Emiliano Terán y Francisco Javier Velasco
Observatorio de Ecología Política de Venezuela
Imagen de Portada: El Cacique Sabino Romero y Lucía Martínez. Tomado de Venezuelaoriginaria.blogspot
Nota de edición
Este texto fue publicado originalmente el día 8 de Agosto de 2017 en las páginas web de Aporrea y PROVEA. Re-difundimos el mismo a raíz de la reciente alza en las tensiones entre el Estado venezolano y las distintas etnias de los pueblos originarios que habitan el territorio nacional.
Equipo OEP.
Hace algunos días, el reconocido intelectual venezolano Luis Britto García publicó el artículo ‘Constituciòn y Unidad Nacional’ (23 de julio, http://luisbrittogarcia.blogspot.com/2017/07/blog-post_23.html) en el cual ofrecía su visión sobre la cuestión indígena en Venezuela, y su relación con el Estado, el territorio y los llamados “recursos naturales”. Vemos con mucha preocupación este artículo por sus implicaciones, que van más allá de lo teórico, en la medida en la que plantea una serie de sospechas sobre los pueblos indígenas del país y el sentido de la lucha por sus derechos y territorios, asomando subrepticiamente una eventual criminalización de los mismos. Este planteamiento se produce en un contexto de políticas progresivas de flexibilización económica, relanzamiento e impulso de numerosos proyectos extractivistas, crecientes presiones del capital transnacional y cambios constitucionales en puerta.
En el texto, Britto García plantea que existe una estrecha identidad entre las reivindicaciones de los pueblos originarios en toda América Latina, y diversos organismos de asistencia e intervención estadounidense (como el Indian Law Resource Center), que en teoría persiguen consolidar la autonomía de estos pueblos sobre sus territorios. A lo largo del artículo, el autor presenta casos en los que señala que las estrategias de movimientos indígenas latinoamericanos son tuteladas y dirigidas desde Washington, como sería el caso de los misquitos en Nicaragua, los mayas de Belice, los yanomami en la Amazonía y grupos similares en Ecuador. Su conclusión apunta a una generalización en la cual indica que “gran parte” de estos movimientos en toda la región estarían entonces bajo el paraguas de los financiamientos de los EEUU, siendo instrumentos pasivos para favorecer al imperialismo con el objetivo de afectar la soberanía y unidad de los Estados Nacionales y apropiarse de los recursos naturales de nuestros países.
Inspirado en esta sospecha, Luis Britto cuestiona la categorización de “pueblo” que la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV) le asigna a los indígenas debido a que supuestamente en los artículos 119 al 126, se le otorgarían a éstos derechos distintos y superiores respecto al resto de la población venezolana y se sentarían las bases para constituir numerosos Estados distintos del venezolano. En este sentido, el autor propone bajar de rango valorativo a los pueblos originarios, denominándolos ahora solo como ‘comunidades’, al tiempo que sugiere se deje de usar el concepto de ‘tierras’ para hablar solo de ‘habitats’. Queda también claramente cuestionado para Britto el hecho que el Estado tenga que realizar consultas previas e informadas a los indígenas para poder ejecutar el aprovechamiento de los recursos naturales de la Nación.
A nuestro juicio estos planteamientos están descontextualizados y son tendenciosos y miopes. En primer lugar, es falso que el reconocimiento de la existencia de diversos pueblos (en plural) en la Nación venezolana, dé cabida a supuestos derechos “superiores” de los indígenas y allane el camino a la posibilidad jurídica de afectación de la integridad territorial, debido a que la CRBV es bastante clara en su Artículo 126:
“Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional” (subrayado nuestro).
Si se revisa el conjunto de artículos del Capítulo VIII ‘De los derechos de los pueblos indígenas’, y se hace además hincapié en la explicita delimitación y aclaración que plantea el artículo 126, no queda claro en qué medida éstos supuestamente amenazarían la unidad de la nación.
En segundo lugar, los reclamos a una supuesta amenaza indígena tienen cierto toque de cinismo en la medida en la que, en la realidad concreta, estos derechos consagrados han sido sistemáticamente violados y son realmente escasas las conquistas que se han obtenido hasta la fecha. Más aún, no pocos problemas y conflictos se han suscitado en lo que concierne a la demarcación de tierras comunales, la consolidación de asentamientos y la ausencia de consultas previas. Luchas como la de los yukpas, liderada por Sabino Romero al precio de su vida; los actuales reclamos de diferentes pueblos indígenas de los estados Bolívar y Amazonas por la carencia de consultas para la realización del proyecto del Arco Minero del Orinoco, y por la urgencia de políticas efectivas contra el flagelo de la minería ilegal, son algunos ejemplos de los desmanes cometidos en contra de los derechos de los pobladores originarios venezolanos. De nada sirve preocuparse por “la actitud del gobierno estadounidense hacia los indígenas en su propio territorio”, si se escribe un artículo haciendo completo mutis en lo que respecta al drama de nuestros propios indígenas.
