En las redes sociales ha circulado imágenes que muestra a un conocido influencer venezolano paseando en moto por el cortafuegos del Parque Nacional Waraira Repano, el pasado 19 de abril. Sin embargo, el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del Parque Nacional Waraira Repano, así como las medidas decretadas por el Tribunal Décimo Séptimo de Primera Instancia en Funciones del Control Estadal del Circuito Penal del Área Metropolitana, prohíben este tipo de actividades. Entre las medidas precautelativas ambientales establecidas hasta junio, se encuentra la restricción del acceso al área visitada por el influencer, así como la prohibición de subir combustibles y realizar actividades que deterioren las condiciones ambientales del sitio.
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Representantes del Sindicato Unido de Trabajadores de INPARQUES (SUNEP-INPARQUES) han señalado en sus redes sociales el peligro que representa este tipo de acciones, ya que el uso de motocicletas en el cortafuegos puede ocasionar daños y perturbar su función como mecanismo de protección ante incendios forestales. Lamentablemente, no se han visto acciones por parte de las autoridades pertinentes para hacer cumplir la ley y la sentencia, mucho menos que se tomen medidas correctivas sobre los ecosistemas en peligro y dañados, aumentando el riesgo de degradación del parque y de los mecanismos de protección en caso de incendios.
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Si bien las recientes imágenes del influencer en moto ha generado gran revuelo, es importante recordar que este no es un hecho aislado. Desde el año 2019, el Parque Nacional Waraira Repano ha enfrentado presiones por parte de grupos empresariales y un sector del ciclismo que buscan modificar el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del parque para adaptarlo a sus intereses.
Estos grupos han planteado la idea de convertir el parque nacional en un espacio para competencias de ciclismo y motociclismo, lo que ha generado gran preocupación entre la población caraqueña y los grupos ambientalistas. Ante la negativa a modificar el PORU, estos grupos han optado por realizar actividades no autorizadas dentro del parque, sin buscar la legalización de las mismas.
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Trabajadores de INPARQUES y usuarios denuncian que los cortafuegos, esenciales para evitar la difusión de incendios, están siendo modificados para acondicionarlos a las necesidades de estas personas, en contra de las normativas del parque. Esto nos hace preguntar sobre las autoridades y su inacción, o sobre el resto de los organismos encargados de la guardería ambiental. ¿Quién colocó cemento sobre las tuberías de agua para el control de incendios? ¿Con qué permisos y como no se han enterado los encargados de proteger el parque? ¿Se han tomado medidas contra los que están degradando la montaña? ¿Dejaremos que la montaña sea presa de los depredadores y de los caprichos particulares?
