través del incremento del endeudamiento de los Estados, empresas y consumidores. Por eso, ha persistido una situación de sobreacumulación, que mantiene una demanda de oro como activo financiero y refugio de valor por encima de la ocurrida antes de la crisis financiera de 2007. Desde el 2004 hasta el 2020, existe una relación tendencial entre crecimiento y reducción del precio del oro y el tamaño de la demanda de oro para inversión con respecto al total. La especificidad del 2020, por la pandemia de COVID-19, ratifica esa tendencia, que evidencia una situación de sobreacumulación en la economía-mundo.

Mercado mundial de oro entre 2004 y 2020^[1]

Las grandes cantidades de capital excedentario y el incremento del endeudamiento mundial para financiar los paquetes de estímulos aprobados para la recuperación económica global, han mantenido la demanda de oro como activo financiero, refugio de valor y mercancía suntuaria. Pero, la reactivación gradual de la economía-mundo ha provocado una tendencia a la reducción del precio del oro, que en marzo de 2021 promedió 16, dólares. No obstante, las actuales condiciones del proceso mundial de acumulación del sistema-mundo capitalista, promueven la apertura de fronteras de mercancías para aumentar la apropiación de bienes comunes como oro y diamantes, activos financieros y refugios de valor por excelencia. Por ello, la Amazonía seguirá sufriendo la degradación ecológica que implica la apertura en esa región de una frontera de mercancías por los poderes estatales y empresariales, para profundizar su subordinación a las necesidades de la economía-mundo capitalista, provocando su desforestación, contaminación de sus ríos y erosión de su suelo. En definitiva, acentuando la ruptura metabólica y la crisis ecológica en el sistema-mundo, y afectando las condiciones ambientales necesarias para la vida y salud de los pueblos indígenas amazónicos.

III. Contexto y efectos de la intensificación de la minería aurífera en la Amazonía venezolana

Contexto

La apertura de una nueva frontera de mercancías en la Amazonía, se concreta en el norte de esa región, con la creación en 2011 y ejecución en 2016 del A.M.O, un megaproyecto minero, que en lo formal se restringe al margen sur del río Orinoco, en los estados Bolívar y Delta Amacuro, pero que ha involucrado informalmente zonas mineras del estado Amazonas, con la instalación de oficinas gubernamentales y declaraciones del gobernador oficialista Miguel Rodríguez (Vitti, 2018). El A.M.O tiene como objetivo institucional la expansión de la escala de las operaciones mineras y de la extensión territorial de la minería en la Amazonía venezolana, pero con una mayor presencia y control económico del Estado, y  extrayendo diferentes minerales como cobre, hierro, bauxita, coltán, diamantes y oro. En la actualidad, las operaciones mineras son principalmente de mediana y pequeña escala de minería aurífera, porque en el sur del Orinoco están las reservas de oro más importantes del país, pero al mismo tiempo se encuentran las principales fuentes hídricas, la mayor biodiversidad y los ecosistemas más frágiles.

La creación del A.M.O por Chávez en 2011, con su plan de acción estratégica y Órgano Administrativo de Control, tuvo como objetivos: diversificar las fuentes extractivistas de divisas del Estado y la economía venezolana, y responder a la demanda de oro de la economía-mundo capitalista, que aumentó aceleradamente después de la crisis económica global ocurrida entre 2007 y 2008. Esto se dio en un contexto nacional, caracterizado por la necesidad de financiar el crecimiento vertical de las importaciones para continuar imbricando la acumulación y atesoramiento externo de las clases dominantes y el consumo de las clases subalternas, en tanto forma de articulación Estado-economía y Estado-sociedad, entre 2003 y 2012, en medio del posneoliberalismo extractivista de Chávez.  

