VENEZUELA COVID-19: emergencia, convergencia política y medidas en pro de la vida

Imagen de encabezado: mapa de países prioritarios para el Plan de Respuesta Humanitaria Global COVID-19. Fuente: Naciones Unidas

 

Emiliano Teran Mantovani

Observatorio de Ecología Política de Venezuela 

 

La actual pandemia global del Covid-19 se encuentra en un proceso de expansión acelerado. Para el 15 de abril ya se había superado los 2 millones de contagios y la muerte de unas 136 mil personas. Naciones Unidas ha afirmado que se espera que todas las regiones y países del planeta sean afectados. Se trata de un virus muy contagioso que de hecho ya ha logrado globalizarse en poco tiempo y ocupar prácticamente todos los países del mundo.

Dadas las escalas que está adquiriendo esta pandemia, la misma tiene y tendrá impactos multi-dimensionales (no sólo sanitarios). Es importante resaltar al menos tres de ellos: el primero, aunque la tasa de mortalidad se ha considerado baja (estimada en promedio por la OMS en 3,4% para el 3 de marzo), de expandirse mucho más la pandemia podría cobrarse la vida de millones de personas. Llama la atención el aumento progresivo que ha tenido la tasa media de mortalidad en el mundo, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Fuente: elaboración propia a partir del seguimiento que hace Fooddeserts.org (con cifras de John Hopkins)

Ciertamente existe una discusión acerca de qué tan exhaustivas o no pueden ser las cifras oficiales (por ejemplo, se ha señalado que los contagios son en realidad mucho más de los que han sido confirmados, o que la cifra de fallecidos también es mucho mayor). Pero también conviene evaluar diferentes elementos que pudiesen estar incidiendo en estas tendencias. La tasa de mortalidad de la enfermedad depende también de factores como los económicos, los de las estructuras de los sistemas de salud de los países, los alimentarios, los ambientales, entre otros. Países en situación de alta precariedad y/o crisis humanitaria (como es el caso de Venezuela) tienen ante sí una gran amenaza y tremendos desafíos por enfrentar.

El segundo impacto tiene que ver con el colapso de los sistemas sanitarios nacionales, siendo que la masificación de la pandemia por países (en un tiempo acotado) desbordaría toda capacidad de atender enfermos, con graves consecuencias para la población. Esto ha ocurrido incluso en las naciones más ricas del mundo (como es el caso de Italia).

Por último, el tercer impacto a resaltar está referido al económico, que ya se está sintiendo para millones de personas que viven de la economía del día a día, pero también para numerosos sectores como el turismo, las aerolíneas, el automovilístico, entre otras. El auge de la pandemia ha desatado derrumbes históricos en las principales bolsas de valores del mundo, el declive de la demanda de crudo y de sus precios, y previsiones de dramáticas caídas de los indicadores de crecimiento y recesiones, anunciadas por agencias internacionales como el OCDE o el FMI.

 

Venezuela COVID-19: estamos ante una potencial situación de emergencia nacional

Es ya sabida la profunda y prolongada situación de crisis multi-dimensional que vive Venezuela, con una caída permanente del PIB desde 2014, hiper-inflación, destrucción del aparato productivo (en especial de la industria petrolera) y los servicios públicos, aumento dramático de la pobreza, gran endeudamiento externo y un muy alto nivel de corrupción gubernamental, por mencionar algunos de los principales factores.

El gráfico cruza los índices de seguridad alimentaria con los índices de riesgo de epidemia. En rojo aparecen los 10 países con mayores riesgos ante estos dos fenómenos. Venezuela está entre uno de ellos. Fuente: GLOBAL HUMANITARIAN RESPONSE PLAN COVID-19, United Nations, march 25th

A esto se le une la reciente intensificación de la carestía generalizada de gasolina (que entre otros impactos, está profundizando la grave situación de inseguridad alimentaria en el país), una mayor caída de los precios del crudo, el aumento de la represión social y la precariedad del estado de derecho, así como las sanciones internacionales y la enloquecida política exterior de los EEUU en relación a Venezuela, que no sólo se ha negado a levantar las sanciones que afectan a la población en este tiempo de pandemia, sino que en los últimos días ha avanzado en operaciones de despliegue de fuerzas militares en el caribe en nombre de la lucha contra el narcotráfico, generando un escenario de alta tensión en la región.

