Vladimir Aguilar Castro
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI)
Universidad de Los Andes
Los avatares de ayer y de hoy
Otro año más sin tener mucho que celebrar en materia de derechos indígenas en Venezuela. Las cifras oficiales de tierras y hábitats demarcadas se contraponen con la realidad de las circunstancias. Mientras que el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas[1] habla de un poco más de 600 comunidades indígenas beneficiadas en el país, para un total de tres mil comunidades según las propias cifras gubernamentales, la presión sobre los territorios indígenas cede a la expansión ilimitada e irracional de la frontera extractiva voraz. El ámbito de los espacios ocupados de manera ancestral y tradicional por los pueblos y comunidades indígenas se han venido reduciendo drásticamente por la minería ilegal, la deforestación y, más recientemente, por los efectos de la propia Pandemia expresión del cambio climático global.
A la par de lo anterior, el resto de los derechos indígenas siguen en estado de suspenso. Recientemente se ha propuesto la posibilidad de participación de los pueblos indígenas en las próximas elecciones regionales y locales del mes de noviembre, sin que sea de manera directa, de acuerdo a sus usos y costumbres, sino pasando por el tamiz de las reglas que el Estado finalmente impone y supervisa.
Sumado a ello, se encuentra la discusión de la Ley de Reforma Parcial de Idiomas Indígenas que, si bien es importante y relevante, si ella no va acompañada de estrategias que garanticen los conocimientos tradicionales de los ancianos y ancianas en las comunidades como depositarios de los idiomas indígenas, difícilmente la ley por si misma pueda cumplir con los objetivos propuestos.
En efecto, según la UNESCO (2021) en su más reciente estudio sobre el tema, “entre el 73% y el 91% del conocimiento de los servicios medicinales de las plantas farmacológicas y terapéuticas corre el riesgo de desaparecer porque solo los conocen los indígenas de cada región (Amazonía, Nueva Guinea y América del Norte), y sus principales depositarios son los ancianos y ancianas al ser a su vez los únicos que conservan la lengua”. Por otra parte, “más del 30% de las 7400 lenguas del mundo ya no se hablarán a finales de siglo. Cada dos semanas desaparece una lengua en el mundo (biblioteca quemada)”.
Lo que venimos de esbozar muestra que las iniciativas legales son importantes, pero no suficientes, ya que el Estado debe concertar políticas públicas interculturales y ambientales que se definan desde las propias comunidades, y cuyo fin primordial sea el de la salvaguarda de los territorios. Vemos como el resto de los derechos son consustanciales con el de la garantía de las formas de vida en las tierras ancestrales.
Ver también:Incertidumbres en torno a la participación electoral indígena en Venezuela
La acción climática para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible desde los territorios indígenas
Nunca antes había sido tan evidente la relación entre idiomas indígenas, conocimientos tradicionales y preservación de las fuentes de vida (agua, oxígeno y bosques). Desde la perspectiva del cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), propuestos por la Organización de las Naciones Unidas para el año 2030, la acción climática (Objetivo 17) se erige como el más estratégico al momento del reconocimiento de los derechos territoriales y ambientales indígenas por parte de los Estados, para la concreción de los ODS en las comunidades indígenas.
De acuerdo a la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) (2021), en su informe Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques. Una oportunidad para la acción climática en América Latina y el Caribe, “entre los factores que explican por qué los bosques en territorios indígenas y tribales se conservan mejor tenemos: los factores culturales y los conocimientos tradicionales; los derechos colectivos de propiedad o usufructo reconocidos”. Y en cuanto a las acciones climáticas concretas, se proponen “los derechos territoriales efectivos reconocidos; la compensación por servicios ambientales; el manejo forestal comunitario; la cultura y conocimientos indígenas; la gobernanza territorial y los esquemas de organización”.
Territorios y organizaciones indígenas fragmentadas
El guion impuesto por el Estado en estos años de inserción de derechos indígenas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), ha sido el de la cooptación de las organizaciones indígenas para avanzar en la continuación del extractivismo, primero hidrocarburífero, y ahora minero. Ha sido mucho más fácil dividir al movimiento indígena venezolano que cumplir y garantizar con lo que la carta magna obliga por principio constitucional.
Como resultado de esta estrategia, los territorios indígenas han sido fragmentados ante la expansión del modelo termo-industrial de sobre utilización de energía fósil, teniendo como objetivo principal la división de las comunidades, la creación de organizaciones indígenas paralelas quebrando a las organizaciones indígenas de base y a las formas tradicionales de organización social y política, junto a la creación de las condiciones para considerar a los territorios indígenas como tierra de nadie (res nullius).
Ver también: Entrevista a Esteban Emilio Mosonyi : «Exterminar al indígena sería exterminar al planeta”
La apuesta: empujar la CRBV hacia el derecho internacional de los pueblos indígenas
Sería en un reciente debate, en el marco de la presentación del libro La jurisdicción especial indígena en Venezuela como derecho propio, esfuerzo colaborativo entre el Museo Arqueológico de la Universidad de Los Andes, su editorial Dabanata, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), el grupo Socio Ambiental por la Amazonía Wataniba, la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía (ORPIA) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), en el que el insigne catedrático de la Universidad de Sevilla, Bartolomé Clavero Salvador, señalara que la constitución venezolana en materia de derechos indígenas (y quizás en el resto de los derechos fundamentales) ha sido superada por el derecho internacional de los pueblos indígenas.
En efecto, desde lo planteado por Clavero, lo que se impone como hoja de ruta para los pueblos y organizaciones indígenas de Venezuela en los próximos años, es el de avanzar en una estrategia que acompase los tiempos constitucionales de los derechos indígenas en Venezuela con el derecho internacional de los pueblos indígenas, ya no solo en el ámbito de sus derechos territoriales sino fundamentalmente respecto a su condición de pueblos; al reconocimiento de la libre determinación, autonomía y autogestión de sus asuntos internos; a la doble condición de la administración de justicia como ámbito para la solución de conflictos pero también como espacio para administrar sus territorios desde una perspectiva amplia de la noción de justicia que incluye a los derechos de la naturaleza, entre otros.
En esta perspectiva se hace necesario avanzar, con el objetivo de restituir los tejidos culturales rotos en la mayoría de los pueblos indígenas del país, resultado de la vorágine extractivista y de una forma de hacer política polarizada de las realidades locales, particulares, específicas y diferenciadas de las culturas indígenas del país.
Se trata de una apuesta que abre un horizonte nuevo en los derechos indígenas del país, y que necesariamente pasa por incorporar la interculturalidad en el debate de una construcción democrática pendiente, acompañada del empoderamiento de los derechos por parte de los sujetos de derechos para su ejercicio efectivo.
[1] Los últimos datos oficiales corresponden a la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, y reflejan lo siguiente: Se llevaron a cabo 64 asesorías en distintos estados de la demarcación, beneficiando un total de 4.761 personas y se realizaron talleres para difundir la información de la demarcación; en los mismos participaron 630 personas. Se elaboraron 10 expedientes para títulos colectivos a los pueblos indígenas Kariña, Cumanagoto, Pume, Chaima y Japreria de los estados Anzoátegui, Apure, Monagas y Zulia, correspondientes a un total de 264.563,84 has. Por otra parte, en 2016, durante la presentación del Informe de Venezuela sobre Derechos Humanos ante la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra, la Ministra de Pueblos Indígenas, aseguró que el Gobierno había entregado 102 títulos colectivos de tierras, de aproximadamente 3.280.298,72 hectáreas, donde habitan 101.498 personas, agrupadas en más de 25.000 familias de 683 comunidades.