El incremento vertical del precio del oro entre 2008 y 2012, fue un factor esencial para estimular la aplicación de medidas estatales que se propusieron incrementar la escala de las operaciones mineras al sur del río Orinoco, con una complementación del extractivismo petrolero y minero. En 2008, comienza un intento de estatización de la minería aurífera con el inicio de la revocación de las concesiones a las transnacionales Crystallex y Gold Reserve de las minas Las Cristinas y Las Brisas. En realidad, ese proceso se concreta con dos decretos de Chávez en 2011, con los cuales creó el Órgano Administrativo de Control del Arco Minero del Orinoco^[2] y promulgó la Ley Orgánica que Reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro^[3]. También, incluyó en el 2012 la incorporación del A.M.O en el Plan de la Patria y el convenio con la empresa china Citic Group para realizar el mapa minero, que estableció campamentos en Bolívar y en Amazonas; a pesar de la prohibición de la minería en este último estado del país por el decreto N° 269 de 1989 (Bello y Tillet, 2015).

En 2011, la creación del A.M.O aconteció en medio de altos precios del petróleo y niveles normales de extracción petrolera^[4], y no como efecto de la crisis de la industria petrolera venezolana. Pero, fue un fracaso en su objetivo manifiesto de aumentar la escala de las operaciones de extracción minera con más control económico estatal, por la existencia de un tipo de cambio oficial sobrevaluado, que imponía una brecha entre el precio real del oro y la cantidad de dólares que obtenían con su venta al Estado. Esto, profundizó la condición de enclave de las operaciones de minería aurífera en el sur del Orinoco; pero con un mayor nivel de informalidad e ilegalidad, que facilitó el crecimiento de bandas armadas mineras en tanto organizaciones paraestatales y la apropiación ilegal de una parte de las ganancias por funcionarios civiles, policiales y militares del Estado.

Desde 2013 empezó una reducción del precio del oro que terminó en 2016 cuando comenzó un repunte progresivo hasta 2020. Entonces, en febrero de 2016, para buscar una fuente de divisas alternativas a las provenientes de la industria petrolera, el gobierno mediante el decreto 2.248, inició la ejecución del A.M.O, con el establecimiento de una Zona de Desarrollo Estratégico. En un contexto nacional caracterizado por una crisis económica iniciada en 2014, con el recorte de las divisas destinadas a las importaciones que comenzó en 2013, para dirigir esos recursos al pago de la deuda gubernamental y pasivo de Pdvsa. Dicha crisis económica fue agravada por el desplome del precio del petróleo en 2015 y 2016^[5], y por las repudiables sanciones económicas de EEUU y la Unión Europea aplicadas entre 2017 y 2019.

En 2016, el gobierno invitó a más de 150 empresas transnacionales para establecer la explotación de gran escala en la minería aurífera al sur del Orinoco. No obstante, esas grandes empresas mineras evitaron invertir e instalarse en ese territorio, producto de la inestabilidad política ocasionada por la victoria de la oposición de derecha en las elecciones de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, las sanciones económicas extranjeras y la existencia de bandas armadas mineras sin un mando operativo concentrado en el poder estatal y empresarial. Así, ha persistido y ampliado la extensión territorial de la minería aurífera, con operaciones de mediana y pequeña escala, en medio un contexto de ilegalidad e informalidad.

Efectos: ecocidas, genocidas y etnocidas

El término ecocidio es contemporáneo con el estallido en las últimas décadas de la crisis ecológica, que se viene incubando desde el inicio del sistema-mundo capitalista. Desde 1970, se ha hablado de ecocidio para referirse en términos generales al efecto sistemático de una acción u omisión humana, que ocasiona una degradación de la naturaleza con impacto global, imposible o difícil de restaurar, que destruye el conjunto de las condiciones ambientales necesarias para la supervivencia de la vida humana y no humana en un territorio específico, en el presente y futuro; afectando a la actual y venideras generaciones, al enfermar sus cuerpos incluso hasta la muerte y aniquilar la posibilidad de la vida humana y no humana sin peligros para la salud (Neira et al, 2019).

