Entrevista a Feliciano Reyna de Acción Solidaria: “La criminalización de las organizaciones humanitarias se inscribe en un patrón general de criminalización de las organizaciones de la sociedad civil”.
Feliciano Reyna es el Presidente de Acción Solidaria, una organización que desde 1995 se orienta a la atención integral en salud a personas afectadas por el VIH. Es además creador y promotor de varias iniciativas y organizaciones de derechos humanos en Venezuela, con una amplia trayectoria y reconocimiento en el área.
En esta entrevista miramos el controversial tema de la ayuda humanitaria, que ha aumentado su importancia mientras Venezuela vive la peor crisis de su historia republicana. Recorrimos los dilemas de la polarización y el conflicto político, así como el rol de los actores y las sanciones internacionales en la generación de respuestas humanitarias, sobre lo que Reyna complejiza y nos ofrece una evaluación crítica y despolarizada. También examinamos el papel de las organizaciones humanitarias, en un contexto de disputas y criminalización contra el conjunto de las organizaciones sociales en el país, por parte del Gobierno nacional.
Observatorio de Ecología Política De Venezuela
OEP: Venezuela atraviesa una profunda crisis de carácter humanitario, que sin embargo es difícil de explicar, tanto a lo interno como a lo externo, ante una realidad que ha sido extremamente polarizada. ¿Qué indicadores concretos evidencian esta crisis?
FR: Hay órganos internacionales que han producido información sobre Venezuela que nos hacen sustentar la idea de que atravesamos una emergencia humanitaria compleja, entendiendo ésta como la que produce daños a las personas, una situación de gran inseguridad humana como producto de conflictos políticos, es decir, que no resulta, por ejemplo, de conflicto armado o de desastres naturales, pero sin embargo, genera daños como si se tratara de algo de esa naturaleza. Una de esas instituciones es el Programa Mundial de Alimentos que hizo en Venezuela, en el terreno, entre julio y septiembre de 2019, una investigación sobre inseguridad alimentaria, en el marco del informe global 2020 de crisis alimentaria[1]. Para ese momento reportaba que un 32% de la población venezolana estaba en situación de inseguridad alimentaria aguda, de ellas 2,3 millones en una situación crítica y el resto ya en situación de inseguridad alimentaria. Lo que para mí fue muy importante de ese estudio es que encontraban que un 65% adicional estaba en una potencial situación de entrar también en inseguridad alimentaria si ocurría algún evento adicional que pudiera afectar su acceso a medios de vida. Esto fue, como decía, hasta septiembre de 2019 y ya en el año 2020 nos encontramos en medio de la pandemia del coronavirus, donde sin duda se habría exacerbado esta situación.
Hay otros estudios también para ese año 2019, respecto de nuestras capacidades para atender situaciones de necesidad en el tema de salud, que indicaban que estábamos en una situación de mucha precariedad. Entre las señales más evidentes, cuando se está en un contexto de emergencia humanitaria, están los desplazamientos internos o las migraciones forzosas. La plataforma R4V, que es como ‘respuestas para Venezuela’ (Response for Venezuela) ya ha documentado que hay más de 5.5 millones de personas fuera del país, sobre todo empezó a trabajar sobre aquellas que efectivamente migraron forzosamente y este es un dato que es realmente significativo, porque lo único que explicaría que haya este nivel tan pronunciado de desplazamientos internos y de migración forzosa, es precisamente el hecho de que la sobrevivencia está comprometida en el lugar de donde uno procede y por eso hay que ir a buscarla a otros lugares, sean internamente donde todavía pueda haber alguna oportunidad de ganarse la vida o sea en el exterior.
Fue muy importante también ver cuando se planteó el regreso de algunas familias, precisamente por la situación del coronavirus: en 2020, se estima que habrían venido, algo así como 150-180 mil personas, pero después se empezó a ver otra vez su regreso. Eran personas que quizá se habían venido uno o dos años antes, pensaron que al volver a su país por lo menos podrían defenderse mejor que en el exterior donde se estaban cerrando oportunidades de trabajo, los confinamientos, todo lo que ya conocemos de la pandemia del coronavirus, y sin embargo, de nuevo, comenzó la salida, porque es difícil imaginar que la situación aquí haya llegado a tal grado de dificultad que de verdad la vida está en riesgo para muchas personas.