La expansión global de la pandemia del COVID-19 emerge pues, en un contexto muy delicado y complejo para el país. La situación del sistema nacional de salud es muy grave –lo cual es un hecho público y notorio, y reconocido prácticamente por todos los actores políticos del país–, existiendo una marcada carencia de insumos, servicios básicos y medicinas; un colapso de los centros de salud; o la reaparición de enfermedades que se consideraban erradicadas (como la malaria, el sarampión, entre otros).

El día 13 de marzo, a raíz de la expansión del COVID-19, el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia y subsecuentemente implementó medidas de cuarentena en todo el país. El 17 de marzo se formalizó la petición de apoyo a las Naciones Unidas para enfrenta la pandemia. Para el 15 de abril, el Gobierno ha confirmado un total de 197 casos, con 9 fallecidos y 111 recuperados. Sin embargo, diversos actores han planteado discrepancias con estas cifras, debido a lo que ha sido señalado como una capacidad diagnóstica limitada: aunque el Gobierno ha anunciado la realización de 139.282 pruebas de despistaje del COVID-19, lo cierto es que un informe de la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA por sus siglas en inglés), afirmaba que hasta el 31 de marzo se había hecho en el país un total de 1.779 pruebas, para un promedio de 93 diarias. Por su parte, la Academia Venezolana de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales señaló que el crecimiento lineal que ha tenido el número acumulado de contagios en el país, presenta un “patrón atípico” para ser una fase inicial de epidemia del COVID-19, y plantea la posibilidad de que en realidad haya más casos de los hasta ahora registrados.

Existe pues una profunda preocupación sobre la forma cómo está evolucionando actualmente la propagación de la enfermedad en Venezuela, y particularmente, sobre cómo podría evolucionar en las próximas semanas o meses. En su Plan de Respuesta Humanitaria Global ante el COVID-19, lanzado el pasado 25 de marzo, Naciones Unidas han colocado a Venezuela como “país prioritario”. La rapidez y las particulares formas de contagio del virus pueden transformar rápidamente la situación sanitaria en un país. Según el Plan Intersectorial de Preparación y Atención Covid-19 para Venezuela (ONU), del 10 de abril, estaríamos transitando de la fase 3 a la 4, es decir, hacia la experimentación de “brotes más grandes de transmisión local”. Ante la extraordinaria vulnerabilidad institucional y social, y las frágiles capacidades de respuesta a una expansión de los contagios, ¿cómo podría ser asimilado por Venezuela un impacto similar a lo ocurrido en países como Ecuador o Brasil?

Estos escenarios, tendencias y potenciales amenazas nos plantean la imperiosa necesidad de hacer un llamado urgente a todos los actores políticos, representantes institucionales, organizaciones sociales y ciudadanía en general, para que se priorice el tema y se tomen las previsiones necesarias ante una situación de verdadera emergencia que podría avecinarse.

 

Una convergencia política y social para enfrentar la posible emergencia

En Venezuela hay un enorme descontento social por la situación que vive el país, así como un hastío a la polarización política. La ciudadanía en general se merece una seria y sincera discusión sobre las causas profundas que nos han llevado hasta la actual situación; del mismo modo que la asunción de responsabilidades de esta situación, y la posibilidad de construir alternativas políticas.

Fuente: Panorama

Sin embargo, los enormes riesgos a los que nos enfrentamos producto de la potencial expansión de la pandemia en nuestros territorios, nos coloca en la imperiosa necesidad de que se abran vías para lograr una ‘tregua’ en el conflicto político que nos atraviesa, y que en cambio, se puedan alcanzar acuerdos para poder enfrentar la situación. No se podrá afrontar la pandemia con iniciativas y medidas unilaterales. Tanto a nivel de poderes públicos, a escala territorial, de actores políticos y organizaciones sociales, como de la ciudadanía en general, se necesita cierto nivel de articulación y coherencia que el conflicto y la situación actual más bien obstaculizan y entorpecen. Por otro lado, el injerencismo de potencias extranjeras, y en especial el de los Estados Unidos, con su conjunto de sanciones y presiones geopolíticas y militares, son también un factor determinante que impide que se desbloquee la situación de crisis humanitaria.