En ese sentido, existe una relación entre la degradación de la naturaleza y el deterioro directo o indirecto de las condiciones ambientales necesarias para conservar cuerpos con vida y salud, porque actividades ecocidas como la minería propician la proliferación de un conjunto de enfermedades y contaminan ecosistemas hasta anular o dificultar la posibilidad de la supervivencia humana y no humana. Así, se hace evidente que los seres humanos somos partes de la naturaleza, porque al degradar sus atributos ecológicos con la llamada tradicionalmente contaminación, también se degradan las vidas y cuerpos.

En el caso del A.M.O, que afecta territorios ancestrales de veinte pueblos indígenas, la degradación de los atributos ecológicos de la naturaleza, tiene un mayor impacto en la vida y salud de esos seres humanos. Las operaciones mineras provocan las condiciones para enfermedades epidémicas, respiratorias, estomacales y neurológicas; con consecuencias más negativas en poblaciones indígenas sin atención médica, peores alimentadas y con sistemas inmunológicos frágiles. A su vez, al degradar los atributos naturales de los ecosistemas de la Amazonía venezolana, como por ejemplo la contaminación de fuentes hídricas y tierra, impiden que los pueblos indígenas desarrollen actividades necesarias para su supervivencia que son propias de sus socioculturas como el consumo de agua de los ríos, pesca artesanal, agricultura familiar y caza tradicional. Entonces, ese antiguo aprovechamiento de la naturaleza, se transforma en un peligro para salud y en origen de enfermedades para los indígenas, al consumir agua, pescados y alimentos contaminados. Así, se imbrica un ecocidio, con efectos genocidas, al eliminar la presencia física de los indígenas de esos territorios donde no existen condiciones ambientales para la vida, y efectos etnocidas, porque impone participar en la misma actividad minera para comprar en el mercado: medicinas, alimentos y otros bienes básicos.        

a. Efectos ecocidas

La minería moderna puede ser calificada como ecocida, porque es una actividad sistemática y masiva de degradación de la naturaleza. Esto ocurre en la apertura y ampliación de las minas, en la extracción del material en donde hay mineral, en su transporte y en la separación del mineral del resto de dicho material; así como en las transformaciones ambientales ocasionadas por la instalación de las operaciones mineras, con la construcción de infraestructura y la atracción de población. Por lo tanto, “se trata de una actividad en sí misma depredadora e insustentable, puesto que supone la explotación de un material no renovable con métodos destructivos o contaminantes” (Velasco, 2020).

La magnitud y la forma concreta de esos efectos negativos en la naturaleza dependen del tipo de mina (subterránea o superficial); la escala de la operación minera por la extensión de la zona intervenida y la cantidad de material removido, desechos que produce y agua consumida; el método de extracción del material donde yace el mineral; y la técnica empleada para separar el mineral del material extraído por el uso de sustancias más o menos tóxicas como el mercurio o cianuro en el caso de la minería aurífera.

En la actualidad, la minería de oro en la Amazonía venezolana se realiza con una escala mediana y pequeña, en minas superficiales en las que emplean instrumentos de extracción mecanizados o manuales: maquinaria y explosivos, balsas dragadoras, monitores hidráulicos, elevadores, picos, palas y bateas. Para separar el oro del denominado material infértil, en su mayoría se usa mercurio, pero también se ha incluido la utilización de cianuro, con la construcción de piscinas que se llenan de esa sustancia química. Esto, con la incorporación de empresas extranjeras y nacionales sin reconocimiento en el sector minero mundial, que han logrado un incremento al menos parcial de la escala productiva.

En esa región del país, la minería aurífera desforesta, remueve la capa vegetal y degrada los suelos; sedimenta los ríos y seca otras fuentes hídricas; contamina el agua, aire, suelo y cuerpos con mercurio y otras sustancias tóxicas que generan enfermedades estomacales y neurológicas; destruye ecosistemas donde habitan especies animales y vegetales; esparce en el aire polvo que provoca enfermedades respiratorias; origina estancamientos de agua que estimula el aumento del mosquito anopheles, que es el vector de una enfermedad epidémica como la malaria (Bello y Tillet, 2015).