Tenemos unos análisis en un sitio web que se llama HumVenezuela, en la que hemos ido documentando la situación para mostrar que efectivamente, en términos de alimentación y nutrición, salud, medios de vida, educación y acceso al agua, que es tan fundamental, tan vital, la afectación alcanza a millones de personas en Venezuela y no se ve, por ahora, que esa situación pueda mejorar y ayudarlas a salir de este contexto, que lleguen directamente insumos de la ayuda internacional para poder salvar la vida o para aliviar sufrimiento que sea necesario.
Nosotros pensamos que de no darse otras respuestas, probablemente estaremos en esta situación de necesidad humanitaria por los próximos dos o tres años, antes de poder empezar a imaginar que se pueda volver a transitar un camino hacia el desarrollo. Las evidencias pues son muy diversas, podemos entrar en el ámbito de lo ambiental, de poblaciones que están en lugares más remotos, de pueblos indígenas, de adultos mayores, es decir, si uno va sumando datos sobre situaciones particulares, esa es claramente una situación crítica desde el punto de vista humanitario y también el reconocimiento de que es producto de un conflicto político que de no resolverse haría que esta situación permanezca en el tiempo.
OEP: En relación a la pandemia, el manejo de la misma ha servido también como escenario para que gobiernos y otros actores impongan sus agendas. Por ejemplo, en Venezuela, profundizar el extractivismo, el autoritarismo y una política neoliberal, ante la vulnerabilidad de las grandes mayorías, frente al avance de un virus del que aún desconocemos muchos elementos. Pero por otro lado, potencias extranjeras inciden negativamente en las crisis de nuestros países, donde resaltan las sanciones internacionales de los Estados Unidos. ¿Cómo se ven las organizaciones humanitarias en esa compleja dinámica?
FR: En el caso de la situación geopolítica, y de la imposición de agendas de otros países, algunos de ellos, pues de mucho poder en lo internacional, tanto del bloque que en este momento apoya más al gobierno de Venezuela, sea Rusia, China, Irán, Turquía, Bielorrusia; o por el otro lado, los que lo oponen, como en el caso de Estados Unidos; hay claramente ahí una situación que afecta a la población venezolana, que es donde nosotros hemos ido centrando mucho nuestras opciones de incidencia. Esto implica que sea posible que la población sea tomada en cuenta dentro de los principales objetivos en las conversaciones internacionales, tanto por parte del gobierno y sus aliados como por parte de factores de oposición y los suyos, para que las políticas, las prácticas no sigan afectando de manera tan severa a la población.
En el caso en el que algunas organizaciones hemos podido tener más posibilidades de incidencia, ha sido el de las sanciones impuestas por Estados Unidos y hemos dicho, en diversos escenarios, que el desvío del propósito original de las sanciones individuales, que era el de sentar en una mesa de negociación a los actores políticos en conflicto, para buscar salidas a ese conflicto en al menos un mediano plazo, se desvirtuó. Esto más bien se convirtió, muy desafortunadamente en 2019, en el intento de que esas sanciones derrocaran al gobierno y eso implicó, entonces, una profundización de sanciones que ya no solamente eran individuales sino sectoriales, o las petroleras. Se calculó que se producirían resultados en un corto plazo, y eso no ocurrió. Al pasar el tiempo fueron convirtiéndose más bien en unas sanciones que iban a ir afectando a la población venezolana. Lo más reciente, hay dos momentos muy graves para nosotros: uno, fue una orden ejecutiva de Trump de agosto del año 2019, en la que se planteaba que interactuar con algún actor que tuviera vínculo con el gobierno de Nicolás Maduro sería objeto de sanciones. Eso llevó a cosas tan absurdas como que hubo programas en los que estábamos apoyando a personal de salud en un hospital público, que se vieron interrumpidos porque el donante para ese programa tuvo que pararlo por temor a que, al tratarse de personal de un hospital público, se considerara que tenía vínculos con el gobierno de Maduro; es decir, confundiendo un ente del Estado venezolano con el gobierno venezolano y entonces no hubo manera de implementar ese proyecto. Y después vino un momento que ya está mostrando sus efectos muy graves, que fue el de la prohibición de intercambiar diésel por petróleo, pero que entendemos fue más producto de llamadas. Había habido una suerte de flexibilización de las sanciones hasta octubre del año 2020, pero después parece que hubo llamadas del gobierno de Estados Unidos a las empresas que estaban llevando adelante esta práctica, que estaban beneficiando a los sectores agroalimentario, de transporte, a la producción de energía, con el uso de diésel y la advertencia fue, que a partir de noviembre no podían seguir haciéndolo sino querían verse sujetos a algún tipo de sanciones. Eso paró allí y se advirtió que probablemente para marzo o abril de 2021 estaríamos viendo fallas severas.
