Extractivismo y Transición: deudas, amenazas y oportunidades socioambientales en Venezuela

Participacion en el foro : las voces indigenas, el ambiente y el cambio climatico en el proceso de transición venezolana. Foto: Wayamoutheri
noviembre 18, 2026

En fechas recientes se presentó la tercera edición de Estado Mágico, del autor Fernando Coronil Imber. Empiezo estas reflexiones invitando a una relectura de esta obra que parece tan vigente hoy como cuando se imprimió por primera vez, a finales de la década de los 90. En el prefacio a esta tercera edición, escrito por Maristella Svampa, se plantea, al recuperar una de las ideas centrales de la obra, que los cambios institucionales no necesariamente transforman las estructuras socioeconómicas profundas de una sociedad. Sino que, en el texto del Estado Mágico, se nos presenta un hilo de continuidad desde el Gomecismo hasta el régimen actual. 

Esa advertencia nos sirve para formular una pregunta sobre Venezuela: ¿qué tendría que cambiar para que podamos hablar de una transición verdaderamente democrática?

No basta con cambiar autoridades, nombres de instituciones o interlocutores internacionales. Necesitamos preguntar si cambia la relación entre el Estado, la sociedad y la naturaleza. Si cambia la forma en que se decide sobre los territorios. Y si los pueblos indígenas dejan de ser tratados como obstáculos, beneficiarios secundarios o  la población que debe adaptarse a decisiones tomadas lejos de sus comunidades.

Una transición que mantenga intacta la subordinación de los territorios a la extracción puede cambiar el régimen político sin transformar el orden extractivista. Esto, como diría Edgardo Lander en el prólogo de esa obra, descartaría o mutilaría la transformación democrática de una sociedad, con experiencias sociales autónomas y diversidad de prácticas y proyectos de los actores sociales. 

En un artículo previo hablé de nuestra eterna búsqueda de El Dorado, esa expectativa de que existe una riqueza excepcional que, una vez extraída, resolverá los problemas nacionales. Como esto se volvió nuestro “volksgeist” o espíritu esencial, motor histórico de la idea de Venezuela. El petróleo no eliminó ese imaginario; lo reforzó y reorganizó alrededor de la promesa de modernidad, la cual era posible comprar con los petrodólares.

Ver también: Gatopardo petrolero:accidentes, contaminación y opacidad, nada ha cambiado

Sin embargo, el devenir histórico resultó en promesas incumplidas, los sucesivos booms petroleros y crisis posteriores han golpeado duramente el país, hasta la actualidad. En medio de todo este proceso, varias voces se alzaron llamando a construir alternativas; entre estas, Alberto Adriani, primero en pensar en la siembra del petróleo, y su discípulo Arturo Uslar Pietri, que hará famosa la propuesta. También se escucharon las voces de Juan Pablo Pérez Alfonso, Rómulo Betancourt, Francisco Mieres; cada quien con visiones distintas, con algunos puntos en común.

La Siembra Petrolera se entendió como ese proyecto de modernización. La crítica de Coronil Imber se afinca allí, cuando en su obra toma casos concretos, como el de Fanatracto o el proyecto para construir un carro 100% venezolano,financiado todo con petróleo. Manuel Casique, más recientemente, nos advierte que este rentismo ayudó a sobrevivir a capitales obsoletos y poco productivos, disfrazados de políticas nacionalistas de industrialización. 

Tras la más reciente crisis, que ha derivado en un colapso de la economía petrolera junto a toda la superestructura institucional, Guayana vuelve a ocupar un lugar central en esa promesa. Ya en 1845 el Gobernador de la Provincia de Guayana, en la Memoria que dirigía al Congreso para dar cuenta de su gestión, utilizaba un término que previamente en las Ordenanzas sobre Explotación de Tortugas en el Orinoco; en el cual se llamaba a las playas donde se atrapaban a estas y sus huevos como Minas de Manteca.