Así que, en vez de inquietarse por lo que establecen unos artículos que no se han cumplido, el profesor Britto García debería denunciar el incumplimiento de los mismos, debería investigar cuáles son las presiones que han obstaculizado su respeto fiel, para terminar perpetuando la situación de injusticia social y ambiental que secularmente ha afectado a los pobladores originarios.
En tercer lugar, Britto García apela a ejemplos foráneos para justificar el argumento de la potencial ‘amenaza independentista’ de los pueblos indígenas, cuando es importante dejar en claro que no hay indicio de movimiento separatista alguno en Venezuela que haya sido generado o que esté en gestación, teniendo a los indígenas como base social.
La contracara del problema planteado por Britto, que no es reflejada en su artículo, es el marco histórico de expoliación y exclusión permanentes que, a lo largo de varios siglos, han sufrido los pueblos originarios latinoamericanos y venezolanos. Es en esta perspectiva histórica que hay que entender las tensiones que generan en nuestros días los problemas de tierra y territorio que corresponden en justicia a cada uno de esos pueblos y comunidades, y que pueden ser precisamente la causa de un deseo de separación, tal y como ocurrió con los misquitos en la Nicaragua sandinista de los años 80, caso citado por el autor como ejemplo de sedición.
Cabe recordar que la cúpula sandinista, comenzando por el propio comandante Tomás Borge, admitió haber cometido lo que califican de graves errores al ignorar y considerar peyorativamente la cultura, las formas organizativas y socio-productivas propias de los misquitos y los afrodescendientes de la costa atlántica nicaragüense, lo que, conjuntamente con la represión desatada en su contra, propició la captación de un reducido sector de este pueblo por factores somocistas y contrarrevolucionarios. No obstante, es necesario señalar que, luego de llevar a cabo una autocrítica y con el concurso de expertos, se produjo una rectificación por parte de las autoridades sandinistas quienes reconocieron las molestias causadas a esa población y aceptaron la solución honrosa de la “Autonomía de la Costa Atlántica”.
Convertir a los pueblos indígenas en chivos expiatorios de las maniobras separatistas de grupos dominantes blancos y mestizos, que buscan imponer su perspectiva de clase y sus intereses para apropiarse de determinados recursos, es sumamente injusto y desvía la atención de las verdaderas causas que generan estos procesos.
En cuarto lugar, el reconocimiento de los indígenas como ‘pueblos’ es en cambio un logro histórico obtenido a partir de sus luchas y movilizaciones, consagrando el hecho de que, antes que ‘extranjeros’ o ‘marginales’, son los pobladores ancestrales de los territorios de nuestra actual República, y merecen el resarcimiento ante la discriminación y el despojo histórico del desarrollo capitalista/colonialista.
La propuesta de Britto García de eliminar constitucionalmente su condición de pueblos, reproduce el patrón colonial que ha intentado, racismo por medio, homogeneizar a los pueblos diversos, a las diversidades culturales que los constituyen, subsumiéndolos en la identidad nacional monocultural y generando permanentes procesos de etnocidio.
En su artículo, Britto confunde pueblo con Estado. En este sentido es necesario subrayar que el reconocimiento de los pueblos indígenas no tiene porque apuntar a la conformación de nuevos Estados. El autor incluso parece obviar el importante debate sobre plurinacionalidad que, reconociendo la existencia de múltiples pueblos dentro de un mismo estado o constitución, nutrió los pilares ideológicos del ciclo progresista latinoamericano, del proyecto del Socialismo del Siglo XXI (también pensado como indoamericano) y de la idea del Buen Vivir.
En el territorio de Venezuela no hay pueblos que no formen parte de la venezolanidad, que es una y múltiple. Lejos de atentar contra la identidad nacional, el reconocimiento de los derechos culturales y materiales de los pueblos indígenas (que nunca deberían ser disminuidos sino mas bien aumentados) constituyen un componente fundamental para el enriquecimiento significativo y permanente de nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural. Britto García debería entonces sumarse al coro de voces que exige la consulta a todos los pueblos y comunidades que hacen vida en nuestro país cuando se trata de proyectos y megaproyectos negociados con grandes transnacionales que involucran recursos y elementos estratégicos relativos a la cesión de soberanía, la destrucción masiva de fuentes de agua, biodiversidad y suelos.
Los verdaderos riesgos de pérdida de soberanía y fragmentación del territorio nacional se asocian hoy en día a las políticas y proyectos extractivistas (como por ejemplo ocurre con el Arco Minero del Orinoco), que se insertan en la lógica y las prescripciones del proyecto regional COSIPLAN-IIIRSA. Como sabemos, dicho proyecto tiene como propósito la integración de los diversos territorios de América del Sur, con miras a facilitar el flujo de los ‘recursos naturales’ expoliados por el gran capital y el reforzamiento de la inserción subordinada de nuestros países en la globalización neoliberal.
