A pesar de la mejoría de algunos indicadores, como el crecimiento del PIB, una disminución de la inflación, o una leve baja en los niveles de pobreza, la crisis venezolana, iniciada hace unos 10 años, tiene continuidad y sigue presentando cifras y manifestaciones de gravedad. La compleja problemática socioambiental que vive el país, se encuentra intrínsecamente vinculada a la crisis nacional, y es de suma importancia comprender esta conexión para poder abordar los desafíos que enfrentamos.
Las crisis económica, social y política han generado un impacto en los ecosistemas y poblaciones humanas, exacerbando problemas preexistentes. A su vez, los problemas ambientales han tenido repercusiones en los demás ámbitos de la vida de los venezolanos, como veremos en este informe. Todo está profundamente conectado, y se resalta la necesidad de enfoques integrales para comprender y asumir las necesarias transformaciones requeridas para Venezuela. De ahí la importancia de la documentación y análisis que presentamos en “Situación Socioambiental de Venezuela 2023”.
En dicho año, se evidenció una continuidad, incluso profundización de las problemáticas socioambientales identificadas en nuestros informes anteriores. La continua apuesta por el extractivismo sigue generando profundas huellas en los ecosistemas y en las comunidades de distintas partes del país. Los continuos derrames y accidentes petroleros, así como la expansión de la minería en nuestros bosques amazónicos, son las consecuencias de una lógica de explotación de la naturaleza muy enraizada, siendo la vía expedita para lograr ingresos económicos por parte del Estado.
En 2023 se ha persistido en el incremento de la producción de petrolera en Venezuela, logrando un leve incremento respecto a 2022 (cerca de los 800 mil b/d), ofreciendo grandes facilidades a los inversores extranjeros, a pesar de ser una industria cuyas condiciones de deterioro siguen ocasionando accidentes y tragedias socioambientales.
De igual manera ocurre con la minería (ilegal) operativos militares para el control de esta actividad ilícita en la Amazonía, no se ataca los factores estructurales que la causan, ni mucho menos evidenciamos un cambio sustancial en la política minera que lleva a cabo el Gobierno. Los impactos socioambientales de la explotación minera son realmente devastadores, mucho más en ecosistemas tan delicados como los amazónicos, los cuales, en cambio, deberían ser objeto de la más estricta protección. La deforestación, la contaminación con mercurio de cuencas hidrográficas, la esclavitud y trabajo infantil, el asedio a comunidades indígenas son apenas algunas de las complejas consecuencias de la minería en Venezuela que se reportaron durante el 2023.
Como insistiremos en este informe, otros problemas como la crisis hídrica ⎼vinculada a problemas de acceso al agua⎼, la imposición de una desregulación ambiental, la violación de las normativas de las áreas protegidas, la ausencia de políticas públicas de adaptación al cambio climático, por destacar algunos, se concatenan y a su vez generan otros problemas que terminan aumentando la vulnerabilidad social de la población venezolana.
Factores sociopolíticos como la intensificación de la censura y la represión hacia actores de la sociedad civil inciden muy negativamente en un abordaje de estos problemas desde la población. Las demandas de justicia también incluyen justicia ambiental, lo que también se expresa en comunidades afectadas que luchan contra la reinante impunidad. Grandes casos de corrupción, con cifras multimillonarias como los que salieron a la luz en 2023 relacionados con PDVSA, tienen también repercusiones ambientales, al socavar aún más la gestión y gobernanza de la petrolera, y poner grandes presiones para aumentar la extracción de recursos, para equilibrar las cuentas públicas.
Partiendo de este marco, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP) presenta este informe anual sobre el estado socioambiental del país durante el 2023 que, al igual que en años anteriores, busca ofrecer una visión amplia de los principales desafíos socioambientales que enfrenta Venezuela. Nuestro interés es ampliar el conocimiento de la sociedad respecto a estos cruciales asuntos, sensibilizar a la población sobre la temática y contribuir a un análisis más profundo de las complejas dinámicas ambientales que hacen parte de la crisis que atraviesa el país.
El documento consta de 7 capítulos. Dado que algunos impactos son continuos y generan consecuencias previstas que han sido reseñadas en informes anteriores, este año haremos énfasis en aspectos más específicos, como la contaminación del agua, los efectos de la incineración de basura en la salud, o los impactos sociales de la minería, por mencionar algunos tópicos.
