Prensa OEP
Imagen de Portada Human Rights Watch
El Parlamento venezolano acordó que queda prohibida la venta, comercialización y circulación en todo el territorio nacional, así como la exportación del oro y demás minerales extraídos en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
La declaratoria es el resultado de un acuerdo de la Asamblea Nacional en rechazo al “criminal uso del oro de sangre y demás minerales extraídos de forma ilegal, para la adquisición y contrabando de productos y materiales por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro y grupos delictivos por él auspiciados”.
Sobre este tema, el diputado Francisco Sucre indicó en el debate que sustentó la aprobación del acuerdo parlamentario que el oro que está siendo vendido hoy «es financiado por la corrupción y contraviene la legislación nacional».
“Hoy tenemos que alzar nuestra voz y decirles a estas empresas, a los gobiernos fronterizos de Venezuela, que ese oro que está siendo vendido ilegalmente por la dictadura está financiando la corrupción y contraviniendo legislación nacional en materia de extracción de este precioso mineral. Los minerales que tenemos en el estado Bolívar no pueden estar manchados de sangre”, indicó Sucre.
Recordó que este es el quinto acuerdo que se presenta en el Parlamento en relación al desastre ecológico que se ha creado con la explotación del Arco Minero del Orinoco y que fue declarado nulo con la aprobación de la Ley de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético e Hidroeléctrico del Sur del Orinoco en la Amazonia Venezolana.
El parlamentario rechazó que más del 50% de las 500 mil personas que trabajan en las minas en el Sur del estado Bolívar sean menores de edad y además repudió el incremento de abusos sexuales de niñas y adolescentes, así como la destrucción de casi 3.000 kilómetros cuadrados de bosque, todo desde que se aprobó el decreto del Arco Minero del Orinoco, en el año 2016.
“Vemos cómo se están destruyendo bosques que están en áreas protegidas comprometiendo la soberanía energética de Venezuela y la cuenca del Río Caroní que es nuestra principal fuente hidroeléctrica”.
Finalmente aseveró que urge conformar el Gobierno de Emergencia Nacional el cual tiene entre sus prioridades garantizar la viabilidad energética de la nación y revertir el ecocidio. “La minería no puede seguir siendo sinónimo de muerte, pranes, guerrillas, crimen organizado. La minería debe ser sinónimo de progreso, desarrollo y seguridad energética para el futuro de todos los venezolanos”.
“Toda la producción de Guayana es oro aluvional e ilegal; no tenemos ninguna producción de la mediana minería en estos momentos”, aseguró el diputado José Ricardo Salazar, miembro de la comisión permanente de Finanzas.
Señaló Salazar que la minería que más se practica ahora en Venezuela es de aluvión, “pegando un monitor hidráulico y arrastrando grandes cantidades de sedimentos a los cauces de los ríos”. Enfatizó que con este acuerdo quieren elevar la denuncia al mercado internacional del oro, “porque los que se aprovechan de esto son los que acumulan oro y hacen su aprovechamiento final. La alerta es que este oro es un oro ilegal, manchado, es un oro de sangre por todas las condiciones sociales, arbitrariedades y delincuencia en que se está explotando”, agregó.
Con la declaratoria de “oro de sangre”, el Parlamento acuerda notificar a la comunidad internacional “a fin de alertar sobre la ilicitud de los negocios realizados en torno a ello” y responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro por las consecuencias que estas actividades han tenido en los pueblos indígenas de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro: “desplazamiento forzoso, la muerte de muchos de sus habitantes y la destrucción de sus asentamientos, de su economía y de su desarrollo social”.
La Asamblea Nacional se comprometió a notificar formalmente a los países fronterizos con Venezuela sobre esta decisión “para que ejerzan el control sobre los productos y materiales que están siendo traídos a través de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales, con destino al Arco Minero. Y que, a su vez, notifiquen a las empresas privadas dentro de sus respectivos países que la recepción del oro y demás minerales obtenidos en las formas descritas en el acuerdo, es ilegal y constituye un delito, reservándose el Estado las acciones a que haya lugar por el incumplimiento”.
Esta declaratoria del poder legislativo en Venezuela se suma a diversas denuncias de ONGs (HRW publicó recientemente un informe completo al respecto) y activistas independientes (como Bram Ebus), que han calificado el oro que extrae el gobierno venezolano como “Oro de sangre” por los violentos conflictos entre grupos armados del Estado e irregulares, así como los constantes abusos a los derechos fundamentales de comunidades y pueblos indígenas en las zonas mineras del país que ha impulsado el gobierno.