En quinto lugar, con relación al asunto del poder político, Britto invoca a la razón de Estado. En este sentido, conviene recordar que los imperios coloniales y los Estados republicanos post-independencia surgieron en el marco de un antagonismo étnico territorial contra los pueblos y comunidades indígenas, contra sus matrices de vida y sus modos de convivencia. La reducción de la presencia indígena a un asunto geopolítico y de seguridad de Estado, tal y como lo hace Luis Britto, nos retrotrae a ese antagonismo anclado en el eurocentrismo.
La reivindicación cerrada de “la soberana potestad del Estado de explotar los recursos naturales, sobre todo los del subsuelo, en la totalidad del territorio nacional”, orienta el argumento político-intelectual del autor hacia el interés y la gestión que realizan las élites administradoras del extractivismo y de la renta en el país, actores que, en coalición con el capital transnacional (sea estadounidense, chino, ruso, europeo, etc.) son los que a fin de cuentas deciden qué, cuánto, cuándo y dónde se extraen los apetecidos “recursos naturales” para el mercado mundial.
La postura de Britto implica pues, un posicionamiento preferencial ante ese antagonismo étnico territorial que se desarrolla contra los pueblos y comunidades indígenas durante estos procesos de expansión de la apropiación de la naturaleza. De ahí que desestime y desvalorice claramente la consulta previa a los indígenas. Y ante la supremacía de esta potestad estatal, no son sólo los pueblos originarios quienes se ven desarmados, sino también cualquier experiencia territorial (tales como experiencias comunales, productivas y comunitarias) que se pudieran oponer a cualquiera de estos proyectos, a pesar de que en la CRBV estén contempladas las consultas populares y abiertas (arts. 70 y 299).
En nombre del “pueblo” y el “desarrollo” de la Nación se ha justificado históricamente y en abstracto esta soberana potestad del Estado de explotar los recursos naturales, clausurando además las posibilidades de otras gestiones del territorio y de alternativas económicas. Ya son harto conocidos los resultados que han dejado estos modelos de desarrollo en América Latina (pobreza, exclusión, destrucción ambiental y dependencia). Dichos resultados han motivado históricamente la crítica y las reivindicaciones políticas de diversas expresiones de la izquierda en la región, incluso en el marco de la reciente experiencia de los progresismos. En este período político de los últimos lustros, aunque se produjo una más justa distribución de las rentas, se agudizó notablemente la agresión a los pueblos indígenas, a los territorios y los ecosistemas, profundizando la dependencia de nuestros países al modelo primario exportador y haciéndonos finalmente más vulnerables en el plano internacional ante los efectos de la actual crisis económica global.
En sexto y último lugar, es preciso reconocer que, renunciando a cualquier pretensión de idealizar a los pueblos indígenas, éstos no solo constituyen una parte esencial de la venezolanidad, sino que también encarnan modos de vida y saberes de los cuales podríamos aprender para construir alternativas al modelo capitalista rentista y al propio modelo civilizatorio. A pesar de las numerosas agresiones culturales y físicas a las que son sometidos aún en la actualidad, los pueblos indígenas venezolanos son los principales defensores de las aguas y la biodiversidad del país, notablemente amenazadas por las lógicas depredadoras del desarrollismo y las prácticas de apropiación informal sumamente dañinas. En este orden de ideas, antes que amenazas y potenciales conspiradores, nuestros pueblos originarios constituyen un factor fundamental que puede contribuir medularmente para salir de la crisis profunda que vive la sociedad venezolana en la actualidad. Es por ello que reivindicamos la consigna ‘Sabino marca el camino’.
A nuestro juicio, el artículo de Luis Britto García no cae en saco roto. Cada texto tiene su contexto y se incorpora a campos en disputa sobre sujetos, saberes, territorios, valoraciones, derechos y dignidades. Múltiples prejuicios y apetencias subyacen detrás de la negación de los derechos de los pueblos indígenas. Intereses de transnacionales mineras, petroleras, madereras, entre otras; a los que se suman en su acción etnocida y ecocida mineros artesanales –por lo general ilegales–; las élites burocráticas de los Estados que formalizan y legitiman esta lógica de despojo, extracción y saqueo; todo ello con el concurso de los aparatos argumentales de intelectuales orgánicos que apuntalan estos procesos.
El texto de Britto García parece útil para terminar de neutralizar el ya frágil y carcomido derecho indígena, lo que generaría un desplazamiento jurídico para finalmente allanar el camino de impulso a la mega-minería en el Arco Minero del Orinoco y otra serie de proyectos, ahora de la mano de una mayor participación e incidencia de las compañías transnacionales, como se evidencia en el nuevo esquema de negocios propuesto por el Gobierno nacional. Visto así, el artículo contribuye sobre todo a eso que el intelectual mexicano Pablo González Casanova denominó hace ya un tiempo “colonialismo interno”.
Para finalizar, preocupa la clara advertencia que hace Britto García a quienes puedan oponerse a la tesis por él planteada: quien no esté de acuerdo con este planteamiento es un secesionista, por lo que “todo el que quiera dividirnos es nuestro enemigo”.
Caracas, agosto de 2017
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