Las fallas comenzaron antes. Por lo menos desde febrero estamos viendo dificultades para poderse proveer del diésel y por tanto para transportar alimentos y otros productos, para el transporte de personas. Desde que se anunció que posiblemente se daría esta prohibición el año pasado, hemos estado advirtiendo el daño que esto causaría a la población, enviamos cartas a un grupo de organizaciones, al departamento del Tesoro de Estados Unidos; y bueno, ya se está viendo el daño en el país. Pensamos que una medida de este tipo, que afecta a la población venezolana y que no tiene ningún efecto sobre el grupo en el poder, al que se supone que se quiere llevar a sentarse en una mesa de negociaciones, debe ser levantada unilateralmente, que no debe ser objeto de un proceso de negociación que pueda tomar dos o tres meses, porque cada día que pasa le hace daño a la población venezolana.
Las sanciones no deben verse como un paquete, sino analizarse individualmente y plantearse que aquellas que efectivamente puedan llevar a esa negociación política mirando hacia una salida del conflicto los próximos meses o par de años, bueno, pudieran seguirse trabajando, pero las que le hacen daño a la población venezolana deberían ser de levantamiento inmediato. La otra cosa que hemos planteado en este tema es la necesaria la acción multilateral y no la imposición de un solo país, y también la conversación con aquellos que son aliados del gobierno venezolano en este momento. No podemos ser nosotros objeto de una lucha de poderes fuera del país, no debemos serlo y sobre todo si eso lleva a mucho más sufrimiento para una población que ya había sido sometida a esta situación de gran inseguridad humana por acciones del propio gobierno venezolano, eso es innegable, pero ciertamente hay que plantearse unas vías de salida de solución que no implique que se exacerbe ese sufrimiento.
OEP: Ahora bien, en el plano nacional, la ayuda humanitaria ha estado enmarcada en las grandes narrativas políticas del país, sea la del gobierno nacional, que intenta asimilarla a una intervención extranjera bélica, o bien la de sectores políticos de la oposición que la presentan como una forma de obligar al gobierno a reconocer su fracaso. ¿Cómo se puede entender la ayuda humanitaria en este contexto? ¿Qué elementos se pueden ofrecer para comprenderla en su complejidad?
FR: Lo que nosotros pensamos que sería deseable es que, sabiendo que hay un curso necesario para salir eventualmente de este contexto de emergencia humanitaria compleja, que es el del conflicto político, resaltar que hay otro diferente que tiene que ver con situaciones muy graves en materia de derechos humanos, en su sentido más amplio, las cuales están siendo ampliamente documentadas por la Misión de Determinación de Hechos, la Oficina de la Alta Comisionada, la Comisión Interamericana; y que refleja que hay hechos innegables. Entonces ese es otro camino que debe seguir su curso.
Hay para nosotros por lo menos otros dos cursos que deben ser atendidos, ojalá, no manejados dentro de los señalamientos de tipo político que se puedan hacer unos u otros actores, y estos son el de la respuesta humanitaria, la necesidad de dar a la población venezolana respuestas urgentes, lo que significa salvar vidas y aliviar sufrimiento; y el otro, es el que tiene que ver con esta consecuencia inevitable de las emergencias humanitarias que es la migración forzosa. Las respuestas a estos dos ámbitos, nuevamente, tienen que ser productos con la única intención de salvar vidas y de aliviar sufrimiento, y para quienes están fuera de Venezuela por migración forzosa, ir recuperando sus condiciones de vida digna en su integración en los países de acogida.