A su vez, al trasladar y concentrar en oleadas a grandes cantidades de personas que trabajan por períodos limitados en las minas o localidades que sirven de campamento, ocasiona un incremento de la producción de basura, condiciones habitacionales insalubres y de hacinamiento, caza de animales silvestres, práctica de la prostitución y trata de mujeres, con la proliferación del contagio de enfermedades epidémicas y de transmisión sexual. En resumen, la minería aurífera al sur del Orinoco degrada al mismo tiempo la naturaleza y los cuerpos de trabajadoras y trabajadores, mujeres e indígenas que tienen sus territorios ancestrales en esa región venezolana (Kapé Kapé, 2020).

b.Efectos genocidas y etnocidas

La degradación de la naturaleza y las enfermedades que proliferan en los territorios afectados por la minería aurífera de mediana y pequeña escala, que ocurre en la Amazonía venezolana, pueden tener directamente efectos genocidas en contra de la población indígena, en el sentido que puede estimular la eliminación masiva de su presencia física en sus territorios ancestrales, como resultado del desplazamiento forzado y en menor medida de la muerte.

La extracción de oro al sur del Orinoco, al contaminar los ríos con mercurio y otras sustancias tóxicas, degrada la idoneidad de esa agua para el consumo humano y afecta dos fuentes alimentarias de los pueblos indígenas: la agricultura de autosustento y la pesca. En ese sentido, comunidades indígenas deben desplazarse de manera permanente o cotidiana para acceder a otras fuentes hídricas, porque el consumo de agua contaminada ha generado incluso la muerte de niños y niñas por diarreas agudas.

Las dificultades para el acceso a alimentos se acentúan por la degradación de los suelos y la caza depredatoria de los animales silvestres que realizan los mineros en las adyacencias a las minas. Además, existen otros factores relacionados con la integración a los pueblos indígenas en patrones alimentarios que los hacen dependientes de los altos precios de una economía minera y de las políticas asistenciales y empleo del Estado. En ese marco, en la actualidad, comunidades indígenas de la Amazonía venezolana sufren una crisis alimentaria que es más grave que la presente en el resto del país.

En palabras de la asociación Kapé-Kapé, enfermedades como malaria, sarampión y tuberculosis que sufren los pueblos indígenas de esa zona se agravan porque ocurren “sobre un sustrato más alarmante como lo es la desnutrición aguda y crónica de muy alta prevalencia, que hace que su impacto sobre la mortalidad sea mayor” (2019, 11). Entre esas enfermedades la más extendida es la malaria, un indicador del aumento de la minería aurífera de mediana y pequeña escala en Venezuela. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, publicados en el World Malaria Report de 2019, en Venezuela empezó la tendencia de creciente de casos estimados de malaria en el 2011 cuando hubo 53.839,  hasta llegar a su pico en el 2017 con 479.761 casos y mejorar con un leve declive a 471.995 casos en 2018 (WHO, 2019).

La presente situación sanitaria provocada por la pandemia se encuentra al mismo tiempo con un profundo deterioro de los centros de salud y las políticas de vacunación del Estado,  que recorta o anula la asistencia médica a los pueblos indígenas venezolanos. Esto, como parte de un contexto más amplio de desfinanciamiento de la garantía estatal de derechos sociales como salud y educación, derivado de la crisis que padece Venezuela desde 2014, y que se agravó en 2015 y 2016 por el desplome del precio del petróleo, y entre 2017 y 2019 con las sanciones económicas estadounidenses y europeas.

