Los vecinos de La Alameda en el municipio Baruta, han sido protagonistas de una mediática pugna con las autoridades municipales por los bosques urbanos; donde se pretendía construir unas canchas de pádel. El problema no es nuevo, desde hace más de un año los vecinos del urbanismo vienen denunciando la tala del bosque y movimientos de tierra; en aquel entonces sucedió en un terreno contiguo, en Lomas de La Alameda, en el cual se afirmaba que se construiría un complejo habitacional de 30 edificios y un centro comercial. Aunque nunca hubo información o respuestas oficiales en aquellos días, entre las quejas de los vecinos se señalaba, además de las talas, el colapso de la infraestructura de servicios públicos instalada, en caso de construirse el complejo habitacional.
Sin embargo, la obra pareció paralizarse luego de las talas y los primeros movimientos de tierra, a pesar de ello los vecinos de la zona siguieron haciendo presión, exigiendo que se parara todo proyecto en el terreno y que se restaurara el bosque. El bosque urbano es frecuentemente visitado por aves, guacamayas y otros animales entre los que se cuentan perezas, lo que perturbaría su desenvolvimiento el desarrollo urbanístico o deportivo que se pretende establecer en la zona. En el Google Earth se puede observar el desmonte que se hizo en el bosque de Lomas de la Alameda y su relación con el sector donde se pretende construir las canchas de padel.
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De acuerdo a un reportaje de Tal Cual, en octubre de 2022 se realizó un estudio de impacto ambiental, el cual no fue público, sino hasta nueve meses después, sin explicación alguna; pudiendo ser visto por primera vez el 22 de julio de 2023. En el mismo reportaje se indica que el estudio lo realizó una empresa dedicada a elaborar pozos subterráneos en Caracas, lo que llevaría a preguntarse si realmente son un agente autorizado para realizarlo, teniendo en cuenta el impacto ambiental de su propia actividad comercial. El informe no habla nada sobre los efectos socioculturales, socioambientales o sobre cómo afectará a la fauna residente y transeúnte del bosque urbano. Se alega que en el informe se falseó la información del área sociocultural, al afirmar que la Asociación de Vecinos estaba de acuerdo, cuando esto no había quedado establecido como tal en las dos reuniones que se realizaron, además de agendarse una tercera que no se realizó, mostrando en este apartado vicios de veracidad.
Por otra parte, agravando la situación, el Concejo Municipal de Baruta se pronunció afirmando que no se han mostrado los permisos para la construcción de las canchas, ni tienen la información completa sobre lo que se está realizando allí. El cuerpo edilicio afirmó que los vecinos deben ser escuchados y no quiso dar una declaración firme sobre la propiedad del terreno, eje importante de la disputa; pues la Urbanizadora Colinas de Valle Arriba, promotora del proyecto de padel, asegura que el mismo es de su propiedad, mientras que los vecinos dudan de la legitimidad de dicho reclamo. El Concejo igualmente afirmó que no tienen información de Catastro sobre la situación legal del terreno y solicitaron esa información a dicha oficina de la alcaldía, lo que ya es una irregularidad, pues esto es información pública que debería estar al alcance de los vecinos y de los concejales. En las mismas declaraciones, dadas a Tal Cual, el presidente del Concejo declaró que en la urbanización San Luis existe un terreno deportivo funcionando sin los permisos completos; al igual que otras construcciones ilegales en un parque de La Trinidad-Sorocaima.
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Vecinos solicitaron ayuda al MINEC
Liderados por la abogada Fabiana Grantón, los vecinos solicitaron al Ministerio de Ecosocialismo (MINEC) una inspección de las obras y el informe de impacto ambiental, el 2 de agosto del 2023, al realizarse una protesta frente a la sede ministerial. En la protesta, la abogada Fabiana Garantón, había entregado el 2 de agosto un recurso de oposición al estudio de impacto ambiental del proyecto, con base en los vicios señalados más arriba y otros más identificados por la comunidad; entre estas, el argumento de que la zona es considerada un bosque urbano, la dudosa propiedad de los terrenos y los riesgos geológicos que se presentan en el lugar. Garantón además protagonizó el impasse con el alcalde el fin de semana pasado, cuando los vecinos protestaron en presencia del funcionario por las obras y este menospreció a la abogada por su juventud y género.