En el caso interno, no hemos parado de ver todavía esa instrumentalización de las respuestas, es decir, desde la oposición muchos factores, yo no puedo decir que todos, pero que lo presentan como ‘aquí estamos colaborando, porque ustedes del gobierno destruyeron todo esto y han hecho que la población sufra tanto, aquí estamos nosotros haciendo que lleguen cargas de ayuda humanitaria, o que se abra la puerta a dinero’, como se está diciendo en estos momentos con lo del acuerdo para el mecanismo COVAX[2]. Y en el lado gubernamental, la respuesta también es política, es decir, no admitir que los daños son productos de políticas erradas, de gran corrupción, de abuso de poder de años previos, entonces el discurso presente son las sanciones, que esos son los criminales que internacionalmente han atacado al gobierno de Venezuela y quieren acabar con la revolución, y así van. Al final, todo estos discursos borran a la persona de esa necesidad de respuesta, terminan en sus distintas condiciones de vulnerabilidad, de nuevo desaparecida de ese discurso, no son tomadas en cuentas, no oye uno realmente que haya un énfasis, una preocupación por ese sufrimiento cotidiano, por esa pérdida de vida, por esa desesperanza, no ver, digamos alguna posibilidad de salida futura y termina solamente en una pugna interna o en una pugna con actores foráneos y realmente sin dar de ninguna manera respuesta a la población.
Ahí vemos el asunto del ingreso al país del Programa Mundial de Alimentos y el intento, entendemos, por parte del gobierno, de que lo que pueda implementar en materia alimentaria sea a través de las Clap. O bien, programas como el de las transferencias de efectivo, que son fundamentales también para empezar a dar a personas en necesidad acceso a esos recursos que pueden ayudar a dinamizar el comercio local, que una familia pueda ir a la bodega y entonces el bodeguero también puede a su vez comprar los insumos. Todo esto les va dando unas condiciones de autonomía que son fundamentales si uno piensa que se va a recuperar una condición de vida digna, autónoma, suficiente de las familias. Pero eso está siendo claramente afectado por un intento de manejo atado a intereses partidistas, ideológicos de la implementación de la respuesta humanitaria. Más responsabilidad y más necesidad de que eso no ocurra por supuesto es hacia el gobierno en este momento, porque en esa implementación es donde quizás se corre el riesgo mayor de manipulación. Pero ciertamente también hay una situación internacional que involucra a la oposición con acceso a recursos con cercanía con estos actores internacionales que pueden ampliar la respuesta humanitaria en términos de sus aportes, donaciones y eso todavía no lo vemos ocurriendo.
OEP: ¿Piensas que la ayuda humanitaria pueda estar exenta de la política?
FR: Veo difícil sacar por completo la respuesta humanitaria de la política, siendo además que en la base del surgimiento de la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo, está el propio conflicto político, está en la base de todos los daños que se han producido. Este ha sido un proceso de lenta instalación, tiene muchos años gestándose, tuvo que ver con la erosión del estado de derecho que fue dándose poco a poco y, pudiéramos pensar en momentos muy importantes como el intento en 2007 del cambio de la constitución de 1999, y cómo de todas maneras esas provisiones protectoras fueron imponiéndose por medio de leyes, algo que había anunciado el mismo Chávez en su momento, que nada le impedían hacerlo por otras vías, seguir imponiendo. Y bueno, también al no preservarse ese estado de derecho, todo lo que llevó a expropiaciones arbitrarias, a daños a la tierra, a pequeños, medianos y grandes productores del campo, más la gran corrupción. Todo esto al final, cuando llegamos a este momento actual, se ve difícil sacar por completo lo que se refiere a la respuesta humanitaria de esas referencias políticas.
Y por otro lado también, como ya he mencionado, está el caso de las sanciones más generales o sectoriales, que terminan también entrando dentro de la diatriba del conflicto político. Para mí es sorprendente, analizando la situación de cooperación internacional humanitaria, que entre los 23 países con necesidad de apoyo de cooperación humanitaria en el mundo, para el cierre del año 2020, Venezuela es el último en recepción de recursos con solo un 21% de la solicitud de recursos, según OCHA-ONU. Solicitud que en los casos de los 4 países con las mayores crisis de inseguridad alimentaria, Afganistán, Yemen, República Democrática del Congo y Venezuela, nuestro país estaba por unos 760 millones de dólares y los demás ninguno bajaba de más de mil y tantos millones de dólares. Si lo vemos en términos de migración forzosa, la respuesta regional para Siria, con una crisis en tamaño casi igual a la nuestra, tenía una solicitud de más de 6 mil millones de dólares y la venezolana de mil 400 millones para poder atender a la población. La diferencia es gigantesca y al final es difícil no pensar que ahí hay factores de tipo político que son los que tienen esta situación quizás no estancada pero sí con una respuesta insuficiente para la dimensión del drama que estamos viviendo.
