El estado Anzoátegui es uno de los estados tradicionales de explotación petrolera y gasífera de Venezuela, en el cual se encuentran grandes campos de vieja data e importantes redes de tuberías que se distribuyen a lo largo de su territorio. Estas zonas han sido recurrentemente impactadas por la actividad extractiva, siendo que a lo largo de esta década se vienen incrementando los incidentes socioambientales (Prensa Antonio Barreto Sira, 2014). Varias poblaciones han sido afectadas, entre ellas las comunidades indígenas kariña ubicadas en la cuenca del río Tascabaña, cercanas a la carretera Cantaura – El Tigre. Los kariña basan su vida en la siembra de pequeñas parcelas denominadas “conucos”, aprovechando las tierras húmedas de los morichales –ecosistemas dominados por la palma de moriche, la cual crece en lugares permanentemente anegados. Desde principios de la década pasada, estas comunidades han sido impactadas crecientemente por la industria petrolera, en especial por la contaminación de sus aguas con gas metano (fugas bajo el agua), en varios puntos del río Tascabaña. Esto ha afectado sus posibilidades de abastecerse de agua limpia; los morichales y tierras; sus cultivos, animales y peces; ha mermado su salud produciéndose enfermedades diverso tipo en adultos y niños; ha vulnerado su integridad cultural debido a prácticas de cooptación estatal y relaciones clientelares; y supone potenciales peligros de accidente debido a los escapes de gas. La situación representa una amenaza de éxodo masivo de estas comunidades indígenas, y a su propia sobrevivencia. Con notables limitaciones, los kariña han denunciado en numerosas ocasiones estas afectaciones, tanto en medios de comunicación como en los organismos competentes. Exigen la asunción de responsabilidades por parte de las instituciones oficiales y la remediación de estos impactos. Otras organizaciones sociales y periodistas ambientales se han sumado a estos reclamos. El escenario de estas luchas es adverso para los indígenas. Factores como condicionamientos a sus denuncias por la vía de censuras o prácticas clientelares, vulneran la propia organización de estos pueblos originarios. A pesar de algunas políticas compensatorias en construcción de infraestructuras y misiones sociales, los daños socio-ambientales persisten y no se han atendido a las peticiones que indígenas y organizaciones sociales han realizado para solventar estos procesos.

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