PRENSA OEP
Catorce países han firmado, en la sede de la ONU y en el marco de la Asamblea General del organismo (Nueva York), el “Acuerdo de Escazú”, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, orientado a garantizar los derechos sobre acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
El Acuerdo de Escazú (un acuerdo auspiciado por ONU) fue firmado por Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú, Santa Lucía, Uruguay y posteriormente República Dominicana y Haití. Venezuela no lo ha suscrito hasta la fecha.
Desde el pasado 27 de septiembre, se ha abierto el proceso para la firma de todos los Estados que deseen hacerlo, el cual durará dos años, para luego poder ser ratificado. Para la entrada en vigor del mismo se requerirá la aprobación de 11 Estados Parte.
¿Por qué es importante el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú emerge desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) y logra convertirse en propuesta el 4 de marzo de 2018. Este tratado, de carácter vinculante, establece diferentes mecanismos en relación al derecho que todos y todas tenemos de vivir en un ambiente sano.
Por un lado, el acuerdo contempla que cualquier persona puede solicitarle a su gobierno información sobre el ambiente en general, el estado de la contaminación del agua en el país, o el impacto ambiental que podría tener un determinado proyecto (como la mega-minería). Las autoridades deben garantizar sistemas y fuentes de información donde cualquier persona pueda hacer este tipo de consultas, y tendrían 30 días para dar una respuesta comprensible a las peticiones ciudadanas al respecto.
A su vez, las decisiones sobre cuestiones que tienen impacto en el ambiente deben tomarse de la mano de las y los ciudadanos, y los gobiernos están en la obligación de consultar con estos, tomando además en cuenta la cultura e idioma de las personas. Esto incluye a los pueblos indígenas, sobre quienes se debería tener el consentimiento antes de la toma de decisiones, tal y como lo contempla el derecho internacional.
Las personas podrán recurrir a los tribunales o mecanismos alternativos para la resolución de disputas si su derecho a solicitar información o a participar en las decisiones no es respetado. Del mismo modo podrán recibir reparaciones en caso de haber sido víctimas si se ha causado un daño ambiental.
Uno de los puntos más destacados es el fortalecimiento de la obligación de los Estados a respetar y proteger los derechos y la vida de las personas u organizaciones sociales que protestan y defienden el ambiente. Ante el grave aumento de agresiones y amenazas contra defensores y defensoras ambientales, el tratado promueve también que se investigue y sancione los ataques en su contra.
El Acuerdo de Escazú aparece así como un instrumento más que puede contribuir a las luchas sociales por la justicia ambiental y a la protección de los hombres y mujeres de nuestra región, que salen en defensa de la vida en sus territorios y el cuidado de la naturaleza.
Imagen encabezado: De izquierda a derecha: Edwin Chota, Berta Cáceres y «Chico» Mendes. El «Acuerdo de Escazú» busca proteger a los/as defensores/as ambientales de América Latina. Fuente: Meylinn Castro – Servindi
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