Este informe se basa en los resultados del monitoreo, sistematización de problemas socioambientales de Venezuela realizado por el equipo del OEP a partir de reportes de medios de información, entrevistas e investigaciones realizadas por diferentes organizaciones nacionales e internacionales.
Esperamos que pueda ser de la mayor utilidad para la sociedad venezolana, y contribuir a una Venezuela más volcada a la defensa del ambiente y la vida, en todas sus formas.
Derrames petroleros de una “cuestión visual” a una tragedia ambiental
En el período comprendido de enero a diciembre de 2023, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela registró 86 derrames petroleros, manteniéndose la misma cifra reportada en el año 2022. Es importante reiterar, como lo hemos venido haciendo en informes anteriores, que las cifras presentadas no reflejan la magnitud real de la problemática ambiental ocasionada por los continuos derrames y apenas recoge aquellos casos que han sido visibles por reportes en diferentes medios digitales y redes sociales.
En el 2023 se registraron derrames petroleros en los siguientes estados del país: Anzoátegui, Carabobo, Falcón, Monagas, Portuguesa, Trujillo y Zulia.
El derrame ocurrido en El Palito a finales de diciembre de 2023 se considera como un caso emblemático por su magnitud debido a que abarcó aproximadamente 103 km².
Además de los derrames petroleros, se produjeron un total de 8 incendios vinculados con la empresa estatal PDVSA. De las cinco entidades en la que se reportaron estos siniestros: Anzoátegui, Falcón, Monagas, Portuguesa y Zulia, es esta última la que cuenta con mayor número de estos eventos (50% de estos incendios ocurrieron en esta entidad).
Ver capítulo completo aquí
Parques nacionales vulnerados: violación de normativas e imposición de una desregulación ambiental
En el 2023 se sigue observando una sostenida tendencia a la flexibilización de las normativas que rigen los parques nacionales, que propicia la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad.
En el Parque Nacional, Archipiélago de Los Roques, iniciaron la ampliación de una pista aérea que tendrá un impacto directo en este frágil ecosistema, como así lo han advertido los especialistas que se adhirieron al comunicado sobre el Proyecto de elongación de la pista del aterrizaje del cayo Gran Roque.
También en el Parque Nacional Morrocoy comenzaron la construcción de una carretera en pleno parque nacional, en una zona de anidación de tortugas marinas.
En el 2023 se reportaron denuncias sobre la flexibilización de la normativa para la realización de actividades deportivas de alto impacto, como el ciclismo de montaña en el Parque Nacional Waraira Repano.
Ver capítulo completo aquí
Agua contaminada y su consumo: otra dimensión de la crisis hídrica en Venezuela
En el 2023, diferentes reportes de distintas organizaciones revelaron una preocupante realidad, la población venezolana consume agua con niveles muy altos de contaminación siendo uno de ellos el informe de HUM Venezuela, que señala que el 86% de los venezolanos recibe agua contaminada en sus hogares. Esta problemática viene asociada con una alta incidencia de enfermedades vinculadas con calidad de agua, siendo el estado Mérida una de las entidades que más registró este tipo de casos en el 2023.
La crisis hídrica en Venezuela ha propiciado el aumento de conflictos y protestas relacionadas con el agua. Según los reportes del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en agosto de 2023 hubo al menos 48 protestas por el tema del agua en Venezuela.
Ver capítulo completo aquí
Amazonía desgarrada: la minería ilegal y sus víctimas
A pesar de los operativos que han venido realizando para desalojar la minería ilegal en el sur del país, los impactos de esta actividad siguen profundizándose en los territorios. Incluso los propios mineros terminan siendo víctimas fatales de esta actividad extractiva, con los derrumbes en las minas, siendo el 2023 un año particularmente trágico para este sector, reportándose un total 43 personas fallecidas por este tipo de accidentes.
La actividad minera ha generado un escenario de constante vulneraciones de derechos humanos, en los cuales los niños y niñas son uno de los grupos afectados. Según estudios, la edad de inicio de trabajo sexual en las minas ha disminuido, encontrándose casos de niñas hasta de 7 años. De igual manera, expertos señalan que la minería está conduciendo a la deserción escolar y el trabajo infantil en zonas de estado Bolívar. Aunado a ello, Venezuela encabezó la lista de países de América en la que prevalece situaciones de esclavitud moderna.
La contaminación por mercurio se suma a la lista de consecuencias que están afectando a comunidades indígenas, ríos y parques nacionales del sur del país.