Ha sido también muy decepcionante la respuesta regional en algunos países, como lo hemos visto con Colombia; vienen en general más allá de unos hechos muy graves de xenofobia como los promovidos por la alcaldesa Claudia López; pero en todo caso, lo que uno hubiera esperado después de reuniones que se dieron por ejemplo en Ecuador, eran políticas de la región en su conjunto, respuestas comunes de los distintos países que facilitaran, uno, el reconocimiento de la población venezolana como refugiada, con todo lo que eso significa desde la protección, y después, hacer una movilización regional posible de recursos y de prácticas para que la población venezolana se pudiera integrar adecuadamente a la vida en esos países de acogida. Luego vino la pandemia y eso ha sido muy grave, pero estas medidas hubieran podido ocurrir mucho antes y entonces ya haber estado en marcha, incluso hubiera podido mejorar la situación de estas personas.
Uno de nuestros argumentos ha sido que ese uso político o esa manipulación de la respuesta humanitaria es inevitable, estamos en medio de una pugna que no se puede negar, pero tiene que haber la manera de ampliar el apoyo al país en el plan de respuesta humanitaria, y debería haber esa ampliación reconociendo los riesgos de esa manipulación política, pero entendiéndolos como parte del terreno tan complejo en el que nos estamos moviendo y que eso no impida una vez más trabajar por la población venezolana.
OEP: ¿Qué logros puedes mencionar del trabajo de las organizaciones humanitarias en el país?
FR: Cuando se dan estas situaciones como las que estamos pasando en Venezuela de emergencia humanitaria, se activan unos grupos de trabajo que buscan identificar a las poblaciones con mayor vulnerabilidad en áreas específicas, y al activarse esos grupos entonces se implementan respuestas en estas áreas. Ellas son, por un lado, salud en general, y después está el ámbito de la educación, alimentación y nutrición, separadas en seguridad alimentaria y problemas de nutrición, alojamiento y enseres. Hay un área muy importante que es la de protección, en la que se encuentran situaciones de daños muy severos en distintos grupos de la población, que tienen que ver con violencia de género, impacto a niños, a niñas y adolescentes. De estos grupos hay ya estadísticas sobre la cantidad de personas a las que se ha ido llegando.
Entre las organizaciones nacionales hemos tenido un trabajo muy temprano desde el año 2016, de hecho fuimos los primeros que alertamos sobre la situación de emergencia humanitaria compleja en el país, cuando todavía agencias del sistema de Naciones Unidas estaban en silencio y argumentaban que sólo podían basarse en información oficial, cosa que es gravísimo. En el terreno, cualquier esfuerzo de documentación hacía ver claramente que la situación venía en un franco deterioro desde por lo menos 2012; fueron años terribles en salud, en alimentación, y todavía el gobierno venezolano recibía un premio de la FAO en el 2013, una cosa realmente penosa. Pero bueno, empezamos a dar respuesta en ese 2016, enviamos una carta más de 80 organizaciones al secretario general de entonces, Ban Ki-Moon, reclamando esa conducta de las Agencias de Naciones Unidas en el terreno.
Para 2017, empieza a verse ese éxodo masivo de personas, sobre todo entre San Antonio del Táchira y Cúcuta, y se hace innegable e inocultable la situación humanitaria. En 2018, empieza a moverse mucho más. Ya desde antes, por cierto, el grupo humanitario de la Comisión Europea ECO, había estado documentando y acompañando algunas organizaciones para trabajar en lo humanitario, lo que realmente era una excepción frente a lo que estaba haciendo Naciones Unidas.
OEP: ¿Cuáles son los alcances que puede tener la ayuda humanitaria? ¿Puede contribuir a conseguir soluciones a problemas de mayor envergadura?