En ese contexto, los efectos de la minería que degradan a la naturaleza y aumentan las enfermedades, los precios al alza de una economía minera con la monetización del oro en las transacciones, el recorte estatal de políticas asistenciales y salarios, y la presencia de distintos foráneos en la explotación minera de sus territorios ancestrales, provoca que organizaciones e individuos de los pueblos indígenas participen en las operaciones de extracción de oro de mediana y pequeña escala al sur del Orinoco, empleados en minas controladas por criollos o controlando minas directamente. No obstante, otros se resisten y siguen intentando priorizar una relación distinta con la naturaleza a partir de la agricultura de autosustento, la pesca, elaboración de artesanía y tratando de organizar actividades turísticas (Vitti, 2020).

Desde la necesidad de adquirir comida o tratamiento médico para sobrevivir hasta la decisión de disputar el control sobre sus territorios ancestrales, son factores que estimulan la integración de organizaciones e individuos indígenas en la explotación minera, con consecuencias etnocidas en contra de sus propias socioculturas centradas en la constitución de los seres humanos como una parte de la naturaleza, que se expresa en cosmovisiones animistas. En ese sentido, impulsados por la maximización de la ganancia, y sin visualizar otra alternativa ante la ampliación de la minería en sus territorios por el Estado, empresas y organizaciones armadas paraestatales, los indígenas mineros podrían estar transitando a una subjetividad depredatoria y ecocida insensible ante la muerte ecológica de la naturaleza.

En el actual contexto de pandemia, a pesar de la profundización de la paralización parcial de la economía venezolana por la cuarentena aplicada por el gobierno para reducir la proliferación de casos de COVID-19, las operaciones mineras en la Amazonía venezolana han continuado, con intentos de ampliación de la minería y resistencias en su contra. De ese modo, han persistido los conflictos socioambientales ante el rechazo o aceptación del extractivismo minero por los pueblos indígenas; que implican la conservación de sus socioculturas o su degradación por los efectos etnocidas del ecocidio minero en el sur del Orinoco. En el bajo del río Caura en Bolívar y en el río Sipapo en Amazonas, indígenas ye’kwana y uwottuja han resistido ante el intento de expansión de la minería en sus territorios por organizaciones armadas irregulares colombianas (OEP, 2020). Por otra parte, al interior del pueblo pemón ocurre un conflicto socioambiental entre los sectores que defienden la participación en la minería pero con una cogestión indígena y otros sectores que rechazan esa actividad extractivista. El Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, en abril de 2020, acordó con las autoridades gubernamentales, el pago de impuestos en oro por el uso del aeropuerto de Santa Elena de Uairén^[6]; al contrario, el cacique pemón del sector II de la Gran Sabana, con el apoyo de su comunidad, ha expresado su oposición a la minería^[7].

IV. Conclusión

La crisis económica mundial que estalló a partir de las medidas estatales de cuarentena aplicadas para evitar la proliferación del COVID-19, provocó un aumento del precio del oro, que en 2020 promedió 1769 dólares según el World Gold Council. Esto, se convirtió en un estímulo para el incremento de la presencia de mineros en la Amazonía, con una mayor degradación de la naturaleza y promoviendo el contagio de indígenas amazónicos (SOS Orinoco, 2020).

La extracción de oro es una agresión a la Amazonía, una de las últimas barreras ecológicas al agravamiento del calentamiento global, por su capacidad de absorción de gases invernaderos. El resguardo de la vida de la Amazonía y pueblos indígenas que la habitan requiere identificar el carácter ecocida de cualquier minería aurífera, y reconocer que es innecesaria. Se debe cuestionar a la tríada Estados-organismos financieros internacionales-empresas transnacionales que presentan a la minería aurífera a gran escala como sustentable y ecoamigable, cuando ocasiona una degradación de mayores proporciones.