Ver capítulo completo aquí
Desinformados y vulnerables ante el cambio climático
El 2023 ha sido un año marcado por los efectos del cambio climático en Venezuela. Olas de calor sofocantes, incendios forestales devastadores, inundaciones y sequías prolongadas han impactado con crudeza a la población venezolana, dejando a su paso un panorama de daños materiales, pérdidas agrícolas y graves impacto en la población venezolana.
Venezuela registró en el 2023 el aumento de 1,3 ° siendo el año más calurosos que registró el país en décadas. El cambio climático incidió en la reducción de la producción caprina y bovina en el estado Falcón. También según Fedeagro se redujo un 7% la cosecha de maíz amarillo.
Pero en el año 2023 no solo hubo una sequía considerable, también se reportó un período de lluvias que causó inundaciones que afectaron varias entidades, entre ellas: Barinas, Carabobo, Cojedes, Mérida, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Zulia. El mismo reporte del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la UCV indicaba que el año 2023 cerró como “año lluvioso extremo.
En el país no hay cifras oficiales sobre el cambio climático en Venezuela, tampoco son públicos los planes de mitigación y adaptación, hecho que incide en el aumento la vulnerabilidad socioecologica de la población venezolana.
Ver capítulo completo aquí
La deforestación avanza de Yapacana a Caracas
Desde las áreas protegidas de la Amazonia hasta las principales ciudades del país, la pérdida progresiva de masa arbórea en Venezuela se ha convertido en un problema ambiental de gran magnitud. Diversas organizaciones ambientalistas, activistas y especialistas han alertado sobre las graves consecuencias socioambientales de la deforestación, especialmente en el contexto actual de crisis climática. En el sur del país, la actividad minera ha incidido en la deforestación de ecosistemas tan frágiles como los tepuy en el Parque Nacional Yapacana. Según la organización SOS Orinoco, en marzo del año pasado, 3200 hectáreas del Yapacana habían sido deforestadas.
La deforestación también constituye una problemática que se ha venido agravando en el semiárido larense, siendo la explotación intensiva de carbón vegetal una de sus causas.
En el 2023, también se registraron denuncias de podas y deforestación de bosques urbanos en los municipios Baruta y Hatillo.
Ver capítulo completo aquí
Más allá del humo: Los efectos de la quema de basura en la salud de los venezolanos
Los reportes de quema de desechos sólidos en las comunidades es consecuencia directa de las fallas recurrentes del servicio de recolección de basura. En muchas localidades del territorio nacional, los habitantes incurren en esta práctica con el objetivo de intentar deshacerse de la misma, generando con esto graves problemas ambientales y de salud.
La ciudad de Cumaná, en el estado Sucre, es un caso emblemático de los efectos negativos que producen en la salud la quema de basura. Los habitantes de la ciudad han venido reportando problemas respiratorios y alergias asociados a la quema constante de basura al presentar problemas graves en el sistema de recolección.
Ver capítulo completo aquí
Conclusiones
Como hemos visto en este informe, hay una continuidad de problemas e impactos socioambientales en 2023 que, al permanecer en el tiempo, tienden a socavar las propias capacidades de recuperación de los ecosistemas, generando además impactos de otra índole. Si entendemos la crisis que vive Venezuela no solo desde indicadores macroeconómicos negativos, sino también desde una grave precarización de la vida de los venezolanos, vemos cómo estos impactos ambientales descritos en el presente reporte son también factores de peso en la perpetuación de la situación general.
Preocupa sobremanera los efectos que esto tiene en la salud de la población, en un contexto sanitario ya comprometido, un sistema de salud pública en crítica situación y una muy pobre capacidad de los venezolanos para cubrir los costos de la salud privada. También hemos visto los efectos perniciosos de estos daños ambientales en los sistemas alimentarios y en el acceso a alimentos, en un país que, de acuerdo a FAO, tiene más de 5 millones de personas con desnutrición, una prevalencia de casi el 18% del total de la población (2020-2022). Podríamos a su vez hablar de un recurso tan crucial como el agua, sin el cual sencillamente no es posible la vida, y cómo la degradación ecológica contamina cada vez más las fuentes del líquido, y contribuye a generar escasez.