FR: Quizás lo que puede pasar es que el trabajo de ayuda humanitaria abra un espacio de interlocución entre los actores en conflicto y sin permitir la manipulación política, por lo menos encontrar algunos terrenos para ponerse de acuerdo, si es que realmente es posible con esos actores entender que primero está la vida de las personas y la urgencia de salvar vidas y de aliviar sufrimiento. Hay un reto muy grande para las organizaciones nacionales, y lo hemos estado conversando con colegas provenientes de otras situaciones de este tipo, y es que, una situación como la nuestra que no tenga algún tipo de luz respecto de las posibilidades de su solución política, si se va prolongando esta situación puede ir haciendo que esa emergencia humanitaria se convierta en una de esas olvidadas, como en Haití, o Yemen; donde no hay nada que hacer. Se manda ayuda y se ve cómo se parapetea un poco la situación. Y por otro lado, pasa que quien está involucrado en la respuesta humanitaria desde las organizaciones nacionales, está también sufriendo los mismos impactos de esta emergencia humanitaria, tienen que irse porque viene la bolsa Clap, o tienen que quedarse en casa porque llegó el agua un rato, o tienen un problema médico de algún familiar y no se consigue la medicina. Hay una situación allí que hace nuevamente que las posibilidades de influir o de incidir son más complejas y por eso es necesario una mirada de conjunto sobre la situación, buscar contribuir de nuevo a que haya ese diálogo o negociación entre actores, para poder, eventualmente, salir del conflicto político para que entonces también la situación de necesidad humanitaria encuentre su propia salida.
Cuando estamos en estos espacios de interlocución internacional siempre planteamos que los cálculos que puedan hacerse tengan en cuenta a la población y la necesidad de esos procesos de negociación que ayuden a salir del conflicto político. Hay quienes plantean que esa ayuda humanitaria puede ayudar, por ejemplo, al gobierno de Maduro, pero esa es realmente una visión limitada, porque lo humanitario al final no deja de ser parcial, y en situaciones de crisis de tales dimensiones el impacto es además mínimo. Si un plan de respuesta humanitaria que fuera más robusto en Venezuela, en vez de ser de 760 millones de dólares, fuera de 2 mil millones, de todas maneras es imposible resolver los problemas de fondo tan graves que tiene el país. Solo la inversión para recuperar la infraestructura hospitalaria y para recuperar la respuesta del sistema de salud, según algunos cálculos necesitan empezar con unos 5 mil millones de dólares, y para el ámbito agroalimentario, con todas sus capacidades, necesitas hasta 12 mil millones de dólares. Así que, esa es una mirada miope, corta, sobre la situación del país si se piensa que robustecer la respuesta humanitaria va a tener alguna influencia sobre mejorar la percepción del gobierno actual, y entonces eso va a retrasar respuestas políticas. Así que, digamos, para nosotros esto ha sido un argumento que hemos tenido que refutarlo muchas veces.
OEP: ¿Cómo, en general, las organizaciones de ayuda humanitaria perciben el problema ambiental como un elemento más de la crisis humanitaria? ¿Piensas que esta dimensión es tomada en cuenta?
FR: Lo ambiental no está siendo considerado con la importancia que debería tener y parte de esto es porque incluso dentro del conjunto de organizaciones de la sociedad civil que venimos trabajando en los temas de derechos humanos, no hemos tenido una experiencia previa por formación, por acción en el ámbito de los derechos ambientales. Hay algunas organizaciones que han sido muy enfáticas en esto que han estado planteando que es urgente esa mirada y que deberíamos todas estar también involucradas en esta necesidad de mirar hacia lo ambiental como un elemento que profundiza la situación humanitaria. Si acaso en algunos grupos se trata lo que tiene ver con el derecho al agua, o por ejemplo los derechos de pueblos indígenas, en algunos casos la corrupción que se pueda generar, por ejemplo en un proyecto como el del Arco Minero, pero realmente no ha tenido todo el peso que debería tener. Hay informes particulares, y son informes importantes que han tenido este enfoque de derechos humanos, pero todavía no tienen ni el espacio ni la importancia que deberían tener dado el impacto claro que tienen también sobre eventualmente un futuro sostenible para el país. Tenemos que hacer que las soluciones humanitarias sean también sostenibles, que esto sea importante en la agenda.
OEP: El Gobierno venezolano ha avanzado en una estrategia de criminalizar organizaciones dedicadas a gestionar la ayuda humanitaria en el país, y con ello ha generado miedo en un sector de la población que ahora teme ser vinculado a ONGs, ante la perspectiva de ser detenidos o incluso enfrentar escenarios peores. ¿Cómo lograr avanzar en el trabajo humanitario ante este panorama?