Sin las distorsiones de la pandemia, en 2019 la demanda total de oro fue 4.355,7 toneladas, divididas en 2.107 de joyería, 1.271,7 de inversión, 650,3 de reservas estatales y 326,6 de industrias (WGC, 2020). Es decir, el 92,49% del oro fue destinado al consumo suntuario, activos financieros y refugio de valor; solo el 8,10% tuvo un uso productivo. Pero, además, las 201.296 toneladas de oro que estimaba almacenadas en la economía-mundo el World Gold Council a finales de 2020^[8], permiten cubrir 616,33 años de la demanda de oro industrial de 2019; sin contar con el reciclaje físico. En conclusión, se extrae oro solo por las necesidades del proceso de acumulación del capitalismo mundial. No obstante, desde hoy, podemos exigir la desfinanciarización del oro para promover la reducción de la demanda mundial de este bien común natural, que es la única forma de resguardar a la Amazonía.

[1] Todos los datos sobre el oro provienen del World Gold Council, disponibles en https://www.gold.org/goldhub/data. Consultados el 20-4-2021

[2] Publicado en Gaceta Oficial N° 39.741

[3] Publicado en Gaceta Oficial N° 39.759.

[4] El precio de la cesta venezolana en 2011 fue 100,11 dólares el barril, y la extracción petrolera venezolana en 2011 fue 2.880.000 barriles diarios. Datos del estado financiero consolidado de Pdvsa de 2011-2012-2013; y del Boletín Anual de la Opep de 2012.

[5] La cesta venezolana pasó de88,42 dólares el barril en 2014 a 44,65 en 2015 y 35,15 en 2016. Datos del estado financiero consolidado de Pdvsa de 2016.

[6] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3023916154341586&set=pb.100001696942033.-2207520000..&type=3. Consultada el 29-4-2021.

[7] https://www.correodelcaroni.com/ciudad/region/6954-en-canaima-piden-ser-excluidos-de-cobros-de-tarifas-en-oro-impuestas-por-la-corporacion-venezolana-de-mineria. Consultado el 29-4-2021.

[8] https://www.gold.org/goldhub/data/above-ground-stocks. Consultado el 15-7-2021.

V. Referencias bibliográficas

Bellamy-Foster, John (2000). La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza. Madrid: El Viejo Topo.

Bello, Luis. Tillet, Aimé (2015). Minería en la Amazonía Venezolana: derechos indígenas y ambientales. El caso del pueblo Yanomami. Caracas: Watanabi.

Kapé-Kapé (2019). Educación en Amazonas: dos grandes polos problemáticos. Boletín 11. Ciudad Bolívar.

Kapé-Kapé (2020). Minería ilegal en las comunidades indígenas de Bolívar y Amazonas. Boletín 20. Ciudad  Bolívar.

Machado, Horacio (2017). América Latina” y la Ecología Política del Sur. Luchas de re-existencia, revolución epistémica y migración civilizatoria, en: Alimonda, H. Toro-Pérez, C. Martín, F. (coords.). Ecología Política Latinoamericana. Pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. Volumen II. Buenos Aires: Clacso.

Moore, Jason (2013). El auge de la ecología-mundo capitalista (I) y (II). Las fronteras mercantiles en el auge y decadencia de la apropiación máxima. Laberinto, 38 y 39.

Neira, Hernán. Russo, Lorena. Álvarez Subiabre, Bernadita (2019). Ecocidio. Ecocide. Revista de Filosofía, 76.

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Velasco, Francisco Javier (2020). Un fantasma depredador recorre a Venezuela. Territorios Comunes, 3:8-15. Disponible en https://ecopolitica.lalibre.net/wp-content/uploads/2020/03/0-Territorios-Comunes-3_FINAL3.pdf

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Vitti, Minerva (2020). Blanca y los indígenas pemón que volvieron a criar la tierra. Revista SIC. Centro Gumilla. Disponible en http://revistasic.gumilla.org/2020/blanca-y-los-indigenas-pemon-que-volvieron-a-criar-la-tierra/

WHO (2019). World Malaria Report. World Health Organization. France. Disponible en https://www.who.int/publications/i/item/9789241565721

WGC (2020). Gold Demand Trends. Full year and Q4 2019. World Gold Council.