A nuestro juicio, los problemas socioambientales descritos no solamente necesitan ser atendidos, sino que se requiere que se haga con urgencia. Hasta el momento, hemos visto con preocupación que estos asuntos se ignoran, marginan y desestiman, poniéndolos en un lugar muy secundario en el abordaje político de la crisis. Ya hemos mencionado la inacción gubernamental ante varios de estos problemas examinados, lo que se articula con la persistencia de la lógica extractivista para pensar la recuperación, el desarrollo y el bienestar del país. A espaldas de la urgente transición energética que se está demandando a escala global, y en el contexto crítico de crisis climática que nos encontramos, seguimos en la carrera de las energías fósiles en Venezuela, sin importar los pasivos ambientales que la industria petrolera deja a su paso, así como la perpetuación del modelo petro-rentista.
Este imperativo petrolero, como tradición histórica en la política y la economía venezolana, tiene hoy su continuidad. De hecho, siendo 2023 año pre-electoral, presenciamos también en sectores de oposición estos dos elementos mencionados: ausencia del debate ambiental, y perspectivas de expansión extractivista y petrolera para el país. Desde nuestra mirada como OEP, pensamos que es crucial poder abrir y ampliar un debate sobre proyecciones post-petroleras, que favorezca la imaginación de una Venezuela que también despliega una economía a partir de sus otras riquezas, que también son ecológicas, paisajísticas, turísticas y culturales.
Muy probablemente los intentos de resolución de esta crisis ambiental que vive el país pasan también por la resolución del conflicto político nacional, ya de larga duración. No obstante, no consideramos conveniente sentarse a esperar cambios políticos para poder actuar, y creemos que es fundamental la búsqueda permanente de incidencia en estas realidades, así sean localizadas, sectoriales, educativas y formativas, entre otras, que también contribuyan a un cambio de la situación.
Basado en los problemas socioambientales expuestos, planteamos en clave propositiva las siguientes ideas:
- Hacer del ámbito ambiental, en especial del cambio climático, un factor transversal en el proyecto-país y la planificación de la recuperación nacional. La crisis climática cambiará todas las condiciones de vida y, no se puede ignorar estas condiciones. Venezuela requiere una serie de medidas y políticas urgentes para abordar estos nuevos escenarios, con urgencia.
- Las demandas de reinstitucionalización del país deben también poner el foco en el ámbito ambiental. La impunidad ha contribuido a que los delitos ambientales se desplieguen; por otro lado, instituciones como Inparques requieren mejorar considerablemente las condiciones laborales de su personal así como de los insumos con los que trabajan, de manera de poder cumplir cabalmente con sus obligaciones.
- Es crucial que en la agenda de recuperación del país se inserte el rescate de las áreas protegidas del país, en especial parques nacionales y monumentos naturales, dada la importancia que tienen para la vida nacional. La biorregión quizás más vulnerada es la Amazonía y amerita una atención especial, lo que debería incluir ampliar sus zonas protegidas y derogar el decreto del Arco Minero del Orinoco.
- En este marco, desde la Declaración de Belén, generada en la cumbre de presidentes de la Amazonía, se plantearon diversas propuestas de protección a este bioma como ‘Cero Deforestación’, estrategias de seguridad contra las economías ilícitas, economías para el desarrollo sostenible, gestión de recursos hídricos, ciencia e investigación, entre otros. Es crucial avanzar en las formas más expeditas para operacionalizar estas propuestas, y aprovechar la articulación entre gobiernos para desarrollar estrategias regionales.
- Impulsar otras formas de turismo, de menor escala, con enfoque biocultural y de gestión social y comunitaria, que permita promover diferentes formas de desarrollar esta actividad.
- Priorizar en inversiones, fondos y asignación de presupuesto nacional a la recuperación de la institucionalidad del agua, lo que debería venir acompañados en el fortalecimiento de formas de gestión social y comunitaria del agua, que incluya incidencia en la gestión de cuencas.
- Recuperación de la gestión y los protocolos ambientales de la industria petrolera, así como el acceso a la información importante de su actividad. Los nuevos acuerdos e inversiones que se han ido anunciando deben contemplar también el mejoramiento y mantenimiento de infraestructuras e instalaciones, en pro de mejorar la seguridad laboral y ambiental de la misma.
- Desarrollar planes de reforestación nacional, regionales, municipales y comunitarios, con énfasis en la recuperación de cuencas hidrográficas y áreas protegidas. Promover la participación de todos los actores sociales, políticos y económicos posibles en estas acciones.
- Contemplar diversas estrategias de reciclaje urbano que permitan gestiones más descentralizadas de los desechos, que creen posibilidades económicas para sectores sociales o en asociación con empresas del ramo, y que promuevan otras formas de concebir y entender los residuos y el metabolismo de la ciudad.