FR: La criminalización de las organizaciones humanitarias se inscribe en un patrón general de criminalización de las organizaciones de la sociedad civil, y también de personas, y sobre todo se va agravando con los estados de emergencia, la ley contra el odio; es decir, es una mirada sobre un sector de la sociedad que es considerado como enemigo de la revolución, que favorece agendas foráneas. Esto comenzó desde años atrás, nosotros lo veníamos alertando. Hubo un momento que buscaba cerrar incluso la posibilidad de acción, de trabajo independiente de las organizaciones; fue aquella primera propuesta de ley de cooperación internacional de 2005-2006, que después se intentó reanudar su aprobación en 2010 y ahora está hablándose de nuevo de ella. Esto afecta por supuesto a las organizaciones de derechos humanos, las ambientales, las humanitarias, incluso medios de comunicación, sindicatos; la afectación es muy extensa. Estas mismas leyes han servido de nuevo para criminalizar, por ejemplo al personal de salud, que en algunos casos, sobre todo en 2020, levantó la voz para decir que no había equipos de protección personal, que los casos de coronavirus eran mayores de los que se decían.
Después vino este hecho muy serio que fue la criminalización de estos programas que son esenciales en las respuestas humanitarias en el mundo, que son los de transferencia de efectivo, malinterpretados como si fuera el hecho de que alguien tiene una paca de dinero en la mano y entonces va y lo reparte, y puede hacer un uso hasta de manipulación política de esos recursos, cuando en realidad es una transferencia por unos medios legítimos, electrónicos en general, que pueden ser convertidos en bodegas o en distintos espacios de la vida comunitaria, para tener alimentos o transporte, o alguna medicina o kit de higiene, es decir, tiene una importancia fundamental. Pero está esta idea de que cualquier cosa que pueda hacerse a nivel comunitario puede ser sospechosa de manipulación o de intervención. Algunas personas en esas redes de información, que son más de control social, terminaban llamando la atención sobre cómo era posible que hubiera personas en la comunidad que estuvieran obteniendo estas transferencias; que quiénes eran, cómo pasaba eso, y por supuesto se percibió como una competencia, otra vez, en el terreno de la política, con las transferencias por parte del gobierno, que al final son de montos mucho menores, casi irrisorios frente a lo que se puede hacer con un programa de estos.
Al final se les consideró sospechosos de actividades ilícitas a los grupos de trabajo dentro de Naciones Unidas que trabajaba con proyectos de ese tipo, y por eso las intervenciones a organizaciones como Alimenta Solidaridad, Convite y Azul Positivo en enero de 2021, con el hecho muy grave de que en el caso de Azul Positivo interviniera la DGCIM, que fuera un órgano militar, y que nuestros compañeros estuvieran presos por casi un mes. Por supuesto que crea una situación tanto en el personal de las organizaciones como de las personas receptoras, de mucho temor. Esperamos que esto pueda variar. Nosotros en particular y con otras organizaciones, que somos un grupo pequeño, estamos buscando desde el año pasado, a partir de una conversación positiva que tuvimos con el canciller Jorge Arreaza y su equipo, de crear una instancia de coordinación y protección del trabajo humanitario, que esperamos que pueda avanzar muy pronto y permita abrir el espacio humanitario, facilitar la labor de las organizaciones y protegerla desde las posibilidades de tener una acción articulada a nivel nacional, regional y local.
Hay grupos indígenas a los que no se ha podido llegar más por problemas de gasolina y prohibiciones de vuelos, por ejemplo, es decir, hay todo un área de trabajo necesaria e importante para articularla entre las organizaciones nacionales e internacionales, la cancillería que ha estado coordinando con el sistema de Naciones Unidas, y el propio sistema de Naciones Unidas, y quizás otros actores.
OEP: Además de los mencionados, ¿qué otros obstáculos enfrentan las organizaciones de ayuda humanitaria en Venezuela?