Lo que me interesa señalar es la persistencia de una mirada profundamente extractiva. Antes de reconocer un territorio, las formas de vida, tenemos una visión de Guayana como un vasto lugar para explotar y extraer riqueza. 

Frente a esa mirada, debemos hacernos otra pregunta. ¿Qué significa Guayana para quienes la habitan? No solamente cuánto oro o minerales contiene, sino qué relaciones entre agua, alimentación, memoria, movilidad y vida comunitaria hacen posible ese territorio. Aquí encontraremos una dicotomía entre la población urbana, llegada a través de los procesos extractivos y modernizadores. Por otro lado, las comunidades indígenas que han habitado el territorio desde hace milenios. No se trata de idealizar a los pueblos indígenas ni de suponer que todos mantienen una posición idéntica sobre la minería. Se trata de reconocerlos como sujetos políticos, con capacidad de deliberar y decidir, y no como una variable más del proyecto extractivo.

El 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, sobre una superficie de aproximadamente 111.843 kilómetros cuadrados. El Gobierno presentó el proyecto como una gran oportunidad de inversión y anunció el interés de más de 150 empresas de 35 países. Conviene recordar esto porque la apertura al gran capital minero no nació después del 3 de enero.

La promesa ya estaba allí, atraer inversiones, ampliar la extracción y convertir la riqueza mineral en una salida para la crisis. En una “alternativa” al rentismo petrolero. Esto ha sido persistente, incluso en los años 80, los mensajes institucionales de la CVG vendían el proyecto de la minería de aluminio y hierro, con su proceso industrial como la “Alternativa No Petrolera de Venezuela”. Aunque es importante precisar que ese proyecto de integración vertical de la explotación de los minerales guayaneses, estaba asentado sobre la renta petrolera, por eso colapsó junto a la economía petrolera, esto incluso es advertido en el texto del Estado Mágico.

Pero tampoco debemos simplificar la historia. Las sanciones posteriores modificaron las condiciones del negocio; aunque no explican por sí solas todo el desarrollo del Arco Minero. Además, la ausencia de la gran inversión prometida no significó ausencia de extracción; existe gran cantidad de documentación sobre el control de minas por grupos armados y graves abusos hacia los habitantes del territorio.

Ver también:No es solo petróleo: nuevas dinámicas de la minería en la Venezuela tutelada

El paralelo que propongo no consiste en afirmar que ambos momentos son idénticos. Consiste en preguntar si, bajo nuevas alianzas y reglas, se está reorganizando una misma prioridad, asegurar la extracción antes que democratizar las decisiones sobre los territorios, el respeto de la naturaleza y la garantía de los Derechos Humanos. 

Desde enero se han producido cambios legales importantes. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos fue publicada el 29 de enero de 2026. Amplía las posibilidades de participación privada en actividades primarias mediante contratos con empresas estatales. También permite, bajo autorización, mayores funciones operativas y comerciales para participantes privados.

Hay un elemento especialmente revelador, la reforma conserva la validez de contratos celebrados bajo la Ley Antibloqueo y establece su adecuación al nuevo marco, sin empeorar determinadas condiciones previamente acordadas. No estamos, por tanto, ante una ruptura absoluta con el período anterior; existen continuidades contractuales expresamente reconocidas.

La nueva Ley Orgánica de Minas fue aprobada el 9 de abril y publicada el 16 de abril de 2026. Su artículo 5 permite actuar a empresas estatales, mixtas, empresas con participación estatal minoritaria y empresas privadas autorizadas, además de otras modalidades mineras.

Las dos leyes mantienen la propiedad pública de los yacimientos. Por eso sería impreciso decir que simplemente se vendió el subsuelo. La pregunta es más concreta: quién obtiene derechos para operar, comercializar y participar en los beneficios; bajo qué condiciones; y con qué controles públicos. Pero especialmente, ¿dónde quedaron la consulta previa a los pueblos indígenas, el mandato constitucional de los estudios de impacto socioambiental y la protección de la naturaleza? 