Los requerimientos básicos para la coyuntura –insumos y equipos hospitalarios, medicamentos, pruebas de despitaje, asistencia técnica, financiamiento, insumos para la población, etc– implican el poder tener la capacidad de gestionar la ayuda internacional (ante la imposibilidad de asumir la situación desde nuestros propios recursos) y un nivel adecuado de coordinación institucional y social interna.

El objetivo fundamental de poder alcanzar acuerdos de este tipo es salvar vidas. Se trata de una premisa fundamental de la función pública y del sentido humanitario mínimo que la acción política debe tener, además de un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Diversas voces y organizaciones del país, de muy variadas tendencias políticas y posturas ideológicas, se han pronunciado en las últimas semanas al respecto, mediantes diferentes comunicados y cartas, haciendo un llamado urgente a unir esfuerzos para superar la pandemia y extendiendo una serie de propuestas (vea por ejemplo los Comunicados “Unir esfuerzos para superar la pandemia en Venezuela” y “Voces de la sociedad venezolana demandan un mecanismo urgente de concertación social y política para responder a la pandemia del Covid-19”). La extraordinaria pluralidad de los comunicados, con sectores de la iglesia, las izquierdas, social-democracia, sectores empresariales, liberales, organizaciones sociales de diverso tipo, excandidatos presidenciales, universidades, artistas, entre otros, es no sólo sintomática del hastío de la polarización y la necesidad de nuevos rumbos, sino de la conciencia de los riesgos a los que se enfrenta el país con la pandemia.

Es necesario resaltar que un acuerdo de escala nacional de ninguna manera supone despachar indefinidamente las discusiones sobre la democracia, los problemas fundamentales del país o las responsabilidades sobre la crisis actual. Tampoco implica una renuncia de principios y agendas organizacionales propias para aquellos que convergen en un esfuerzo colectivo de este tipo. Se trata de recuperar un marco mínimo de accionar conjunto y de entendimiento, para tratar de evitar que tengamos que vivir una verdadera tragedia.

Lo que sí es importante dejar por sentado es que los acuerdos y las medidas que se puedan tomar para enfrentar la pandemia no deben terminar de empobrecer a las clases populares; no deben socavar aún más el estado de derecho y las instituciones democráticas; y tampoco deben vulnerar más la soberanía a través de ayudas que supongan una mayor sumisión internacional ante los que las otorgan. Hay diferentes vías para buscar evitar la opción de alto sacrificio social en nombre de tener baja cantidad de casos. La difícil situación que ya enfrentamos y que podríamos enfrentar, nos tiene que abrir las puertas a espacios de re-encuentro, de sociabilidad, de posibilidad de algo diferente a esto que tenemos. Necesitamos, más que nunca, de la solidaridad. Solidaridad, como principio de acción política.

 

Igualdades, democracia y soberanía: algunas medidas centrales para enfrentar la pandemia

Dado el carácter multi-dimensional de esta crisis que ha intensificado la pandemia a nivel global y por los impactos (sociales, sanitarios, económicos, etc) que ya se prevén puedan desarrollarse para los próximos meses, existen algunas propuestas que consideramos esenciales para enfrentar la situación:

  • Posibilitar la concreción de acuerdos políticos de la forma más incluyente posible, que permita una gestión conjunta de las medidas y fondos para enfrentar la pandemia
  • Promover la conformación de una comisión de carácter transdisciplinario (médicos, ciencias naturales y ciencias sociales, pero también la participación de instituciones de investigación, universidades, y organizaciones sociales, entre otros) que puedan servir de asesoramiento y apoyo en la toma de medidas
  • Solicitar el inmediato cese de las sanciones impuestas por los Estados Unidos y otros países sobre la economía venezolana, que impactan negativamente en la población y en las posibilidades de tomar medidas contra la pandemia
  • Solicitar el desbloqueo y devolución de activos y fondos congelados en el exterior (como los de Pdvsa o reservas de oro, por mencionar ejemplos)
  • Buscar iniciar una repatriación de fondos, bienes y capitales involucrados en casos de corrupción que se encuentran en el extranjero (adjudicaciones de Odebretch, adjudicaciones Cadivi, etc)
  • Ejecutar una moratoria (o quita parcial) de la deuda externa, así como una auditoría de la misma, de manera de establecer que proporción de ella es ‘deuda odiosa’
  • Solicitud de ayuda financiera internacional, dando prevalencia a la canalizada por organismos como las Naciones Unidas
  • Realizar una asignación prioritaria del grueso de los fondos captados hacia el sistema de salud nacional (equipos, insumos, personal, etc.), lo que incluye tanto los grandes centros hospitalarios, como unidades más pequeñas como los CDI
  • Ejecución masiva y permanente de pruebas de COVID-19 de manera de tener una más asertiva política ante la pandemia
  • Difusión de información veraz y oportuna sobre la evolución de la pandemia en el país, y las políticas que se vayan ejecutando, por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud y otras instituciones del Estado. Garantizar el acceso y difusión, y en general el libre ejercicio de los medios de comunicación en relación al tema
  • Dirigir parte de los fondos a una política que también priorice la soberanía y seguridad alimentaria, recuperando la producción en rubros clave y protegiendo a los pequeños productores
  • Dirigir parte de los fondos a una política compensatoria y de protección para las clases trabajadoras y los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que le permita paliar los efectos de la pandemia. Dicha política debe ejecutarse sin distinción de las preferencias político-partidistas de las familias
  • Impulsar una política de redistribución de excedentes que proteja a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, eliminando impuestos como el IVA, el aumento de la unidad tributaria, y buscando un aumento de la recaudación en sectores más ricos como la banca privada, sectores importadores de productos suntuarios, entre otros
  • Dirigir parte de los fondos hacia la toma de medidas urgentes para recuperar servicios públicos como el agua, la electricidad y el gas. Aumentar las posibilidades de importación de gasolina, así como establecer un abastecimiento de la misma que no afecte al sector agrícola, ni mucho menos al sector de salud
  • Dirigir políticas públicas de atención a sectores sociales especialmente vulnerables, como lo son las cuidadoras, los adultos mayores, la mujer (ante la violencia de género en casa), los niños, los centros de reclusión, y con particular atención a los pueblos y comunidades indígenas. Atención especiales a los miles de venezolanos que están retornado desde otros países de Suramérica

Las medidas y políticas aquí planteadas hacen parte de un contexto sumamente complejo e intrincado, no sólo a escala nacional sino también regional y global. Sin embargo, son parte de elementos mínimos para salvaguardar la salud y posibilidad de una vida digna de millones de venezolanas y venezolanos. Su puesta en práctica o no va a depender, nuevamente, del empuje que actores políticos y sociales hagan del mismo. Y esto implica sumar, seguir sumando actores, organizaciones, descontentos, para poder afrontar la situación.

Y para no olvidar: estas son apenas algunas medidas de coyuntura. Nos encontramos en una crisis profunda, que está removiendo el orden del sistema global, tal y como lo conocemos. Dimensiones como la sanitaria, la económica, la política y la geopolítica, y la ecológica, están siendo estremecidas por esta crisis. Esto implica que estamos ante grandes cambios por venir, y para ello, hay muchas más cosas que necesitamos transformar. Seguimos transitando esta ruta de la transformación profunda del sistema imperante. Es tan urgente como la preservación de la vida misma en el planeta.

Autor

Emiliano Terán Mantovani

Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, investigador/ activista y ecologista político, orientado a las luchas contra el extractivismo y por la justicia socioambiental en América Latina. Investigador/Profesor en el Centro de Estudios del Desarrollo CENDES-UCV. Miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona y candidato a Phd en Ciencia y Tecnología ambientales por la misma universidad. Ha colaborado con diversas iniciativas como el Atlas de Justicia Ambiental (https://ejatlas.org/) y el Panel Científico por la Amazonía (https://www.laamazoniaquequeremos.org/). Sus trabajos disponibles aquí: https://uab.academia.edu/EmilianoTeranMantovani

Ver todos los artículos de Emiliano Terán Mantovani

Compartir

Categorías

Etiquetas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *