No es solo petróleo: nuevas dinámicas de la minería en la Venezuela tutelada

Emiliano Teran-Mantovani

octubre 16, 2026

Luego de la intervención militar estadounidense, algunas operaciones en torno a la minería van marcando la ruta de una estrategia de la administración Trump para consolidar el flujo de minerales desde Venezuela hacia EEUU. Empresas poco conocidas, nueva ley minera, operativos militares, continuidad de la minería ilegal. ¿Hacia dónde nos dirigimos?

A mediados de septiembre el gobierno interino de Delcy Rodríguez concretaba un acuerdo con la firma Heeney Capital, en el que se le otorga a la empresa los derechos para operar la Mina Chocó y exportar el oro de allí extraído[1]. Se trata de una productiva mina a cielo abierto ubicada en el municipio El Callao (estado Bolívar), integrada al Parque Industrial Minero III Chocó ‒donde también existe una importante planta de procesamiento aurífero con el mismo nombre‒, y el Área 4 del Arco Minero del Orinoco (AMO). Es importante subrayar que en El Callao se ha señalado por años la presencia de varios grupos criminales que inciden de manera determinante en la actividad minera[2], siendo el municipio más violento de Venezuela[3].

El acuerdo en cuestión fue suscrito específicamente con la Corporación Venezolana de Minería en la ciudad de Houston (Texas, EEUU), en el marco de la Conferencia de Energía del G20. Aunque no se tienen mayores detalles del mismo, se anunciaron derechos de operación por 30 años ‒algo que está ahora contemplado en los cambios introducidos en la nueva Ley de Minas de 2026‒ y una inversión de inicial de 1.000 millones US$.

¿Qué sabemos de Heeney Capital?

No estamos ante una empresa minera, sino una compañía de inversión, con sede en New York[4], al parecer fundada en 2021. No hay mucha información disponible de la misma, pero estaría co-participando con inversiones mineras en otros países, como Trinidad y Tobago, Congo, Perú, Guinea, entre otros[5]. Al parecer se enfocan en la compra-participación en minas que ya producen, pero que están “sub-utilizadas”. Su objetivo sería, por tanto, ir de menos a más en los emprendimientos; hacerlos crecer e incrementar su valor de mercado.

Heeney se asoció con la empresa Mercuria Energy Group (con sede en Ginebra), una comercializadora de commodities de importancia global, la cual a través de un acuerdo ‘offtake’ ‒o de compromiso previo de compra de recursos‒ se encargaría de garantizar el posicionamiento del muy cuestionado oro venezolano en los mercados.

Pero aquí debemos volver a subrayar lo que hemos afirmado en otros espacios[6]: la intervención e intereses norteamericanos sobre Venezuela no se tratan solo de petróleo; ni siquiera solo de este y el oro. Desde el pasado abril se anunciaban acuerdos con Heeney, Mercuria y Venezuela para el aprovechamiento/comercialización de aluminio, níquel y mineral de hierro[7].

EEUU sigue siendo muy dependiente de las importaciones de aluminio, sobre todo en sectores de manufactura. Bloomberg ha señalado que Heeney busca hacerse del control operativo de la estatal Venalum[8]. El lunes 12 de octubre fue enviada desde Venezuela la primera carga desde 2018 de unas 15.000 toneladas métricas de aluminio primario hacia EEUU, producido por Venalum y bajo el acuerdo con Heeney y Mercuria[9]. La lista de 2025 del Servicio Geológico estadounidense, que actualiza cuáles son los minerales críticos, incluye al aluminio y el níquel[10].

Por su parte el hierro es clave para la industria siderúrgica norteamericana, y en especial, el hierro venezolano, posee altos niveles de pureza, por lo que es más barato de procesar, y su cercanía geográfica también lo hace más propicio[11].

Mercuria intenta posicionarse en varios flujos de recursos naturales venezolanos simultáneamente. Heeney también explora acuerdos con el carbón y aspira a crear una empresa comercializadora de metales.

Contexto de tutelaje en Venezuela y el objetivo de la administración Trump de consolidar el flujo de minerales hacia EEUU

Evidentemente no se puede comprender la evolución de los nuevos acuerdos mineros en Venezuela fuera del marco de intervención estadounidense y la situación de tutelaje que atraviesa al Estado venezolano desde el 3 de enero de 2026.

Dichos acuerdos y operaciones están siendo claramente direccionados desde Washington, más desde una perspectiva de intereses estratégicos, militares y de seguridad nacional que puramente comercial. El rol que ha tenido la poderosa transnacional de comercio de commodities, Trafigura, en los envíos de petróleo y oro posterior a la extracción de Maduro ha sido clave, y fue direccionado por Donald Trump[12]. En el acto de la firma del memorándum de entendimiento de abril pasado entre Venezuela, Heeney y Mercuria, se encontraba el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, y el evento comenzó con el agradecimiento a Trump por su liderazgo en “asegurar todo lo que tiene que ver con minerales críticos en este momento”[13].

Desde el inicio del segundo gobierno de Trump, EEUU se ha fijado la meta de intensificar agresivamente su competencia geopolítica con China. Es una meta existencial para este país. Para ello debe someter a Venezuela y América Latina y el Caribe; mucho más con los baches que está viviendo en el Medio Oriente. Esto implica la instalación y consolidación de gobiernos subordinados, y simultáneamente marcos extractivistas sumamente favorables, para garantizar energía (combustibles fósiles), minerales críticos y estratégicos, y la expansión de cadenas de suministro controladas por esta potencia. La llamada ‘Doctrina Donroe’ y la iniciativa ‘Pax Sílica’ explicitan con claridad estos objetivos.

El gobierno de Trump está intentando instalar garantías y atractivos para favorecer nuevas inversiones en sus sectores de interés en Venezuela. Para ello está triturando los marcos nacionales y soberanos con los que el Estado venezolano administraba sus recursos naturales, rentas e impuestos, creando nuevos canales de apropiación rápida y barata de minerales. Alcanzar, de acuerdo a Trump, el “acceso total” a dichos recursos; y alcanzarlo velozmente. La nueva Ley de Minas (abril 2026) fue apadrinada y promovida desde la Secretaría del Interior de los EEUU ‒que lleva Doug Burgum‒[14], y posteriormente tutelada por la embajada de ese país[15]. La ley asienta normativamente esa seguridad y facilidades para los capitales foráneos: incrementa sus atribuciones y participaciones (véase, por ejemplo, el nuevo artículo 5), formaliza dinámicas de expolio que se ya se han asentado por años y que continúan en este marco, además de otorgar discrecionalidad en la fijación de las tasas de regalías e impuestos, ventajas especiales y numerosas exenciones impositivas (sobre esto último ver artículos 91, 93 y 97 de la ley). Estos avances extractivistas se han llevado adelante bajo el mayor secretismo, opacidad y arbitrariedad, y violando varios derechos constitucionales ‒al igual que se ha hecho con la industria petrolera.

Incluso, en junio se desplegó un operativo militar “conjunto” entre Venezuela y EEUU (por tierra y aire) en las zonas mineras del Km 88 y Las Claritas (municipio Sifontes, Bolívar), la zona de mayor concentración de oro del país (Área 4 del AMO) y donde se ubican las dos principales minas que han hecho parte de la historia de la explotación formal/industrial del país: Las Cristinas y Brisas. Estas zonas, además, han estado por años dominadas por varios grupos criminales. El operativo implicó bombardeos de precisión por parte del Comando Sur, en la ubicación donde se encontraba alias «Niño Guerrero», líder del Tren de Aragua, señalado de controlar parte de la minería junto a otros “pranes”, quienes huyeron ante el ataque[16]. Se trata de actos selectivos de “limpiar” el terreno minero, siempre en clave de este escenario favorable los inversores.

¿Por qué ciertas empresas poco conocidas están encabezando los nuevos acuerdos?

No hay, todavía, grandes mineras. No las había ni siquiera desde el inicio del AMO, producto del colapso económico venezolano, la inestabilidad jurídica, la presencia de grupos criminales y las sanciones internacionales. Pero el nuevo escenario de control estadounidense aún no logra atraerlas. Lo que vemos son, en algunos casos, empresas más pequeñas e independientes. Vuelve a la palestra la largamente controversial Gold Reserve, que actualmente solo funciona para recuperar activos y reclamaciones contra Venezuela[17]. Aparece para asociarse a ella Augusta Capital, con pocos activos mineros, más conocida por sus vínculos con el veterano del sector, Richard Warke, que ha desarrollado y vendido empresas mineras a cifras multimillonarias[18].

Además de Heeney Capital, deberíamos destacar en el sector hidrocarburos a North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa creada apenas en 2024 con la cual el gobierno estadounidense firma el ‘Gran Acuerdo Petrolero’ que Trump anunció a fines de agosto con la administración de Rodríguez.

¿Por qué entonces prevalece este tipo de empresas? Quizás podríamos destacar tres razones principales.

Primero, porque las más grandes corporaciones evitan asumir riesgos ante un gobierno ilegítimo, con una situación política venezolana aún indefinida, una estructura institucional todavía frágil y, sobre todo, la extendida presencia de grupos criminales en los territorios de explotación minera. Segundo, como vimos, empresas como Heeney ven más bien contextos tan complicados como el venezolano como una oportunidad de negocios, del mismo modo que lo hacen empresarios como Warke. Tercero, porque estas compañías están estableciendo nexos, tratos y cierta protección del gobierno de Trump. Uno de los cofundadores de Heeney, Sean Pi, se ha reunido con altos funcionarios y figuras cercanas al gobierno de Trump, y testificó ante el Congreso estadounidense sobre la importancia estratégica del desarrollo de cadenas de suministro[19], en consonancia con los objetivos de la actual administración. Situación similar se reporta con el CEO de NABEP, Alejandro Betancourt, quien desde el primer gobierno de Trump ya había desarrollado nexos con sus colaboradores y se convirtió en el principal intermediario entre este y el gobierno de Venezuela[20].

Finalmente, cabe la pregunta: ¿qué fue de Mibiturven, empresa mixta conformada por Minerven y Marilyns Proje Yatirim (Turquía), que operaba en Chocó, y que según diversas investigaciones, tenía vínculos con Alex Saab? ¿Se confirma su definitivo desplazamiento?

Tema irresuelto y continuidades de corrupción: el extraordinario predominio del origen ilegal/criminal del oro venezolano

El hecho que las refinadoras estadounidenses se rehúsen a procesar el oro venezolano, y que la transnacional Trafigura admita que el oro que compró a Venezuela lo tiene aún almacenado[21] ‒a pesar que lo adquirió de las zonas más industriales del Arco Minero del Orinoco, bajo la gestión de Minerven‒, reafirma lo que se ha señalado hasta el cansancio: que el oro venezolano casi en su totalidad tiene un origen ilícito/criminal.

¿Importa eso al gobierno de Trump? Parece que sí, pero al mismo tiempo parece que no. La administración Trump ‒específicamente el Departamento del Tesoro‒ había sancionado a Minerven, antes de la intervención, por operar en una actividad plagada de grupos irregulares involucrados en la extracción de oro, y por los impactos ambientales en la Amazonía. Pero eso súbitamente quedó en el olvido: a fines de marzo, con las Licencias GL54 y la GL55 de la OFAC, se ampliaban las autorizaciones de actividades mineras en Venezuela, así como de inversiones y de servicios, sin que se intervenga en la grave situación de criminalidad minera que está establecida en los territorios amazónicos. Se da continuidad al oro sucio, a fin de cuentas.

