Prensa OEP

Imagen de portada: Survival, uno de los muchos sitios de minería de oro ilegales en territorio yanomami.

La Red de Vigilancia de OCMAL sobre minería y COVID-19 es una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil de algunos países de América Latina, cuyo objetivo consiste en monitorear los principales sucesos presentados durante la pandemia del COVID-19 en los territorios donde se han instalados proyectos mineros en la región latinoamericana y sus impactos en las comunidades locales.

Este 22 de julio, con motivo del Día Mundial contra la minería a cielo abierto, la Red de Vigilancia de OCMAL sobre minería y COVID-19 ha presentado el primer informe que alerta sobre al menos 8.048 casos de trabajadores mineros contagiados de COVID-19 en la región, de los cuales Chile registra 5.000 casos, Brasil 1.803, Perú 905, Panamá 200, Argentina 58, México 53, Bolivia, 26, y Colombia 3. El documento alerta que las zonas más afectadas por la pandemia han sido las de Antofagasta en Chile y Parauapebas en Brasil.

OCMAL documenta que al menos 79 trabajadores mineros han fallecido por COVID-19, siendo la empresa Vale de Brasil donde se registra el mayor número de muertes con 61, le sigue la empresa estatal Codelco, de Chile, con 7 fallecidos.

De acuerdo con el informe, la situación del pueblo Yanomami en la amazonia de Brasil es alarmante, tanto por los más de 8.000 contagiados y 184 muertos por COVID-19 en este país, como por las políticas de abandono del gobierno de Brasil, que han dejado desprotegidos a los pueblos indígenas, incluyendo a los yanomami que luchan por expulsar a los mineros ilegales de oro de su territorio.

La Red de Vigilancia de OCMAL sobre minería y COVID-19 también alerta que las prácticas mineras en cuanto a protocolos de bioseguridad y cuidado de los trabajadores son deficientes o en realidad no se aplican, y que en aquellos países donde no se suspendieron las actividades mineras los contagios de trabajadores fueron más elevados, lo que pone en mayor riesgo a las familias de los trabajadores y al resto de las personas que viven en sus comunidades de procedencia.

Los datos analizados en el informe demuestra además que las políticas públicas de confinamiento total no han garantizado que el número total de contagiados disminuya satisfactoriamente.

El informe destaca que los impactos por COVID-19 en escenarios de alta precariedad sanitaria, donde además la presencia minera ha dejado una huella ambiental con desaparición de fuentes de agua y contaminación de suelos agrícolas, ponen de manifiesto la necesidad de una crítica al extractivismo minero desde la denuncia hacia la violencia medioambiental contra las mujeres. Las defensoras denuncian al menos los siguientes derechos vulnerados en el marco de la pandemia: derecho al trabajo campesino, a la sobrevivencia de la economía local-comunitaria, derecho a la salud y a la vida, y el derecho a vivir en territorios no militarizados.

También se alerta sobre el discurso que algunos gobiernos están promoviendo cada vez con mayor fuerza, respecto a que la minería ayudará a reactivar las economías que están entrando en crisis durante la pandemia. Esto es aprovechado por las empresas mineras para fortalecer el lavado de imagen por medio de la entrega de insumos médicos a municipios y centros de salud, lo cual está respaldado por los diversos gobiernos.

Venezuela, minería y COVID-19

El informe de la Red de Vigilancia de OCMAL sobre minería y COVID-19 señala que el gobierno de Venezuela no solo no aplicó restricciones de tipo legal a la minería durante la pandemia, sino que en cambio tomó acciones de expansión de la actividad minera, como la promulgación de un decreto que amplía la acción de la minería en zonas ecológicamente vulnerables en varios ríos de La Amazonía (Resolución 0010).

Hasta la fecha las autoridades en Venezuela no han reportado contagios mineros, sin embargo, el documento de OCMAL destaca la dificultad para diferenciar fuentes de contagio: minería o migración, así como la falta de datos diferenciados, proliferación de puntos mineros y flujo migratorio creciente, lo que podría estar invisibilizando los posibles contagios mineros en el país.

El documento de la Red de Vigilancia de OCMAL sobre minería y COVID-19 alerta que los municipios de alto riesgo en Venezuela, por la cantidad de contagios y el flujo migratorio, son Río Negro, Alto Orinoco y Gran Sabana.

También señala el informe que existe una alta vulnerabilidad en comunidades indígenas debido a la potencial susceptibilidad ante enfermedades que comprometen su sistema inmune y respiratorio, la escasa atención médica disponible, así como a las limitaciones que en algunos casos tienen estas comunidades para acceder a medicina tradicional por perdida de sus tradiciones, además, los sabios y chamanes son, en muchos casos, personas mayores y, por tanto, población de alto riesgo.

Algunas organizaciones de base de Venezuela han denunciado la contaminación en los ríos y cursos de agua de toda la Amazonía, siendo el mercurio y otras sustancias tóxicas que usan en la minería uno de los principales agentes, lo que provoca una profunda crisis hídrica que agrava la crisis sanitaria por el COVID-19, ya que el agua es una de las principales necesidades.

Por otro lado, la Red de Vigilancia de OCMAL sobre minería y COVID-19 alerta sobre la situación generalizada de precarización de la Salud, que se agrava para las comunidades indígenas y las comunidades migrantes ahora criminalizadas como bioterroristas.

El documento destaca también que algunas comunidades en Venezuela, apoyadas por organizaciones de base, han desarrollado planes para generar alertas tempranas y para llevar, ante el abandono del Gobierno, un conteo de cifras de contagios desde la propia comunidad.

Puedes leer todo el 1er Informe de la Red de Vigilancia de OCMAL sobre minería y Covid-19