La nueva ley minera habla de prevención, remediación ambiental y conservación. También crea organismos de supervisión, concentrados en la discrecionalidad del Ejecutivo, que hasta ahora ha demostrado indolencia y complicidad con la destrucción ambiental. 

¿Cómo se convierten esas disposiciones en garantías exigibles? Una institución puede ofrecer seguridad jurídica al inversionista sin ofrecer capacidad efectiva de protección a los territorios, a las comunidades y a los Derechos Humanos.

En octubre, a propósito del incendio en Cardón del día 6, la persistencia de accidentes, contaminación y falta de respuestas suficientes en Paraguaná; pudimos observar la persistencia de la negligencia ambiental, la falta de controles y el incumplimiento de la legislación creada para proteger la naturaleza y los ecosistemas.

Esos hechos permiten cuestionar una equivalencia muy frecuente, más actividad petrolera no significa automáticamente recuperación social. Una transición debe responder también por lo que ya está dañado. No puede comenzar de cero en los balances empresariales mientras las comunidades siguen viviendo entre los pasivos acumulados. Especialmente los pasivos ambientales, de los que mucho se denuncia, pero que en las reuniones de alto nivel son dejados de lado.

Y, al hablar de cambio climático, necesitamos ampliar la pregunta, no solamente cuánto podemos producir, sino qué dependencia futura estamos construyendo y qué capacidades necesitamos para proteger la vida frente a las amenazas ambientales. El rol de Venezuela, como productor de hidrocarburos, en medio de la crisis climática que ya nos golpea. 

Propongo cinco criterios para evaluar cualquier proyecto de transición.

Primero, verdad pública. Contratos, ingresos, obligaciones, estudios de impacto socioambiental y monitoreos deben poder ser examinados. No puede haber control democrático sobre información inaccesible.

Segundo, decisión territorial. La participación indígena debe ocurrir antes de que las decisiones estén cerradas. Deben abrirse espacios para escuchar propuestas y desacuerdos, no para presentar decisiones consumadas. La consulta pública debe hacerse de buena fe, con respeto y honestidad. 

Tercero, reparación. Necesitamos identificar pasivos ambientales, responsabilidades y recursos para atenderlos. La recuperación económica no debería descansar sobre la impunidad ambiental.

Cuarto, límites ecológicos. No todo territorio debe estar disponible para cualquier explotación. Debemos discutir públicamente qué áreas y funciones ecológicas es imprescindible proteger, y qué proyectos no deberían avanzar.

Quinto, construcción de una memoria amplia. La memoria, la reparación, no deben ceñirse sólo a los Derechos Humanos y a las víctimas de la represión. También debemos hacer memoria y reparación a las víctimas de los daños ambientales, a los ecosistemas. Una memoria que trascienda lo antropocéntrico y sea biocéntrica, reconociendo la destrucción de ecosistemas, el exterminio de otros seres vivos, la destrucción de sus hábitats.

Estas no son condiciones posteriores a la recuperación. Son criterios para decidir qué recuperación queremos. ¿Cómo vamos a construir el futuro democrático? Y es un debate que poco se está dando. No pretendo presentar verdades absolutas, sino puntos para un debate que se debe dar y no se está dando.

Mi pregunta a quienes se presentan como demócratas no sería solamente cuánto capital pueden atraer para invertir en el país, sino si están dispuestos a aceptar límites democráticos y ecológicos al negocio extractivo. ¿Están dispuestos a publicar contratos, reconocer responsabilidades ambientales y aceptar que una deliberación territorial pueda modificar o detener un proyecto?

Porque la democracia se prueba también cuando la decisión de una comunidad incomoda al poder político y económico. Venezuela no necesita únicamente nuevos administradores de la renta. Necesita transformar la relación entre poder, riqueza y territorio. Una transición será profunda cuando los pueblos dejen de aparecer como un costo de la extracción y puedan convertirse en protagonistas de las decisiones sobre su futuro.