El New York Times señaló que los yacimientos a los que tendría que recurrir Heeney/Mercuria son aún más informales que los que surten a Trafigura, los cuales tienen mayores riesgos de corrupción e impacto ambiental. El prestigioso diario estadounidense indicó además que contratistas de estas minas, que proporcionan servicios y maquinarias a las mismas, pagaron dinero de protección a grupos criminales locales^[22].

Todo esto revela una brutal hipocresía que envuelve la intervención estadounidense en Venezuela, anunciada como una lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico; y en favor de la democracia y las libertades en Venezuela. Lo que en realidad se revela es la nueva faceta de un ‘capitalismo de amigotes’ (crony capitalism), y las siempre borrosas y confusas fronteras entre lo legal y lo ilegal.

Operativos militares como el ocurrido en Kilómetro 88/Las Claritas, en realidad, apenas pueden lograr cambios localizados, por la imposibilidad fáctica de eliminar todas las estructuras criminales que se encuentran a lo ancho y largo de la Amazonía. Solo pueden desplazarlas. La perspectiva punitivista muestra pocos resultados (¿desde hace cuántos años se ha militarizado la región amazónica?) y poco ayuda para abordar un problema multidimensional y complejo como la minería ilegal. No basta reprimir ‒que además deja grandes impactos en familias, mujeres y niños‒, sino atacar las causas estructurales de esta expansión.

Alternativas, soberanía y democracia

En todo caso, hay que subrayar que la minería legal no es ninguna solución o salvación ante la minería ilegal. La evidencia en numerosas partes del mundo de los terribles impactos que ha dejado la minería industrial en comunidades y ecosistemas es muy abundante. Tenemos que precisar alternativas socioeconómicas para una biorregión tan delicada como la Amazonía, por fuera de la minería, por la sostenibilidad de Venezuela. Pero a decir verdad, para siquiera apuntar a una meta así, entre nuestros primeros pasos está recuperar la soberanía y la democracia del país, y alcanzar una alternativa política que piense Venezuela desde una perspectiva integral, orientada en la recuperación del sostenimiento de la vida.

[1] https://rnv.gob.ve/suscriben-acuerdo-cvm-heeney-capital-mineria/

[2] https://drive.google.com/file/d/1o-A2aocfwlSHaXBGmuEUUCK1KRKqmmly/view

[3] https://cronica.uno/tres-municipios-de-bolivar-figuran-como-los-mas-violentos-del-pais/

[4] https://www.heeneycapital.com/

[5] Véase por ejemplo, Perú: https://gestion.pe/economia/empresas/mineria-panoro-recibe-pagos-por-la-venta-de-proyectos-antillas-y-cochasayhuas-noticia/. Trinidad y Tobago: https://www.prnewswire.com/news-releases/heeney-capital-welcomes-launch-of-us250-million-pinnacle-steel-and-vanadium-redevelopment-project-in-trinidad-and-tobago-302849863.html

[6] Véase: https://www.bbc.com/mundo/articles/cp822mqz0geo; y https://www.elsaltodiario.com/venezuela/todo-lo-deberias-saber-petroleo-venezuela-no-eres-accionista-repsol

[7] https://mercuria.com/mercuria-and-heeney-capital-secure-strategic-offtake-agreements-in-venezuela-as-part-of-u-s-backed-energy-and-mining-initiative/

[8] https://www.bloomberglinea.com/negocios/esta-pequena-firma-de-wall-street-apuesta-hasta-us1000-millones-por-la-mineria-de-venezuela/

[9] https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/venezuela/tras-8-anos-de-ausencia-el-aluminio-venezolano-volvio-a-eeuu-a-donde-llego-de-cuanto-fue-y-mas-detalles/

[10] https://www.usgs.gov/programs/mineral-resources-program/science/about-2025-list-critical-minerals

[11] https://www.orinoco-iron.com/vpc/html/company.htm

[12] https://www.nytimes.com/es/2026/09/28/espanol/america-latina/trump-oro-venezuela-corrupcion.html