FR: En estos estados de alerta en la pandemia, un factor es la movilidad en el país y por supuesto, el acceso al combustible. Problemas en estos ámbitos vienen desde hace mucho tiempo y sobre todo, si se está en las regiones, esa movilidad es muy compleja, incluso si se llevan salvoconductos surgen respuestas muy arbitrarias, no lo reconocen y eso va afectando de nuevo la respuesta. Hay también algunos temas de focos de violencia de grupos que tienen control de zonas a las que sería deseable llegar con respuesta humanitaria, pero también pasa con cuerpos de seguridad del Estado, me refiero a policías, sean nacionales o sean estatales, y terminan más bien convirtiéndose en las distintas alcabalas, grupos que de manera muy arbitraria obstaculizan el trabajo. Una vez más, esa interlocución con distintos entes del Estado es necesaria, debería ser fluida y permanente.
Se necesita de protección, es decir, que si hay, que seguramente seguirá habiendo, algunas de estas situaciones arbitrarias que afectan al personal de las organizaciones, sea posible resolverlas inmediatamente, y que el personal de las organizaciones no se sienta tan vulnerable que eventualmente no siga trabajando. El Estado tiene la obligación de facilitar y proteger el trabajo por la gente, por la población venezolana.
OEP: ¿Cómo percibes el panorama de crisis para los próximos años y qué nuevos roles podrían jugar este tipo de organizaciones? ¿Prevés algunos cambios en sus dinámicas?
FR: Si no hay unas soluciones de fondo al conflicto político la verdad es que se ve difícil el futuro para la población. Ojalá se dé en este próximo período de meses y un par años esfuerzos hacia lo electoral, por ejemplo, un espacio donde sea posible generar condiciones para que las personas participen en procesos políticos, puedan manifestarse, expresarse y que eso lleve eventualmente a que se equilibre la representación en los distintos espacios del Estado. Eso es una manera, ojalá funcionara de nuevo, y es como imaginarse un posible camino de resolución duradera, no violento, democrático. Esto significaría también que habría que encontrar algunas garantías para que se facilitara la transición posible, es decir, más que la transición, ese proceso de transformación de lo que nos está ocurriendo en el país.
Hay quienes hoy por hoy están totalmente en contra de que algo de esto pueda darse, ya que afectaría sus intereses y les es mucho más conveniente mantener las cosas como están, pero no parece que esto sea sostenible con facilidad, por lo menos a mediano plazo. Por otro lado, procesos que tienen que ver con la justicia tienen maneras de ser tramitados. Ya hubo suficiente experiencia en otros países al respecto y hay quienes los trabajan con mucho conocimiento, porque, bueno, ciertamente ha habido situaciones muy graves en materia de violación de derechos humanos y eso debería también conseguir justicia.
Si es posible, ir encontrando una salida al conflicto político y que puedan nuevamente generarse posibilidades de recuperación económica, de generación de empleo digno, y no esta situación precaria, esa recuperación será lenta, pero ojalá no se haga a expensas de un crecimiento indiscriminado, con daños claros al ambiente; que no sea solamente una apertura para la entrada de grupos que sólo vean a nuestro país como una presa y sacarle toda la riqueza posible sin ningún tipo de consideración por otras condiciones que necesitamos. Yo desearía ver esos cambios. Acabamos de ver una de esas cosas que pueden por lo menos detener así sea temporalmente el deterioro de la población, que es este acuerdo entre el gobierno y la oposición para la aplicación del mecanismo COVAX, aunque hemos visto un ir y venir de medidas que no deja de causar mucha angustia y mucha preocupación, porque de nuevo uno quisiera que avanzaran de una forma mucho más lineal, pero no es así. Hay que estar claro de que se trata de un proceso, más bien de un plazo más largo, un plazo en el que desafortunadamente sabemos que va haber muchas personas que no tendrán como hacerle frente, que serán víctimas de la emergencia humanitaria antes de que las respuestas lleguen. Pero yo espero que si sea posible, así como estamos no es sostenible, no conviene a nadie, esto así no es bueno para nadie. Estamos de todas maneras obligados a seguir trabajando muchísimo para apoyar a la población en los próximos 2, 3 años mínimos, con esta labor desde la perspectiva humanitaria intensa.
Descargue aquí el N° 4 de nuestra Revista Territorios Comunes
[1] Véase: https://www.wfp.org/publications/2020-global-report-food-crises?_ga=2.268013965.2051877528.1620219082-607630742.1620219082
[2] El mecanismo Covax es la alianza entre la OMS y otros organismos internacionales para tratar de garantizar el acceso a vacunas seguras y asequibles en 2021 por parte de los países participantes.