El día 08 de agosto de 2023, las autoridades del ministerio, encabezadas por Ada Fernández indicaron que las obras quedan paralizadas y el MINEC solicita la resolución del problema por vías pacíficas y acuerdo que garantice el mutuo beneficio de vecinos y pretendientes propietarios. A la vez el ente ministerial llevará a cabo estudios y certificaciones técnicas para evaluar el proyecto, habrá que estar atentos sobre los resultados de estos estudios, teniendo en cuenta las experiencias anteriores en los casos del canal de Cuare en Morrocoy, el ciclismo en el Ávila o la negación sobre talas en el Arco Minero. El proyecto sigue vivo, podría reactivarse si el MINEC certifica los permisos y el proyecto, a la vez que los vecinos tienen la esperanza de que el mismo sea definitivamente paralizado.
Conversando con la abogada Garantón, afirma que los representantes de la urbanizadora deben demostrar la legítima propiedad sobre el terreno, porque existen varias incongruencias. De acuerdo al dictamen del Ministerio y la información que se pueda tener al respecto de la propiedad del terreno, serán las futuras acciones a tomar por los vecinos de La Alameda. “Creo que las políticas ambientales tienen que cambiar, pero para eso nosotros como ciudadanos nos tenemos que organizar y eso se demostró hoy. Creo que hoy hace falta mucha conciencia ecológica en el país, y si no educamos a nuestros niños, que para ellos al final es que estamos cuidando nuestros bosques, no va a tener sentido. El llamado es que todos nos incorporemos a luchar por nuestro medio ambiente”; fueron las palabras que Garantón quiso transmitir como mensaje al país tras conversar sobre los detalles del caso de las canchas.
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Baruta, contra el ambiente y por la gentrificación
Como vimos, el caso de las canchas de pádel en La Alameda no es el único caso, en la misma zona tenemos el del posible urbanismo denunciado el año pasado. Todo esto es promovido desde el ejecutivo municipal, el cual otorgó innumerables cantidades de permisos por medio del ingeniero municipal, Harold Sosa, quien se encuentra en prisión por los permisos otorgados a las llamadas “criptotorres” de Las Mercedes. Así se ha visto en otros casos de talas y deforestación de terrenos públicos y privados en el resto del municipio, así como de las podas y talas arbitrarias que van dejando al municipio Baruta sin cobertura arbórea, con la oposición de vecinos y activistas ambientales.
En Santa Paula actualmente se vive una situación similar, con canchas de pádel; ante las pretensiones del ejecutivo municipal de Baruta de privatizar un polideportivo público para la construcción del ahora de moda deporte. Esto ha generado el rechazo de los vecinos que se han reunido en asambleas para frenar el proyecto, mientras el alcalde por redes sociales muestra documentos que los vecinos señalan como falsos, en los que asegura tener la aprobación de la asociación de vecinos. Tal como en el caso de La Alameda, se ve un mismo modus operandi de pasar por encima de la voluntad de los vecinos, engañar por redes sociales con información falsa, menospreciar y descalificar a quienes protestan; mientras sigue los intereses de los grupos promotores de la gentrificación del municipio.
El polideportivo fue trancado con contenedores, lo que provocó la indignación de los vecinos que exigen su remoción antes de la reunión a celebrarse con el alcalde el 10 de agosto. Ya el 7 de agosto los vecinos tomaron el espacio y declararon en asamblea abierta que no permitirán que una empresa se apodere del espacio público. A la vez en San Luis los vecinos critican que la convivencia y el tránsito en su urbanismo ha desmejorado bastante tras la entrada en funcionamiento de las canchas de pádel que el Concejo Municipal indicó que son ilegales.
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Esta modalidad de canchas y el uso del deporte como excusa para la privatización o apropiación de espacios públicos, así como tala y deforestación de áreas verdes urbanas, lo hemos visto en Sebucán en los terrenos de la UCV durante la gestión de Cecilia García Arocha, que también generó la movilización de vecinos y estudiantes; sin lograr un resultado satisfactorio. Así como la destrucción del bosque y parque San Luis Rey en Macaracuay, para la construcción de canchas deportivas, hace ya más de un lustro. Una política que se intensifica y que de acuerdo a Francisco Javier Velasco “son reflejos micros y urbanos del Arco Minero en la capital”.
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