El cambio climático avanza sin un freno a la vista, los gobiernos del mundo yacen impávidos ante uno de los problemas más grave que afronta nuestra especie, en menos de una década la temperatura media global superará el primer umbral de aumento de 1,5° centígrados; lo que ya se superó este 2024. El calentamiento se acelera, ante la falta de compromiso de las empresas y gobiernos para frenar el consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, también tenemos encima otro problema, la constante y acelerada pérdida de biodiversidad, también influenciada por nuestra actividad, que cada vez degrada más ecosistemas en búsqueda de riquezas, la cual se acumula cada vez en menos manos, actualmente el 75% de las riquezas se encuentran en apenas el 10% de las personas.
En medio de este panorama, las noticias que se deberían esperar por parte de la especie supuestamente más inteligente, la monopolizadora de la racionalidad y la capacidad de pensar y analizar su entorno y adaptarse; serían las del esfuerzo mancomunado o individual para frenar estos problemas. Lamentablemente, la situación no es así, especialmente entre el final del 2024 y el inicio del 2025, abundan las noticias sobre la expansión del extractivismo, el aumento de la violencia que le acompaña y una mayor degradación de la naturaleza y los medios que sostienen la vida. Parece que los líderes políticos y ese 10% que acaparan las riquezas están decididos en acabar con la especie, con tal de en su escaso período vital estar por encima del resto de los individuos que conforman nuestras sociedades. A continuación una revisión del lamentable cuadro latinoamericano que nos tiene que mover a la acción y la resistencia, si queremos que la vida siga, especialmente la humana, persista y vencer el absurdo y mortal egoísmo de estos actores.
El Salvador- El extractivismo con rostro Milenial
En diciembre, el gobierno del salvadoreño Nayib Bukele revirtió una de las principales conquistas sociales en pro de la naturaleza que se daría en Latinoamérica, la prohibición de la minería metálica en todo un país, en El Salvador, en 2017, luego de décadas de luchas de las comunidades. En 2023, en medio de su política de violación de los Derechos Humanos en su “lucha contra el crimen”, activistas anti-minería fueron apresados acusados de un homicidio sucedido en 1989, sin presentarse pruebas al respecto. En noviembre de 2024 publicó un hilo en twitter en el cual expresó «Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies», expresando su intención de reactivar la minería metálica en el país. El lunes 23 de diciembre de 2024, entre gallos y media noche, la Asamblea Nacional controlada por el Ejecutivo aprobó la ley que permite de nuevo la minería metálica en El Salvador.
Para El Salvador, la explotación minera del oro provocará un desastre ecológico de enormes magnitudes, que las futuras generaciones tendrán que pagar, y el cual no se ha calculado el costo monetario de la recuperación de los ecosistemas afectados; sin tener certezas de los volúmenes de oro que se podrán explotar. Otro inconveniente de la ley es el nulo control legislativo en el otorgamiento de concesiones mineras, lo que generará situaciones de opacidad en un país ya bastante opaco con sus niveles de corrupción. Las zonas a explotar representan además la única reserva forestal del país y la cabecera de las principales cuencas hidrográficas de El Salvador, siendo crítica su protección
República Dominicana:violencia y represión que valen oro
En República Dominicana la violencia y represión vienen en aumento junto con la expansión de la minería; siendo esto denunciado por la Comisión de Ecología Integral de Latinoamérica y el Caribe (Ceilac), adscrita al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam). El conflicto se desató por la imposición de la construcción de una presa de relave de la multinacional Barrick Gold en la mina Pueblo Viejo, buscando despojar a los campesinos de la zona de sus tierras y acallando las voces de protesta de los habitantes de la zona. En un comunicado emitido el 9 de enero, la CEILAC reprobó los actos de represión que dejaron como saldo varios defensores comunitarios detenidos y otros heridos, entre ellos dos sacerdotes.
Ecuador y la Minería Ilegal
En Ecuador la minería ilegal cobra cada vez más fuerza y causa mayores desastres ambientales, sin que las autoridades estatales hagan algo al respecto. El río Santiago, afluente del Marañón, localizado en la Amazonia ecuatoriana, provincia de Morona Santiago, en territorios indígenas; ha venido degradando profundamente el ecosistema de este cuerpo de agua, de acuerdo a un reportaje con investigación de campo realizado por Mongabay. “El riachuelo, en el que los niños jugaban y se refrescaban en los días de calor, fue entubado para lavar oro”.
El 55 % del territorio está concesionado a la industria dedicada a la extracción de metales como oro, plata y cobre; mientras que las actividades mineras se vienen registrando desde inicios de la década actual, con sus picos en 2022. El impacto ha sido fuerte, aunque la actividad ha bajado, pues no hay vetas auríferas en el río, sino que son materiales arrastrados por la corriente del lugar de origen de dichas vetas. La deforestación ha sido agresiva, provocando degradación del suelo selvático, el cual queda totalmente estéril, así como las acumulaciones de tierra y piedras provocan desvíos del curso del río, el cual busca otros causes ante los obstáculos interpuestos por las excavadoras mecánicas. Las piscinas de decantación, contaminadas con mercurio, se mezclan con las aguas del río cada vez que hay crecida; lo que contamina toda la cuenca hacia el río Amazonas.
Ver también: Impactos de la minería en Ecuador: Alberto Acosta en Podcast Voces contra la minería
Los periodistas de Mongabay solicitaron información al Ministerio de Ambiente de Ecuador, pero no recibieron respuesta sobre los datos de contaminación que manejan. Los indígenas Shuar, habitantes de la zona, tienen conciencia de la contaminación y que la misma no es únicamente debida a la minería ilegal, sino también a las empresas mineras legales. Sin embargo, los ingresos que genera la actividad ha provocado conflictos a lo interno de las comunidades, dividiendo la opinión entre quienes logran algún beneficio económico y el resto de la comunidad, que tiene que padecer la degradación del ecosistema y la pérdida de una importantísima fuente de agua y alimentos. Otras comunidades han formado guardias territoriales para combatir el contrabando y las actividades ilegales, han evitado el ingreso de personas vinculadas a organizaciones criminales que gestionan la minería ilegal y han protegido sus entornos naturales.
Minería ilegal se diversifica en Perú
Perú tiene tiempo golpeado por la minería ilegal, especialmente en la región de Madre Vieja, pero las actuales noticias apuntan a que los mineros ilegales ya no buscan solo explotar el oro en el Amazonas, sino también extraer el cobre. La directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Angela Grossheim, manifestó que esta actividad ilícita se observa principalmente alrededor del corredor minero del sur; incluyendo la invasión de la región de Conga, sin que las autoridades estatales competentes hagan algo al respecto. La impunidad hacia la minería ilegal en Perú es una constante, lo que ha derivado en un aumento progresivo y ahora vemos, una diversificación de la explotación, generando graves problemas de salud, ecológicos y de pobreza material.
Argentina, un negacionista como jefe de Estado
En la Argentina del presidente negacionista Javier Milei, la exploración minera y de hidrocarburos, especialmente de estos últimos de acuerdo a Bloomberg. El litio no escapa de los titulares más actuales, en la provincia de Salta se ha inaugurado una planta procesadora de Litio, que se abastecerá con mineral extraído del salar Llullaillaco, sin que se tenga en cuenta el impacto ambiental de dicha extracción.
A la vez, en la Patagonia se han desencadenado enormes incendios que arrasan alrededor de 30.000 hectáreas de bosque en las laderas orientales de la cordillera andina. El Gobierno de Milei ha sido incapaz de poder combatir los incendios, luego de haber recortado el presupuesto ambiental, de prevención y protección de entornos naturales y ante la incapacidad del Estado renunció la Subsecretaría de Ambiente, Ana Lamas; siendo reemplazada por Fernando Brom quien inició en su cargo haciendo crítica a la política previa a su asunción del cargo, “Lo que ha tenido [Ana Lamas] es posiblemente una no comprensión de que el tema ambiente no es un tema ideológico, sino absolutamente ecológico. Es un derecho y obligación humana preservarlo porque es la casa donde vivimos”, dijo. Lo que fue refutado por el vocero del gobierno de Milei, Manuel Adorni, y aseguró que el nuevo funcionario no ha sido confirmado en su puesto. En medio de esta crisis, se acusó a una organización Mapuche de ser los responsables y de que esto sea provocado; esto sin presentar pruebas y generando el repudio de los indígenas residentes de los bosques y afectados en primera línea por los incendios.
Ver también: Vaca Muerta y el espejismo de la prosperidad en Argentina
La organización de Abogadxs Ambientalistas Argentinxs de denuncia que la política de criminalización de indígenas y el negacionismo climático no ayuda a combatir los fuegos; afirmando que todo forma parte de una narrativa racista. Aseguran que la Ley de Manejo del Fuego no ha sido derogado, pese a la crónica desfinanciación para el sector, que la hace ineficaz y deja en indefensos a los brigadistas encargados de combatir los incendios.
Venezuela: la minería avanza en comunidades Yekwana
En Venezuela, el Arco Minero del Orinoco sigue siendo noticia. Las redes sociales se vieron perturbadas por videos donde mineros incendiaban una aldea de indígenas de la etnia Yekwana los cuales en la actualidad se encuentran defendiendo sus territorios del portentoso avance de los grupos armados que controlan la minería en el sur del Orinoco. Los indígenas en su desesperación han solicitado ayuda a las Fuerzas Armadas y exigen que el Estado actúe y haga cumplir las leyes nacionales, aunque hasta la fecha, casi un mes después, no se han tenido respuestas ni declaraciones oficiales del Gobierno. El 10 de febrero se realizó una Asamblea Indígena en el Alto Ventuari, donde, pese a la negativa de la mayoría de las comunidades, el líder de la organización Wanatu, Alfonso Colina, aseguró que pretende continuar con la actividad aurífera ilegal, frente a la presencia del gobernador del estado Amazonas, que no ha declarado nada al respecto ni se ha visto actividad del Estado venezolano para frenar esta situación.
Ver también: Amazonía desgarrada: la minería ilegal y sus víctimas
Bolivia Resiste a la Minería
En Bolivia luego de que el gobierno iniciara la discusión para las concesiones mineras a empresas extranjeras para la explotación del litio, se desencadenó una protesta en medio del evento gubernamental, denunciando la falta de consulta pública para dichas concesiones, y alegando los graves daños ambientales que esto generaría en los ecosistemas aledaños a los salares de donde se extrae el mineral.
Horizonte caótico
El horizonte del porvenir humano y de la vida en general se ve caótico, en lugar de tomar medidas de mitigación y protección ambiental; al amparo en ocasiones o ante la negligencia, en otras; de los Gobiernos e instituciones, el extractivismo avanza sin misericordia. Cada vez más ecosistemas se suman a las listas de territorios degradados, la pobreza y la violencia aumentan en las comunidades aledañas, a los centros de explotación, la vida en su totalidad, tanto la humana como la del resto de la fauna y la flora se deprecia frente a los commodities. Las resistencias son más necesarias, pero también deben replantearse ante los signos del aceleramiento del colapso, para presentar alternativas ante el caos que cada vez más se agudizará.
